El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé consideró que hay cuatro asuntos pendientes que una “cumbre política” debería atender «con más diálogo y menos confrontación» distintos temas, como la salud, educación, economía y justicia.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, afirmó que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca deberían sentarse con sus colegas políticos y oír las inquietudes de la población.

“No nos ayudan estas peleas internas, ni en el Movimiento Al Socialismo (MAS) ni en Comunidad Ciudadana (CC) ni en Creemos”, reclamó.

El expresidente preguntó: “Señor presidente o señores políticos, ¿cuándo se van a sentar ustedes para darnos una esperanza?”.

Recordó que muchos de los conflictos políticos y crisis, luego de la recuperación de la democracia, fueron resueltos por «grandes acuerdos políticos». Espera que esos acuerdos se repitan en medio de la crisis política y social.

Rodríguez tiene esperanza de recuperar la política y que las decisiones de la Asamblea Legislativa tengan un “verdadero impulso” y mayor valor, más que “encaprichamiento de unos señores que creen que van a seguir manejando el país”, en alusión a los magistrados prorrogados de los altos tribunales.

El país atraviesa por una crisis judicial, debido al entrampamiento de las elecciones judiciales. La población también sufre una crisis política por las fracturas internas en las fuerzas políticas y una situación difícil en materia económica por la ausencia de dólares.

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El expresidente Carlos Mesa insistió este miércoles en un supuesto “complot” entre el Gobierno y los magistrados y consejeros electos en 2017 para “impedir” la realización de las elecciones judiciales.

“Es cada vez más evidente el complot entre los autoprorrogados y el gobierno de (Luis) Arce para impedir la realización de las elecciones, en base a la aceptación de todos los recursos que presenten sus candidatos y a la dilación de todo el proceso”, publicó el exmandatario en su cuenta de X.

Así, Mesa abordó el auto emitido por la Sala Constitucional de Santa Cruz que concedió tutela aun amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada al Consejo de la Magistratura, que frenó la fase de entrevistas de la evaluación de méritos, cuyas entrevistas iban a empezar este miércoles.

“Mientras el Tribunal Constitucional siga bajo el control de los ilegales, no parecen posibles las elecciones judiciales”, agregó el exjefe de Estado.

Hay un segundo recurso presentado Herculiano Capusiri, postulante rechazado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aunque, en este caso, fue interpuesto ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El diputado Juan José Jáuregui informó que la audiencia de para la resolución de ese amparo será el lunes 22 de abril.

Por su parte, el diputado Jerges Mercado develó en La Razón Radio que existen al menos 15 amparos contra la preselección de postulantes a las judiciales y consideró que eso se debe a una “mano negra” en contra del proceso.

Este miércoles iba a comenzar la fase de entrevistas de la evaluación de méritos de los postulantes habilitados para esa instancia.

Eduardo Rodríguez Veltzé sugirió a la Asamblea Legislativa «declarar inadmisible» la decisión judicial que suspende el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

El martes, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ordenó la suspensión al proceso de preselección hasta el lunes, luego de que la ciudadana Margarita Medrano presentó un amparo con ese fin.

También, en sesión de la Comisión Mixta de Constitución se conoció sobre la notificación de otro recurso interpuesto por el postulante inhabilitado Herculiano Capusiri, quien pidió que se active una medida cautelar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Expresidente de la otrora república (2005-2006) y de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Veltzé recomendó en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, declarar “improcedente e inadmisible” el fallo judicial y continuar con el trabajo legislativo de examen de méritos de los postulantes.

Cuestionó que el amparo interpuesto por un ciudadano haya paralizado el proceso de preselección, a sabiendas de que —según la Constitución— dispone el recurso cuando el recurrente agotó todos los medios de impugnación. 

Las autoridades del Órgano Judicial tienen que garantizar que se haya seguido el procedimiento. “Se prevé un recurso para impugnar decisiones camarales o de este género. Ése era el camino”, añadió.

En su criterio, la decisión cautelar de suspender el proceso no se enmarca en el “sentido de oportunidad ni de proporcionalidad”, puesto que la Asamblea Legislativa está desarrollando una tarea que le señala la Constitución, a través de acuerdo multipartidario, para activar un derecho ciudadano, que es elegir.

“No puede ese proceso ser interrumpido por un juez, es ajeno al sentido de oportunidad”, dijo.

Además, consideró que una sola persona, por más razones tenga, no puede violentar el derecho de la mayoría de los ciudadanos a elegir a las autoridades judiciales.

Sin dar mayores datos, Rodríguez advirtió que uno de los jueces que determinó frenar la preselección fue recientemente posesionado por los miembros de un tribunal “autoprorrogado”. “Ese juez debería examinar que sus decisiones pueden entrar en un conflicto de intereses entre los tribunales que revisarán esa decisión”.

“Son tres o cuatro razones, a mí juicio, por las que la Asamblea Legislativa debería simplemente declarar inadmisible esa orden y avanzar como lo están haciendo”, insisitío.

Esta es la tercera vez que las elecciones se paralizan por decisión es salas constitucionales, producto de amparos presentados. El primer freno fue el 12 de abril, cuando el proceso fue suspendido ante la medida cautelar interpuesta por Miguel Ángel Balcázar.

La segunda traba se presentó el 27 de abril, luego que el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentara un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de los comicios, al considerar que iba contra la Constitución.

Rodríguez aseguró que se está replicando lo mismo que ocurrió el año pasado. “Lo que califiqué como maquinación orquestada. Se está repitiendo la misma fórmula” para frenar los comicios judiciales.

“Resulta improcedente que esos amparos puedan frenar un proceso y, sobre tod,o porque vulnera el derecho ciudadano”, dijo.

Lamentó que los jueces que, a través de la tutela de un amparo paralizan las elecciones judiciales, sobrepasan sus competencias y afectan el derecho de elegir a las autoridades judiciales.

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El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) afirmó que el gobierno de Evo Morales y el entonces alcalde de La Paz, Juan del Granado, debieron consolidar una nueva cárcel en Següencoma (zona sur de La Paz), planificada en 2005 durante su gobierno transitorio.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, recordó que aquel año la preocupación del Órgano Judicial era el hacinamiento en las cárceles. Por ello, se reunió con Del Granado para construir una nueva cárcel en la ciudad.  “Fue uno de los primeros actos que realicé”, contó.

Recordó que, luego de su reunión con Del Granado, se logró sanear la titulación del derecho propietario de la cárcel de San Pedro en favor del Ministerio de Gobierno y forjar un acuerdo con la Alcaldía para que ese predio se convierta en un área verde.

Develó que el nuevo terreno para la nueva cárcel contaba con ocho hectáreas, aproximadamente. “Estos terrenos deben seguir. Iba a ser en Següencoma, era un área de equipamiento urbano”.

“Emití dos decretos facilitando la operación de traspaso del derecho propietario en favor del municipio y el municipio comprometiéndose a dotar esta área de equipamiento para una cárcel”, aclaró.

Afirmó que, incluso, el Órgano Ejecutivo, en 2005, consiguió el financiamiento y condiciones para trasladar la cárcel de San Pedro. Evo Morales asumió la presidencia el 22 de enero de 2006, tras ganar las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005.

Rodríguez aseguró que el proyecto debió ser ejecutado y consolidado por Morales y Del Granado, quien era aliado y tenía participación en su gabinete. “Además, era una actuación administrativa que caía de madura”.

“Había forjado todos los pasos necesarios”, añadió.

Lamentó que nunca se explicó por qué se dejó sin efecto o no se ejecutó el proyecto. “Hay un silencio absoluto y, ahora, las cárceles no responden a ese requerimiento constitucional”. En su criterio, la crisis en las cárceles responde a una ausencia de política criminal.

En los últimos días, llamó la atención la construcción de una edificación de tres pisos dentro de la cárcel de San Pedro para paliar el hacinamiento. Rodríguez lo calificó de “monumento a la vergüenza”.

Aseveró que la cárcel de San Pedro está desatendida por el Estado y que fue diseñada para 350 personas, cuyo lugar ahora se encuentra “totalmente” hacinado. “Si hay un ámbito de vulneración a la dignidad humana, son las cárceles en Bolivia. Es una vergüenza a la dignidad humana”.

Afirmó que el Estado desatendió su mantenimiento y, por ello, se convirtió en un centro que alberga alrededor de 4.000 reclusos sin contar a los efectivos policiales y personal. “Está en un estado calamitoso”, insistió.

Informó que el porcentaje promedio de hacinamiento en cárceles en Bolivia es de 450%. “San Pedro duplica” aquella cifra. 

Lamentó que la cárcel de San Pedro, ubicada en una zona privilegiada de La Paz, no es el único centro penitenciario hacinado y en “deprimentes” condiciones, sino también la cárcel de San Sebastián en Cochabamba.

“Está en una situación similar la cárcel de San Sebastián”, dijo.

Recomendó al Gobierno trabajar en una política de lucha criminal con el fin de actualizar proyectos de prevención del delito.

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Elöd Tóásó, uno de los dos sobrevivientes del grupo abatido en la intervención del hotel Las Américas en 2009, dijo que el proceso que abrió el Estado contra los responsables de esa violenta acción policial “es un examen” para la Justicia del país.

“Es un examen para la Justicia boliviana ese. Ese caso lo van a vigilar la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y (otros) organismos internacionales. Dependiendo de esas actuaciones, va a tener una nota la Justicia boliviana: que ha fallado o pasado ese examen; ojalá pase ese examen y tengamos justicia”, dijo en entrevista con el programa Poder Medios y Miedos.

El pasado sábado, Tóásó y Mario Tadic, el otro sobreviviente, informaron sobre el caso que se investigará en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en Santa Cruz.

Según afirmaron, se investigará “violaciones de derechos humanos como ser: ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas; tortura a los sobrevivientes y otros delitos y violaciones de derechos durante el proceso”.

Tóásó y Tadic fueron capturados el 16 de abril de 2009 en el mismo operativo en Santa Cruz contra un grupo armado en el que murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

En su justificación, la administración del entonces presidente Evo Morales fue que esas y otras personas formaban parte de un complot que pretendían un magnicidio y el separatismo de Santa Cruz.

Elöd Tóásó

En los hechos, Morales, a su llegada a Venezuela, admitió que dio la orden de intervenir el hotel porque había riesgo para la seguridad interna.

En febrero de 2015, un tribunal de La Paz los condenó a cinco años de prisión tras acogerse a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado; contra la seguridad y soberanía del Estado; en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

“Es uno de los errores judiciales más grandes que se ha cometido en las últimas décadas. Tengo la esperanza que la Fiscalía va a hacer un trabajo eficiente y efectivo; sin ninguna mala intención y, a los culpables, los van a llevar ante un juzgado, añadió Tóásó.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, Tóásó dijo que ese caso “estén reserva” y que no puede brindar mayor información; sin embargo, tiene “mucha esperanza” por la resolución de ese proceso.

“Nosotros vamos a hacer una jurisprudencia y miles de bolivianos van a tener derecho demandar al Estado boliviano para que resarzan sus daños”, complementó.