Proyecto prevé proceso penal ‘especial’ y anulación de ‘fueros’ para castigar la violencia a la mujer
El presidente Luis Arce recibió el anteproyecto de ley para reforzar la lucha contra la violencia hacia la mujer. Anunció que hoy mismo lo enviará al Legislativo para su tratamiento
El ministro de Justicia, Iván Lima, en su discurso en el acto de presentación del anteproyecto. Foto: Roberto Guzmán
Un procedimiento penal “especial” para llegar a juicio en delitos de violencia contra la mujer y la anulación de “fueros y privilegios” contra los agresores para que sean sancionados “con todo el peso de la ley”, están entre las iniciativas del proyecto para fortalecer la ley de lucha contra la violencia hacia la mujer.
El presidente Luis Arce recibió este martes la iniciativa legal que fue construida en un proceso de socialización con diferentes actoras involucradas en esta problemática. El acto se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo y Arce comprometió que este mismo martes enviará el proyecto al Legislativo para su pronto tratamiento y aprobación.
“Se construirá un sistema estatal de resguardo a las mujeres con mecanismos de interoperabilidad que permitan acciones rápidas y eficientes para luchar contra toda violencia hacia las mujeres”, explicó Arce.
La Fiscalía General del Estado reportó este lunes que entre el 1 de enero y el 18 de julio en Bolivia se reportaron 50 feminicidios y 23 infanticidios. Un último caso de infanticidio sucedió el 14 de julio en La Paz, por lo que la madre y su pareja fueron enviados a prisión por seis meses mientras se investigue el hecho.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y la dirigente de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Flora Aguilar, intervinieron en el acto y coincidieron en destacar los esfuerzos para recoger los aportes destinados a afianzar y fortalecer la lucha contra este flagelo social.
“Crea procedimiento penal especial para sancionar delitos de violencia diferenciada que suprime etapas o audiencias innecesarias para llegar a juicio”, explicó Aguilar y anticipó que también se determinará que estos delitos no solo tendrán sanción penal sino también administrativa.
También “refuerza la aplicación de medidas de protección especial como salvaguarda de vida que deben ser aplicadas en sede administrativa y jurisdiccional”, además “establece prioridad de búsqueda de mujeres ante desaparición, si existiera antecedente de medidas de protección”, destacó Aguilar.
La Fiscalía informó a inicios de julio que el mayor número de víctimas de feminicidio pertenecen al grupo etario de 21 a 30 años y que la mayoría fue producto de asfixia, arma blanca y golpe o trauma. Los crímenes también se cometieron por intoxicación, arma de fuego y otras “causas desconocidas”.
Los agresores principalmente eran concubinos o enamorados.