Nacional

Wednesday 10 Aug 2022 | Actualizado a 02:44 AM

NNUU sobre juicio contra Áñez: Incumplimiento de deberes es ‘incompatible con la legalidad’

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH-Bolivia) hizo conocer de forma preliminar seis observaciones al juicio contra Áñez

La expresidenta Jeanine Áñez en una de sus pasadas audiencias. Foto: Facebook.

/ 17 de junio de 2022 / 21:34

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH-Bolivia) emitió este viernes seis observaciones preliminares sobre, lo que consideró, los aspectos “que tienen un efecto” en el debido proceso contra la exmandataria Jeanine Áñez. La entidad apuntó, en primer lugar, que el tipo penal de incumplimiento de deberes, uno de los delitos por los que fue sentenciada, es “incompatible con el principio de legalidad”.

“Es incompatible con el principio de legalidad recogidos en varios tratados de derechos humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”, consideró la entidad internacional a dos días de haberse leído en su integridad la sentencia a 10 años de cárcel contra la expresidenta por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

Representantes de la OACNUDH-Bolivia hicieron un seguimiento al proceso relacionado a la forma cómo Áñez tomó la presidencia del Senado, que luego le permitió hacerse de la Presidencia del Estado, en una sesión sin quórum y siendo de la oposición, lo que no está contemplado en el Reglamento de Debates.

También observó “el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva como medida cautelar”. La expresidenta fue aprehendida y enviada a la cárcel en marzo de 2021, desde entonces permaneció en la cárcel.

Según la Misión, el “formato virtual e híbrido de las audiencias” tuvo un impacto en los principios de publicidad e inmediación, “respecto al acceso físico del público en general y de los medios de comunicación” y del juez con todas las actuaciones y los sujetos del proceso.

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Germán Ramos, decidió que el juicio oral se realice de forma virtual y presencia. Áñez y los coacusados siguieron el juicio de forma virtual, desde la cárcel donde están recluidos, mientras que sus abogados estuvieron presentes en la audiencia de forma presencial. Los jueces solo se vieron físicamente con los ahora sentencia cuando escucharon sus versiones antes de la sentencia.

“Sobre todo, afectó a las tres personas acusadas en detención preventiva que solo estuvieron presentes en las audiencias de manera física cuando el Tribunal se desplazó a los centros penitenciarios para tomarles las declaraciones inicial y final”, observó el organismo internacional.

Otras observaciones apuntan a la realización de juicios en “rebeldía”. La Misión consideró que éstos deben evitarse “por el impacto que ello puede tener en el derecho a la defensa de las personas acusadas”.

Entre los sentenciados en ausencia están los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón fueron procesados en ausencia y condenados a 10 años de cárcel. Están prófugos.

“El acceso a la prueba testifical por las partes pudo haber sido facilitado en mayor medida. La decisión del Tribunal de no exigir la comparecencia de testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales”, señaló la entidad.

También observó que la numerosa participación de partes acusadoras (Fiscalía, Procuraduría, Ministerio de Gobierno y hasta un senador) afectó el “equilibrio procesal” en la posibilidad de presentación de pruebas, en la confrontación de testigos y en la presentación de alegatos.

“Las presentes observaciones, que no afectan la independencia judicial, reflejan en gran medida los desafíos estructurales del sistema de justicia que requieren una respuesta integral basada en el enfoque de derechos humanos”, aclaró el organismo.

El 10 de junio, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, por decisión unánime, condenó a 10 años de cárcel a la expresidenta Áñez por el caso Golpe de Estado II, en el que fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

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El cocalero Machicado reta al Gobierno: Si quiere meternos a la cárcel que nos meta a todos

La Policía denunció el “secuestro” de una uniformada, que fue rescatada y se encuentra en el Hospital Obrero, con politraumatismo y trauma abdominal.

El dirigente cocalero Freddy Machicado.

Por Judith Ochoa

/ 10 de agosto de 2022 / 00:07

La noche de este martes la tensión volvió a Villa El Carmen. Policías usaron gases lacrimógenos para dispersar a cocaleros del sector de Freddy Machicado, de la Asociación Departamental de la Coca (Adepcoca) de La Paz, ante la denuncia de una policía secuestrada. Los cocaleros negaron el hecho y acusaron a los efectivos de rodear el mercado de Villa Fátima e intentar el ingreso al lugar con el fin de detenerlos.

“La Policía ha querido ingresar, no nos han hecho caso; el Gobierno si es que quiere dialogar primeramente que haga cerrar ese puesto ilegal de coca que tiene (de Arnold Alanes, del otro bloque de Adepcoca), si quiere meternos a la cárcel que nos meta a la cárcel a todos, si quiere meternos bala que nos meta bala”, manifestó el dirigente Machicado.

En medio de esto, vecinos del lugar pidieron que cesen los conflictos y denunciaron haber sido atacados con armas de paintball. “Como vecinos queremos paz, no queremos más enfrentamientos (…) ¿Acaso no tenemos el derecho a protestar?, tenemos ancianos, animales, niños en casa y se asustan”, señaló una de las vecinas.

En medio de gritos y pedidos de justicia, exigieron la liberación de los detenidos y justicia para el cocalero que perdió un brazo, y anunciaron tomar otras medidas de presión en caso de que el Gobierno no escuche el pedido del cierre del mercado paralelo de la coca en Villa el Carmen.

El coronel Ismael Villca, comandante departamental de la Policía de La Paz, informó que cuando el contingente de uniformados se replegaba, fueron “emboscados” por una turba de 30 personas, y en ese momento, hicieron caer a una mujer policía de la parte trasera de un vehículo y luego la llevaron a golpes hasta la calle Arapata.

“La intervención rápida de la Policía hace que se la libere y luego fue trasladada al Hospital Obrero, donde el diagnóstico es politraumatismo y trauma abdominal, todo por agresión”, explicó la autoridad policial, quien agregó que se espera el informe del médico forense, que determinará los días de impedimento de la uniformada.

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Conflicto cocalero deja 24 detenidos tras enfrentamiento entre Adepcoca y policías

El comandante de la Policía en La Paz, Ismael Villa, descartó que se haya detenido a vecinos de Villa El Carmen y advirtió que la Policía solo cumple su misión constitucional.

La Policía cercó la noche de este martes Adepcoca en Villa Fátima.

/ 9 de agosto de 2022 / 23:29

Al menos 24 productores de coca fueron detenidos por la policía tras los enfrentamientos de esta jornada en la zona de Villa El Carmen, al Norte de la ciudad de La Paz.

«De acuerdo al último detalle tenemos 24, son cinco mujeres y el resto varones», explicó a los medios de comunicación el comandante departamental de la Policía de La Paz, Ismael Villa.

Según la autoridad, la situación de cada uno de los cocaleros será determinada de acuerdo a la situación en la que fueron detenidos.

Villa descartó que se haya detenido a vecinos de Villa El Carmen y advirtió que la Policía solo cumple su misión constitucional.

El dirigente de la Adepcoca paralela, Arnold Alanes, anunció que, frente a las manifestaciones que exigen el cierre del mercado de coca en Villa El Carmen, tomará decisiones con el denominado “Estado Mayor de los Yungas” para posiblemente emprender una movilización, publicó Erbol.       

Explicó que el “Estado Mayor de los Yungas” está conformado por la Adepcoca, El Consejo de Federaciones Campesinos de Yungas (Cofecay) y la Confederación Nacional de Productores con Carpeta al Detalle (Conalprodc).

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Diputado del MAS presenta una denuncia contra Camacho y Calvo por seis delitos

“Lo voy a demostrar hoy mismo, que lo que busca (el Gobernador de Santa Cruz) es un golpe de Estado” con el discurso del Censo, dijo el diputado del MAS Anyelo Céspedes.

El diputado Anyelo Céspedes en rueda de prensa pasada. Foto: APG

/ 9 de agosto de 2022 / 20:13

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ányelo Céspedes presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por seis delitos presuntamente cometidos durante el paro de 48 horas.

“El señor Camacho le está mintiendo a mi pueblo cruceño, él está agarrándose del Censo porque él tiene un libreto y lo voy a demostrar hoy mismo, que lo que busca es un golpe de Estado”, justificó el legislador oficialista.

“Él, en su discurso, le está mintiendo a mi pueblo que supuestamente queremos un Censo que es para recursos, que es para universidades, que es para la Alcaldía y que es para la salud; sin embargo, no tienen la capacidad de pagarles a los municipios lo que les debe”, complementó Céspedes en conferencia de prensa.

Precisó que los dos líderes cruceños incurrieron en delitos de instigación pública a delinquir, apología pública del delito, asociación delictuosa, atentado contra el trabajo, atentado contra la seguridad de los transportes y conspiración.
Entre el lunes y este martes, el Comité Interinstitucional por el Censo —dirigido por el gobernador Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar— convocó a un paro de 48 horas contra la postergación del Censo de Población y Vivienda hasta 2024, dispuesta por el Decreto Supremo 4760.

En criterio, de Céspedes, estos conflictos buscan convulsionar y desestabilizar al Gobierno. Así, vinculó al movimiento cívico cruceño con las protestas de la Asociación de Productores y Comercializadores de Coca (Adepcoca), que por sexto día terminó este martes en enfrentamientos con la Policía y detención de cocaleros.

El lunes, al evaluar el primer día de paro en Santa Cruz, Calvo expresó su solidaridad con el movimiento cocalero en La Paz que exige al Gobierno el cierre del mercado paralelo de coca instalado en la zona Villa El Carmen.

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Abogada dice que la Fiscalía pedirá detención de tres cocaleros por tenencia de explosivos

La abogada de los cocaleros niega la portación de cachorros de dinamita y dice que la Fiscalía pidió detención preventiva ante el riesgo de fuga; producto de estos conflictos un cocalero perdió el brazo

Foto: Rodwy Cazón

/ 9 de agosto de 2022 / 19:57

La tarde de este martes, la abogada de los tres cocaleros detenidos, Evelin Cossío, informó que la Fiscalía pedirá la detención preventiva de sus defendidos por un lapso de seis meses en el penal de San Pedro. Fueron aprehendidos durante los enfrentamientos con la Policía y son acusados de tenencia, porte y portación de explosivos.

Según informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Rolando Rojas, los implicados lanzaron explosivos contra los efectivos del orden y fueron detenidos por la portación de 26 explosivos durante los conflictos de la Asociación de Productores y Comercializadores de Coca (Adepcoca), que protestan contra el mercado paralelo de Villa El Carmen.

Cossío dijo que mediante una revisión de videos constató que sus clientes no contaban con artefactos explosivos y que estos cachorros de dinamita aparecieron después del ingreso a la Policía. Asimismo, señaló que sus defendidos no cuentan con arraigo natural, por lo que el Ministerio Público cree que podrían darse a la fuga.

“Están pidiendo seis meses para los imputados, tomando en cuenta que no contarían con arraigo natural y podrían darse a la fuga”, señaló la abogada.

Por su parte, Rojas apuntó: “Bajo la presunción del ilícito, porte y portación ilícita, (…) habrían lanzado artefactos explosivos en contra de la humanidad del personal policial durante el desarrollo de las manifestaciones del conflicto de Adepcoca (…), ya en el lugar del hecho se colectó una mochila y una bolsa con 26 artefactos, celulares, encendedores, durante la requisa”.

Los incidentes comenzaron el 1 de agosto cuando los cocaleros se movilizaron para exigir el cierre de un mercado paralelo de venta de coca.

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Gremiales se declaran en emergencia ante saqueos de parte de ‘comiteístas’

Los comerciantes aseguran que los vándalos pertenecían al grupo del Comité pro Santa Cruz y que incluso irrumpieron en sus negocios con agentes químicos.

Bloqueadores causaron destrozos en el Plan 3000 la noche del lunes. Foto: APG

/ 9 de agosto de 2022 / 19:23

Comerciantes de la vía La Campaña, en la zona del Plan 3000 de Santa Cruz, fueron víctimas de saqueos y amedrentamiento por quienes bloqueaban y apoyan el paro de 48 horas convocado por el comité de instituciones cruceñas.

“Estamos en emergencia. No nos han dejado vender, nos han querido avasallar, llevárselo todo en sí; me obligaron a cerrar porque vinieron con petardos, todo lo gasificaron. (el gobernador Luis Fernando) Camacho tiene que saber lo que están haciendo; no deben hacer así las cosas, tratar de amedrentar a la gente. Son gente de Camacho; la intención no era solamente de hacer un bloqueo, la intención era de atacarnos aquí y saquearnos”, lamentó uno de los comerciantes de esta zona.

Otra de las gremiales informó que al momento de cerrar su negocio fue sorprendida con agentes químicos que en ese momento le generó desesperación y pánico.

“Grave, casi nos matan aquí, con todos sus petardos, la gente del Camacho viene aquí a hacernos todo su escándalo. Ayer se perdieron nuestras cosas también. Nosotros queremos seguir trabajando”, reclamó la mujer en un reportaje de Bolivia Tv.

Asimismo, el sector señaló que simpatizantes del Comité pro Santa Cruz dejaron escombros en esta vía y que estos dificultan el paso de los vehículos.

“Es un peligro para nosotros, como transportistas, ver que esté lleno de escombros; atenta a la vida de la niñez, la juventud y de la vejez”, dijo uno de los choferes del transporte público de la ciudad.

El lunes, a las 00.00, grupos del comité de instituciones cruceñas iniciaron el paro cívico departamental de 48 horas con el cerco de algunas carreteras, avenidas y calles, también el cierre de negocios. Exige que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023 y no así en 2024, como dicta el Decreto Supremo 4760.

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