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Friday 7 Oct 2022 | Actualizado a 01:07 AM

Carvajal denuncia toma de la APDH-B en La Paz y Salazar dice que la acción fue legal

La activista dice que sigue siendo la presidenta de la entidad, mientras que Salazar señala que fue elegido presidente en un congreso de 2021.

Amparo Carvajal y Édgar Salazar.

/ 21 de septiembre de 2022 / 22:07

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH-B), Amparo Carvajal, denunció este miércoles la toma irregular de las oficinas de esa entidad, ubicadas en la calle Oruro, en el centro de La Paz. Mientras que Édgar Salazar, quien también se atribuye la presidencia dijo que la acción fue legal porque él fue elegido en un congreso de 2021.

Carvajal responsabilizó por este hecho a activistas afines al MAS, liderados por Édgar Salazar, que también se atribuye la presidencia de la APDH-B. El acusado negó ese extremo y argumentó que fue una acción legal.

“Es una provocación más de este Estado masista, que no respeta la ley ni la justicia (…); el señor Salazar no es presidente, es un dirigente paralelo”, afirmó Carvajal.

Asimismo, denunció que la chapa de la puerta de ingreso a esas oficinas fue cambiada cuando ella se ausentó de estas instalaciones y reiteró que ella sigue siendo presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, “es lo que se determinó en la última asamblea”, enfatizó.

Al respecto, Salazar afirmó ser el “presidente legal” de la APDH-B, elegido en diciembre de 2021, en un congreso orgánico nacional, por lo que se ingresó a tomar posesión de esas oficinas de manera regular.

“En la vía judicial vamos a demostrar nuestra legalidad (…). Desde diciembre de 2021 ya estamos habitando este departamento y es de conocimiento de ella (Carvajal). Lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, que habíamos recuperado este departamento, afirmó Salazar.

Al respecto, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Legislativo expresó su solidaridad con Carvajal y “repudió” el accionar de “grupos paralelos” fomentados por el Gobierno.

“Exigimos al gobierno nacional que a través de la fuerza pública brinde las garantías necesarias y, al tratarse de una usurpación flagrante, que desaloje de manera inmediata a los usurpadores del inmueble”, señala parte de un comunicado de esa fuerza política.

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Tras conminatoria de los Ponchos Rojos, el Gobierno emitió otra invitación para atender su pliego

La cita fue planteada para el miércoles 12 de octubre, a las 18.00, en la Casa Grande del Pueblo.

Foto: Rodwy Cazón

/ 6 de octubre de 2022 / 23:22

Este jueves, el Gobierno invitó “por tercera vez” a la dirigencia de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Omasuyos “Ponchos Rojos” para reunirse con el presidente Luis Arce, luego que ese sector dio un plazo de 72 horas para atender sus demandas. 

La cita fue planteada para el miércoles 12 de octubre, a las 18.00, en la Casa Grande del Pueblo.

Lea más: Pacto de Unidad asegura la presencia de ‘ponchos rojos’ en la movilización del jueves

“La nota la haremos llegar mañana (viernes) al dirigente Ruddy Condori, reiterando la convocatoria para trabajar una agenda conjunta en beneficio de la provincia Omasuyos”, informó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

En conferencia de prensa, la ministra insistió en que el Ejecutivo respondió a los 31 puntos del pliego petitorio del sector movilizado y lamentó que algunos dirigentes no coordinen con sus bases.

El miércoles, los Ponchos Rojos protagonizaron una multitudinaria marcha, que inició en El Alto y culminó en la sede de gobierno, en inmediaciones de la plaza Murillo, donde se registró amagos de enfrentamientos con la Policía, que usó gases lacrimógenos para dispersar a los movilizados.

En ese marco, Condori negó que el Gobierno haya atendido sus demandas y señaló, incluso, que por esa situación el pliego petitorio aumentó a 41 puntos.

Los Ponchos Rojos dieron plazo hasta este fin de semana para que el Gobierno responda a sus demandas. Si no tenemos respuesta del Gobierno, “el día lunes entramos en acción” advirtió el dirigente en la oportunidad.

La conferencia de la ministra María Nela Prada. Foto: APG

Al respecto, Prada reiteró que en anteriores oportunidades se atendió las demandas del sector y que la reciente movilización responde a problemas de comunicación y coordinación de algunos dirigentes con sus bases.

 “Es posible que la movilización de ayer tenga que ver con el hecho de que la dirigencia no comunicó a sus bases respecto de todo lo que se ha trabajado hasta ahora; hay dirigentes que tienen otro tipo de intereses políticos y no están buscando el diálogo ni la coordinación”, afirmó la ministra.

La autoridad detalló cronológicamente las ocasiones en que el Gobierno atendió a la dirigencia de los Pochos Rojos de la provincia Omasuyos.

Precisó que el 13 de junio de 2022, se abordaron propuestas para el fortalecimiento de la producción en el departamento de La Paz, y en particular en Omasuyos, para avanzar en la política de seguridad con soberanía alimentaria.

El 28 de junio, el Gobierno respondió de manera oficial al pliego petitorio remitido por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Omasuyos “Ponchos Rojos”.

“Los 31 puntos fueron respondidos, cada uno de ellos por el ministerio responsable del área respectiva”, detalló Prada.

El 23 de julio se registró otra reunión con la Federación de Campesinos Tupak Katari, que incluyó a todas las provincias de La Paz, entre ellas Omasuyos. Nuevamente se trató proyectos productivos, y proyectos relacionados con temas de agua y riego.

El 14 de septiembre se envió a los Ponchos Rojos una invitación para reunirse el 1 de octubre con el presidente Arce, en la Casa Grande del Pueblo. La invitación fue recibida por el dirigente Ruddy Condori.

El 28 se septiembre se reiteró la invitación a la reunión con el presidente Arce, ni Condori ni el comité ejecutivo de la Federación asistieron al encuentro, afirmó Prada.

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Audiencia de Murillo de declaratoria de culpabilidad será el 20 de octubre

El exministro fue acusado de lavado de dinero y sobornos, días después de que su jefe de gabinete, Sergio Méndez, fuera procesado por los mismos delitos.

El exministro Arturo Murillo.

/ 6 de octubre de 2022 / 21:25

Para el 20 de octubre, a las 10.00, fue fijada la audiencia del exministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic, en la que se declarará culpable por los delitos de lavado de dinero y soborno, señala un comunicado publicado este jueves por la Procuraduría General del Estado.

El acto judicial se llevará a cabo en la Corte de Distrito de los Estados Unidos (EEUU), en el Distrito Sur de Florida.

Lea más: Murillo se declara culpable de soborno y lavado de dinero en EEUU y evita el juicio oral

“Murillo Prijic había elegido ser juzgado por el ‘Gran Jurado’, el 28 de noviembre de 2022, empero con la presentación de la ‘Acusación por Información’ por parte de la Fiscalía de los EEUU, cambió de estrategia de defensa y señaló su decisión de declararse culpable aceptando todos los cargos levantados en su contra en los Estados Unidos” (sic), agrega el boletín institucional.

Según las investigaciones, en 2020, Murillo adquirió con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS).

Antes de que la presidenta transitoria Jeanine Áñez deje el poder, en noviembre de 2020, el entonces ministro de Gobierno fugó de Bolivia y fue detenido a finales de mayo de 2021, en Estados Unidos.

En ese marco, fue acusado de lavado de dinero y sobornos, días después de que su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, fuera procesado por los mismos delitos.

Tras su aprehensión, Murillo fue procesado por la compra de material antidisturbios, por un valor de $us 5,6 millones; según la investigación, en esa compra se detectó un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Detenido en una cárcel de Miami, se estableció que el exministro de Áñez usó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.

Según la Fiscalía de ese país, el dinero fue repartido entre Murillo y cuatro de sus cómplices (Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld), además de un “funcionario” del Ministerio de Defensa, que se presume fue el exministro Luis Fernando López, hoy prófugo.

La pasada semana, el procurador Wilfredo Chávez informó que, tras declararse culpable, Murillo solo debe aguardar su sentencia.

“Al declararse culpable, recibiría una sanción de seis años (…). Murillo no va ir a un juicio por jurados, sino va a ir a un juicio directamente a una acusación por información, va a asumir su culpabilidad y le van a imponer una pena”, precisó Chávez.

En ese marco, el comunicado de la Procuraduría ratifica que se emitirá sentencia contra el exministro de Gobierno y sus cómplices.

“La acusación señala expresamente que Arturo Carlos Murillo Prijic combinó, conspiró y acordó voluntariamente con Sergio Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman, Philip Lichtenfeld y otros, violar las leyes norteamericanas, además de la expresamente conocida como la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero”, agrega el documento.

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Choquehuanca plantea la creación de un observatorio electoral para evaluar estado de la democracia

“Tal vez, hay que pensar en un observatorio electoral o en un mecanismo electoral que vaya evaluando todos los días, para que nuestra democracia no se enferme nunca”, manifestó el Vicepresidente.

El vicepresidente David Choquehuanca. Foto: Rodwy Cazón

/ 6 de octubre de 2022 / 20:39

En ocasión de la posesión de dos nuevas vocales titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), este jueves, el vicepresidente David Choquehuanca planteó la creación de un “observatorio electoral”, como un mecanismo para evaluar de forma constante el estado de la democracia.

“Tal vez, hay que pensar en un observatorio electoral o en un mecanismo electoral que vaya evaluando todos los días, para que nuestra democracia no se enferme nunca”, manifestó la autoridad del Estado.

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Choquehuanca insistió en el hecho de que la “democracia es una práctica de todos los días”, por lo que el Órgano Electoral debe garantizar a la ciudadanía el ejercicio de este derecho de manera constante, no solo en época electoral.

En ese marco, la autoridad pidió pensar “primero en el bien del país”, dejando de lado “intereses mezquinos” de orden sectorial, regional o partidario.

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“El Órgano Electoral tiene la principal función de vigilar el ejercicio de la democracia y garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos a elegir y ser elegidos, precautelando que los procesos electorales se desarrollen de manera oportuna, transparente, sobre todo, cuidando la imparcialidad”, agregó Choquehuanca.

El Vicepresidente expuso esas consideraciones, este jueves, durante la posesión de Nelly Arista Quispe y Yajaira San Martín Crespo, como nuevas vocales titulares del TSE.

En ese marco, se encomendó a las nuevas autoridades electorales actuar con transparencia, aplicar las leyes y cuidar la democracia.

«Las hermanas vocales que hoy se integran plenamente al trabajo del TSE, junto a los otros vocales, tienen la ineludible tarea de consolidar la institución, a través de la democracia participativa, representativa y comunitaria», insistió Choquehuanca.

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Juran Arista y San Martín como vocales, con la misión de actuar con transparencia y cuidar la democracia

El vicepresidente David Choquehuanca afirmó que el Órgano Electoral debe actuar con independencia y en apego a la Constitución y la normativa vigente.

Nelly Arista Quispe y Yajaira San Martín Crespo, jurando como vocales titulares. Foto: Vicepresidencia del Estado

/ 6 de octubre de 2022 / 18:50

Este jueves, Nelly Arista Quispe y Yajaira San Martín Crespo juraron como vocales titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la misión de actuar con transparencia, aplicar las leyes y cuidar la democracia.

El vicepresidente David Choquehuanca afirmó que el Órgano Electoral debe actuar con independencia y en apego a la Constitución y la normativa vigente.

Lea más: Ante vacancias, la Asamblea designa a Arista y San Martín como nuevas vocales del TSE

Las nuevas vocales “tienen que asumir el compromiso de tomar decisiones transparentes, apegadas a la ley, sin ningún temor (…). No se debe usar la ley de manera mañosa o antojadiza, aprendamos a hacer las cosas de manera transparente y correcta”, recomendó la autoridad.

Por su parte, el presidente de Diputados, Freddy Mamani, explicó que el Legislativo designó a ambas autoridades con la misión de institucionalizar el TSE, cuyo mandato es administrar la decisión del soberano.

“Ustedes tienen una misión muy importante de cuidar la democracia y de administrar la decisión del soberano, precautelando la democracia en nuestro país”, afirmó Mamani, quien reiteró que esa labor se realice con “responsabilidad y transparencia”.

Recordó, además, la importancia de contar con un órgano sin cargos vacantes, luego que dos vocales renunciaron entre 2021 y este año, debido a la misión que tiene esa entidad de administrar los procesos electorales.

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“Hay por delante muchas tareas, en la gestión que viene habrá elecciones judiciales, luego, elecciones primarias, elecciones nacionales y todo está en el trabajo que ustedes van a cumplir”, precisó Mamani.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, destacó la relevancia de esa posesión, en el entendido que las nuevas vocales deberán demostrar su “mayor compromiso con la ley, la Constitución Política y con el pueblo boliviano”.

Arista es representante de los pueblos indígenas del norte de Potosí y fundadora de la Universidad Pública de El Alto.

San Martin es abogada y docente en la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. Ambas coincidieron en comprometerse con la institucionalidad del cuarto poder del Estado.

Foto: Cámara de Diputados

Ahora, ambas profesionales se sumarán a la sala plena del TSE, que actualmente es integrada por Óscar Hassenteufel (presidente); Nancy Gutiérrez Salas (vicepresidenta); Dina Chuquimia Alvarado; Tahuichi Tahuichi Quispe; y Francisco Vargas Camacho.

El artículo 12 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional establece que el TSE “está compuesto por siete vocales, de los cuales al menos dos serán de origen indígena originario campesino. Del total de miembros del Tribunal Supremo Electoral, al menos tres serán mujeres”.

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Apelan que exministro Characayo cumpla detención en su casa pese a sentencia de 8 años de cárcel

En septiembre de este año, el exministro Characayo fue condenado por el delito de cohecho pasivo propio, debido al soborno que recibió cuando ejercía ese cargo.

El exministro Characayo es trasladado por un miembro de la Policía.

Por Luis Mealla

/ 6 de octubre de 2022 / 07:52

El Ministerio de Desarrollo Rural y el Ministerio Público apelaron la determinación que asumió un juzgado en La Paz, que benefició con la detención domiciliaria al exministro Edwin Characayo, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por delitos de corrupción.

“Se ha presentado la correspondiente apelación, pues existe el riesgo de que el señor Characayo pueda huir, toda vez que ya tiene una sentencia, por tanto, vamos a pedir que la sala que conozca la apelación enmiende este error y cumpla su condena de ocho años de presidio”, informó el abogado de la parte denunciante, Eusebio Vera.

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En septiembre de este año, el exministro Characayo fue condenado por el delito de cohecho pasivo propio, debido al soborno que recibió cuando ejercía ese cargo.

El hecho fue denunciado en 2021, cuando se inició el proceso penal en su contra. Desde entonces, cumplió una detención preventiva en el penal de Chonchocoro.

Sin embargo, recientemente, fue trasladado a la cárcel de Santa Cruz, mientras aguarda que se ejecute la orden judicial de la detención domiciliaria.

“Se ha determinado una detención domiciliaria, sin salida laboral, pues debe estar 24 horas en su domicilio y con custodio. Además, se fijó una fianza de Bs 30.000 y el arraigo (…). La detención será cumplida en su domicilio en Santa Cruz”, explicó César Rojas, abogado defensor de Characayo.

Además del exministro, el mes pasado, fue sentenciado el exdirector de Desarrollo Rural, Hiper García Quecaña, quien fue declarado autor del delito de uso indebido de influencias y también fue condenado a ocho años de cárcel.

De acuerdo con la sentencia judicial, ambos debían reparar los daños y perjuicios, además de las costas legales.

Según los antecedentes del caso, Characayo y García habrían recibido $us 20.000 de las víctimas, quienes denunciaron que el dinero habría otorgado a cambio de sanear un predio en el departamento de Santa Cruz.

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