Desde la cárcel y a través de una misiva, la expresidenta Jeanine Áñez demandó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, pronunciarse, como lo hicieron otros organismos internacionales y países, sobre lo que consideró vulneración de sus derechos humanos y debido proceso en el juicio que acabó con una sentencia en su contra.
En el inicio de la misiva expresó su “sincera preocupación por el silencio y la inacción que han mantenido ante los reiterados y consecutivos abusos que las autoridades de Bolivia comenten en mi contra, utilizando el poder judicial con fines políticos, incumpliendo las recomendaciones del publicitado informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado por el CIDH, solicitado por mi Gobierno”.
Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por la forma cómo asumió la presidencia del Senado en noviembre de 2019, que luego le permitió tomar la presidencia de Bolivia. Según la Fiscalía, tomó el Senado en una sesión sin quórum y a pesar de ser de la oposición, aspecto que no reconoce el Reglamento de Debates. Se la acusó por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso conocido como Golpe de Estado II.
Permanece en la cárcel desde marzo de 2021 y tiene pendiente en su contra otro proceso por el caso Golpe de Estado I, que tiene relación con los hechos que llevaron a la dimisión del expresidente Evo Morales en medio de una protesta cívica denunciando fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019, un motín policial y la “sugerencia” militar al Presidente de demitir.
En la misiva fechada este jueves 30 de junio, la expresidenta le recuerda a Mantilla que, a diferencia de la CIDH, ya se pronunciaron sobre su situación “el Relator de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los gobierno de Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza, Brasil, la Unión Europea…menos la CIDH”.
Los miembros del GIEI llegaron a Bolivia tras la firma de un acuerdo con la administración del presidente Luis Arce. Calificaron de masacres los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata, con una veintena de muertos por impactos de bala y en medio de una intervención policial-militar, a días de que Áñez asumiera el poder.
En su carta recordó que su administración fue reconocida por organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo administración de Luis Almagro. El MAS y el gobierno de Arce acusan a Almagro de corresponsable de los hechos que derivaron en la dimisión de Morales y de las masacres. Fue la OEA la que denunció un fraude, puesto en duda por estudios externos posteriores, y agravó la crisis de noviembre de 2019.
“El 18 de abril de 2022, a pedido mío, mi hija Carolina Ribera Áñez se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, acompañada de un equipo de personas que me apoyan voluntariamente, donde les hizo saber las denuncias de indebido proceso, tratos degradantes y violación de mis derechos, donde el más injusto y atentatorio contra mi vida e inocencia es la privación de libertad desde hace 474 días. Desde esa fecha, no he tenido ninguna información ni contacto con Carolina como se comprometió el Relator para Bolivia, Joel Hernández” (sic), establece otra parte de la misiva hecha pública a través de sus redes sociales administradas por su familia.