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Tuesday 6 Dec 2022 | Actualizado a 11:00 AM

Arce lanza Plan Estratégico del Bicentenario y dice que será ocasión para consolidar el Estado Plurinacional

"Hacia el Bicentenario nos planteamos atender un conjunto de necesidades identificadas por la población boliviana tanto en nuestro país como en el exterior", dijo el presidente Luis Arce.

El presidente Luis Arce en el acto organizado en La Paz.

/ 31 de agosto de 2022 / 23:11

El presidente Luis Arce lanzó oficialmente, este miércoles por la noche de manera simultánea en los nueve departamentos, el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario y llamo a la unidad de cara a enfrentar las actividades programadas hacia 2025.

«El Bicentenario de Bolivia es un acontecimiento extraordinariamente importante en nuestra historia (…) será una oportunidad única para consolidar nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y conmemorar unidos y unidas los 200 años de vida de nuestro país», sostuvo el Mandatario desde el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra en La Paz.

El Jefe de Estado sostuvo que el plan fue bautizado como «la Bolivia que soñamos hacia el 2025» que recoge lineamientos de la Agenda Patriótica 2025 y del Plan Estratégico de Desarrollo y Social y otros planes sectoriales.

El Plan Estratégico Nacional del Bicentenario, para el 6 de agosto de 2025, tiene como objetivo desarrollar procesos de planificación, organización, gestión y ejecución de las actividades de conmemoración y festejos, además de revalorizar las luchas independistas.

«Hacia el Bicentenario nos planteamos atender un conjunto de necesidades identificadas por la población boliviana tanto en nuestro país como en el exterior a través de una ruta de coordinación para implementar obras de gran impacto socio económico, carreteras, plantas industrializadoras, siderurgias, establecimientos de salud, centros tecnológicos y obras que tienen que ver con la conmemoración de los 200 años de Bolivia», indicó Arce.

Diversas actividades también contempla el plan a través de programa Somos la Generación del Bicentenario.

Arce dijo que para el Bicentenario se invitará a personajes representativos y a representantes de país y se generarán actividades culturales y deportivas.

«Atrevámonos a soñar en grande, invitó a los bolivianos y bolivianas de los nueve departamentos que conforman nuestra amada Patria a avanzar rumbo al Bicentenario, a consolidar el tejido diverso de nuestra bolivianidad, a proyectarnos al mundo con mucho orgullo. Vamos unidos y unidas hacia el Bicentenario», sostuvo el Mandatario.

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CC pedirá informe sobre el Silala al Canciller

Nacional. Un estudio determinante en el Silala fue el de las aguas subterráneas.

La definición de lo que es el Silala la deben dar los estudios, no la voluntad de cada quien.

/ 6 de diciembre de 2022 / 06:06

Comunidad Ciudadana (CC) pedirá un Informe Oral al canciller del Estado acerca de la “modificación” en que habría incurrido en 2018 la representación boliviana ante La Haya.afirmando que el Silala es un río.

La información fue brindada por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Aliaga.

En la Petición de Informe Oral (PIO) se pregunta la razón por la que en la Contramemoria se dice que es un río.

Luego de que más de cien años en que se habría dicho que solo eran unos manantiales.

La solicitud está dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta,

“¿Por qué en el momento del juicio, en 2018, el Gobierno modifica en la Contramemoria el punto y el corazón de la demanda: reconoce que es un río internacional?”, revela el diputado el contenido del pedido de informe.

Al respecto, el exagente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, explicó al suplemento Animal Político (domingo 4 de diciembre) que en ningún momento antes de la entrega de la Contramemoria y la Contrademanda (que Bolivia presentó el 3 de septiembre de 2018), se había afirmado que el Silala era manantial que nacía y moría en Bolivia.

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A través de varios estudios que se hizo para responder a Chile se concluyó en que se trataba de un curso de agua transfronterizo.

En especial el estudio del Instituto Hidráulico Danés (DHI, por sus siglas en inglés).

Un hecho sustancial para sostener esto último fue el estudio de las aguas subterráneas, que se verificó iban de un país a otro.

Cuando Chile presentó su Memoria, la tenía respaldada con varios estudios que mostraban el carácter compartido del recurso. Lo que hizo Bolivia fue efectuar sus propios estudios, y solo con esto afirmó luego la naturaleza de “curso de agua internacional”.

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Cívicos cruceños denuncian persecución política; Gobierno afirma que se busca sentar un precedente

La pasada semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la admisión de la denuncia contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico, Rómulo Calvo.

Los principales líderes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Foto: CPSC.

Por Luis Mealla

/ 5 de diciembre de 2022 / 23:29

A través de un comunicado, el Comité pro Santa Cruz denunció el inicio de una persecución política en contra de los promotores del paro indefinido que se ejecutó en ese departamento, durante 36 días.

Al respecto, el Gobierno afirmó que se busca sentar un precedente por la afectaciones y vulneración de derechos humanos que sufrieron los habitantes de esa región, a consecuencia de esa medida de presión.

La institución cruceña denunció al Gobierno ante la comunidad internacional, “que utilizando a la justicia como su brazo represor, está iniciando procesos penales contra líderes y miembros del Comité Interinstitucional” (sic), señala parte del comunicado.

Según el comité cívico, es acción se ejecuta “solo por haber cumplido el mandato del pueblo”, en referencia a la medida de presión que se llevó a cabo por más de un mes.

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A fines de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, y horas después el paro se levantó.

En tanto, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, negó una persecución política y demandó a los operadores de justicia “activar lo antes posible” las demandas presentadas contra los promotores de esa medida de presión.

En su criterio, se deben asumir medidas legales ante la violación de derechos humanos y delitos cometidos durante los 36 días del paro, a fin de “sentar un precedente”.

“El actuar de la Justicia tiene que garantizar a todos los ciudadanos, en toda circunstancia, ya sea en movilización pacífica o reivindicación, a que no se vulnere sus derechos a su integridad física, a su vida, ni tampoco a sus bienes, la justicia tiene que activarse lo más pronto posible y sentar un precedente”, enfatizó.

Durante el paro se reportaron cuatro muertos, más de 180 heridos, una violación grupal en un punto de bloqueo cívico, cobros en los puntos de bloqueo, quema de la sede de los campesinos y el saqueo de la Central Obrera Departamental (COD).

Asimismo, dueños de negocios denunciaron agresiones contra quienes que se resistían a paralizar sus labores.

Además, grupos violentos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) atacaban a vecinos del Plan 3.000 que no acataron la medida.

La pasada semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la admisión de la denuncia contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico, Rómulo Calvo.

En ese marco, se los acusó de ser los principales promotores de los hechos de violencia y vulneraciones a los derechos humanos reportados durante el paro cívico en Santa Cruz.

De inicio, los movilizados demandaban el Censo para 2023, no obstante, del comité cruceño terminó aceptando la decisión del Gobierno de fijar, sobre la base de un estudio técnico, el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024, como señala el decreto 4824.

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El Gobierno descarta un proceso contra Evo Morales por el fallo de la CIJ sobre el Silala

La postura surgió luego que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) apuntó al exmandatario como principal responsable del dictamen que —en su criterio— es adverso para el país, por lo que anunció un proceso penal en su contra.

El ministro de Justicia, Iván Lima. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 5 de diciembre de 2022 / 23:12

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el Gobierno no activará ningún proceso en contra del expresidente Evo Morales por el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre el Silala.

La postura surgió luego que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) apuntó al exmandatario como principal responsable del dictamen que —en su criterio— es adverso para el país, por lo que anunció un proceso penal en su contra.

“Como gobierno nacional, no solamente que no vamos a emprender ninguna persecución como la que se señala, sino, todo lo contrario, estamos viendo para el futuro, para garantizarle al pueblo potosino y al pueblo de Bolivia que este fallo de la justicia llegue al mejor resultado posible”, indicó la autoridad.

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“Hay la libertad de criterio de Comcipo y de los diferentes actores que tengan que tomar determinaciones sobre esta temática”, agregó.

Roxana Grass, presidenta de Comcipo, anunció la pasada semana que conformarán una comisión para evaluar el fallo de la CIJ y preparar una demanda contra el expresidente Morales.

Según la dirigente, el exmandatario tuvo la responsabilidad de encaminar el proceso (en septiembre de 2018), durante su mandato, pero no presentó los suficientes sustentos para encarar el juicio.

Bolivia pidió a la CIJ establecer que “Chile no tiene derecho a ese artificial caudal” del Silala, sin embargo, la Corte no halló sustancia para pronunciarse al respecto; en criterio de Comcipo, se trata de una “derrota”.

Ante ese escenario, se anunció una demanda penal en contra de Morales por los delitos de traición a la patria e incumplimiento de deberes.

La pasada semana, la Corte definió también que Bolivia y Chile tienen “derecho al uso equitativo y razonable” de las aguas del Silala, ubicado en Quetena, provincia Sud Lípez de Potosí.

Además, reivindicó la soberanía de Bolivia sobre el afluente y los canales artificiales, y definió que el acuífero es “de curso internacional”.

Según el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, vocero de la causa, el fallo dejó “satisfechos” a ambos países.

Consideró además que la soberanía de Bolivia sobre las aguas del Silala “es tan de Bolivia, que Bolivia podría volver a los bofedales y canales a su estado natural”.

Sin embargo, en criterio de Comcipo, el fallo no se pronunció sobre el fondo de la demanda, ya que hubo un acuerdo entre Bolivia y Chile de reconocer que las aguas que están en Potosí son de cauce internacional.

Según Lima, los jueces de La Haya determinaron que el objeto de la controversia no podía ser decidido por ellos, porque las partes tomaron una determinación “a partir de un trabajo científico-jurídico” que permite a Bolivia definir un “ámbito de trabajo posterior” con Chile.

“Como Gobierno nacional respetamos la decisión de los jueces y, definitivamente, ninguna determinación de la justicia internacional puede generar ninguna otra consecuencia, que no sea ver para el futuro”, argumentó Lima.

El 6 de junio de 2016, Chile demandó a Bolivia, ante la CIJ, para pedir que ese tribunal declare que el Silala es un río de “curso de agua internacional y que Chile tiene derecho a usar sus aguas, conforme al principio del uso razonable y equitativo”.

Históricamente, esa postura fue rechazada por Bolivia, por lo que en septiembre de 2018 el país presentó una contrademanda para que se le reconozca la “soberanía plena” sobre esas aguas, incluidos los canales artificiales construidos desde 1908.

Durante los más de seis años del juicio, ambos países presentaron sus respectivos argumentos, a través de réplicas y dúplicas para que sean evaluadas por los jueces de la Corte.

El jueves 1 de diciembre, el litigio llegó a su fin cuando la CIJ emitió el fallo, que el Gobierno calificó como satisfactorio, mientras que la oposición política y otros sectores, como los cívicos potosinos, lo calificaron como una derrota.

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Torrico le sugiere al rector Cuéllar defenderse con la verdad, no con dos millones de testigos

“El proceso no se va extinguir por presentar más testigos, es irracional”, dijo el viceministro de Coordinación Gubernamental

El viceministro Torrico le envió un mensaje al rector Vicente Cuéllar. Foto: Rodwy Cazón

/ 5 de diciembre de 2022 / 22:21

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, le sugirió al rector de la universidad pública cruceña, Vicente Cuéllar, defenderse con la verdad y no enredar el proceso anunciando dos millones de testigos.

El rector cruceño es uno de los vinculados en las pérdidas económicas, de vidas humanas y otros delitos durante el paro en Santa Cruz.

Junto a él, serán también sometido a procesos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

Ante los anuncios de procesos, este lunes el rector Cuéllar dijo que está en condiciones de presentar dos millones de testigos en su favor.

“Ahí se muestra su interés por ocultar la verdad de los hechos, el que quiere aclara qué ha pasado, cómo ha sido, se defiende con la verdad”, dijo Torrico.

El viceministro le dijo a Cuéllar que se defienda con la verdad y deje de enredar el proceso, que con o sin testigos debe continuar.

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“Si él quiere presentar dos millones de testigos, la Fiscalía tendrá que tomar declaración a dos millones», dijo.

«Supongo, además, que en 20 años él seguirá en proceso porque esto no se va a extinguir porque hay más testigos, si quiere alargarlo ni modo”, acotó.

Un proceso

El rector de la Universidad Gabriel René Moreno es uno de los tres líderes cruceños sindicados de alentar el paro en Santa Cruz que duró 36 días.

Durante esa medida cuatro personas perdieron la vida, hubo agresiones físicas, verbales, discriminación, pérdidas económicas, racismo y destrozo de bienes del Estado.

Al respecto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que “por conexitud de casos”, todas las denuncias contra Camacho, Calvo y Cuéllar serán acumuladas en un solo proceso.

Este proceso, por todas las denuncias en contra de los líderes cruceños, radicará en la ciudad de La Paz.

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Tribunal rechaza amparo y ratifica que Áñez será juzgada por la vía ordinaria en el caso EBA

La defensa de la expresidenta analiza la presentación de una denuncia en el ámbito internacional, en el entendido que en Bolivia ya se agotaron las instancias legales correspondientes y ya no queda nada por hacer en el ámbito judicial.

La entonces presidenta Áñez discursa durante un acto oficial. Foto: ABI.

Por Luis Mealla

/ 5 de diciembre de 2022 / 20:14

Un tribunal de La Paz rechazó este lunes el amparo constitucional presentado por la expresidenta transitoria Jeanine Áñez; con ese veredicto, se ratifica que será juzgada por la vía ordinaria en el caso denominado EBA.

“Con este amparo se buscaba que la exmandataria sea juzgada por juicio de responsabilidades, sin embargo, la sala constitucional ha determinado que no existían elementos probatorios de que hubiera asumido la presidencia del Estado y se ha declarado improcedente esta acción”, explicó el abogado Luis Guillén.

La defensa de la expresidenta, ahora, analiza la presentación de una denuncia en el ámbito internacional, en el entendido que en Bolivia ya se agotaron las instancias legales correspondientes y ya no queda nada por hacer en el ámbito judicial.

“Ahora, estamos esperando todos los antecedentes, incluyendo la resolución de esta jornada, y luego se presentará la denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, anunció Guillén.

A través de este recurso, se buscaba dejar sin efecto la resolución, emitida en octubre, que establece que Áñez debe ser procesada por la vía ordinaria, por la presunta designación irregular de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

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La Justicia asumió esa determinación debido a que Áñez “no acreditó de manera documentada” que en 2019, tras la renuncia del presidente Evo Morales, “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”.

En ese marco, justificó que “la asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley 044.

PROCESO

En mayo de 2020, Áñez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de EBA.

El año pasado, la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia Institucional impulsaron un proceso en su contra, pues denunciaron que esa posesión fue irregular debido a que Leiva Áñez no cumplía con los requisitos para asumir el cargo.

En consecuencia, el Ministerio Público imputó a la exmandataria por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.

En el marco de este caso, el viernes también se desarrolló una audiencia de medidas cautelares, sin embargo, fue diferida para el 6 de enero, luego que la defensa de Áñez presentó un recurso de “actividad procesal defectuosa” que fue rechazado por un juzgado.

“Esto implica que la imputación sigue vigente y se ha dispuesto la audiencia para el 6 de enero, a las 10.00 (…). El Ministerio Público ha formalizado la solicitud de detención preventiva en el presente caso”, explicó el fiscal Franklin Alborta.

De manera paralela, Áñez también es juzgada por los casos Golpe de Estado I y II.

En este último proceso, que también se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de este año.

DEMANDA

En estos tres procesos, la exmandataria no logró ser sometida a juicio de responsabilidades, pese a que en el caso EBA, en abril de este año, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó que corresponde un juicio de privilegio, lo que requiere la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sin embargo, cuatro meses después, la Sala Constitucional de La Paz dejó sin efecto esa determinación.

La expresidenta está recluida en la cárcel de Miraflores de La Paz, donde también aguarda el juicio por el caso denominado Golpe de Estado I, en el que fue denunciada por el delito de terrorismo.

Ese proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en su proclamación como presidenta, el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales, durante los conflictos sociales y políticos derivados de un presunto fraude en los comicios generales de ese año.

Según la investigación de la Fiscalía, Áñez llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica.

Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado.

Morales dimitió asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

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