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El gobernador Montes afirma que con o sin Camacho se iba a postergar el Censo

La fotografía del Consejo de Autonomías, el 12 de julio. Foto: APG

La fotografía del Consejo de Autonomías, el 12 de julio. Foto: APG

La postergación del Censo 2022 causó reacciones especialmente en Santa Cruz, cuyo gobernador, Luis Fernando Camacho, e institucionalidad advirtieron con un paro. Con o sin Camacho, la medida era inminente, dijo el gobernador de Tarija, Óscar Montes.

Representante de oposición, el jefe de gobierno tarijeño participó junto a otros siete de sus colegas de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), a la que faltó Camacho y por cuya ausencia es blanco de críticas.

El 12 de julio, 10 días después de su citación, el CNA se reunió en La Paz con el solo motivo de analizar la situación del Censo de Población y Vivienda, inicialmente previsto para el miércoles 16 de noviembre de este año. Luego de debates entre los 25 de 27 miembros, sugirió al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la postergación del empadronamiento.

Además de los ocho gobernadores, asistieron a la cita cinco representantes de las autonomías municipales, dos representantes de las autonomías regionales e indígenas, y parte del gabinete de gobierno regido por el presidente Luis Arce. No asistió Camacho.

“Si hubiera estado Camacho ahí, hubiera coincidido también en que no estaba hecha la tarea y que había necesidad de suspender el Censo”, admitió ayer en la transmisión digital La Razón Radio el gobernador Montes.

La decisión de Camacho de faltar a la reunión —alegó que no había pasajes y que tenía audiencia, que se suspendió un día antes— despertó críticas de sus propios colegas de oposición, como el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, quien dijo que “hubiera sido un debate más profundo, más analítico, más técnico y nos hubiera llevado a otra propuesta, quizás” con aquél.

“El mejor escenario de debate” era el CNA y “no podemos solo decir detrás de cámaras que no estamos de acuerdo”, cuestionó.

“No tenemos culpa”, sentenció.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, también de oposición, fue más duromcon Camacho. Lo llamó “cobarde” e “hijito de papá”.

“He recibido una crítica (de Camacho sobre) que si mi persona estaba sobrio. Yo le reto al gobernador de Santa Cruz a que venga a La Paz, a que me diga en la cara; es un cobarde, siempre habla de espaldas”, protestó.

Ayer, en la entrevista con el streaming de La Razón, Montes replicó a sus colegas de Chuquisaca y La Paz. “Yo no estoy de acuerdo con mis colegas que se ponen a pelear con el gobernador de Santa Cruz; habrá que estar en los zapatos del Gobernador de Santa Cruz para juzgarlo”, dijo.

“Imagínate a Camacho caminando por las calles de La Paz; no lo van a dejar bajar ni salir del aeropuerto (…). Uno tiene que salvar su vida; no es que él va a ir todo inocente y caminar por las calles de La Paz. Eso no va a ocurrir”, completó Montes.

En su criterio, Camacho se encuentra en una situación complicada ante la presión de las instituciones de Santa Cruz, que la semana pasada conminaron al gobierno de Arce adelantar la fecha del empadronamiento, más o menos dispuesta para mayo o junio de 2024. “El hecho de que Camacho hubiera estado en la reunión, te aseguro que no hubiera cambiado las cosas, porque, al final, los argumentos que se utilizaron para cambiar la fecha son netamente técnicos; no tenía nada que ver con posicionamientos regionales o políticos”, insistió.

Montes contó detalles del CNA. Recordó que Arce propuso “que el Censo no se politice, que se lo trate en la esfera técnica y que no había intención” de usarlo políticamente.

Convocada con único fin de analizar la situación de la organización del Censo, la reunión hizo una evaluación sobre el avance de las tareas del INE, la entidad rectora del evento. Montes consideró que el instituto no cumplió con sus tareas “de manera eficiente”.

“No se discutió el año, 2022, 2023 o 2024; ésa ya fue una iniciativa del Ejecutivo y ahí nosotros no tenemos ninguna responsabilidad”, dijo el gobernador, aunque consideró que los bolivianos deben “ajustarse” a la nueva fecha.

Cartografía, migraciones, tecnología y coordinación fueron las principales preocupaciones. “Fue una decisión unánime, después de analizar los temas”, dijo.