La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa concluyó la fase de evaluación de méritos de los postulantes a Fiscal General del Estado.

“Teníamos plazo hasta el día jueves, y ahora corresponden los recursos de revisión (que deben ser presentados entre el viernes y sábado) y, luego, a partir del día domingo hasta el miércoles, vamos a tener la etapa de la resolución de los recursos de revisión», dijo en conferencia de prensa el presidente de esa comisión, Roberto Padilla.

El senador del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) resaltó que los 42 postulantes que llegaron a esta instancia lograron puntajes que habilita su participación en la fase de exámenes orales.

Comisión

“Ahora, nos corresponde que nos presenten recursos de revisión los postulantes que hemos calificado y después de eso a partir del día domingo hasta el día miércoles vamos a tener la etapa de resolución”, explicó.

La evaluación de méritos tuvo una puntuación máxima de 120.

Ante la consulta, indicó que uno de los aspirantes con mejor puntuación es el actual fiscal departamental de La Paz, William Alave, con una calificación de 113 puntos. Otro de los postulantes que destacó en esta fase es el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Olvis Egüez Oliva, quien obtuvo 108 sobre 120 puntos.}

Méritos

Padilla indicó que una de las observaciones más recurrentes es relativa al requisito específico de ocho años de experiencia profesional, pero “muchos asambleístas también han interpretado de otra manera, entonces por ese motivo siempre es bueno tener reuniones internas”.

La Comisión Mixta de Justicia Plural debe remitir a la Asamblea Legislativa el informe con los postulantes que llegaron al final de la preselección, hasta el 17 de octubre.

Luego, ese órgano deberá designar y posesionar a la máxima autoridad del Ministerio Público hasta el 23 de octubre de este año, día en que terminará su mandato de seis años el fiscal general Juan Lanchipa.

En el reinicio del caso Masacre de Senkata, la expresidenta Jeanine Áñez planteó en audiencia poner fin el proceso, luego que el exministro de Justicia Iván Lima señalara que este juicio ordinario es por “capricho” del expresidente Evo Morales. Sin embargo, el juez David Kasa rechazó la solicitud e indicó que las declaraciones de terceras personas no son vinculantes.

“Quiero plantearles a ustedes que pongan punto final a esta tortura confesada por el exministro Iván Lima. Él ha confesado que estas audiencias inhumanas que son de doce horas, a veces más de doce horas diarias, son por presión de Evo Morales. Él ha confesado que 18 ciudadanos somos acusados por capricho y sometidos a un proceso ilegal”, dijo Áñez en audiencia.

Señaló también que el tribunal no tiene competencia para juzgar a una expresidenta y que la justicia es víctima de presión del propio Iván Lima, el procurador del Estado, el ministro de Gobierno y del fiscal general del Estado. 

“(Lima) ha confesado que hagan lo que hagan, este juicio será nulo y llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo he manifestado desde el comienzo”.

El juez Kasa también indicó, en audiencia, que las declaraciones de terceras personas que no son parte de este proceso “no son vinculantes”, ya que éstas son libres de poder expresar “lo que les parezca”.

“Por esa razón no es posible que este tribunal pueda aplicar estas circunstancias”, dijo.

El sábado, Lima señaló que el caso Senkata, por la que son procesadas Áñez y otras 17 personas, terminará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), debido a que fue llevado a juicio ordinario por un “capricho” de Morales.

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La exautoridad recordó que cuando presentó esta propuesta a la Asamblea “había los dos tercios y la voluntad de llevar adelante un juicio de responsabilidades”, pero en el escenario entró Evo Morales para “terminar de conflictuar al país con este debate sobre juicios de responsabilidades o juicio ordinario”.

“Este tema sigue en tribunales y es un tema que va a terminar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), en algún momento, y ahí se terminará de definir la situación”, señaló Lima a la red Erbol.

El 2 de septiembre inició el juicio oral contra Áñez y 17 otras exautoridades que son acusadas por la comisión del delito de genocidio, esto relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019 en la zona de Senkata, municipio de El Alto, La Paz.

Entonces, 10 personas fallecieron, todas a bala, por operaciones que ejecutaron los efectivos militares, amparados por el Decreto Supremo 4078, que los eximía de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.

El expresidente Jorge Quiroga Ramírez visitó este martes al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho en el penal de Chonchocoro, en el que hablaron de una “alternativa” política rumbo a las elecciones generales de 2025.

“De mucho tiempo que no lo veía. Es admirable su templanza, su serenidad, su entereza, en un lugar que no es fácil, considerando que era el gobernador electo de Santa Cruz y fue trasladado acá de forma torpe e ilegal… Lo que estamos hablando es de una alternativa política para salvar Bolivia del desastre del Movimiento Al Socialismo (MAS)”, indicó Quiroga a la Cadena A. 

Criticó la marcha liderada por Evo Morales que inició el 17 de septiembre y culminó en la sede de Gobierno, el cual manejaba la consigna de salvar Bolivia, sin embargo, señaló que era “para terminar de liquidar la economía que destrozó”.

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“(Cuando era presidente) él se farreo el gas, derrochó los dólares e hizo las normas ecocidas que tienen al oriente para poder respirar. El buscó quedarse en tu tercer mandato, buscó el cuarto y pulverizó a nuestra democracia boliviana”, cuestionó.

Sobre el encuentro con Camacho reiteró que habló de “un proyecto” político, sin embargo, dijo que también está hablando con “mucha” gente y que no especulará sobre esa materia.

“Yo trabajo para generar la máxima unidad opositora. Sabemos quiénes vamos a ser una alternativa opositora democrática con la máxima unidad posible, vamos a seguir trabajando en ello y cuando haya un anuncio que hacer lo haremos”.

El tablero político comienza a reconfigurarse luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmara que las elecciones generales se desarrollarán el domingo 17 de agosto de 2025, por lo que la convocatoria oficial será publicada el 19 de abril.

El gobernador de Santa Cruz cumple detención preventiva en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, desde diciembre de 2022.

Este proceso indaga el derrocamiento del presidente Evo Morales en noviembre de 2019, cuando renunció asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas precisamente por Camacho, un motín policial y la presión de los militares.

Frank Campero, defensa legal de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, informó este martes que se formalizó la solicitud de mandamiento de aprehensión contra el dirigente campesino Ponciano Santos por la denuncia de acoso y violencia política. 

“En estos próximos días estaremos teniendo ya el mandamiento de aprehensión para poder ejecutar a nivel nacional contra Ponciano Santos y el asumir su defensa y presentarse ante el Ministerio Público de la ciudad de El Alto”, dijo el jurista.

Campero recordó que, bajo su lógica de agredir al Estado y al Gobierno, en la marcha desarrollada por el evismo desde Caracollo, Oruro, a la sede de Gobierno, el dirigente campesino utilizó “diferentes” adjetivos peyorativos en contra de la alcaldesa Copa.

“No solo en una oportunidad, sino en dos oportunidades. Vamos a ir al juicio oral, a una imputación formal y tener una sentencia condenatoria ejecutoriada”.

Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) afín al expresidente Evo Morales, en una conferencia de prensa el 19 de septiembre calificó de “mujerzuela” a la alcaldesa Copa.

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“No puede impedirnos a nosotros, si bloquea o no bloquea, igual pasaremos con la marcha entonces no nos afecta en nada, incluso yo no quiero hablar de Eva Copa, esa mujerzuela no sabe lo que está haciendo en la ciudad de El Alto”, declaró Santos, entonces.

Las declaraciones de Santos surgieron a raíz de la advertencia de Copa a la marcha evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), de que no pasaría por ese municipio. Incluso señaló que “nadie va a entrar a convulsionar y matar a los alteños”.

Luego de las declaraciones del campesino, Copa le respondió “que se lave la boca” antes de hablar de ella y le dijo que “no se escapará”, aunque la marcha convocada por Evo Morales llegue a esa ciudad.

Campero también indicó que se solicitó al Ministerio Público que se declare día y hora para la declaración de Santos, oportunidad para que la alcaldesa de El Alto “formalice y ratifique” la denuncia correspondiente. 

“Se solicitó requerimientos fiscales para que a nivel nacional se establezca el domicilio y ubicarlos y pueda todo el aparado del Ministerio público citar o aprehender, para que sea conducido a la ciudad de El Alto para que preste su declaración”.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, abrió la posibilidad de que el expresidente Evo Morales sea citado a declarar por el caso del golpe de Estado “fallido” del 26 de junio.

“Tenemos que ver la necesidad, si nos corresponde para la investigación, y la pertinencia en función a la actuación que hubiera tenido dentro de este aspecto; eso lo tiene que evaluar la comisión de fiscales para ver la posibilidad si se convoca o no (a Morales)”, indicó.

De esa manera respondió a la pregunta de una periodista.

Según afirmó Alave, se espera un informe de la comisión policial que “sustente” la posible convocatoria.

Además, el fiscal no descartó la posibilidad de incluir en el llamado al exministro Juan Ramón Quintana. “Se está evaluando aquello (las posibles citaciones) con los fiscales; en la semana nos vamos a reunir a efectos de ver qué otras actividades podemos agotar e ingresar al aspecto que sería realizar una acusación o una acusación conclusiva”, añadió.

Golpe de Estado «fallido»

¿Por qué suena el nombre del expresidente en ese caso? El 26 de junio, antes que el excomandante del Ejército y exgeneral Juan José Zúñiga ingrese a la plaza Murillo con militares fuertemente armados y vehículos blindados, el exmandatario advirtió de “movimientos irregulares”.

Entonces, en un primer mensaje en su cuenta de X, a las 13.00, publicó: «Desde hace una hora, comandantes de divisiones, instruyen a comandantes de regimientos a retornar inmediatamente a sus cuarteles para esperar nuevas disposiciones (acuartelamiento). Esto levanta muchas sospechas del movimiento militar en Bolivia».

Entonces, atribuyó la información a “militares leales y patriotas”. Aseguró que “se gesta el golpe de Estado”, y dio detalles de que ese día “convocaron a las 15.00 a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate».

Evo Morales

Incluso, en otro mensaje, convocó a las bases del Movimiento Al Socialismo (MAS), organizaciones sociales y a la población a “defender la democracia”.

Por esas publicaciones, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, fue la primera en pedir que se convoque a Morales por la asonada militar. “Él (Morales) ha sido el primero que ha sacado el Twitter de que decía que había movimientos irregulares”, dijo en un acto el 2 de julio.

“Queremos que se aclare este tema, queremos saber la verdad; tiene que ir a declarar, él nos tiene que decir quién le ha llamado, cómo sabía que estas cosas estaban pasando”, insistió.

El Gobierno calificó de golpe de Estado “fallido” al intento de Zúñiga de ingresar al Palacio de Gobierno. El presidente Luis Arce lo increpó en la puerta de ese edificio y le ordenó retirar al personal movilizado; éste se insubordinó.

Militares

Inmediatamente, el mandatario cambió al Alto Mando Militar y la primera instrucción fue ordenar el repliegue de los militares y los vehículos de asalto.

Hasta el último reporte del Ministerio de Gobierno, existen 100 personas investigadas y al menos 26 con medidas cautelares.

Por ese hecho, el 1 de agosto, un tribunal militar decidió la baja definitiva de cinco generales de las Fuerzas Armada por su participación en la asonada golpista del 26 de junio.

La baja fue dictada contra los ahora exgenerales Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército; Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB); Juan Mario Ponce Sandi, que pertenecía al grupo de inteligencia de Zúñiga; Franz Ordóñez Menacho y el almirante Juan Arnez, excomandante de la Armada Boliviana.