El relator de la ONU Diego García-Sayan entregó su informe final sobre la situación de la justicia en Bolivia. Sostiene que las autoridades judiciales están “expuestas a diversas formas de injerencia o presión” y habla de los hechos de violencia y persecución de 2020 y pone el caso de la expresidenta Jeanine Áñez como muestra de los “problemas estructurales de la administración de justicia”.
El informe que elaboró es resultado de su visita en febrero a Bolivia, por pedido del gobierno del Luis Arce, y de una serie de entrevistas con sectores de oposición política, del oficialismo, del Gobierno y activistas. También recibió a los representantes de familiares de las masacres de 2019 en Sacaba y Senkata, y a Carolina Ribera, hija de Áñez.
En el documento titulado “Visita al Estado Plurinacional de Bolivia”, el Relator Especial sobre independencia de los magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) describe un estado de situación de la Justicia, saca conclusiones y hace recomendaciones en un documento de al menos 20 páginas.
Uno de los aspectos tocados en el informe se denomina “Injerencias” y recuerda un caso de 1998 para luego hacer un repaso de destituciones, procesos y denuncias de “presiones externas e internas en operadores de justicia”. También recordó que “en febrero de 2020 (en el gobierno de Áñez) expresó preocupación por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales”.
También menciona en este punto el caso de Áñez, en detención preventiva desde marzo de 2020 por los denominados casos Golpe de Estado I y II y que hacen a los hechos de cómo asumió el poder tras la dimisión en noviembre de 2019 del expresidente Evo Morales, acorralado por protestas cívicas, un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.
“Estos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero. Tomando en consideración que la Sra. Áñez cumplía una huelga de hambre durante la visita del Relator Especial al Estado Plurinacional de Bolivia, este pudo ser testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”, establece.
Y añade: “Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”.
Entre las conclusiones de García-Sayán está que “los jueces, juezas, vocales y magistrados bolivianos se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión” y que “la injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción”.
Advirtió de una “profunda desconfianza de los actores políticos y sociales del país en la administración de justicia” y recomendó “extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia”, además llamó a “todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial”.
Se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia. Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial.
También se pronuncia sobre la elección por voto de las máximas autoridades judiciales de Bolivia y aseguró que “no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco”.
Además respalda y recomienda afianzar esfuerzos hacia una reforma, y aboga por la designación del Defensor del Pueblo, proceso que está suspendido en la Asamblea Legislativa porque el MAS y la oposición no logran consensos para designar a la nueva autoridad.