Para el Gobierno de Luis Arce, la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben dilucidar la denuncia contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, y el tema de la personería jurídica del MAS. El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que se hará un seguimiento y reveló que se analiza “presentarnos como parte en las acciones que tengan que darse” en este caso.
“Como Ministerio de Justicia tengan la seguridad que vamos a hacer seguimiento y eventualmente estamos analizando la posibilidad de presentarnos como parte en las acciones que tengan que darse, puesto que es un tema de responsabilidad institucional en el área de transparencia que es parte de las competencias del Ministerio de Justicia”, sostuvo.
De esa manera Lima respondió a la consulta sobre la posición del Gobierno respecto a la denuncia del diputado Rolando Cuéllar, quien el miércoles reveló una carta de 2017 firmada por García, en la que agradece los aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.
Apoyada en esa misiva, la oposición política envió una carta al TSE, en la que le exigió actuar de oficio e indagar la revelación de un supuesto financiamiento electoral ilícito al MAS con vistas a anular su personería jurídica.
“Como en muchos de los temas que se presentan, deben dilucidarse en el ámbito institucional de Bolivia: La Fiscalía para determinar si hay un delito y el TSE en relación a la personería jurídica”, sostuvo Lima y explicó que, “si hay una sentencia condenatoria ejecutoriada que demuestre que una organización política recibe fondos de una actividad ilícita, esto debe ser resultado de decisiones de la Justicia”.
En alusión a Cuéllar, también afirmó que tiene la “obligación” de formalizar la denuncia ante la Fiscalía, más allá de hacer la denuncia mediática.