El exrepresentante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, consideró este martes que se respetó el debido proceso y la defensa plena de la expresidenta Jeanine Áñez en el juicio por el caso Golpe de Estado II, que terminó con una sentencia de 10 años de prisión en su contra.
Racicot, en una entrevista con La Razón Radio, dijo que más que la sentencia de 10 años o 15 años como algunos sectores quieren, lo más importante es que hubo un proceso o un “juicio observado por la comunidad internacional” que, a su modo de ver, tuvo “todas sus características” necesarias aunque “la justicia boliviana no es perfecta” como en otro países.
Es así que “en este caso, en siete meses hemos visto varias personas acusadas en el juicio, muchos abogados presentes y otras entidades del Estado al lado de la Fiscalía; yo creo que es un juicio que ha mostrado cualidades importantes, se ha respetado los derechos de la defensa en una forma profunda, que es fundamental; se ha visto de forma constante que los abogados pudieron presentar todos los recursos y las excepciones que quisieron presentar; pero la justicia también tiene que avanzar y uno piensa que el respeto al debido proceso es aceptar todo lo que la defensa podría pretender, pero no es así”, enfatizó.
Además, “en este caso hubo como 50 peticiones o excepciones que fueron presentadas por la defensa de la señora Áñez, no sé si el dato es totalmente seguro, pero eso significaría una actividad en pro del debido proceso de la defensa ejemplar, definitivamente. (Aunque) obviamente no lo pude observar personalmente, pero a distancia y con la información disponible, me parece que se ha respetado los principios del debido proceso y de la defensa plena”, insistió en un contacto con este medio desde Canadá.
Sin embargo, la defensa y los hijos de Áñez denunciaron de manera permanente que no se respetó el debido proceso en el juicio y que se violaron “todos los derechos” de la exmandataria.
El pasado 10 de junio, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a Áñez por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes cometidos en su proclamación como mandataria en la crisis de 2019.
Esta sentencia “es un hito histórico; en términos de derechos humanos, la lucha contra la impunidad es fundamental, la lucha por la justicia para las víctimas es imprescindible; entonces, marca un precedente, que yo creo que la población boliviana lo debe utilizar como un instrumento para que no vuelva a repetirse en el futuro semejante situación (como lo ocurrido en 2019)”, agregó Racicot.
El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo en medio de protestas cívicas que denunciaban un “fraude” electoral, un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, la entonces segunda vicepresidenta del Senado asumió la presidencia de dicho órgano camaral y luego la jefatura del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“En mi visión, yo creo que fue terrible lo que ocurrió (en 2019, fue como) un retorno histórico a esas prácticas de los años 70 durante los regímenes militares; a mí no me queda duda que, dada las características de lo que ocurrió, se vivió un golpe de Estado, se vivió una transición no constitucional, no se respetó la Constitución para el cambio de gobierno, tampoco otros aspectos de la legislación boliviana y también fue un cambio muy violento, se quiso presentar la situación como una transición constitucional, un movimiento no violento, pero ya sabemos que no fue así”, afirmó.