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Exejecutivo de la CIDH destaca que Bolivia comience a sancionar la violencia de 2019

Paulo Abrão en La Razón radio: Foto: Franklin Blanco

Paulo Abrão en La Razón radio: Foto: Franklin Blanco

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão consideró que Bolivia “da un buen ejemplo” cuando la Justicia busca sancionar a los autores de los hechos de violencia de 2019.

“Hay que destacar esa voluntad política (…). Bolivia está dando un muy buen ejemplo porque está realizando investigaciones, su sistema de justicia está orientado hacia el reclamo de las víctimas y está haciendo investigaciones”, dijo el activista en una entrevista en La Razón Radio.

Aseguró que estas acciones y procesos de investigación contra quienes dañaron a la democracia del país son inéditas en América Latina. “Es muy raro en las Américas; la gran mayoría son condenados internacionalmente por no cumplir con esas obligaciones internacionales y Bolivia, al implementar un mecanismo con la CIDH, nos parece, desde afuera, que quiere implementar una nueva base de la ética de la memoria y la justicia”, resaltó Abrão.

Respecto de la libertad de información en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), el exsecretario de la CIDH afirmó que la prensa fue uno de los sectores más afectados por la persecución en los conflictos poselectorales de 2019.

“Se merece un análisis la persecución (a los trabajadores de la prensa), la editorialización de sus materiales, o que (algunos) perdieron sus empleos y que hasta ahora tienen dificultad de posesionarse en el mercado”, indicó.

Abrão dirigía la CIDH durante la crisis poselectoral de 2019. En esa condición, presidió las investigaciones sobre la violencia y la violación de derechos humanos en ese periodo en Bolivia. Una de las primeras conclusiones del informe preliminar de la CIDH fue que la represión policial-militar de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y de Senkata, el 19, resultaron en una masacre.

Una veintena manifestantes fueron asesinado en la acción de las fuerzas de seguridad, al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado por Áñez, que establecía inmunidad penal para quienes propiciaran la acción represiva.