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Tuesday 27 Sep 2022 | Actualizado a 01:45 AM

Incautan 400 kilos de droga en dos operativos antidroga en Santa Cruz

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó sobre los resultados de los operativos "Largo Alcance Charagua" y "Pachamama".

Los dos aprehendidos en uno de los operativos antinarcóticos.

/ 1 de septiembre de 2022 / 20:38

Unos 400 kilos de droga fueron incautados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en dos operativos, siendo aprehendidos un paraguayo y un brasileño. Se estima que la afectación al narcotráfico supera el $us 1 millón.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que un primero operativo, denominado “Largo Alcance Charagua», ejecutado el miércoles en la provincia Cordillera de Santa Cruz, los efectivos policiales dieron con una avioneta en una pista clandestina.

“Esta avioneta no contaba con los asientos traseros y tenía dos bolsas grandes de yute con cocaína en su interior, tras una requisa del lugar se encontraron otras siete bolsas, haciendo un total de nueve paquetes que contenían en su interior, un total de 369 kilogramos con 750 gramos de cocaína. La afectación al narcotráfico en este caso asciende a los USD 1.1 millones”, informó la autoridad.

En un segundo operativo, llamado “Pachamama”, también activado el miércoles en inmediaciones de la Zona Virgen de Lujan en el municipio de Santa Cruz, se dio con tres vehículos cuyos ocupantes pretendían intercambiar sustancias controladas.

“Los conductores al ver la presencia policial, intentaron darse a la fuga. El conductor del vehículo BMW corrió por medio de la cancha, el conductor del vehículo Ford pretendió darse a la fuga en reversa, chocando con un vehículo estacionado donde fue reducido. También se logró intervenir al vehículo FIAT y a su conductor, encontrando en el maletero de su vehículo dos mochilas que contenían paquetes tipo ladrillo color azul con una sustancia blanquecina, que sometida a prueba de campo dio positivo a cocaína”, informó Del Castillo.

La FELCN aprehendió a José Daniel G. V. de nacionalidad paraguaya y André Agustín B., brasileño. Se secuestró 31 kilogramos con 800 gramos de cocaína y se afectó al narcotráfico en aproximadamente $us 161.000.

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El caso Terrorismo se cerró en 2020 porque el ministerio de Murillo dejó de ser denunciante

Murillo calificó el hecho como “un regalo al pueblo cruceño”, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride, que se recuerda cada 24 de septiembre.

El ministro de Gobierno en el mandato de Áñez, Arturo Murillo. Foto: APG

/ 26 de septiembre de 2022 / 22:53

En 2020, durante la administración transitoria de Jeanine Áñez, el denominado caso Terrorismo II fue cerrado por decisión del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien anunció el 23 de septiembre de ese año que esa cartera de Estado “retiró la acusación”.

Calificó el hecho como “un regalo al pueblo cruceño”, un día antes de que ese departamento conmemore un año más de su efeméride, que se recuerda cada 24 de septiembre.

Lea más: Lima: El caso Separatismo y Terrorismo fue archivado en el gobierno de Áñez; informe de la CIDH está bajo reserva

Asimismo, el entonces ministro de Gobierno confirmó que todas las personas implicadas quedaron absueltas, toda vez que el Ministerio Público oficializó su desvinculación de este caso.

«Hemos trabajado, se ha retirado las acusaciones y ahora el Ministerio Público nos hace conocer que se retira este tema. Hay que felicitar al Ministerio Público en este caso, por este trabajo”, agregó Murillo en la oportunidad.

Lea más: Arturo Murillo confirma el cierre del caso Terrorismo II de 2009

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas (Santa Cruz), el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

Junto a él, cayeron el irlandés Michael Dwyer y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro).

Esa madrugada de 2009, inició una investigación que acabó descabezando a la cúpula política y cívica cruceña. Entonces, muchos huyeron de Bolivia, como Branco Marinkovic y Guido Nayar, entre los más conocidos.

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Ese año, la administración de Evo Morales denunció que la facción irregular estuvo vinculada con movimientos conservadores de Santa Cruz para intentar desestabilizar al Gobierno.

El fiscal Marcelo Sosa se encargó de las investigaciones, pero luego fue involucrado en el caso. Huyó a Brasil, se declaró “perseguido político” y desde su asilo denunció que “se fabricaron” pruebas en el caso Terrorismo. En mayo de 2018 fue condenado, en ausencia, a 12 años de cárcel por extorsión.

Hasta 2019, el Gobierno fue el principal acusador en este caso, pero tras la renuncia de Evo Morales, durante una crisis política-social, la situación cambió.

Áñez asumió la presidencia del país. Los jueces ciudadanos y jueces renunciaron y dejaron, prácticamente, paralizado el proceso que llevaba más de 10 años de investigación.

El entonces ministro Murillo, en 2020, dijo que el caso fue armado y ratificó que el Gobierno se retiró del caso como parte acusadora.

La noche de este lunes, el Gobierno ratificó que el caso fue archivado “arbitrariamente” durante el gobierno Áñez.

El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que hace esa afirmación luego que, en los últimos días, medios de comunicación informaron sobre resultados de una investigación del caso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, el documento señala que respecto al Informe Final de la CIDH, en este proceso registrado como CASO 13.546, “el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”.

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Viceministro Silva: La venta de coca en cualquier punto que no esté autorizado es ilegal

Este lunes, el dirigente Alanes informó que los productores asociados a su bloque asumieron esta determinación ante la necesidad de reactivar su economía, pues deben continuar trabajando para generar sustento para sus familias.

Foto: APG

/ 26 de septiembre de 2022 / 22:41

El viceministro de Defensa y Derechos del Consumidor, Jorge Silva, afirmó que la venta de coca en cualquier punto que no esté autorizado es ilegal; la afirmación fue hecha luego de que cocaleros afines a Arnold Alanes reanudaron la comercialización en las afueras del mercado de Villa El Carmen.

“La ley señala claramente que los únicos mercados reconocidos son el de Adepcoca, en la ciudad de La Paz, y en Cochabamba, el del Chapare, después no reconoce ningún otro mercado, por lo tanto la venta de este producto en cualquier otro punto que no esté autorizado es ilegal”, explicó la autoridad, según una publicación de Radio Éxito.

Lea más: El bloque de Alanes reanuda la venta de coca fuera del mercado de Villa El Carmen

Este lunes, el dirigente Alanes informó que los productores asociados a su bloque asumieron esta determinación ante la necesidad de reactivar su economía, pues deben continuar trabajando para generar sustento para sus familias.

“No les estoy obligando, no les estoy pidiendo que vengan a vender, pero es la necesidad  y tiene que entender el pueblo boliviano, tienen que entender las autoridades de Estado que esto sí o sí va a pasar”, afirmó Alanes.

El bloque de Alanes fue sacado por la fuerza del centro de abasto de Villa El Carmen, el 8 de septiembre, por cocaleros afines al dirigente Freddy Machicado, que califican de “ilegal” ese mercado.

Tras esa toma violenta, ese centro de abasto quedó precintado luego de los incendios y destrozos que sufrió por parte del bloque contrario a Alanes.

Actualmente, Machicado está recluido en la cárcel de San Pedro, justamente por ese caso; junto a él hay más dirigentes procesados y otros, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión, emitidos por la Fiscalía que inició una investigación de oficio al respecto.

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La Fiscalía dice que aún no tiene elementos para ampliar pesquisas del caso ABC contra Nina

En el marco de estas investigaciones, el presidente de la ABC brindó hace poco su “entrevista informativa” en calidad de testigo.

El presidente de la ABC, Henry Nina. Foto: APG

/ 26 de septiembre de 2022 / 21:39

El presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Nina, aún no será incluido en la investigación de la presunta coima de Bs 18 millones para adjudicar la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.

La información fue ofrecida este lunes por Javier Gorena, fiscal que investiga este caso en que se involucró a funcionarios y autoridades de la estatal ABC y a Jin Zhengyuan, el representante de la constructora china Harbour Engineering Company (Chec), quien ya fue detenido preventivamente.

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“A la fecha no se cuenta con elementos que aún permitan a la comisión de fiscales poder ampliar la investigación contra el señor Henry Nina y si en su momento surgieran estos elementos, se va a proceder conforme a derecho, se lo va a convocar a declarar en calidad de denunciado”, afirmó Gorena.

En el marco de estas investigaciones, Nina brindó hace poco su “entrevista informativa” en calidad de testigo.

Este lunes, se prevé la declaración de otras personas contra quienes se amplió la investigación y están siendo procesados, tanto en Sucre como en La Paz.

A principios de este mes, el diputado Héctor Arce (MAS) denunció irregularidades en la adjudicación de esta obra, pues se habría beneficiado a la firma china gracias a una presunta coima.

En ese marco, se determinó indagar todas las actividades y contratos que suscribió esa empresa extranjera con el Estado boliviano, desde el inicio de sus actividades en el país.

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Lima: El caso Separatismo y Terrorismo fue archivado en el gobierno de Áñez; informe de la CIDH está bajo reserva

Respecto al Informe Final de la CIDH, en el proceso registrado como “CASO 13.546”, el comunicado establece que “el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”.

El ministro de Justicia, Iván Lima. Foto: Ministerio de Justicia

/ 26 de septiembre de 2022 / 21:05

El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ratificó que el caso Separatismo y Terrorismo fue archivado “arbitrariamente” en 2020, durante el gobierno transitorio Jeanine Áñez.

“En relación a distintas versiones referidas al proceso penal seguido por los delitos de Separatismo y Terrorismo en nuestro país, por acciones ocurridas el año 2009, es menester recordar que el mismo fue archivado arbitrariamente durante el gobierno de facto de Jeanine Añez”, señala parte de un comunicado de esa cartera de Estado.

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El documento agrega que esas acciones son “objeto de tramitación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denuncia presentada por los entonces acusados del caso”.

Respecto al Informe Final de la CIDH, en el proceso registrado como “CASO 13.546”, el comunicado establece que “el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”.

En ese marco, “el Gobierno Nacional respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva”, agrega la nota.

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El Ministerio de Justicia emitió este documento la noche de este lunes luego que, en los últimos días, medios de comunicación informaron sobre resultados de una investigación del caso por parte de la CIDH.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas (Santa Cruz), el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa.

Entonces, la administración de Evo Morales denunció que ese grupo irregular estuvo vinculada con movimientos conservadores cruceños para intentar desestabilizar al Gobierno.

El fiscal Marcelo Sosa se encargó de las investigaciones, pero fue involucrado en el caso. En 2020, durante el gobierno de Áñez, el proceso fue cerrado debido a que el Ministerio de Gobierno, al mando de Arturo Murillo, retiró la denuncia.

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¿Fue legal la elección del Defensor?, experto dice que se cumplió reglamento, pero que se desacató fallo judicial

El abogado Franklin Gutiérrez observó que los legisladores opositores debieron estar presentes en la sesión de la Asamblea siendo que se trató de un día hábil.

Foto: Captura

/ 26 de septiembre de 2022 / 20:46

El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez consideró este lunes que en la elección del Defensor del Pueblo, el 23 de septiembre, se cumplió con los reglamentos establecidos en el Órgano Legislativo para el cambio de agenda, aunque observó desacato al fallo de la Sala Cuarta Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz que estableció diálogo y concertación para esa designación.

«Claro, pero yo veo que es un pacto forzado la elección del Defensor del Pueblo, por qué cuando planteé la Acción de Cumplimiento la Sala Constitucional Cuarta hizo un razonamiento claro, estableció que deberían concertar porque la elección del Defensor debe ser concertada tanto por el oficialismo como por la oposición», sostuvo al programa de La Razón por streaming Piedra, Papel y Tinta.

Gutiérrez insistió en que esta determinación judicial no se cumplió.

«Primero debería agotarse la concertación, el diálogo; que estén reunidos oposición y oficialismo para llegar a una concertación. Yo calificó este acto como un pacto forzado que de cierta manera lanza un Defensor del Pueblo que no goza del 100% de la legitimidad», indicó.

Gutiérrez argumentó que la oposición presente en la sesión legislativa no recurrió a reclamar el dictamen del fallo judicial. «Ellos deberían haber conocido el fallo constitucional que establecía claramente que para la elección del Defensor del Pueblo debía haber una concertación y un diálogo».

En julio, la Sala Cuarta Constitucional dispuso que si en 70 días la Asamblea Legislativa no designa a las autoridades del Estado como el Defensor del Pueblo, por dos tercios de votos, lo podrá hacer el Presidente del Estado.

El viernes 23 de septiembre, Pedro Francisco Callisaya Aro fue elegido como nuevo Defensor del Pueblo ante la ausencia de 34 legisladores de la oposición que asistieron a los actos protocolares por un nuevo aniversario de Santa Cruz.

Gutiérrez observó que los legisladores opositores debieron estar presentes en la sesión de la Asamblea siendo que se trató de un día hábil y no feriado.

«Los legisladores de Santa Cruz tienen primero el compromiso con el país y ellos deberían estar sesionando», dijo.

Observó, además, que el orden del día puede ser modificado ante una urgencia o emergencia.

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