Chaparina: 11 años después condenan a 3 generales de Policía
Las víctimas anuncian un nuevo proceso para enjuiciar a Llorenti.
Policías redujeron con palos a los indígenas varones y gasificaron, pese a que había niños.
Imagen: ABI
Por la represión policial en la marcha de pueblos indígenas en Chaparina en el gobierno de Evo Morales, hace 11 años, tres generales de la Policía son los primeros sentenciados. La Justicia dictó ayer una condena de dos años y ocho meses de cárcel.
El Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz sancionó al general Óscar Muñoz Colodro, exsubcomandante de la Policía; al general Luis Zapata y al general Carlos Remberto Flores; y dispuso la absolución del general Henry Terrazas y del general Edwin Durán.
“A la 01.00 se ha dictado sentencia, donde, de manera absolutamente infundada y extraña, han determinado la condena”, dijo Karlo Brito, abogado defensor de Zapata en rueda de prensa.
Este caso surgió el 25 de septiembre de 2011, cuando efectivos de la Policía Boliviana intervinieron la marcha indígena que se trasladaba desde Trinidad hasta la sede de gobierno, en contra de la construcción de una carretera que atravesaría el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
Ese día, cientos de efectivos intervinieron la movilización con gases lacrimógenos, pese a que había madres indígenas con niños; por fotografías y testimonios, se conoce que a los varones los redujeron a palos. Hubo decenas de heridos y detenidos, a quienes obligaron a subir a vehículos para ser trasladados a sus lugares de origen; sin embargo, fueron liberados por presión.
Luego de ese conflicto se abrió un proceso penal a cargo de una comisión de fiscales que, en 2012, resolvió separar de la causa al entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, decisión que fue apelada por las víctimas y rechazada.
Muñoz, Zapata y Flores fueron condenados como autores de los delitos de incumplimiento de deberes, allanamiento de domicilio, vejación y tortura y privación de libertad. Los tres deben cumplir una pena de dos años y ocho meses en el penal de San Pedro.
Otro de los implicados, el coronel Ricardo Cadima, falleció en el transcurso del juicio. El abogado cuestionó el fallo y afirmó que ese juicio “durmió más de ocho años y de la noche a la mañana han reabierto este proceso, hemos tenido audiencias maratónicas”.
“Quienes tenían el poder, en ese entonces, han dispuesto que se haga esta intervención, pero este juicio se inicia contra oficiales que estaban cumpliendo instrucciones”, reclamó Brito.
Las únicas víctimas que quedaron hasta la lectura de la sentencia fueron Rafael Quispe y Olga Flores. Expresaron su contrariedad por el dictamen y anunciaron con empezar otro proceso contra los autores intelectuales, entre ellos, Morales y Llorenti.
“En todas las declaraciones, incluso ayer a media noche, los generales lloraron, dijeron que han cumplido solamente las instrucciones emanadas de Llorenti; y también han fundamentado de que para mover los aviones que han movido a Rurrenabaque, de acuerdo a la Constitución, solamente lo podría haber ordenado el Presidente del Estado”, aseguró el también exdiputado Quispe.
Según Jorge Quiroz, abogado de Flores, “al unísono”, los generales condenados dijeron que recibieron órdenes de Llorenti. “Vamos a pedir a la Justicia la ampliación correspondiente porque creemos que Morales y Llorenti han estado a la cabeza de todo esto”, afirmó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga a los periodistas.
Por estos hechos y la retardación del caso, en febrero de 2013, el entonces defensor del Pueblo, Rolando Villena, solicitó al entonces fiscal general, Ramiro Guerrero, investigar a los fiscales.
En abril de 2015, la Fiscalía apartó del caso al exviceministro Marcos Farfán y a 11 policías. También se excluyó definitivamente al exdirector de Régimen Interior Boris Villegas y a dos exautoridades de la Policía, los generales Jorge Santiesteban y Edwin Foronda, por falta de pruebas.
APELACIÓN.
Por otra parte, la defensa de Zapata anunció que apelará el fallo. “Mi defendido no tenía a cargo ningún contingente policial, fue enviado por instrucción del entonces comandante de la Policía, porque había amenaza de conflictos entre indígenas”, insistió Brito.
“Debía ser primero juzgado y luego condenado el expresidente Evo Morales, quien fue que dio la orden, por intermedio del ministro de Gobierno (Sacha Llorenti)”, afirmó Flores durante una entrevista con Correo del Sur.