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Relator de la ONU habla de injerencia en la Justicia y menciona hechos de 2020 y caso Áñez

En su informe sostiene que la elección por voto de autoridades judiciales “no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas” y que operadores están expuestas a injerencia o presión

Diego García-Sayán en conferencia de prensa en La Paz. Foto: Roberto Guzmán-La Razón.

/ 25 de mayo de 2022 / 18:25

El relator de la ONU Diego García-Sayan entregó su informe final sobre la situación de la justicia en Bolivia. Sostiene que las autoridades judiciales están “expuestas a diversas formas de injerencia o presión” y habla de los hechos de violencia y persecución de 2020 y pone el caso de la expresidenta Jeanine Áñez como muestra de los “problemas estructurales de la administración de justicia”.

El informe que elaboró es resultado de su visita en febrero a Bolivia, por pedido del gobierno del Luis Arce, y de una serie de entrevistas con sectores de oposición política, del oficialismo, del Gobierno y activistas. También recibió a los representantes de familiares de las masacres de 2019 en Sacaba y Senkata, y a Carolina Ribera, hija de Áñez.

En el documento titulado “Visita al Estado Plurinacional de Bolivia”, el Relator Especial sobre independencia de los magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) describe un estado de situación de la Justicia, saca conclusiones y hace recomendaciones en un documento de al menos 20 páginas.

Uno de los aspectos tocados en el informe se denomina “Injerencias” y recuerda un caso de 1998 para luego hacer un repaso de destituciones, procesos y denuncias de “presiones externas e internas en operadores de justicia”. También recordó que “en febrero de 2020 (en el gobierno de Áñez) expresó preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”.

También menciona en este punto el caso de Áñez, en detención preventiva desde marzo de 2020 por los denominados casos Golpe de Estado I y II y que hacen a los hechos de cómo asumió el poder tras la dimisión en noviembre de 2019 del expresidente Evo Morales, acorralado por protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.

“Estos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero. Tomando en consideración que la Sra. Áñez cumplía una huelga de hambre durante la visita del Relator Especial al Estado Plurinacional de Bolivia, este pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”, establece.

Y añade: “Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”.

Entre las conclusiones de García-Sayán está que “los jueces, juezas, vocales y magistrados bolivianos se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión” y que “la injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción”.

Advirtió de una “profunda desconfianza de los actores políticos y sociales del país en la administración de justicia” y recomendó “extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia”, además llamó a “todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial”.

Se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia. Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial.

También se pronuncia sobre la elección por voto de las máximas autoridades judiciales de Bolivia y aseguró que “no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”.

Además respalda y recomienda afianzar esfuerzos hacia una reforma, y aboga por la designación del Defensor del Pueblo, proceso que está suspendido en la Asamblea Legislativa porque el MAS y la oposición no logran consensos para designar a la nueva autoridad.

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Exministros de Morales califican de ‘desafortunada’ gestión de Del Castillo y respaldan a Arce

A través de un pronunciamiento, las exministras y exministros respaldaron la decisión del presidente Luis Arce de demandar la reestructuración de la Policía

El presidente Luis Arce y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, este viernes en Casa Grande del Pueblo, durante la posesión del nuevo Comandante General de la Policía. Foto: Rodwy Cazón

/ 1 de julio de 2022 / 23:28

Tras la demanda del presidente Luis Arce de “cambios estructurales” en la Policía, salió un pronunciamiento público de “exministras y exministros” del expresidente Evo Morales para respaldar la posición de Arce y calificar de “desafortunada” la gestión del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en materia de seguridad pública.

“El desprestigio diario de la Policía Boliviana y la falta de un mando político enérgico, eficiente y transparente socava la confianza ciudadana en el gobierno, en el Estado Plurinacional y en el Proceso de Cambio por el que millones de bolivianos lucharon durante décadas”, se lee en el documento publicado en el muro de Facebook del MAS.

Durante la posesión del general Orlando Ponce como nuevo comandante de la Policía, Arce denunció que “algunos malos jefes policiales” han sido “encandilados por el dinero fácil” y demandó una “profunda reconstrucción” de la fuerza antidroga FELCN. “Nos encontramos ante la urgente necesidad de encarar transformaciones estructurales en esta institución”, sostuvo.

En el pronunciamiento no solo se cuestiona la relación de policías con el delito y el narcotráfico, sino también se acusa de “protección política selectiva de algunos niveles jerárquicos del Ministerio de Gobierno contra los responsables del golpe de Estado y la impunidad en la que se desenvuelven aquellos policías que forman parte de la órbita de protección, recaudaciones ilegales y privilegios que se concede desde algunos mandos policiales”.

También advierten de “un pacto de silencio y complicidad entre altos funcionarios del Ministerio de Gobierno y mandos policiales en torno a escandalosos casos de corrupción y encubrimiento de delitos que dañan no solo la seguridad del país, la reputación del Estado Plurinacional en el contexto internacional, la imagen del gobierno actual sino, también, todo lo que se ha logrado desde el año 2006, que ya es patrimonio de nuestro pueblo”.

Bajo ese contexto, respaldaron el diagnóstico y la demanda de Arce de encarar una reforma policial, según el documento que no lleva firmas.

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Arce cambia el mando policial, habla de ‘malos jefes policiales’ y pide ‘reconstrucción’ de la FELCN

El general Orlando Ponce reemplazó a Jhonny Aguilera como Comandante de la Policía. Ponce anunció un nuevo régimen disciplinario y “expulsar a los malos policías”

El general Orlando Ponce. Foto: Rodwy Cazón

/ 1 de julio de 2022 / 21:01

El general Orlando Ponce fue posesionado la noche de este viernes como nuevo Comandante de la Policía, en un acto en el que el presidente Luis Arce no solo destacó avances sino que fue duro con la institución policial al denunciar que “algunos malos jefes policiales” han sido “encandilados por el dinero fácil” y al demandar una “profunda reconstrucción” de la fuerza antidroga FELCN.

Para Arce, los policías se enfrentan a “poderes extremadamente grandes y peligrosos” que utilizan “entre otras armas la corrupción para neutralizar el accionar en contra de su actividad ilícita y que algunos malos jefes policiales encandilados por el dinero fácil y enriquecimiento rápido han sido cooptados por bandas delincuenciales que operaron en nuestro país”.

No solo juró Ponce en la Casa Grande del Pueblo, sino también Álvaro Álvarez como subcomandante y Jefe de Estado Mayor y el coronel Augusto Russo como Inspector General. Con el signo de la cruz asumieron los nuevos cargos, en un momento de crisis institucional debido a las denuncias de vinculación de efectivos con el delito y el narcotráfico.

El presidente Luis Arce durante el acto en Casa Grande del Pueblo.

«Nos encontramos ante la urgente necesidad de encarar transformaciones estructurales en esta institución, cambios orientados a fortalecer la relación con el pueblo boliviano y promover la excelencia en el servicio que prestan», demandó Arce y convocó a «desterrar las malas prácticas que tanto daño hacen a la Policía».

De hecho, el propio Ponce, que reemplazó a Jhonny Aguilera, se trazó como una de sus tareas la reforma del régimen disciplinario para “expulsar a los malos policías” y la “dignificación institucional”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, estuvo en el acto, al igual que Aguilera, como pocas veces ocurre en este tipo de relevos.

En el último tiempo se denunció la vinculación de policías con el narcotráfico. Una de las denuncias la hizo el expresidente y líder cocalero Evo Morales, lo que derivó en la remoción de los jefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) del Chapare. La Fiscalía inició una investigación del hecho que reveló un audio en el que se ordenaba abortar un operativo para desmantelar un megalaboratorio de droga.

Otro de los hechos recientes está relacionado a Misael Nállar, principal acusado del asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip en Porongo, Santa Cruz, el 21 de junio. Se denunció que en medio de ese hecho se habló de un contacto policial. Aunque no se relacionó al hecho, se decidió la remoción de los efectivos de la FELCN de Santa Cruz.

El saludo al nuevo Comandante General interino de la Policía Boliviana, general Orlando Ponce. Rodwy Cazón

Arce se dirigió en el acto a Del Castillo y le pidió encaminar una “profunda reestructuración” en la fuerza antidroga.

“Ministro de Gobierno tenemos que encarar una profunda reconstrucción de la FELCN o darle una institucionalidad debida para encarar todo esto que se viene tejiendo en nuestro país”, afirmó y explicó que en el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez se incrementó la actividad del narcotráfico.

“Hoy nos toca como gobierno nacional tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir y no vuelva a empañarse la imagen de los bolivianos y de la Policía”, desafió.

Mientras que Aguilera llamó a combatir los “fenómenos que han desgastado nuestra imagen institucional”.

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Aguilera deja el mando policial y posesionan al general Orlando Ponce como Comandante General

El general Vladimir Ponce asume el mando policial en un momento institucional crítico por una serie de denuncias. Jhonny Aguilera aseguró que deja una Policía “cohesionada”

/ 1 de julio de 2022 / 19:44

En medio de una crisis institucional, el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, dejó el cargo la tarde de este viernes y en su lugar fue posesionado el general Vladimir Ponce.

El presidente Luis Arce designó a la nueva autoridad que tendrá el desafío de avanzar en la reestructuración de la institución que es blanco de una serie de denuncias por vinculación de uniformados con delitos y el narcotráfico.

En noviembre de 2020, el entonces coronel Aguilera fue posesionado como Comandante de la Policía. Ascendió a general y fue ratificado en el cargo.

Aguilera afirmó que dejaba una Policía “cohesionada y comprometida con el servicio al pueblo”.

El 29 de junio ya se hablaba del cambio de Aguilera, luego que se convocara a la prensa a un “acto de posesión de autoridades”.

Los miembros del mando policial estuvieron en la Casa Grande del Pueblo, pero el acto fue suspendió y luego se explicó que debía ser posesionado el nuevo presidente de Comibol, como ocurrió la mañana siguiente.

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Aguilera asegura que deja una Policía ‘cohesionada y comprometida con la población’

El comandante de la Policía, general Jhonny Aguilera, evitó hablar de su sucesor y aseguró que los cambios son “por el transcurso del tiempo”

El general Jhonny Aguilera.

/ 1 de julio de 2022 / 19:10

El comandante de la Policía, general Jhonny Aguilera, agradece al presidente Luis Arce el respaldo durante su gestión y evitó hablar de su posible sucesor. Dijo que deja una Policía “fuerte, cohesionada y comprometida con servicio a la población”.

Aguilera fue cuestionada desde la oposición y la línea dura del MAS.

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Ministerio de Justicia demanda por prevaricato a jueces que favorecieron a Misael Nállar

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó de “graves irregularidades” en el accionar de los jueces que favorecieron a Nállar, principal acusado de la muerte de dos policías y un voluntario del Gacip

Náyar, y dos colaboradores más, en la audiencia donde se dispuso su traslado a Chonchocoro en La Paz.

/ 1 de julio de 2022 / 18:43

Una denuncia por el delito de prevaricato fue presentada por personal del Ministerio de Justicia contra los dos jueces que dieron curso en tres horas a un recurso para el traslado de Misael Nállar, acusado del asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip, del penal de Chonchocoro de La Paz a Palmasola de Santa Cruz.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó de la acción penal asumida y del pedido al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Supremo de Justicia de intervenir el Tribunal Séptimo de Sentencia, donde los jueces Freddy Coronel y Yaneth Paniagua favorecieron a Nállar concediendo la tutela de un recurso de acción de libertad por vulneración de sus derechos.

Con el favorecimiento viabilizado, el juez de La Guardia Rodrigo Vedia debía revisar su decisión de enviar a Nállar al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Una vez notificado con el recurso y en el marco del plazo, Vedia reafirmó su decisión inicial y el principal acusado del triple asesinato deberá permanecer en el penal del altiplano paceño.

El artículo 173 del Código Penal determina sobre el delito de prevaricato: “La jueza o el Juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la Ley, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años”.

Nállar fue recluido la madrugada del sábado 25 de junio en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, de La Paz, acusado por el asesinato de los policías Eustaquio Olano y Alfonso Chávez, del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (GACIP), y del voluntario de esta unidad José David Candial perpetrado en el Urubó, en Porongo, el 21 de junio. Sus presuntos cómplices, Raúl Caballero y Esteban Beltrán, también fueron encarcelados.

“Hemos pedido el Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura que intervengan ese juzgado, hemos visto graves irregularidades en una acción de libertad que se ha iniciado sin ningún sorteo a las 2.30 y a las 17.30 ya tenía sentencia”, denunció Lima y aseguró que el juez y el fiscal no fueron notificados.

Los dos policías y el voluntario fueron ejecutados, según la pesquisa policial. Cuando se les disparo con armas de grueso calibre militar estaban de rodillas y con las manos en el piso.

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