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Sunday 2 Oct 2022 | Actualizado a 11:48 AM

Fiscalía apela sentencia contra Áñez y pide 15 años de cárcel por caso Golpe de Estado ll

"Hemos apelado en el entendido de que nosotros en el momento de la acusación hemos pedido 15 años en contra de Jeanine Áñez", indicó el fiscal departamental de La Paz, William Alave

La expresidenta Jeanine Áñez, antes de escuchar la lectura íntegra de la sentencia en Miraflores el 10 de junio.

/ 27 de julio de 2022 / 19:37

El Ministerio Público apeló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por el caso Golpe de Estado II y solicitó una pena de 15 años de privación de libertad, según informó este miércoles el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

«Hemos apelado en el entendido de que nosotros en el momento de la acusación hemos pedido 15 años en contra de Jeanine Áñez y en este caso los jueces no nos han dado lugar a este pedido, frente a aquello nos quedó apelar y hemos presentado la apelación correspondiente», sostuvo Alave durante una rueda de prensa.

Según el Fiscal Departamental de La Paz, la solicitud se justifica bajo el argumento de que Áñez incurrió en un «concurso ideal de delitos», contemplado en el Código Penal.

«Nos señala (el Código) que cuando existen más de dos delitos se tiene que aumentar la mitad de la pena al delito principal y en este caso sumamos el delito principal y la mitad sería cinco años, entonces en total serían 15 años», explicó.

Al respecto, el Código Penal establece: «El que con una sola acción u omisión violare diversas disposiciones legales que no se excluyan entre sí, será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en una cuarta parte».

El 10 de junio, después de un juicio que duró más de dos meses, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz determinó 10 años de privación de libertad contra Añez por el caso denominado Golpe de Estado II.

La exmandataria fue declarada culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, que habría cometido –según la acusación– al asumir la presidencia del Senado y, posteriormente la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019.

Junto a Añez, fueron sentenciados en rebeldía el excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, ambos a 10 años de cárcel en el penal de San Pedro.

En el mismo recinto penitenciario fueron condenados el exjefe del Estado Mayor militar, Flavio Gustavo Arce a dos años de prisión, el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, fue condenado a tres años de cárcel. Mientras que el exinspector general del Alto Mando, Jorge Fernández y el general Sergio Orellana, exjefe del Departamento III de Operaciones, fueron condenados a cuatro años de cárcel.

Alave precisó que la apelación a la sentencia solo incluye a la expresidenta.

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Richter dice que una ‘dirigencia radical’ busca sustituir al Gobierno, esta vez instrumentalizando el Censo

"Tienen una agenda esta pequeña dirigencia radical de generar inestabilidad e ingobernabilidad en el país de manera permanente y constante", dijo Jorge Richter.

Jorge Richter en el programa Las 7 en el 7 del canal estatal

/ 2 de octubre de 2022 / 11:14

El vocero presidencial Jorge Richter observó este domingo que en Santa Cruz existe una «dirigencia radical» que busca sustituir al Gobierno, esta vez instrumentalizando el Censo. Advirtió que la figura del cabildo es mal utilizada para intereses personales y validar liderazgos que entraron en «etapa descendente».

«La dirigencia radical ya en la perspectiva política tiene una intencionalidad distinta y esa intencionalidad es que está inserta, están ellos insertos en la búsqueda permanente y recurrente de poder sustituir al Gobierno», dijo en declaraciones al canal estatal.

Richter agregó que esta «dirigencia radical» busca los elementos necesarios para generar indignación colectiva por lo que hoy instrumentalizan el tema del Censo para validar un conjunto de acciones que van por fuera de la Constitución.

«Ahí vemos que el cabildo tiene una intención de carácter político (…) se instrumentaliza esta voluntad de la población (de asistir a un cabildo) para usos personales, estos usos personales no son otras cosas que afianzar, que validar unos liderazgos que han entrado en etapa descendente», dijo.

El Vocero apuntó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

«Lo que están buscando es tener cierta relevancia en el plano nacional», apuntó.

Richter acotó que las tres autoridades desconocen del tema del Censo, que no lo pueden defender y que cuándo se les solicita citen puntos principales del proceso censal recurren al adjetivo, insulto, amenaza.

«Es un pequeño grupo que no tiene posibilidades electorales serias, es un pequeño grupo que forma parte de esas castas políticas de ese poder privado de las logias, de esos clanes familiares que se han apropiado de unas instituciones en Santa Cruz y que le niegan al pueblo cruceño la posibilidad de tener un proceso claro que beneficie a Santa Cruz», aseveró.

Según Richter, los líderes cruceños no tienen voluntad de diálogo y lamentó discursos de confrontación.

El Vocero Presidencial advirtió que las resoluciones de un cabildo no tienen carácter vinculante, y que demandas nacionales son canalizadas a partir de procesos electorales nacionales que otorgan legitimidad necesaria para que sea el Mandatario elegido para resolver los conflictos.

«En los hechos reales el Censo es una bandera, lo dijo el presidente del Comité Cívico Rómulo Calvo, (…) tienen una agenda esta pequeña dirigencia radical de generar inestabilidad e ingobernabilidad en el país de manera permanente y constante, si hoy es el Censo mañana puede ser el Pacto Fiscal», sostuvo.

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Arce dice que ‘los golpistas de 2019’ quieren reeditar el mismo escenario de ese año

Arce dijo que hay "grupos minoritarios" que nunca ganaron elecciones, que no son relevantes políticamente, pero "quieren desestabilizar al Gobierno Nacional".

El presidente Luis Arce hoy en Sacaba.

/ 1 de octubre de 2022 / 18:47

El presidente Luis Arce sostuvo este sábado en Sacaba, Cochabamba, que los «golpistas de octubre de 2019» quieren reeditar el mismo escenario y aseguró que el «pueblo boliviano» no lo permitirá.

«Hoy quieren reeditar los golpistas ese su escenario de 2019, pero estamos seguros que el pueblo boliviano no lo va a permitir», sostuvo el Mandatario en el acto organizado para el colocado de la piedra fundamental de la planta procesadora de Hoja de Coca Kokabol.

Sin aludir al cabildo departamental de Santa Cruz del viernes, Arce dijo que hay «grupos minoritarios» que nunca ganaron elecciones, que no son relevantes políticamente, pero que «quieren desestabilizar al Gobierno Nacional».

«(el Gobierno Nacional) tiene un apoyo de más del 55% de la población», recordó el Jefe de Estado.

El cabildo cruceño determinó sí o sí Censo en 2023 y no en 2024 como decidió el Consejo Nacional de Autonomías en julio.

Se dio plazo de 21 días para el que Gobierno responda positivamente, caso contrario se ingresará a un paro indefinido desde el 22 de octubre.

Lea más: Cabildo da plazo de tres semanas al Gobierno para cambiar fecha del Censo, sino habrá paro indefinido

«Nuestra respuesta -dijo Arce- es la industria, la producción, la industrialización para los bolivianos y bolivianas, porque eso es en lo que debemos trabajar».

En su discurso, el Mandatario anunció que se rendirá un homenaje a las víctimas de la masacre de Sacaba durante el gobierno de Jeanine Áñez.

Diez personas perdieron la vida y al menos 36 fueron heridos durante una represión policial a un grupo de productores de coca entre Cochabamba y Sacaba el 15 de noviembre de 2019, tres días después de que Áñez asumiera como presidenta transitoria.

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En La Paz, tres de cada 10 no tienen vacunas anti COVID-19

El área rural tiene baja cobertura de vacunación.

Una persona recibe una de las dosis contra el coronavirus en La Paz.

Por Boris Góngora

/ 1 de octubre de 2022 / 05:30

A un año y siete meses del inicio de la campaña de inmunización contra el COVID-19, en La Paz, las cifras reflejan que tres de cada 10 personas de la población objetivo no han recibido aún ni su primera dosis.

El reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz refleja que la cobertura de vacunación en primera dosis es del 66%, es decir, que el restante 34%, equivalente a tres de cada 10, no ha accedido ni a la inmunización inicial.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Ángel Quispe, explicó que en segunda dosis la cobertura es del 54%; con tercera dosis al 18% y en cuartas dosis se alcanzó el 5% a escala departamental.

La demanda de vacunas es evidentemente más baja en los puntos de las áreas urbanas, empero, el mayor problema se registra en el área rural.

“La parte urbana de La Paz, El Alto y Viacha son los municipios que más han alcanzado coberturas de vacunación y la parte rural es la que tiene las más bajas coberturas, de ahí la preocupación”, indicó el especialista.

La necesidad de enfocar las campañas de inoculación en el área rural es acompañada con ferias e incluso se llegó a ofrecer las dosis puerta a puerta, empero, no se ha logrado las coberturas óptimas.

“Todavía se debe vacunar en esas regiones, porque puede ser de que recién se esté difundiendo estas nuevas variantes y que estén produciéndo nuevos brotes en estos lugares alejados”, indicó.

En la actualidad, el esquema completo contempla la tercera dosis, afirmó Quispe, por lo que quienes aún no hayan recibido esta inoculación, que representa a más del 80% de la población objetivo, deben acudir a puntos más cercanos.

Las vacunas contra el COVID- 19 están disponibles para la población desde los cinco años, para conocer los puntos de vacunación puede ingresar en el portal www.sedeslapaz.gob.bo.

Por otra parte, La Paz avanza rumbo a superar la quinta ola de la pandemia del COVID-19, que sumó un total de 37.000 contagios.

La cuarta ola es hasta ahora la primera en importancia de suma de casos, con más de 60.000 casos confirmados; le sigue la tercera.

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El Canciller minimiza el reporte de EEUU sobre comicios de 2019

La autoridad señaló que la postura de ese país es un criterio interno.

Rogelio Mayta, jefe de la diplomacia boliviana, en conferencia de prensa en la Cancillería.

Por Mauricio Diaz

/ 1 de octubre de 2022 / 04:06

El canciller Rogelio Mayta afirmó ayer que el reporte que el Departamento de Estado envió al Congreso de Estados Unidos sobre el informe de la OEA en torno a las elecciones generales de 2019 “no tiene trascendencia ni en Bolivia ni en ningún país del mundo”.

Señaló, además, que dicha postura es una cuestión interna de ese país, pues, en su criterio, pasó del Departamento de Estado al Congreso.

“El Departamento de Estado remitió sus criterios al Congreso de los Estados Unidos, y esas consideraciones no tienen ninguna trascendencia ni en Bolivia ni en el mundo; son consideraciones que nos parecen impertinentes”, dijo Mayta en conferencia de prensa.

Asimismo, el Canciller sostuvo que dicho reporte corresponde a un debate interno y que “resulta inapropiado que en un país ajeno se discuta las cuestiones de otro de una forma alegre; no corresponde, es impertinente”, reiteró.

“Hay que poner las cosas en su lugar. Ese documento no tiene valor para Bolivia ni para el mundo”.

Ese informe, que fue solicitado por el Congreso estadounidense, sistematiza información de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones generales de 2019 en las que, supuestamente, halló “manipulación informática dolosa”.

Al respecto, el expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, aseveró ayer que, tras el informe del Congreso de EEUU que avaló el reporte de la OEA en las que se detectó “irregularidades graves” que imposibilitaban validar los resultados de los comicios 2019, “no queda duda” sobre estas irregularidades cometidas en el país.

“El Informe de la OEA —pedido por Morales y que demostró el fraude monumental de 2019— que ya fue respaldado por la UE, hoy lo es por EEUU. No queda ninguna duda en Bolivia y el mundo que el MAS hizo fraude y que hoy busca impunidad y olvido con persecución y mentiras”, escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, el expresidente Evo Morales consideró que el apoyo de Estados Unidos al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) es un “nuevo ataque” y asegura que ese país respaldó “el golpe de Estado” y los “delitos de lesa humanidad” en 2019.

“No nos sorprende este nuevo ataque de EEUU. Nos preocuparía que el país que financió magnicidios, golpes de Estado, invasiones y delitos de lesa humanidad nos apoye”, publicó el titular del MAS en su cuenta de Twitter.

En las elecciones del 20 de octubre de 2019, Evo Morales resultó ganador, pero el postulante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, cuestionó los resultados.

Entonces denunció supuesto fraude por la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que por unas horas dejó de actualizar en tiempo real el conteo extraoficial de los votos.

Eso derivó en movilizaciones de varios sectores en el país. Al día siguiente de los comicios, Mesa llamó a vigilias en los tribunales electorales departamentales, que derivó en la quema de cinco de estas entidades en el país.

El entonces presidente del Comité pro Santa Cruz y hoy gobernador, Luis Fernando Camacho, llamó a un paro que terminó en 21 días con el derrocamiento de Morales, el 10 de noviembre de 2019.

En medio de las protestas, un motín policial decantó la crisis en el Gobierno y las Fuerzas Armadas dieron el batacazo final al pedir la renuncia del mandatario.

Dos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez se declaró, primero, titular del Senado y, luego, presidenta del Estado, para atribuirse una “sucesión constitucional”.

Lo hizo en sendos actos en la Asamblea Legislativa, sin quorum reglamentario ni la presencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El 15 de noviembre, la mandataria transitoria emitió el Decreto Supremo 4078, que liberaba de delitos penales a militares y policías, para blindar la represión de las fuerzas de seguridad. Al día siguiente, una movilización de campesinos y cocaleros fue neutralizada a través de una represión policial-militar.

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Richter: El cabildo fue una reunión de dirigencia radical, estamos abiertos al diálogo

El cabildo llevado adelante en Santa Cruz determinó dar un plazo de tres semanas al Gobierno para adelantar la fecha del Censo a 2023, de lo contrario, anunciaron que el 22 de octubre próximo se ingresará a un paro cívico indefinido.

El vocero presidencial, Jorge Richter. Foto: APG

/ 1 de octubre de 2022 / 01:46

El vocero presidencial, Jorge Richter, calificó al cabildo realizado el viernes en Santa Cruz como una reunión de “dirigentes radicales”, que usaron la fecha del Censo como una bandera para reivindicar una serie de acciones “políticas” con fines de «confrontación».

“En esta perspectiva, lo que hemos visto hoy es una movilización de la dirigencia (opositora) radical que si tiene posibilidades de movilizar gente, de convocar (…), y así  tratar de validar un liderazgo que está en una etapa descendente, me refiero al gobernador (Luis Fernando Camacho) y al presidente del comité cívico (Rómulo Calvo)”,  afirmó, en contacto con la Red Uno.

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El cabildo llevado adelante en Santa Cruz determinó dar un plazo de tres semanas al Gobierno para adelantar la fecha del Censo a 2023, de lo contrario, anunciaron que el 22 de octubre próximo se ingresará a un paro cívico indefinido.

Al respecto, Richter afirmó que existen los canales de diálogo abiertos para zanjar esta situación y evitar perjuicios económicos a esa región, ante una eventual paralización de actividades.

“Los esperamos el 11 de octubre a la reunión que se ha convocado, para que (…) los señores del Comité Interinstitucional puedan dar sus puntos de vista y ahí es importante que cuando asistan, defiendan técnicamente lo suyo”, sostuvo el vocero.

Asimismo, Richter lamentó que el tema del Censo sea utilizado por las instituciones cruceñas como “una bandera” política con fines de confrontación.

“Lo que está claro es la intencionalidad de orden político, dónde está dirigencia radical busca una toma del Gobierno, como lo hicieron en 2019 (…). Entonces, el Censo es una excusa, es una bandera, y habrá otras banderas, que van a levantar siempre para ir generando este tipo de confrontación, que es lo que los caracteriza”, lamentó.

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