La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH-B), Amparo Carvajal, denunció este miércoles la toma irregular de las oficinas de esa entidad, ubicadas en la calle Oruro, en el centro de La Paz. Mientras que Édgar Salazar, quien también se atribuye la presidencia dijo que la acción fue legal porque él fue elegido en un congreso de 2021.
Carvajal responsabilizó por este hecho a activistas afines al MAS, liderados por Édgar Salazar, que también se atribuye la presidencia de la APDH-B. El acusado negó ese extremo y argumentó que fue una acción legal.
“Es una provocación más de este Estado masista, que no respeta la ley ni la justicia (…); el señor Salazar no es presidente, es un dirigente paralelo”, afirmó Carvajal.
Asimismo, denunció que la chapa de la puerta de ingreso a esas oficinas fue cambiada cuando ella se ausentó de estas instalaciones y reiteró que ella sigue siendo presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, “es lo que se determinó en la última asamblea”, enfatizó.
Al respecto, Salazar afirmó ser el “presidente legal” de la APDH-B, elegido en diciembre de 2021, en un congreso orgánico nacional, por lo que se ingresó a tomar posesión de esas oficinas de manera regular.
“En la vía judicial vamos a demostrar nuestra legalidad (…). Desde diciembre de 2021 ya estamos habitando este departamento y es de conocimiento de ella (Carvajal). Lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, que habíamos recuperado este departamento, afirmó Salazar.
Al respecto, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Legislativo expresó su solidaridad con Carvajal y “repudió” el accionar de “grupos paralelos” fomentados por el Gobierno.
“Exigimos al gobierno nacional que a través de la fuerza pública brinde las garantías necesarias y, al tratarse de una usurpación flagrante, que desaloje de manera inmediata a los usurpadores del inmueble”, señala parte de un comunicado de esa fuerza política.