En un texto publicado en su blog este domingo, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) denunció que una “caza de brujas” que busca “descabezar a la oposición” y lamentó que Evo Morales (2006-2019) sea beneficiado de la impunidad.
Consideró que las denuncias en el caso Golpe de Estado I contra 23 actores de oposición en la crisis política de 2019 “en realidad se trata de una caza de brujas, una persecución para descabezar todo vestigio de oposición, una forma más de revelar su cercanía a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela”.
Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y otros dirigentes políticos son acusados de una serie de delitos —que el exmandatario precisó— por su participación en el cabildeo político para la sucesión, el 12 de noviembre de 2019, de la senadora Jeanine Áñez en sustitución del dimisionario Morales.
“Este nuevo paso del masismo desbocado solo merecería ser considerado como un sainete cuyo destino es ir al canasto de la basura y quizá, un comentario piadoso para el ‘jurista’ acusador que carece de los más mínimos instrumentos éticos, académicos e intelectuales que le permitan un ejercicio respetable de su profesión”, escribió Mesa en su texto titulado La persecución política y la posverdad masista.
En 2019, Mesa tuvo un protagonismo desde su misma candidatura en las elecciones generales del 20 de octubre. Denunció “fraude monumental”, llamó a vigilias en los tribunales electorales, reclamó segunda vuelta, pidió la anulación de las elecciones, demandó la renuncia de Morales, fue parte de las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica (UCB), sugirió una Asamblea Legislativa con quorum para la consideración de las renuncias y la eventual sucesión, y se opuso a la posibilidad de que alguien del oficialismo asuma la continuidad del proceso.
Al llegar Áñez al poder, en sendos actos legislativos sin quorum ni presencia de los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS), Mesa consideró la transición como una “sucesión impecable”.
En su texto, lamentó la condición actual de Morales, quien renunció la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019 luego de un paro cívico-político contra el “fraude” electoral, un motín policial, la “sugerencia” de dimisión de las Fuerzas Armadas y la petición similar de la Policía Boliviana.
Recordó una serie de hechos en los que presuntamente Morales incurrió en delitos constitucionales. “Fue habilitado inconstitucionalmente como candidato en 2014 violando la disposición transitoria primera de la Constitución; desconoció su derrota en el Referendo de 2016; el TCP, bajo sus órdenes, inventó un supuesto derecho humano violado en su contra y lo habilitó inconstitucionalmente como candidato en 2019”, dijo Mesa.
“Morales, que no se ha cansado de violar la Constitución sistemáticamente sigue impune”, sentenció.
“La razón obvia por la que Morales sigue impune es que, a pesar de los juicios abiertos en su contra (por ejemplo, el de ser autor intelectual del fraude electoral de 2019), goza de la abierta protección del Ministerio Público y los máximos jueces del Estado”, afirmó Mesa.
También apuntó al presidente Luis Arce, a quien señaló de usar “a sus obsecuentes abogados disfrazados de ‘defensores de derechos humanos y luchadores por el imperio de la justicia’ para armar acusaciones delirantes a diestra y siniestra, mezclando a justos y pecadores con intención de perpetuar la mentira”.
Mesa, además, lamentó la gestión del MAS desde 2006, cuando Morales llegó por primera vez al poder. “Quienes gobiernan desde hace tres lustros han promovido y promueven la degradación y el envilecimiento progresivo de nuestra sociedad, cercada por la corrupción, el narcotráfico (cada vez con mayores signos de violencia), el contrabando y las mafias organizadas en todos los niveles sociales, que medran del dislocamiento total de una institucionalidad que está desapareciendo”, dijo.
Mesa ya declaró en el caso Golpe de Estado I, que investiga delitos de sedición, terrorismo y conspiración a instancias de la exdiputada del MAS Lidia Patty. Lo hizo en junio de 2021, y, según sus declaraciones, solo respondió tres de 50 preguntas. Entonces alegó que no quería incriminarse en el caso.