La sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez y exmandos militares y policiales de 2019 desató una serie de reacciones en el ámbito político. En la oposición se habló de “justicia servil” y de “abuso”, mientras que desde el oficialismo se apunta a una apelación en busca de incrementar la condena y se advirtió que es un precedente para que nadie “se autonombre presidente del país”.
Áñez, junto a los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón, fue condenada a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II, mientras que el resto de cuatro exmandos militares procesados fueron sentenciados con condenas de 2 a 4 años de cárcel.
El expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa denunció un “retroceso de la democracia” con la sentencia.
“El masismo acaba de cometer uno de los crímenes políticos más infames de la historia boliviana, al usar al sistema de justicia servil para condenar sin ninguna prueba ni delitos a una ex presidenta constitucional. El retroceso de la democracia y del estado de derecho es vergonzoso”, sostuvo.
Mientras que el empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, afirmó que “sentencia contra Jeanine no mancha a quien la recibió, sino a quienes la impusieron en contra de la ley” y expresó que “un día restauraremos el Estado de Derecho en Bolivia y este caso se estudiará como un ejemplo de todo lo que estaba mal en Bolivia en 2022”.
Desde el oficialismo, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció una apelación y defendió que “la pena de 15 años solicitada por el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría del Estado corresponde en derecho y justicia”.
“Debido proceso, respetamos la independencia judicial, esperamos conocer texto de la Sentencia, para que las partes puedan presentar Apelación respectiva”, posteó en su cuenta en Twitter.
Para el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, “el pueblo boliviano puede decir con orgullo que esta vez no quedará impune quien vulnera derechos, persiga personas, divida familias y provoque dolor en la gente” y que “este precedente debe servir para que nunca, bajo ningún motivo, una persona se autonombre presidente del país”.
Áñez fue condenada por la forma cómo en noviembre de 2019 llegó a la Presidencia del Senado, que luego le abrió el paso a tomar el poder.
La Fiscalía estableció que no hubo quórum en el Senado y en la Asamblea, donde se proclamó Presidenta. Según el Reglamento de Debates, tampoco pudo asumir la Presidencia del Senado, porque ese cargo le corresponde a la mayoría, en ese caso al MAS.
Áñez tomó el poder tras la renuncia del expresidente Evo Morales en medio de una protesta cívica, un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión. Está en la cárcel desde marzo de 2021.
El excívico y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho aseguró que en el fallo “la justicia actuó como brazo operativo del MAS” y que pretenden “desconocer la lucha legítima de todo un pueblo en contra del fraude electoral de Evo Morales”.
Justamente Camacho lideró las protestas de 2019. En La Paz, el alcalde Iván Arias también se pronunció.
“El mas-evismo, una vez más, han puesto la justicia a sus pies. Con el fallo, buscan imponer una mentira para negar que ellos provocaron una crisis histórica y que huyeron dejando a l@s bolivian@s al borde de una guerra civil”, sostuvo.