El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, reveló un acercamiento preliminar entre Bolivia y Chile para abordar la propuesta del presidente Luis Arce sobre el “nuevo relacionamiento” bilateral.

“Hay la posibilidad de trabajar en una nueva agenda, en función a la propuesta que hizo nuestro presidente (agenda de siete puntos), y probablemente el mes de abril nos podamos sentar para abordarla”, anunció.

Sin embargo, aclaró que no se tiene “acordada ni negociada” ninguna fecha para esta cita.

Arce, en su discurso relativo a los 144 años de la defensa de Calama, aseguró que Bolivia nunca renunciará a su derecho soberano a una salida al océano Pacífico, además planteó una agenda de siete puntos para tratarla con Chile.

“Es momento de iniciar una etapa de nuevo relacionamiento bilateral que nos permita un diálogo franco, sincero y con la valentía para abordar los temas históricos que nos separan”, dijo el mandatario el 23 de marzo.

Mamani dijo que “está presente el tema (la demanda histórica) y ellos (Chile) están conscientes de esa realidad”, que sobre esa base se debe trabajar.

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“Estamos en puertas”, después del anuncio del presidente Arce de los siete puntos, “hemos tenido una reunión bastante preliminar y general en el marco de la Cumbre Iberoamericana”, dijo el vicecanciller.

Se refirió a la reunión con el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, y la delegación que lo acompañaba, en la cita presidencial y de jefes de gobierno en República Dominicana, la semana pasada.

BILATERALES.

Dijo que, en este encuentro, nuevamente Bolivia planteó abordar un acuerdo bilateral de manera íntegra con temas como la política migratoria con Bolivia, el libre tránsito, el contrabando y otros.

Van Klaveren, en respuesta al discurso de Arce, había dicho que su país no entrará en ninguna polémica respecto a las propuestas de “nuevo relacionamiento bilateral”. Pero, Mamani se respaldó en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que reconoce que la demanda boliviana debe ser abordada mediante canales de diálogo entre Chile y Bolivia. “La reivindicación marítima es histórica, jamás el país, el pueblo boliviano, renunciará a esta reivindicación histórica”, insistió.

Ayer fue día de contrastes en la visita que hace al país la CIDH: una parte estuvo con el llamado “camachismo” cruceño y otra, con las víctimas de la represión en 2019 y en 2020, aunque la audiencia fue compartida con la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

Los comisionados y sus equipos se trasladaron ayer a las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y Sucre. En horas de la mañana, una delegación llegó a la Gobernación cruceña, donde fue recibida por el vicegobernador Mario Aguilera.

En la sede del gobierno departamental, luego los comisionados tuvieron un encuentro con el presidente de la Asamblea del departamento, Zvonko Matkovic, y funcionarios del Ejecutivo.

Al cabo de la reunión, el asesor general de la Gobernación, Efraín Suárez, a tiempo de elogiar el encuentro, afirmó que sirvió para “consolidar” lo que el gobernador Luis Fernando Camacho había “adelantado” a los comisionados en la cárcel paceña de Chonchocoro, donde se encuentra detenido.

Suárez dijo que habían expresado a la delegación que el presidente Luis Arce “marcó una posición de su gobierno con un tinte dictatorial”, especialmente, luego del “secuestro” del que habría sido objeto la autoridad cruceña.

Un hecho particular en la capital oriental fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también recibió a los tres hijos del gobernador Camacho. En la cita, dijo luego el hijo Luis Fernando Camacho Parada, se le pidió a la comisión que de su parte los familiares esperan “un informe imparcial y objetivo”. Ya por la noche, la CIDH tuvo un encuentro con los expresidentes del Comité pro Santa Cruz. Un tema recurrente que el civismo cruceño planteó a los comisionados fue la liberación de “los más de 180 presos políticos” que habría en el país.

En Cochabamba, otra parte de la CIDH se reunió por la mañana con el gobernador Humberto Sánchez, con representantes de la Defensoría del Pueblo y autoridades judiciales. Por la tarde, hubo una peculiar audiencia, en la que fueron recibidos al mismo tiempo miembros de la RJC y representantes de las víctimas y presos políticos del gobierno interino de Jeanine Áñez.

DERECHOS.

En declaración a radio Kawsachun Coca, Giovani G. y Osvaldo G. lamentaron que ahora la RJC se victimice y que reclame a la CIDH que son ellos los perseguidos políticos. “Nosotros hemos contradecido su exposición; hemos demostrado con documentos la vulneración de nuestros derechos humanos que hemos sufrido en 2019 y 2020, cuando somos alrededor de 40 presos políticos en Cochabamba, siendo 170 a nivel nacional” (sic), destacó Osvaldo G.

Por su parte, Giovani G. refirió lo que contaron a los comisionados. “Nosotros hemos vivido esos días peor que presos de guerra, en un gobierno de facto, enmanillados de los tobillos a una cama en los recintos penitenciarios”, y perseguidos judicialmente, indicó.

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La primera jornada de registro de postulantes para las elecciones judiciales cerró sin un solo inscrito, informó a La Razón el senador del MAS Luis Adolfo Flores, la noche de este miércoles.

El legislador explicó que esto se debe a que como recién se aprobó el reglamento, el lunes. Los aspirantes deben recabar una serie de requisitos para presentar su postulación ante las comisiones de mixtas de Constitución y Justicia Plural.

“Hoy no hemos tenido más visitas que solo gente que pregunta y solicita los requisitos. Seguramente, en el trámite de requisitos van a demorar tres o cuatro días hábiles”, afirmó Flores.

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“Vamos a esperar. Seguramente, como ha ocurrido en el caso del Defensor y el Contralor. Los últimos tres o cuatros días es cuando han decidido presentar la gente su postulación”, agregó.

La fase de presentación de postulaciones inició este miércoles y se extenderá hasta el 15 de abril.

Los documentos serán recibidos en instalaciones de la Asamblea Legislativa, de lunes a viernes. Entre las 08.30 y 12.00, y desde las 14.30 hasta las 18.00. En tanto, fines de semana y feriados, la atención será desde las 08.00 hasta las 12.00.

Registro

Flores anunció que incluso se invitará a veedores de organismos internacionales para que acompañen el proceso.

“Se va invitar a la ONU y también a la CIDH, para que sean veedores de este proceso en el ámbito de transparentar el proceso de preselección”, afirmó el legislador.

Precisó, entre otras cosas, que las actuales autoridades judiciales no pueden repostularse al mismo cargo que actualmente ostentan, pero sí a otros puestos en entidades del ámbito judicial.

Postulantes

Los postulantes serán evaluados en sus méritos y conocimientos. Posteriormente el pleno de la Asamblea deberá preseleccionar a los candidatos que ingresarán a la elección popular.

La preselección requiere de dos tercios de la Asamblea y la oposición ya anticipó que está en desacuerdo con la manera en que se lleva adelante el proceso.

Concluido ese proceso, la Asamblea Legislativa elegirá, por dos tercios, a los candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y consejeros de la Magistratura.

Elecciones judiciales

La previsión es que esos comicios se lleven a cabo a finales de octubre, en el entendido que las nuevas autoridades judiciales deben iniciar su mandato a inicios de 2024.

La Fiscalía presentó una acusación formal contra el capitán de la Policía Javier Alberti, para llevarlo a juicio por el delito de uso indebido de influencias, por la internación de un auto robado en Chile.

La información fue proporcionada por la fiscal Nilda Calle, quien indicó que el Ministerio Público está solicitando la pena máxima por ese delito.

Según la norma actual, la sanción por uso indebido de influencias es de tres a seis años de privación de libertad.

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Este caso se conoció en 2022, después de que un investigador chileno denunció a Alberti por el tráfico de autos robados en ese país.

En junio del año pasado, el capitán Alberti fue aprehendido por este caso y enviado a la cárcel de San Pedro. Con detención preventiva, pero semanas después la Justicia determinó su detención domiciliaria.

Fiscalía

El Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) Robados denunció a Alberti por tenencia de una camioneta robada en territorio chileno, por la cual pidió $us 5.000 para devolverla.

De acuerdo con reportes oficiales, el vehículo ingresó por Uyuni y llegó a territorio nacional.

Según la fiscal Calle, el año pasado salió del penal luego que el juzgado primero anticorrupción le otorgó salidas laborales.

Alberti

Señaló que la Fiscalía ha solicitado revocar la detención domiciliaria de Alberti por este caso, para que vuelva a la cárcel, pero el capitán ya fue aprehendido otra vez la semana pasada por un caso de robo agravado en Santa Cruz.

Ahora, Alberti está en la cárcel de Palmasola por este reciente hecho registrado en la capital cruceña.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó su disposición a declarar por el caso Golpe de Estado I, pero en calidad de “víctima” y no como “testigo”, como solicitó la defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho.

“Se equivocan cuando hablan de testigos. En el caso mío yo soy una víctima directa, en tal calidad veré lo que corresponde”, afirmó Romero este miércoles.

A inicios de este mes, la defensa legal de Camacho solicitó a la Fiscalía citar, en calidad de testigos, al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y a Romero.

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El abogado Martín Camacho explicó que estas exautoridades deberán “aclarar” que “garantizaron”, en 2019, la presencia en La Paz del entonces líder cívico cruceño.

En su criterio, la declaración de esas personas demostrará que Camacho no contaba con protección policial, como señalan los antecedentes del caso.

Camacho

Respecto a Morales y García Linera, el exministro Romero dijo que no corresponde que sean convocados a declarar como testigos.

En cuanto a Juan Ramón Quintana, cuya declaración fue solicitada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), principal promotora de este caso, el exministro Romero evitó opinar debido a que no tiene contacto con su excolega, desde hace dos años.

En este caso se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019. Entonces, Romero era ministro de Gobierno, cuando la Policía se amotinó y solicitó la renuncia del mandatario.

El caso Golpe de Estado I investiga la supuesta comisión de los delitos de terrorismo y conspiración.

Romero

El proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales.

Áñez se había proclamado, primero, presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y posteriormente como mandataria del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa.

Según la Fiscalía, no respetó el reglamento del Senado.

Víctima

En el marco de ese proceso, también figuran otras exautoridades, como los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. Actualmente, están recluidos en el penal de San Pedro.

El abogado Camacho explicó que, en el caso de Romero, podrá aclarar que él “aseguró y ratificó” que el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz podía llegar a La Paz en octubre de 2019, pues se “garantizaba su seguridad”.

“Esas fueron las palabras de él (Romero) y lo tenemos documentado a través de conferencias de prensa”, dijo Martín Camacho.

Según Camacho, Romero “tiene que aclarar este aspecto para que no se malinterprete lo que justamente forma parte de la imputación, que la Policía estuviera brindando seguridad a Luis Fernando”.