El Ministerio Público presentó la imputación formal en contra de los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, por el traslado “irregular” de armamento no letal desde Ecuador en noviembre de 2019.
En una conferencia de prensa realizada este viernes, el secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, precisó que la comisión de fiscales del caso presentó la imputación formal el 13 de junio por la presunta comisión de los delitos de “tráfico ilícito de armas; tenencia y porte o portación y uso de armas no convencionales, e incumplimiento de deberes en grado de coautoría”.
Pues, “se colectaron varios elementos que dan cuenta de la participación directa en una reunión que hubieran sostenido Arturo Murillo y Fernando López con la (ahora expresidenta) Jeanine Áñez, donde también hubiera participado la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga, y quienes hubieran acordado el ingreso irregular de ese armamento no letal”, dijo Quispe.
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En la imputación, según Quispe, se describió el ingreso de un total de 5.000 granadas de mano; 2.389 proyectiles de largo alcance, calibre 37 milímetros; 560 proyectiles de corto alcance, calibre 37 milímetros; y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
Toda “esa cantidad de armamento ha ingresado a nuestro Estado sin cumplir el procedimiento que para el efecto se tiene dispuesto”, insistió el funcionario.
Además, “con esto ya tenemos 14 personas investigadas dentro de este mismo proceso y estamos dispuestos al señalamiento de la audiencia de medidas cautelares por parte de la autoridad jurisdiccional”, continuó.
Sin embargo, adelantó que en dicha audiencia los dos exministros imputados no estarán presentes porque huyeron del país. “Entonces, corresponderá la emisión de la rebeldía correspondiente y el proceso continuará en rebeldía conforme establece la normativa penal”, afirmó.
Se presume que López se encuentra en Brasil, mientras Murillo está detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia durante el gobierno de Jeanine Áñez.
Murillo, según Quispe, suma más de 15 procesos en su contra y López, 14. “Lamentamos que estas personas no sean consecuentes con sus actos y den cuentas ante la Justicia”, apuntó.