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Thursday 25 Apr 2024 | Actualizado a 22:26 PM

Camacho: de desahuciar las mesas técnicas del Censo a asistir a la cita ‘invitado o no’

“Me inviten o no me inviten, tengo que asistir; tengo que llevar el sentimiento de la gente que quiere que (el Censo) sea en 2023”, dijo el Gobernador de Santa Cruz.

Los líderes de la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz. Foto: Comité pro Santa Cruz

/ 14 de agosto de 2022 / 20:08

Luego del paro de 48 horas, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, bajó el tono. Lo último estruendoso que dijo fue que habrá más paros y cabildos contra la postergación del Censo, pero el sábado se mostró más conciliador, hasta resignado.

El líder político fue protagonista en las últimas semanas de las movilizaciones contra el gobierno de Luis Arce, a quien culpó de dilatar el Censo de Población y Vivienda para 2024 y de “mentirle” a Santa Cruz. Había logrado hacer fuerzas con Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, y Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), para conformar la llamada Comisión Interinstitucional por el Censo y movilizarse contra la postergación del empadronamiento.

Hubo un primer paro con ese fin el 25 de julio. No tuvo fuerza, pero los líderes cruceños consideraron que fue «exitoso». El paro del lunes 8 y martes 9 de agosto tampco fue contundente; gremialistas y transportistas, especialmente, salieron con normalidad a cumplir con sus actividades, días después de un incendio que dejó un millar de puestos de venta dañados en el marcado Mutualista, que no encontró empatía en la “institucionalidad” cruceña, que, pese a la tragedia, ratificó la protesta.

La noche del martes, al evaluar el paro de dos días, Calvo dijo que éste “fue exitoso” y Camacho osó con más movilizaciones: “Lo más probable es que se lleven a cabo cabildos, paros y marchas”.

Cuando La Razón hizo una evaluación sobre las protestas, el miércoles 10, Cuéllar se mostró contrario a los criterios y muy sensato. Hizo un par de comentarios para desahuciar la actitud y la postura de Camacho.

¿Va a haber marchas y cabildos como anunció el gobernador Camacho?, preguntó al rector el periodista de La Razón Radio. “El señor Gobernador ha dado una postura personal, no ha definido una fecha o una medida; él no define las medidas a seguir”, respondió.

Cuéllar había desautorizado a Camacho, quien —para recordar— fustigó duramente en septiembre de 2021 cuando el entonces rector electo visitó Chapare para reunirse con cuadros del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Evo Morales. Cuéllar “se presentó al Rectorado como un líder renovador y luego de ganar fue al Chapare, y puso su nuevo cargo y su dignidad al servicio de Evo Morales, el exdictador que nos hizo fraude”, espetó entonces el líder de Creemos.

¿No es Camacho una voz oficial? “No, el coordinador soy yo, el portavoz de la Comisión Interinstitucional es el rector de esta universidad”, dijo Cuéllar en la entrevista del miércoles.

“El señor Camacho es uno más de la Comisión Interinstitucional, pero el portavoz es el rector de la UAGRM”, insistió el rector, en un segundo desplante contra el Gobernador.

Éste no dijo nada más. De ser aliado en las elecciones generales de 2020 con Jhonny Fernández (conforman la bancada de Creemos en la Asamblea Legislativa, a pesar de las diferencias) pasó a ser contendor acérrimo del ahora alcalde de Santa Cruz. “Ya la gente sabe que es un traidor y lo que diga no va a cambiar”, le dijo al Alcalde el lunes 8, cuando éste denuncia ataques a su vivienda en el primer día del paro.

Fernández no se quedó callado. En una entrevista con La Razón Radio, ese lunes, argumentó que no se suma “a las logias cruceñas” ni al poder político y económico.

Cuéllar y Fernández terminaron contraponiéndose a Camacho. El rector consideró que la posición de la UGRM sobre el Censo es técnica, y, así va a asistir a la mesa técnica convocada para las 14.30 de este lunes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), reunión a la que asistirán las alcaldías del departamento de Santa Cruz y la universidad.

El sábado, Camacho se mostró abierto a la reunión que había desahuciado el 3 de agosto. “Me inviten o no me inviten, tengo que asistir; tengo que llevar el sentimiento de la gente que quiere que (el Censo) sea en 2023”, dijo a la red Unitel.

Su criterio fue diferente al que expresó el 3 de agosto, en puertas de la reunión del presidente Arce con los 11 rectores de las universidades públicas del país, entre ellos Cuéllar. “No podemos esperar menos de mercenarios de la política”, espetó.

“Dilatar el Censo es marginar, como siempre lo han hecho, a Santa Cruz”, cuestionó esa vez en relación a las mesas técnicas.

El 12 de julio, el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) —conformado por el presidente Arce, algunos de sus ministros, gobernadores de loe nueve departamentos, organizaciones de alcaldes y autonomías indígenas y regionales— sugirió la postergación del Censo. El Gobierno le tomó la palabra y decidió posponer la fecha del Censo, inicialmente fijada para el 16 de noviembre de este año, a través del Decreto Supremo 4760.

A esa reunión no asistió Camacho, es actitud fue cuestionada por autoridades del Gobierno y algunos gobernadores, como el de Chuquisaca, Damián Condori, y de La Paz, Santos Quispe.

La mañana de este domingo, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó que Camacho fue invitado a la mesa técnica de este lunes, aunque aclaró que no correspondía debido que la cita es solo para alcaldes de Santa Cruz y la UGRM, como ocurrió en las reuniones de Oruro, Cochabamba y Tarija, a las que, sin embargo, se adscribieron también gobernadores.

Luego, Arce se reunió con alcaldes de las nueve capitales más El Alto, además de rectores de las universidades públicas. En ambas citas, sus interlocutores se avinieron a los nuevos plazos del Censo, aunque expresaron la necesidad de mayor socialización y resolución de los problemas de la actualización cartográfica. La nueva fecha del Censo, para mayo o junio de 2024, resultó inamovible, a pesar de los cuestionamientos de la Comisión Interinstitucional de Santa Cruz.

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A nueve días del plazo para la preselección, hay ocho amparos y cuatro fallos a favor de inhabilitados

Los plazos vuelven a poner en vilo a las judiciales, ya que el domingo 5 de mayo la Asamblea debe remitir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la nómina de los postulantes preseleccionados rumbo a las elecciones judiciales, tal como establece la Ley 1549.

La Asamblea Legislativa

Por Boris Góngora

/ 25 de abril de 2024 / 22:05

A nueve días del plazo para la preselección, suman los recursos y los fallos a favor de inhabilitados. El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas (MAS), informó que ya suman ocho los amparos constitucionales de postulantes inhabilitados para las judiciales y la Justicia otorgó tutela en cuatro casos.

“Todos los amparos que nos han presentado hasta el día de hoy han sido tutelados y le han dado la tutela a estos postulantes que han presentado sus amparos. Entonces, no hay duda que vocales y jueces del Órgano Judicial estén teniendo toda la línea y la dirección para poder darle la tutela a estos señores”, dijo el legislador oficialista.

Indicó que su comisión y la Comisión Mixta de Justicia Plural ya fueron notificadas con estos recursos y tendrán que reconsiderar estas inhabilitaciones, o sea “volver a evaluar” a estos postulantes. “Los vocales han atropellado las decisiones de lo que serían las atribuciones de las comisiones mixtas”.

Rejas añadió que “no hay ninguna manera de presentar algún documento” y, por ello, se procederá a la reconsideración de la documentación de estos abogados, para ver “si cumplen o no” con los requisitos para la preselección con miras a las judiciales.

El proceso de preselección fue paralizado el martes 16, tras dos amparos constitucionales. El primero fue presentado por Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo, por Herculiano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera de La Paz.

La Sala cruceña ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se resuelva en audiencia el recurso. La audiencia estaba programada para el lunes 22, pero fue reprogramada para mañana, esto porque se debe notificar a los 83 postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como terceros interesados.

Mientras que el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla (MAS), rechazó el fallo de la Sala paceña que se les da un plazo de 72 horas para que se emita una nueva resolución para reconsiderar la inhabilitación de Capusiri.

“En este momento un amparo constitucional de Santa Cruz ha paralizado el tema de preselección, entonces va a ser imposible dar complimiento a este plazo de 72 horas. En este caso, los jueces están totalmente parcializados y además han empezado a valorar los requisitos específicos que nosotros hemos trabajado de manera transparente en las comisiones”.

Denunció que estas decisiones son “injustas”, debido a que los vocales “están yendo más allá de la Ley (1549)”, que destrabó el proceso para las judiciales con más de dos tercios de votos en la Asamblea.

El martes, las comisiones mixtas a cargo de la preselección determinaron asumir acciones legales contra los jueces y los vocales que sacaron resoluciones contrarias a la Constitución y paralizaron la preselección de postulantes.

Ahora, los plazos vuelven a poner en vilo a los comicios, ya que el domingo 5 de mayo la Asamblea debe remitir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la nómina de los postulantes preseleccionados rumbo a las elecciones judiciales, tal como establece la Ley 1549.

 Al respecto, se conoció de un proyecto que pretende modificar la ley y ampliar el plazo. Sin embargo, este proyecto de ley fue rechazado,

La norma establece de hasta 80 días para el trabajo de preselección de postulantes para los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental (TA) y Constitucional Plurinacional (TCP), y el Consejo de la Magistratura.

Al respecto, se conoció de un proyecto que pretende modificar la ley y ampliar el plazo. Sin embargo, este proyecto de ley fue rechazado, aunque Padilla espera que en próximas sesiones se puede consensuar el tema.

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Lanchipa: Se indaga ‘torturas’ posteriores al operativo del 15 de abril de 2009 en el hotel Las Américas

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Caso hotel Las Américas de 2009.

Por Boris Góngora

/ 25 de abril de 2024 / 17:30

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aclaró este jueves que las investigaciones que se desarrollan en Santa Cruz por el caso Terrorismo, apuntan a supuestos hechos de tortura y vejámenes posteriores al operativo del 15 de abril de 2009.

“Estamos en otro caso, nosotros no estamos hablando de lo sucedido el 15 de abril (de 2009). Nosotros estamos investigando, en este caso, hechos sucedidos posteriormente al 15 de abril. Hechos relacionados a torturas y vejámenes. Hechos que se habrían producido en las personas que han presentado la denuncia”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

Lanchipa reiteró que la causa que se indaga es por “torturas y vejámenes”. “Este caso está siendo adelantado en sus investigaciones a través de una comisión de fiscales que se ha conformado, luego de la reapertura del proceso”.

Lea más: Caso Terrorismo: ‘Eduardo Rósza no llegó solo a Bolivia, lo trajeron’

La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros, señaló el miércoles 15 de abril que se continúa con las pesquisas en el caso de Tadic y Tóásó, por lo que se determinó conformar una comisión para continuar con todos los actos investigativos para el esclarecimiento del hecho.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Desde sus redes sociales, el 13 de abril, Tóásó comunicó que la Justicia abrió el proceso “de violaciones de derechos humanos, como ser: ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos de violaciones de derechos humanos durante el proceso del caso Hotel La Américas” (sic).

Agregó que el caso radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la fiscal Marioly Torrez.

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La Fiscalía conforma comisión de fiscales para investigar el caso YLB

Se realizaron varias inspecciones a las piscinas de la planta de litio en Uyuni y se secuestró documentación respecto de la construcción de esa infraestructura, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El fiscal general Juan Lanchipa.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 15:16

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

“Este caso radica en la Fiscalía Departamental de La Paz y se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación”, dijo el funcionario a los periodistas en Sucre.

Sobre los avances, explicó que se realizaron varias inspecciones en las instalaciones de la planta, además del secuestro de la documentación relativa a la contratación “a la que hacen referencia en la denuncia”.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

YLB

La actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

Indicó que un informe de auditoría interna identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa, que se adjudicó las obras.

Por ese caso, el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión, de las que la Policía Boliviana ya ejecutó cuatro.

Investigación

Precisamente, una de las órdenes fue dictada contra el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliario y pagó una fianza de Bs 30.000.

También investigado, el gerente de YLB Juan Carlos Montenegro fue hallado sin vida y con una carta póstuma. La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico, esto sobre la carta.

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Romero declara en el caso Ostreicher y la audiencia se suspende por incidentes

La audiencia se vio suspendida cuando la principal acusada, Claudia Liliana Rodríguez, desfalleció luego de insultar al exministro Carlos Romero.

Carlos Romero, exministro de Evo Morales.

Por Daniel Zenteno

/ 25 de abril de 2024 / 14:59

Tras haber faltado a la audiencia programada para el 18 de abril, con el alegato que tenía COVID-19, y afirmar que se trataba de una injusticia, el exministro de Gobierno Carlos Romero se presentó a declarar por el caso Ostreicher. Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida debido a una serie de incidentes.

La mañana de este jueves, el otrora ministro en el gobierno de Evo Morales asistió al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz.

Puede interesarle: Romero asegura que se defenderá como ‘guerrero’ ante un mandamiento de aprehensión

Caso Ostreicher

El caso Ostreicher fue abierto por Romero en 2012, cuando denunció un proceso de extorsión por parte de funcionarios públicos al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Este empresario llegó al país en 2008 con el propósito de invertir en la agricultura. De acuerdo con posteriores declaraciones, invirtió más de $us 30 millones.

Sin embargo, en 2011 se le acusó del delito de ganancias ilícitas, luego de que se relacionara a sus empleados con el narcotráfico. Estuvo retenido 18 meses en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. En diciembre de 2012 se le otorgó detención domiciliaria.

En 2013 se dio a la fuga con la ayuda de uno de sus compatriotas, el actor Sean Penn, y con una aparente participación directa del gobierno de Estados Unidos.

Durante el tiempo que estuvo preso, fue presuntamente extorsionado por un grupo de funcionarios y autoridades del Ministerio Público, y perdió sus ganancias y propiedades.

Supuestamente le pedían $us 50 millones para su liberación. Esta red fue desmantelada en la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno. 

Cuando se conoció su citación como testigo, Romero renegó de la convocatoria y se mostró indignado de tener que defenderse por el caso que el mismo denunció.

Jessica Saravia, viceministra de Justicia, aclaró que se encuentra en calidad de testigo y le exhortó a no tener miedo de presentarse a declarar. Recalcó que no se le acusa de ningún delito y no debe ni siquiera defenderse, sino presentar la información pertinente respecto al caso y posteriormente retirarse.

Audiencia fallida

El proceso penal, seguido por la Fiscalía, es contra la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien trajo a Ostreicher al país, y otros implicados, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso.

Este jueves, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que los presentes comenzaron a insultar y gritar a Romero. “Maleante, delincuente, asesino, desgraciado”, fueron algunos de los calificativos que se escuchó en la audiencia.

Rodríguez, quien se había enfrascado en una discusión con Romero, se descompuso y no logró reanimarse. Tuvieron que trasladarla a un centro médico.

El exministro tampoco se aguantó los insultos y calificó a quienes lo increpaban como “narcotraficantes, delincuentes” y afirmó que no le interesaban las acusaciones.

“Demuéstrenlo, no me metan en sus shows”, desafió Romero.

Debido a los sucesos, se suspendió la audiencia. Se espera que se la pueda retomar el viernes.

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Morales pide investigar la muerte de Montenegro, de la que supone ‘un suicidio inducido’

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros, es mentira tras mentira”, criticó Morales a la gestión del presidente Luis Arce.

El expresidente Evo Morales en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 13:22

El expresidente Evo Morales pidió al Gobierno investigar la muerte del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, deceso del que dijo que fue “un suicidio inducido.

“Duele mucho, que se investigue (…). Es un suicidio inducido. (La muestra es) la carta de despedida de su familia, explicando (los motivos de su muerte) detalladamente. Es un suicidio inducido en mi interpretación”, dijo el exmandatario en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

La mañana de este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, develó que el deceso de Montenegro, hallado sin vida la mañana del miércoles, se debió a un infarto agudo. Asimismo, señaló que se espera el informe del examen toxicológico y el estudio grafológico de la carta póstuma del infortunado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz es la oficina encargada de esa tarea.

El caso de “irregularidades” y las “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Según la denuncia, a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, eso generó un daño al Estado de al menos Bs 425 millones.

Evo Morales

Al respecto, Morales hizo una serie de críticas a las políticas del Gobierno para la extracción y la industrialización del litio. Calificó de “fracaso” esas acciones y dijo que “se ha generado una falsa expectativa”.

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros; es mentira tras mentira”, agregó Morales en su rueda de prensa.

Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión. Hasta el miércoles, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Uno de los exfuncionarios aprehendidos es el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, que luego de su audiencia de medidas cautelares, cumple con detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

Los otros tres aprehendidos aún espera por la audiencia que determine su situación judicial.

Puede leer: Muere Juan Carlos Montenegro, exgerente de YLB, investigado en el caso Piscinas de litio

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