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El relator García-Sayán expone en NNUU informe sobre la Justicia que ve injerencia y tipos penales ambiguos

Diego García-Sayán en conferencia de prensa en La Paz. Foto: Roberto Guzmán-La Razón.

El trabajo sobre el estado de situación de la Justicia en Bolivia será presentado este martes ante el plenario de Naciones Unidas en Ginebra. El relator Diego García-Sayán elaboró el documento que, entre otros aspectos, da cuenta que autoridades judiciales están “expuestas a diversas formas de injerencia o presión”, y menciona el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez.

“Se constató, también, que los patrones de injerencia en el órgano judicial que el país arrastra de larga data aún no han sido erradicados”, establece parte del resumen ejecutivo del informe publicado en la página institucional del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados.

Citando el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), también “observó –en el informe- con preocupación la existencia de tipos penales ambiguos tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes”.

Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por los delitos resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. El caso fue abierto por la forma cómo llegó a la presidencia del Senado, que luego le permitió tomar el poder, en una sesión sin quórum y siendo de la oposición, lo que no establece el Reglamento de Debates.

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el Gobierno hará su intervención ante la sede del organismo en Ginebra, para hacer conocer sus comentarios sobre el contenido del informe.

“El Gobierno de Bolivia ha pedido intervenir a la conclusión del informe, nuestra posición va a estar en función al informe que presente el Relator”, explicó.

A través de un hilo de mensajes en Twitter, García-Sayán expresó el 14 de junio “preocupación” por declaraciones del expresidente Evo Morales sobre una reunión en la que se habría definido un juicio ordinario contra Áñez y afirmó que la exmandataria tiene “derecho a juicio de responsabilidades” independientemente de cómo haya llegado al poder.

El relator estuvo en Bolivia, por pedido del gobierno de Luis Arce, entre el 15 y 22 de febrero, para hacer un relevamiento de datos sobre el estado de situación de la justicia. En el documento se aborda temas como acceso a la justicia, personas privadas de libertad, Ministerio Público, Carrera Judicial, Injerencia y Presupuesto.

En el acápite de Injerencia se menciona el caso de Áñez: “Enfrenta dos procesos penales por hechos ocurridos en 2019. En el proceso denominado ‘Golpe de Estado I’, fue imputada, junto con otros actores, por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. En el conocido como ‘Golpe de Estado II’, se encuentra imputada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución. Estos juicios han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero”.

Para el relator, “dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana”.