Los miembros del Consejo Nacional de Autonomías determinaron pedir la postergación del Censo de Población y Vivienda hasta mayo o junio de 2024, aunque, inicialmente, su realización estaba prevista para el 16 de noviembre de este año.
El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dio lectura a las determinaciones de la XII sesión de ese consejo, del que el único punto a debatir fue el proceso censal.
La primera determinación asumida por ese ente establece que “la realización del Censo de Población y Vivienda se constituye en una prioridad nacional (…) y la garantía para priorizar un trabajo técnico con veracidad de la información libre de politización y en beneficio de nuestra población».
“Los miembros del Consejo Nacional de Autonomía coinciden, en consenso, solicitar la reprogramación del Censo de Población y Vivienda, ya que factores como el COVID-19, la socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los gobiernos municipales (…) afectarían al proceso censal”, dice la segunda conclusión del encuentro que fue leída por el viceministro Ruiz , en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.
Asimismo, el tercer punto recomienda al gobierno nacional que la actividad se realice “entre mayo y junio de 2024”, para “garantizar que la información responda a los más altos niveles de calidad”.
El Censo de Población y Vivienda fue cuestionado por políticos de oposición que argumentaron que el tiempo destinado a las actividades previas al 16 de noviembre “es muy corto”, pero, principalmente, varias autoridades subnacionales exigieron, primero, una actualización cartográfica “real” para establecer el crecimiento demográfico de los municipios.
Por su parte, en el mismo acto, el presidente Luis Arce afirmó que en esa reunión primó “el intercambio de opiniones sobre elementos que han sido incorporados en la boleta censal”, y que es necesario preparar a la población en materia de comunicación “para que estén informados” en cuanto a la actividad censal.
“Estamos seguros que esta herramienta que estamos construyendo con todos los bolivianos se convierta en eso, en una herramienta de planificación”, sostuvo el mandatario.
Varios políticos opositores a la administración de Arce, principalmente autoridades subnacionales, advirtieron que el tiempo para la planificación del censo era corto, hasta calificaron la actividad de “improvisada”.
Una de las autoridades que más reclamó la actualización cartográfica previa a la actividad censal, fue el alcalde Iván Arias que, incluso, pidió establecer de límites con el municipio de Palca, y dijo que, a ciertos sectores, como El Pedregal, en la zona Sur, el municipio paceño dota de desayuno escolar y servicio de transporte a través de los buses PumaKatari.
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¿’Golpe’ en el TCP? Paul Franco reclama la presidencia otorgada a Gonzalo Hurtado
El magistrado Gonzalo Hurtado fue designado como presidente del TCP el lunes con el respaldo de cinco de sus colegas.
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Paul Franco reclamó la presidencia de ese órgano de control constitucional y descalificó la asunción de su colega Gonzalo Hurtado.
El martes, en una sesión de la Sala Plena del TCP, Hurtado fue designado en su lugar con el respaldo de cinco de los nueve miembros. La justificación era la inasistencia de Franco en tres sesiones consecutivas.
Sin embargo, Franco, en una carta dirigida al Gobierno, argumentó que cumple una agenda en un evento internacional referido al aniversario de la Carta Magna de Perú.
El ministro de Justicia, César Siles, confirmó la existencia de la carta de Franco.
“Lo cierto, también, es que nos ha llegado una nota firmada por el presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco, que hace conocer movimientos, dice la nota, extraños que se sucedieron entre el día jueves y el lunes pasado, el día de ayer, respecto a la designación de la decanatura y la designación de la presunta designación de la presidencia del Tribunal Constitucional”, dice parte de la misiva, citada por Unitel.
En esa línea, el titular de Justicia adelantó que se pedirá al TCP que información respecto de los hechos. “Seguramente revisaremos los documentos y tomaremos una posición también más específica sobre el tema”, dijo Siles en una improvisada rueda de prensa.
Asimismo, reconoció una “crisis institucional” en el TCP y dejó la resolución de las “dos presidencias” en manos de los nuevos miembros del TCP.
Resoluciones polémicas
Hurtado, junto con su colega Yván Espada formaban parte de la Sala Constitucional Cuarta del TCP, desde donde se emitieron polémicas resoluciones, entre ellas, la postergación de las elecciones judiciales y, las más recientes, la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que reconoció válido el congreso arcista del MAS en el que se eligió como presidente a Grover García en reemplazo, precisamente, de Morales.
Otra decisión que hizo tambalear la arena política fue relativa a la reelección presidencial continua o discontinua. El Auto Constitucional 0083/2024 ECA, del 1 de noviembre de 2024, prohíbe la reelección por segunda vez de autoridades electas los órganos Ejecutivo, Judiciales, Legislativo y Electoral. Así, Morales no podrá postularse a la presidencia nunca más.
Este lunes 25 de noviembre comienza la capacitación para los jurados seleccionados en las elecciones judiciales programadas para el 15 de diciembre.
Según informó José Miguel Callejas, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, se han diseñado 36 rutas para capacitar a los jurados de 53 municipios en las provincias. En la ciudad capital, la capacitación se llevará a cabo el 1 de diciembre, al igual que en los demás departamentos.
El sorteo designó a 52.746 jurados, 26.374 hombres y 26.372 mujeres, y se cumple con el principio de paridad de género.
Esa cantidad de ciudadanos será la encargada de administrar las 8.791 mesas de sufragio habilitadas en el departamento, en el marco de la Elección de Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Durante las capacitaciones, se abordarán las funciones y atribuciones de las y los jurados electorales, actores fundamentales en el proceso electoral.
Ellos serán responsables de instalar las mesas de sufragio, garantizar la transparencia del voto, registrar correctamente los resultados en las actas electorales, realizar el escrutinio y plasmar los resultados en el acta que será computada por el TED.
El Órgano Electoral destacó la importancia de su labor para asegurar la integridad del proceso. Sin embargo, debido a una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), las elecciones se desarrollarán parcialmente.
El fallo establece la suspensión de los comicios para elegir magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, así como de autoridades del Tribunal Constitucional en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Por otro lado, las elecciones para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental se realizarán sin restricciones en los nueve departamentos.
El expresidente Evo Morales respondió formalmente al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, que convocó a las partes en conflicto a dialogar, y planteó instalar dos mesas de trabajo, una económica y otra política.
Morales dijo que su propuesta busca “contener” la violencia en los puntos de bloqueo liderada por sus seguidores y la “represión estatal”.
“Presentamos una respuesta formal al Defensor del Pueblo, valorando la disposición de habilitar un escenario de dialogo a fin de contener la escalada de violencia y represión estatal. Nuestra propuesta comprende dos ejes de trabajo: una mesa político-institucional y una segunda mesa de abordaje de temas económicos”, escribió en su cuenta de X.
En su publicación, el exmandatario expuso la misiva que envió a Callisaya, que lleva su firma. Señala que es “imprescindible” la participación del denominado Estado Mayor del Pueblo y del Pacto de Unidad evista.
El domingo, en su programa dominical, Morales se abrió al diálogo y pidió que organismos internacionales acudan al encuentro.
Por su parte, el Gobierno ratificó su intención de dialogar, aunque señaló que solo se abordarán temas competentes al Órgano Ejecutivo.
Es más, el domingo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, condicionó el diálogo previo levantamiento de los bloqueos que aislaron al departamento de Cochabamba del resto del país y que este lunes cumplen 22 días.
El bloqueo de caminos fue propiciado por el evismo del Movimiento Al Socialismo (MAS) y generó un daño económico de más de $us 2.000 millones.
Varios sectores, principalmente productivos, reclamaron al Gobierno para que despeje las carreteras afectadas por la protesta.
En ese sentido, un operativo policial-militar liberó los bloqueos en Mairana, Santa Cruz, y Parotani, Cochabamba, dos de los puntos más fuertes de la medida.
Liderada por el Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), una marcha en apoyo a la movilización del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista llegó al centro de La Paz desde la zona de Chuquiaguillo.
Centenares de personas recorrieron las principales avenidas de ese sector, arengando el apoyo al exmandatario Evo Morales y reclamando “solución” a la crisis del país.
Ondeando banderas del MAS y la wiphala, los movilizados se sumaron a la columna que partió de Caracollo, Oruro, la anterior semana y que recorrió la autopista que une los municipios de La Paz y El Alto hasta llegar a la altura de las oficinas de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN).
La anterior semana, Morales anunció que su movilización ingresaría a La Paz “por los cuatro puntos cardinales”: Villa Fátima, Río Abajo, el sector del lago Titicaca y la carretera a Oruro.
Ante la llegada de las movilizaciones, la Policía Boliviana reforzó la seguridad en puntos estratégicos. Por ejemplo, cerró el paso a la plaza Murillo y sus alrededores, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y la Casa Grande del Pueblo.
Otro de los puntos donde dedicó más vigilancia es la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), ubicado en la calle Pisagua, cerca de la avenida Montes.
Hace dos semanas, organizaciones sociales afines a Morales intentaron con violencia tomar la sede de los trabajadores. Cuestionaron al líder de los trabajadores, Juan Carlos Huarachi, por haber organizado una marcha en apoyo al Gobierno.
Por su parte, Huarachi denunció ese hecho como un intento de golpe sindical.
Pese a la tensión del domingo en la zona de Ventilla, en El Alto, el presidente Luis Arce dijo que “no caerá en provocaciones” de una guerra civil, como algunos dirigentes evistas del MAS lo anunciaron.
“Para que haya guerra civil se necesitan dos frentes antagónicos, y ése es un gusto que no te daremos”, dijo el mandatario en un nuevo duro mensaje a Morales.
Asimismo, Arce apostó por el diálogo y la resolución de ese conflicto.
Con la mira puesta en el 1 de diciembre para, por fin, organizar las esperadas elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se planteó un calendario electoral de 110 días sin preclusión y con un padrón “seguro”.
La convocatoria a los comicios, conocida el 13 de agosto, marcó el inicio de las 36 actividades hasta el día en que los bolivianos acudan a las urnas a elegir las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En una entrevista con La Razón, el vocal electoral Gustavo Ávila explicó que las fechas definidas en “este calendario electoral ya no se pueden modificar ni sustituir. Son actividades que debemos cumplirlas como Órgano Electoral”.
De hecho, el principio de preclusión de dicho calendario de actividades está definido en el inciso K del artículo 2 de la Ley 026, de Régimen Electoral, y señala: “Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato no se revisarán ni se repetirán”.
PLAZOS. Así, los plazos del proceso fijados en el calendario de las elecciones judiciales quedan “sellados” y sin opción a modificación “de ninguna manera”.
La fase previa a la organización de los comicios a cargo del TSE fue la preselección de postulantes que llevó la Asamblea Legislativa. El camino fue accidentado y se cumplió luego de atravesar varios escollos, entre recursos judiciales y cuestionamientos que demandaron acuerdos políticos y hasta la intervención del mismo Órgano Electoral.
Por iniciativa de los vocales electorales, el TSE propició un encuentro multipartidario e interinstitucional que, con la participación de líderes de 11 partidos políticos, definió priorizar las judiciales respecto de las elecciones primarias que, por el mismo acuerdo, serán suspendidas una vez promulgada la ley sancionada en la Cámara de Senadores.
“Decidimos convocar ese diálogo y ha tenido esos resultados, (porque) ahora ya tenemos una elección (judicial) cierta, porque, antes del diálogo, era una elección incierta; no sabíamos si se iba a realizar o no”, dijo Ávila.
PADRÓN. Mientras se resolvía, primero, la preselección de postulantes y, luego, el calendario electoral surgió cuestionamientos sobre la seguridad o no del Padrón Electoral vigente.
Sobre eso, el vocal electoral, designado por el presidente Luis Arce a principios de abril, aseguró que el Padrón “ya fue sometido a varias auditorías” cuyos resultados lo calificaron como “seguro”
Tomando en cuenta que el calendario electoral prevé 10 días — del 21 al 30 de agosto— para el empadronamiento masivo, Ávila aseguró que el Padrón Electoral “está abierto” para su revisión.
Incluso recordó que el quinto punto del Acuerdo por la Democracia del 10 de julio establece “una completa transparencia” del proceso a cargo del TSE.
“Cualquier ciudadano, cualquier representante de la organización política, una organización social, una plataforma, puede asistir a los diferentes tribunales electorales y revisar el padrón electoral. Estamos abiertos a que los revise”, dijo.
Los dólares desaparecieron y en las calles se vende a precios altos. Foto: Archivo
La actividad más “amplia” del calendario es la recepción de demandas de inhabilitaciones, para la que el TSE dispuso 95 días —del 14 de agosto al 16 de noviembre— sin impedir el avance de las otras.
Otra de las fases a las que se le asignó más tiempo es la difusión de méritos de los postulantes, durante 42 días, desde el 17 de octubre al 27 de noviembre.
Sobre esta última fase descrita, el vocal Ávila enfatizó que solo el Órgano Electoral puede difundir información de los profesionales. Para eso, describió que se utilizan los tradicionales medios de comunicación: prensa, radio y televisión, y “todas las redes sociales”.
En caso de que algún postulante promueva su candidatura por su parte, explicó Ávila, expone su continuidad en el proceso. Pero la sanción, que es la inhabilitación total, no solo será para él, sino para el medio que difunda la información, aunque, en ese caso, es pecuniaria.
Los bolivianos elegirán por tercera vez a las altas autoridades de los tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremo de Justicia (TSJ) y Agroambiental, y del Consejo de la Magistratura. Se trata de 23 magistrados y tres consejeros —titulares y suplentes en ambos casos— cuyo mandato constitucional es de seis años.
La primera vez que Bolivia celebró las elecciones judiciales fue el 16 de octubre de 2011; la segunda ocurrió el 3 de diciembre de 2017. En el último caso, los magistrados y consejeros resultaron prorrogados a través de la Declaración Constitucional 049/2023.
Hay causales para repetir la votación
El calendario electoral de las elecciones judiciales publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispone una repetición de votación en el caso de “contratiempos” con las mesas de sufragio dispuestas para esos comicios.
En un eventual caso de anulación de las mesas electorales, las actividades tienen prevista la repetición de la votación para el 15 de diciembre.
¿Cuáles son las causales para la anulación de las mesas de sufragio que llevaría a una eventual nueva votación? En una entrevista con La Razón, el vocal electoral Gustavo Ávila describió cinco posibles causales.
La primera está referida a los jurados electorales, pues la norma manda a que sean tres por cada mesa de sufragio, y en el caso de que no se cumpla esa condición, la votación se repetirá. Tendrá el mismo efecto si las actas electorales no cuentan con la firma o huella de los jurados de mesa
Los asistentes al encuentro multipartidario del 10 de julio.
Asimismo, la votación se repetirá cuando una mesa sea instalada en un recinto diferente al que inicialmente se estableció o cuando la votación se haya iniciado antes del horario dispuesto para el sufragio, que es de 08.00 a 16.00, el domingo 1 de diciembre.
Incluida una eventual repetición de la votación, el calendario publicado el viernes por el Órgano Electoral cuenta 62 actividades hasta la remisión del informe final a la Asamblea Legislativa.
Las elecciones judiciales serán posibles luego de un largo camino de escollos, que demandó de acuerdos entre las tres fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa y hasta un encuentro multipartidario propiciado por el TSE, que logró un pacto para priorizar esos comicios.
Ahora, los actores políticos celebran que se hayan “allanado” las elecciones judiciales.
