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Magistratura denuncia sentencia constitucional contradictoria que abre las puertas para favorecer a jueces destituidos

El consejero Marvin Molina en conferencia de prensa. Foto: Red Uno Sur.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, denunció este martes la existencia de una sentencia constitucional contradictoria que abre las puertas para favorecer a jueces destituidos por liberar a feminicidas y violadores.

«Mientras nosotros destituimos a jueces corruptos, ya como ha sido el caso de este señor (Rafael) Alcón y otros que están en la cárcel, el Tribunal Constitucional a través de su sala primera saca sentencias contradictorias obligándonos a colocarlos en sus lugares», declaró Molina.

Según Molina, se está en contrarruta y ojalá -dijo- la racionalidad vuelva a la magistrada que trabajó la sentencia constitucional y «aclare de buena manera» en la complementación y enmienda que se solicitó.

«Caso contrario pues todo el trabajo que estamos haciendo va a caer en tacho roto, nosotros sacamos corruptos y ella los va a volver a colocar. Si la posición del Tribunal Constitucional continúa de nada va a servir cualquier esfuerzo que hagamos con estos 38 jueces, con los otros jueces que sean sorprendidos porque siempre van a estar las famosas garantías y derechos constitucionales que ahora en una interpretación disque progresiva y en los estándares más altos ya el Tribunal Constitucional va a patear todo lo que vamos hacer», señaló.

Al menos 15 jueces y ocho fiscales fueron procesados en en los cuatro meses en que una comisión interinstitucional, encabezada por el Gobierno, revisó los casos de feminicidas y violadores liberados.

al menos diez jueces penales fueron destituidos y el resto afronta cargos por indisciplinas, al tiempo que ocho fiscales fueron depuestos de su cargo.  

Asimismo, la auditoría de la comisión reveló que en al menos 327 procesos judiciales de tres etapas fueron detectadas irregularidades.

La Comisión de Revisión de Casos de Feminicidio y Violencia contra la Mujer comenzó su tarea el 4 de febrero de este año por instrucción del presidente Luis Arce, luego de que varios sectores, incluidas plataformas, activistas feministas y otros realizaran marchas en diferentes departamentos exigiendo justicia para las víctimas de esos ilícitos, cuyos autores fueron liberados por jueces corruptos.