La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Alejandra Rocha, aclaró que la investigación contra el expresidente Evo Morales fue abierta por el delito de trata y tráfico de personas en la ciudad de Tarija.

Sin embargo, la orden de aprehensión fue emitida por la supuesta comisión del delito de estupro. Eso, en criterio de la autoridad, motivó a la defensa jurídica del líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) a presentar una acción de libertad, que finalmente fue concedida por un Tribunal de Garantías y quedó nula la orden de captura.

“La comisión de fiscales asignada al caso, bajo la supervisión de la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, emitió la orden de aprehensión por un delito diferente al que inicialmente se investigaba (…); éste es un hecho grave, que no debió haber ocurrido”, explicó Rocha.

Evo Morales

A pesar de las declaraciones de la funcionaria, la resolución de aprehensión firmada por la otrora directora de la Unidad de Trata y Tráfico de Tarija, Pamela Obando, además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco, describe los delitos de trata y tráfico y estupro agravado.

Una vez conocida la nulidad de la orden de aprehensión, Gutiérrez atribuyó el extremo a supuestas instrucciones del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a quien también acusó de propiciar su destitución por impulsar la captura de Morales.

Sin embargo, en conferencia de prensa, Lanchipa desmintió esas declaraciones y dijo que la aprehensión se anuló debido a “errores” de procedimiento, y sobre el alejamiento de la exfiscal, sostuvo que se debe a “negligencia en su trabajo”.

Investigación

Al respecto, Rocha indicó que, al contrario, el Fiscal General dispuso la conformación de un equipo especializado para reforzar las investigaciones y corregir los errores procedimentales detectados.

“La tramitación de este proceso continúa en etapa preliminar, en ningún momento se ha detenido la investigación, tampoco se descarta la posible recalificación del delito conforme se vayan obteniendo mayores elementos probatorios dentro de este proceso penal”, explicó Rocha ante especulaciones de un supuesto “cierre” del caso.

El viernes, la misma funcionaria informó en conferencia de prensa que el caso fue declarado en reserva judicial por un lapso de 10 días, esto con el fin de precautelar los derechos de las supuestas víctimas, la madre adolescente y su hija.

El expresidente del Estado y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, consideró que el gobierno del presidente Luis Arce “perdió el debate político». Además, dijo que “abusa del poder” al procesar a dirigentes de su partido.

“Cuando los argumentos se agotan, la violencia sale a flote. Cuando el Gobierno pierde el debate político, abusa del poder procesando dirigentes y líderes sociales. El Gobierno perdió cualquier tipo de legitimidad. El 55% se desvaneció con la falta de combustibles, la inflación y la crisis cambiaria”, escribió en sus redes sociales.

Morales se refirió así al proceso en su contra en un caso de supuestos delitos de trata de personas y estupro agravado en el que incluso están involucrados los padres de la supuesta víctima.

Según la investigación de oficio que abrió la Fiscalía de Tarija, en 2016 el exmandatario tuvo una hija con una adolescente de 16 años; aunque la concepción, según una resolución de aprehensión contra Morales, ocurrió cuando la menor tenía 15 años.

Evo Morales

Impulsado por la exfiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez el caso tuvo una orden de aprehensión que fue anulada por una jueza de Garantías en Santa Cruz, a instancias de una acción popular presentada por la defensa jurídica del líder cocalero.

Por su parte, en una conferencia de prensa en Cochabamba, el jueves, Morales recordó que el caso fue cerrado en 2020, en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, luego de ser rechazado por un juzgado de Yacuiba, donde supuestamente ocurrió el hecho.

“En vez de dedicarse a gestionar los últimos meses de gobierno, buscan procesarnos ilegalmente con juicios ya resueltos por la justicia al igual que el Gobierno de Añez”, agregó Morales en su publicación.

Ahora, por decisión del Ministerio Público, el caso entró en reserva judicial por un tiempo de 10 días.

Incluso, la Procuraduría General del Estado exhortó a la Fiscalía llevar adelante la investigación bajo “protección” a la víctima.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, expresó su preocupación por el “retraso” de algunas actividades relativas a las elecciones judiciales.

“Yo estoy muy preocupado porque algunas cosas (actividades) ya deberían arrancar y creo que están algo retrasadas, esperamos que puedan arrancarse”, dijo en un taller de capacitación en Cochabamba.

El calendario electoral que fijó el 1 de diciembre de este año para elegir en urnas a las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), contempla 36 actividades antes de la votación.

Según indicó el vocal electoral, la actividad que le preocupa es la capacitación de notarios e indicó que los tribunales electorales priorizaron otro tipo de tareas. “Quizás la planificación al inicio de año no fue la más adecuada, porque deberíamos priorizar, en año electoral, cursos de notarios, desde enero, febrero, marzo”, agregó.

Elecciones judiciales

Además, cuestionó a un Tribunal Electoral Departamental (TED), aunque no especificó cuál. “Todo el año no hizo un curso permanente notario. ¿Qué hizo entonces ese encargado de educación? Y está bien hacer el trabajo con los colegios, pero en año electoral tenemos que centrarnos en elección porque sobre eso la población nos va a evaluar”, reclamó.

Fijadas para el 1 de diciembre de este año, las elecciones judiciales permitirán elegir a 23 magistrados, entre titulares y suplentes, y tres consejeros, en las mismas condiciones.

Así, los bolivianos elegirán por tercera vez a las altas autoridades de los Tribunales Constitucional Plurinacional (TCP), Supremos de Justicia (TSJ), Agroambiental y del Consejo de la magistratura.

La primera votación con ese fin se celebró el 16 de octubre de 2011 y, la segunda, el 3 de diciembre de 2017. El periodo constitucional de esos cargos es de seis años.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en el operativo del hotel Las Américas en 2016 el Estado violó los derechos a la vida de las víctimas y exige procesar a los responsables.

Además, el organismo independiente recomendó al Estado “reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial”.

El 16 de abril de 2009, un comando policial irrumpió en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, en busca de Eduardo Rózsa Flores, señalado entonces como un terrorista que pretendía una acción armada en el país.

Informe de la CIDH

El informe de la CIDH fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), señala el comunicado del organismo.

La intervención violenta terminó con la muerte de Rózsa Flores en la pieza 458 del hotel, del irlandés Dichael Dwyer en la 457 y del rumano Magyarosi Arpád en la 456. Dos miembros de la célula extranjera, Elód Tóásó (455) y Mario Tadic (454), salvaron la vida, pero fueron aprehendidos, como Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.

Entonces, el presidente Evo Morales se encontraba de viaje en Caracas, Venezuela. Cumplía las funciones de presidente en ejercicio el vicepresidente Álvaro García. Era ministro de Gobierno Alfredo Rada.

En conferencia de prensa, García dijo que los miembros de la célula de Rózsa estaban “vinculados, por la documentación que pudimos, observar, a una ideología de extrema derecha fascista”.

En tanto, el entonces jefe de investigaciones de la Policía Boliviana, mayor Jhonny Aguilera (ahora viceministro de Régimen Interior), según el informe de la Cámara de Diputados, concluyó: “Han estado armados, organizados; han poseído para sí aspectos de cualquier actividad terrorista, planificación, la ejecución y el camino del delito (…) la vía del terrorismo hace conocer que tiene que existir un financiamiento (…)”.

Precisamente, Tadic y Tóásó reactivaron su denuncia en abril de este año.

Hotel Las Américas

Capturados el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, en medio de un violento operativo policial contra un grupo armado, Tóásó y Tadic cumplieron con una condena de cinco años, sanción dictada por un tribunal de La Paz, en febrero de 2015.

Ambos se sometieron a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

El documento de la CIDH describe cuatro puntos que el Estado Boliviano debe cumplir:

1.           Reparar las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como inmaterial.

2.           Implementar medidas de atención en salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas.

3.           Realizar una investigación penal diligente y efectiva dentro de un plazo razonable para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, de forma cumpla con los estándares de debida diligencia y el Protocolo de Estambul en casos de tortura.

4.           Adoptar medidas para prevenir futuros incidentes similares, a través de la implementación de programas permanentes de formación en derechos humanos dirigidos a la policía, el Ministerio Público y la Judicatura.

Según el comunicado de la CIDH, en su Informe de Fondo 394/21, dicho organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó la falta de investigación y esclarecimiento sobre la muerte de Michael Dwyer y “atribuyó al Estado la responsabilidad por su muerte”.

Proceso

Además, concluyó que los actos cometidos contra Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza constituyeron tortura y violaron su derecho a la integridad personal.

La CIDH también subrayó que sus detenciones fueron “ilegales y arbitrarias”, ya que no se les informó de las razones ni se les presentó ante una autoridad judicial de manera oportuna.

Adicionalmente, señaló que en el proceso penal por terrorismo contra las víctimas se violaron sus garantías judiciales.

Llamado caso Terrorismo, el proceso fue cerrado en 2020. en el gobierno de Jeanine Áñez. El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, retiró a su despacho de la parte acusadora del caso y la Fiscalía y el Órgano Judicial actuaron en consecuencia: cerraron el caso.

El líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Johnny Fernández, anunció la ruptura de las alianzas de su partido con Creemos—del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho— y otras organizaciones.

A su vez alcalde de Santa Cruz de la Sierra, el dirigente informó que su fuerza política evaluará posibles nuevos acercamientos con otras para las elecciones generales de 2025.

“Quedan sin efecto todas las alianzas firmadas en la anterior gestión y ahora nos preparamos para ver qué futuras alianzas podemos firmar para encaminarnos hacia el nuevo proceso electoral”, dijo Fernández.

La decisión fue asumida en la cuarta convención nacional extraordinaria de UCS, en la que, además, ese partido hizo un análisis de su estructura nacional presidida por Fernández.

La propuesta fue planteada por el mismo líder político, que indicó que la decisión será formalizada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Una de las alianzas “estratégicas” de UCS fue firmada entre 2019 y 2020, cuando se definió el apoyo a la candidatura por Creemos de Camacho y Marco Antonio Pumari —ambos líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí respectivamente— a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia.

En las elecciones nacionales del 18 de octubre de 2020, el partido ganador fue el Movimiento AL Socialismo (MAS), con el 55,11% de votos, mientras que Creemos logró el 14% de la votación nacional.

Más adelante, en 2021, Fernández ganó las elecciones subnacionales en Santa Cruz de la Sierra con el 35,4% de la votación, a tan solo 6.277 votos por encima de su contendor, Gary Áñez.

Por su parte, Camacho ganó en urnas la Gobernación cruceña, cuando obtuvo el 55,64% de la votación departamental.