El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados Enrique Urquidi rechazó la propuesta del presidente Luis Arce de realizar un “un gran acuerdo social” porque considera que es “demagógico y electoral”.

“Ese pacto social es demagógico y electoral. Lo que busca en el segundo punto es que alentemos y apuntalemos la falsa industrialización y la falsa sustitución de importaciones. No vamos a apuntar una propuesta que es electoral, no reconciliación”, aseveró el legislador.

Añadió que ese pacto social no busca la unidad en el año del Bicentenario, porque es una propuesta electoral que “no la acepta y la rechaza”.

En el acto de los 16 años del Estado Plurinacional, el Presidente planteó cinco líneas en busca de la unidad de cara a las elecciones generales y la celebración del Bicentenario.

Lea más: Arce plantea cinco puntos para consolidar el Pacto Social de cara a las presidenciales y el festejo del Bicentenario

Arce mencionó que este Pacto Social contiene líneas en materia de justicia, política, economía, resguardo de la democracia y medio ambiente.

El diputado de Creemos, Walthy Egüez, afirmó que el presidente Luis Arce lo que busca con esa propuesta es su tranquilidad para seguir tapando los problemas económicos que se vive en el país.

“Ustedes creen que el pueblo va a estar en paz cuando falta combustible o van a estar en paz mientras los precios de la canasta familiar se disparan. Este gobierno no va a tener paz porque los sectores afectados van a demandar soluciones al gobierno”, dijo el diputado.

En tanto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcista Hernán Hinojosa señaló que se necesita sacar adelante el país y en ese sentido el Presidente dio un mensaje claro en busca de la unidad.

“Este es un gobierno de industrialización y obviamente en este 2025 es el año del Bicentenario. Para ello necesitamos unidad para proponer ideas y sacar al país (de la crisis)”.

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de Ley de Restricción del Gasto Público en Períodos Electorales y lo remitió a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación.

La senadora y proyectista de la norma, Andrea Barrientos, explicó en sesión de Senadores la importancia de esta norma y ejemplificó que, en Cochabamba, en el caso de la Alcaldía, tras la proclamación de Manfred Reyes Villa, esté “contrató a 10 influencers”.

“Mi punto es que cuando hemos preguntado al municipio quién ha pagado, si se pagó con plata de Manfred o de la Alcaldía. ¿Quién paga? La Alcaldía nos dice qué les importa, no nos pueden fiscalizar”, señaló.

Enfatizó que “nadie debe usar recurso(s) público(s) para hacer campaña electoral”.

“Espero que en la Cámara de Diputados se puede aprobar el proyecto de ley. Es una cosa significativa, es importante porque nuestra obligación es cuidar los recursos de los bolivianos más allá de los partidos políticos que representamos”, mencionó.

El artículo uno del proyecto señala que la “ley tiene por objeto regular a los órganos ejecutivos de los diferentes niveles del Estado para el control y fiscalización del gasto público durante el periodo electoral, garantizando la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos, fortaleciendo políticas de austeridad”.

Lea más: El pleno de la Cámara de Senadores inicia el debate de la ley de escaños

Además, menciona, en el artículo dos, que se “aplicará al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, a nivel del central, durante el año en que se realicen las elecciones generales a nivel nacional”.

“Asimismo, se aplicará a cualquier incremento del gasto público que excedan lo presupuestado en el año electoral, incluyendo el gasto publicitario de gestión gubernamental no presupuestado ni aprobado previamente”.

El artículo 10, “Prohibiciones” en su inciso c, establece que, durante el periodo electoral, “la imagen del presidente y vicepresidente no podrá ser utilizada para publicidad gubernamental”.

Además que “el Ministerio de Economía está prohibido de aprobar modificaciones presupuestarias que vayan dirigidas a publicidad gubernamental durante el periodo electoral”.

El ministro de Justicia, Cesar Siles, dijo este jueves que la amnistía e indulto no aplican a los delitos de genocidio, terrorismo y corrupción, luego que el exministro Iván Lima sugiriera brindar ese beneficio “si uno quiere reconciliarse y quiere un (gran) pacto (social)”.

“La amnistía e indulto son dos figuras, son dos institutos, que no aplican en todos los delitos, no aplica en el delito de genocidio, en el delito de terrorismo y tampoco aplica en delitos de corrupción”, aseveró Siles.

El lunes, Lima sugirió al Gobierno conceder a la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al excívico de Potosí Marco Antonio Pumari una amnistía o indulto en el marco del “gran pacto social” que pidió el presidente Luis Arce en el año del Bicentenario.

Entonces, el exministro dijo que “cuando se celebran fechas importantes, se plantean figuras tan importantes como el indulto o la amnistía, y algo que podría llamar la atención del país es que pensemos en esas figuras”.

A ello, señaló que “si uno quiere reconciliar, quiere un pacto, lo más adecuado es que no haya personas que estén con detención preventiva o condenadas, en un momento en el cual se busca paz, establecer reconciliación y todo lo que ha dicho el Presidente”.

Lea más: Senador evista dice que no se pueda dar indulto cuando hubo decenas de muertos

En el inició de los 200 días rumbo a la celebración del Bicentenario, el Mandatario demandó un “gran pacto social” y pidió hacer “un gran acuerdo”, en el que, “más allá de nuestras diferencias políticas y electorales, prioricemos celebrar nuestro Bicentenario en comunidad, con unidad y en paz social”.

Las declaraciones de Lima sorprendieron a los sectores de oposición y del ala radical del MAS. Incluso Camacho indicó que Áñez, Pumari, su persona y los cientos de perseguidos y encarcelados quedarán en libertad cuando se recupere la democracia con el voto y “jamás con el perdón” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Indicó que no van a esperar ni pretenden una amnistía de los “verdugos de la democracia”, porque no solo son tres, sino cientos de presos políticos.

Desde el evismo, indicaron que indultar a los implicados de la crisis política y social de 2019 revela la “línea de traición” que sigue el Gobierno de Luis Arce.

“Iván Lima ha dado varios criterios de carácter político que entendemos, son la línea que sigue y va a seguir el Gobierno, comprobándose, en primer lugar, que era siempre un gobierno de la traición”, dijo Wilfredo Chávez, miembro del equipo jurídico del evismo.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, confirmó que el Encuentro Nacional por la Democracia, con el fin de “blindar” las elecciones presidenciales, se realizará el 17 de febrero a las 09.00.

“(Quiero confirmar que el día Lunes 17 de febrero, a las 09.00, se va a realizar un Encuentro Nacional por la Democracia”, dijo en conferencia de prensa en Santa Cruz.

Afirmó que el encuentro contará con la participación del presidente Luis arce, el vicepresidente David Choquehuanca y los representantes de las organizaciones políticas vigentes.

TSE

Ese encuentro busca “considerar y tratar temas que forman parte de las preocupaciones del OEP en miras a las elecciones generales de agosto de 2025, con el objetivo de generar un blindaje de ese proceso para que se inicie, desarrolle y concluya dentro de los plazos establecidos por la norma legales y sin ninguna interferencia”.

Por otra parte, en entrevista con La Razón, el martes, el vocal Gustavo Ávila indicó que se hará llegar la convocatoria a los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Omar Yujra y Andrónico Rodríguez respectivamente; el titular de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca.

“Se va a invitar también a jefes de bancada (de las tres fuerzas políticas en la Asamblea), a presidentes de comisión. Se va a invitar a los representantes de otros órganos del Estado, como el Órgano Judicial también y el Ministerio Público”, detalló Ávila.

Elecciones presidenciales

Los miembros del TSE buscan “blindar” las presidenciales para evitar contratiempos similares a los ocurridos con las elecciones judiciales, que luego de una serie de decisiones judiciales, tuvo que realizarse de manera parcial el 15 de diciembre.

Precisamente, la parcialidad de los comicios fue resuelta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declaró desierta la convocatoria en Beni y Pando para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y también desierta en Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija para el TCP.

El 16 de enero, el TSE y el TCP suscribieron un acuerdo de colaboración conjunta para garantizar las elecciones generales, que deben llevarse a cabo, según lo previsto, el 10 de agosto de 2025.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ratificó la vigencia de la orden de Aprehensión contra el expresidente Evo Morales por un caso de trata de personas que lo involucra.

“Dentro de los parámetros que informan los fiscales y en sí la Policía Boliviana, que tiene la función de ejecutar la orden de aprehensión (…). Vamos a insistir, seguramente existen algunos percances, algunas incomodidades, algunas falencias que hacen que la Policía no pueda ejecutar (esa orden)”, dijo en conferencia de prensa.

Evo Morales

Actualmente, Morales está atrincherado en el Trópico de Cochabamba, donde dirigentes, comunarios y simpatizantes cerraron filas para evitar su captura, ante una orden de aprehensión en el caso abierto a instancias de la Fiscalía Departamental de Tarija.

Incluso, el viernes de la anterior semana, el juez quinto de Instrucción Penal de Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de Tarija, Nelson Rocabado, declaró rebelde al exmandatario luego de su incomparecencia a la audiencia prevista para ese día.

Sobre ese hecho, la defensa jurídica de Morales presentó una acción de libertad ante un juzgado en el municipio de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, pero el juez de esa oficina, Miguel Borja, se encontraba de vacaciones.

Por ese motivo, el juez suplente, Aristóteles Rodríguez asumió el caso y decidió declinar su competencia.

Aprehensión

Sobre eso, Mariaca aclaró que pese a esta acción de libertad la orden de aprehensión y las otras restricciones, como la activación de una alerta migratoria, contra Morales seguirán vigentes. “(No paraliza la orden) para nada porque no se ordenó ninguna medida cautelar; es decir, el mandamiento de aprehensión sigue vigente”, sostuvo.

Los dirigentes evistas anunciaron que no permitirán la captura de su líder, pero el ministro de Gobierno, Eduardo el Castillo, indicó que la aprehensión de Morales debes ser planificada de manera milimétrica.

El miércoles, en La Paz, consultado sobre cómo avanza dicha orden, la autoridad respondió: “pasito a pasito”.