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Sunday 14 Apr 2024 | Actualizado a 18:37 PM

Conflicto de Adepcoca: la disputa corporativa por el monopolio de la coca de los Yungas

La reciente detención del dirigente Freddy Machicado reactivó el conflicto en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz. El monopolio de la coca de los Yungas genera un circuito económico que es motivo de disputa.

El mercado paralelo, objeto de la disputa

/ 16 de septiembre de 2022 / 06:28

La reciente detención del dirigente Freddy Machicado reactivó el conflicto en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz. Según expertos y exdirigentes cocaleros, la situación tiene un trasfondo estructural, corporativo, por el monopolio de la coca y los recursos que se mueven alrededor de la hoja milenaria.

El politólogo José de la Fuente explicó a La Razón que se trata de “una disputa económica, con proyección política” entre el bloque que lidera Machicado y el sector de productores controlado por Arnold Alanes. El analista descartó que se trate de un enfrentamiento de características ideológicas e indicó que la apelación a tales recursos discursivos son una “coartada”, porque en realidad lo que hay son intereses económicos contrapuestos.

Monopolio de la coca

“Se trata de una pelea corporativa, que tiene como base el monopolio del mercado de la coca. Es una fortuna lo que todos los días se registra, y los dirigentes están dispuestos a todo para mantener ese monopolio”, afirmó De la Fuente.

La condición monopólica es la que genera las mejores condiciones para la acumulación de capital y necesariamente requiere del esfuerzo estatal para mantenerse como tal. Los monopolios, por definición, son concesiones dadas por los Estados a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio. El mercado de coca de los Yungas tiene el privilegio de incluirse en tal categoría. 

Según el exdirigente de Adepcoca, Armin Lluta, citado por Unitel, la carnetización de los socios genera más de Bs. 21 millones. “Tenemos 43 mil socios en las tres provincias, Nor yungas, Sud Yungas e Inquisivi. Todos los socios se carnetizaron. Adepcoca les carnetiza por un monto de Bs. 500 y la renovación es de Bs. 30”, explicó.

Agregó que cada mes ingresa a esa asociación unos Bs. 250.000 por concepto de aportes. Éstos provienen de los productores, comercializadores de coca, transportistas, vendedoras de alimentos, ambulantes, alquileres del baño público y los quioscos que existen en la sede central.

Para el exconstituyente y exdirigente de la Federación de Productores de Coca de la provincia Nor Yungas, Sabino Mendoza, se trata de un conflicto “económico y estructural”. Explica que el control del monopolio, implica el manejo de grandes cantidades de dinero, lo debería obligar a la dirigencia a establecer “mecanismos de transparencia”.

Ingresos

“Los socios, por cada taque de coca deben pagar Bs. 5. Si un socio tiene 50 taques pagará Bs. 250. Solo hay que sumar las cantidades que se mueven a diario, en el entendido que son más de 42 mil socios de Adepcoca. Además, hay ingresos por otros conceptos (…). Para controlar esos recursos, la pelea es muy fuerte por parte de esos grupos”, explicó Mendoza a La Razón

Así, el enfrentamiento entre los grupos liderados por Machicado y Alanes no obedece a lógicas axiológicas o ideológicas. Es, sin más ni menos, la disputa por el acceso a un circuito monopólico que permite una alta acumulación de capitales.

Ante ese escenario, Mendoza sugirió al Gobierno activar una “consulta popular” a los productores de los Yungas, para establecer líneas de control a la dirigencia, ajustes al estatuto de Adepcoca y mecanismos para transparentar el manejo de recursos, con el fin de dar fin a este conflicto.

 “Esa consulta definirá si los productores quieren seguir con estos escenarios de violencia o quieren el desarrollo de una empresa social”, afirmó.

También, planteó utilizar herramientas tecnológicas para transparentar el manejo del dinero. Sostuvo que los dineros deben ser usados en beneficio de los socios. Por ejemplo, mediante un seguro médico, un proyecto que fue planteado en el pasado, pero nunca se pudo consolidar.

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Representación

Alanes y Machicado se arrogan la dirigencia legal y legítima de Adepcoca, lo que generó enfrentamientos entre los dos bloques. Ante esa crisis, Alanes abrió su propio mercado de coca, en Villa El Carmen, bajo el argumento de que Ley General de la Coca no especifica la zona dónde debe funcionar.

No obstante, Machicado sostiene que el único centro de abasto es el que está en Villa Fátima, por lo que inició, hace casi ocho semanas, una serie de movilizaciones, que derivaron en la toma violenta del “mercado paralelo”. En consecuencia, se le inició un proceso penal y se dispuso su detención preventiva, por seis meses.

En marzo de 1984, se aprobó el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de esa organización, pero pasó por un proceso de legalización, por lo que recién la personería fue aprobada en mayo de 1989, con la que nació formalmente la Adepcoca.

Inició sus actividades con cerca de 3.000 productores, que antes de asociarse, dependían de los denominados “propietarios de agencias” o más comúnmente conocidos como los “agencieros”, quienes tenían el monopolio, pero “prometían un precio y pagaban otro”, señala el libro “En defensa de la coca”.

Tras la ruptura de ese monopolio para la comercialización, se organizaron en dos centros de abasto, situación que fue normada por la ley La Ley General de la Coca 906, de 2017, que señala que los únicos mercados para comercialización la coca es de la Adepcoca en el departamento de La Paz, que se situó en Villa Fátima, y en Sacaba, Cochabamba.

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Arce aboga por la paz en Medio Oriente y pide a la ONU frenar la escalada entre Irán e Israel

“En la guerra no hay ganadores, todos pierden, y la escalada de violencia a nivel mundial pone a la humanidad en riesgo de desaparecer”, afirmó el presidente Luis Arce en sus redes sociales.

El presidente Luis Arce, el sábado en Yacuiba.

Por Rubén Atahuichi

/ 14 de abril de 2024 / 16:48

A través de sus redes sociales, el presidente Luis Arce abogó por la paz en Medio Oriente y reclamó de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una reunión para frenar una escalada bélica entre Irán e Israel.

Así reaccionó el mandatario boliviano a la represalia que Irán tomó sobre Israel al disparar drones y misiles la tarde y noche del sábado contra objetivos militares israelíes. El 1 de abril, un ataque al Consulado de Irán en Damasco, Siria, terminó con 13 fallecidos, siete de los cuales agentes de la Guardia Revolucionaria. Irán atribuyó el hecho a Israel.

“Nos unimos al llamado de otros países del mundo para establecer la paz en Medio Oriente dentro del marco del derecho internacional”, anunció Arce.

Preocupado, el Presidente también apeló al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que convoque a una reunión del organismo “para evitar que este conflicto escale hacia una tercera guerra mundial”.

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Riesgo mundial

“En la guerra no hay ganadores, todos pierden, y la escalada de violencia a nivel mundial pone a la humanidad en riesgo de desaparecer”, afirmó Arce en sus redes sociales.

Consideró que la guerra “es el peor camino para resolver los conflictos internacionales”. “El respeto por la vida, la paz y la seguridad deben ser los principios rectores en las relaciones entre Estados y pueblos”, exhortó.

Irán comunicó oficialmente que el operativo del sábado, del que es dijo que movilizó al menos 500 drones y misiles, terminó. “El caso puede considerarse cerrado”, reportó su delegación en la ONU.

Su presidente, Ebrahim Raisi, advirtió que cualquier acción “imprudente” de Israel y sus aliados conducirá a una “repuesta más fuerte” de la República Islámica, informó la agencia AFP.

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El congreso arcista del MAS prevé asistencia de 6.000 delegados y 107 ‘confederaciones’

Observada su convocatoria, no se conoce si el MAS evista logró subsanar cuatro observaciones que la Secretaría de Cámara del TSE hizo a su llamado a congreso.

Encuentro de las organizaciones sociales en el cabildo de la Ceja de El Alto.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 14 de abril de 2024 / 13:57

El dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB) Vidal Gómez calculó en menos 6.000 delegados de organizaciones sociales y 107 confederaciones la asistencia al congreso convocado por el Pacto de Unidad, en El Alto.

Asistirán “más de 50.000 militantes, 6.000 congresistas acreditados de 107 confederaciones. (Son) 107 confederaciones que serán parte (del encuentro; entre gremiales, mineros, transportistas, la COB. Marcará la reestructuración de nuestro instrumento político”, dijo este domingo en una entrevista con Bolivia Tv.

El encuentro convocado por el Pacto de Unidad está previsto para el 3, 4 y 5 de mayo y tiene el respaldo de las tres organizaciones sociales “madres” del Movimiento Al Socialismo (MAS): Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSIOB) y Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa.

Gómez aclaró que se buscó el consenso con el jefe nacional del MAS, Evo Morales, pero no recibieron respuesta de aceptación o rechazo para consensuar el congreso. Reiteró la invitación al líder cocalero para que forme parte del evento.

Congreso

Si por un lado hay la convocatoria de las organizaciones que respaldan la gestión del presidente Luis Arce, existe el llamado de la dirección nacional del MAS para un congreso el 10 de junio en el estadio Bicentenario del municipio de Villa Tunari.

Dicho congreso, que llegó hasta la Cámara de Secretaría del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recibió cuatro observaciones por parte de esa oficina.

Entre las observaciones a la convocatoria está precisamente el consenso con esas organizaciones sociales. Además, observa que la convocatoria solo está firmada por ocho de los 14 miembros de la dirección nacional.

Es oficina dictó que las observaciones a la convocatoria evista sean subsanadas en un plazo de dos días. Cumplido el tiempo el viernes, aún no se conoce y si se hicieron las enmiendas.

El TSE aún no definió cuál de las dos convocatorias “vale”. En los hechos, el llamado del evismo no cuenta con el aval de las tres organizaciones fundadoras del MAS. Del otro lado, la convocatoria del Pacto de Unidad no tiene el visto bueno de la directiva electa en 2017.

Morales criticó duramente que exista una convocatoria que no es la suya y dijo que está propiciada por “dirigentes truchos” y que “no representan a nadie”.

“No vamos a entrar a las mentiras de la directiva nacional del MAS. Se puede hablar mucho, pero invitamos a que Evo compruebe una de sus calumnias hacia las organizaciones sociales. Nos divide a las organizaciones para poder darle legitimidad a su convocatoria, que ese un fracaso”, complementó Gómez.

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Morales sobre el caso Hotel Las Américas: ‘Que me metan a la cárcel, no me voy a escapar’

Evo Morales apunta al Gobierno del presidente Luis Arce de buscar detenerlo y así, en su criterio, evitar su postulación a las elecciones presidenciales de 2025.

El líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales. Foto: Archivo

/ 14 de abril de 2024 / 09:39

“Que me citen, no me voy a presentar; que me metan a la cárcel”, desafió este domingo el expresidente Evo Morales sobre el proceso penal abierto contra los responsables de la intervención al hotel Las Américas en 2009.

Además, en su programa dominical de radio Kawsachun Coca, el exmandatario añadió: “Que me demanden, estoy aquí, no me voy a escapar. Si me tienen que llevar a la cárcel, que me lleven por defender la integridad del territorio nacional”.

Morales apuntó al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de pretender detenerlo, aunque ese discurso lo maneja desde hace tiempo. “Quieren detener y proscribir a Evo para que no sea candidato (a las elecciones presidenciales de 2025)”, dijo en varios actos públicos.

Evo Morales

El sábado, Mario Tadic y Előd Tóásó, sobrevivientes del grupo abatido en un operativo policial en el hotel Las Américas en 2009, informaron, a través de sus redes sociales, del proceso que abrió el Estado.

“Mario Tadic y Előd Tóásó comunican a los ciudadanos bolivianos que el Estado boliviano ha abierto el caso NUREJ 70264734 que radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz; a cargo de la Fiscal de Materia Marioly Torrez Jurado (sic)”, dice la primera parte de su publicación en su cuenta de X.

Capturados el 16 de abril de 2009 en Santa Cruz, en medio de un violento operativo policial contra un grupo armado, Tóásó y Tadic cumplieron con una condena de cinco años; la sanción fue dictada por un tribunal de La Paz, en febrero de 2015.

Ambos se sometieron a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

Proceso

En la acción policial de abril de 2009, la Policía intervino el hotel Las Américas, en la capital cruceña, y abatió al croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin, a quienes acusó de alzamiento armado.

Morales explicó que cuando ese hecho ocurrió, él se encontraba en Venezuela y que el entonces vicepresidente Álvaro García Linera fungía como presidente en ejercicio.

En los hechos, Morales, a su llegada a Venezuela, admitió que dio la orden de intervenir el hotel porque había riesgo para la seguridad interna.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

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Concluye evaluación de méritos para el TSJ; notificarán a los aprobados y exámenes comienzan el martes

Los postulantes deben alcanzar un puntaje mínimo de 130 puntos para poder avanzar en el proceso de preselección a las elecciones judiciales.

Miembros de la Comisión Mixta de Constitución

Por Mauricio Diaz Saravia y Roberto Guzmán

/ 14 de abril de 2024 / 07:12

El senador Miguel Rejas, del Movimiento Al Socialismo (MAS), informó a La Razón que concluyó la evaluación de méritos de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Este domingo se notificará a los profesionales que hayan logrado vencer esta fase y llegar al examen escrito y oral, que comienza este martes.
“A estas horas (01.58), hemos concluido la fase de evaluación de méritos al TCP y al TSJ. Hemos actuado de acuerdo a lo que nos manda la Constitución (Política del Estado) y lo que nos manda la Ley 1549 (de Elecciones Judiciales) para elegir a las nuevas altas autoridades”, dijo Rejas la madrugada de este domingo.

Esa comisión evaluó los méritos de 188 postulantes al TSJ y el jueves en la noche concluyó con el TCP, para el que llegaron 93 aspirantes habilitados.

Entretanto, la Comisión Mixta de Justicia Plural definió el jueves la lista de aprobados al Consejo de la Magistratura (89) y al Tribunal Agroambiental (40).

Esta evaluación de méritos, que contempló la verificación de la formación académica, la experiencia profesional y la producción intelectual, tuvo una calificación de hasta 100 puntos.

Desde el martes, los postulantes buscarán al menos 130 puntos de los 200 asignados a esta etapa. Responderán a preguntas, cada una con un puntaje de puntos.

“El lunes tendremos sesión como comisión para definir la metodología de lo que sería el martes en la mañana”, agregó Rejas.

El cronograma manda que, el 22 de abril, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural elaboren el informe con la lista de aspirantes que vencieron la preselección, que será remitido a la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Del 27 de abril al 4 de mayo, la Asamblea Legislativa debe debatir la aprobación o rechazo de dicho informe; finalmente, entre el 5 y 6 de mayo, la lista final de hasta 192 postulantes debe ser remitida el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que en un plazo de hasta 150 días organice las elecciones judiciales.

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La Comisión Mixta de Constitución aún evalúa lentamente méritos de postulantes al TSJ

La medianoche entre el jueves y el viernes, la Comisión Mixta de Constitución terminó la evaluación de méritos de los postulantes al Tribunal Constitucional.

Miembros de la Comisión Mixta de Constitución

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 13 de abril de 2024 / 21:29

Con un lento avance, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa aún se encuentra en la evaluación de méritos de los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); eso pese a que la conclusión de esa tarea estaba prevista “para el mediodía o la tarde” de este sábado.

“Ya hemos iniciado la labor de la evaluación de méritos de los postulantes al TSJ de los nueve departamentos. Estimamos concluir hasta mañana (sábado) al mediodía o en horas de la tarde”, indicó el viernes el diputado Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión Mixta.

Sin embargo, la sesión de los miembros de esa oficina es transmitida en directo por las redes sociales de la Cámara de Diputados y aún se revisan las carpetas de los 188 postulantes el TSJ.

Postulantes

Según Jáuregui, la medianoche de entre el jueves y el viernes concluyó la evaluación de méritos de aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que también estaba a cargo de la Comisión Mixta de Constitución.

Entretanto, la Comisión Mixta de Justicia Plural, que evaluó los méritos de los 89 postulantes al Consejo de la Magistratura; otros 40 al Tribunal Agroambiental, terminó su labor el jueves.

Según las previsiones de Jáuregui, la lista de postulantes habilitados a la de preguntas tanto escritas como orales, que comenzará el martes.

Evaluación

El cronograma manda que, el 22 de abril, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural elaboren el informe con la lista de aspirantes que vencieron la preselección y será remitido a la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Del 27 de abril al 4 de mayo, la Asamblea Legislativa debe debatir para aprobar o rechazar dicho informe; finalmente, entre el 5 y 6 de mayo, la lista final de postulantes debe ser remitida el Tribunal Supremo Electoral (TSE); eso para que en un plazo de hasta 150 días, organice las elecciones judiciales.

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