Nacional

Tuesday 6 Dec 2022 | Actualizado a 10:54 AM

El Legislativo allana la designación de dos vocales para reponer dos vacancias en el TSE

Comisión definió que Nelly Arista Quispe y Jahaira San Martín Crespo ocupen los cargos que quedaron disponibles en la sala plena del TSE, informó el presidente de la Comisión Mixta, senador Rubén Gutiérrez (MAS), según un boletín de la ABI.

Foto: APG

/ 21 de septiembre de 2022 / 22:47

Una comisión de la Asamblea Legislativa allanó el camino para la designación de dos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cargos que quedaron vacantes tras las renuncias de Rosario Baptista y María Angélica Ruiz, quienes se alejaron de esa entidad entre 2021 y este año.

En la comisión Mixta de Constitución se dio “cumplimiento al artículo 206 de la Constitución Política del Estado, que es absolutamente claro y señala que el Tribunal Supremo Electoral estará integrado por siete vocales, seis deben estar electos por la Asamblea Legislativa, es decir, por diputados y senadores”, precisó el diputado Juan José Jáuregui (MAS).

En ese marco, esa entidad legislativa definió que Nelly Arista Quispe y Jahaira San Martín Crespo ocupen los cargos que quedaron disponibles en la sala plena del TSE, informó el presidente de la Comisión Mixta, senador Rubén Gutiérrez (MAS), según un boletín de la ABI.

El 11 de noviembre de 2021 Baptista dejó el cargo, mientras que Ruiz dimitió como vocal el 3 de mayo de este año.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, ahora el presidente del Legislativo y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, deberá convocar a sesión plenaria para considerar el informe y los proyectos de resolución remitidos por la Comisión Mixta.

Además del nombramiento de las dos vocales, la Comisión realizó la rectificación del nombre y apellido paterno del vocal nacional Daniel Atahuachi  Quispe, quien realizó un trámite para ser identificado desde ahora como Tahuchi Tahuchi Quispe.

En la actualidad, la sala plena del TSE está integrada por Óscar Hassenteufel (Presidente); Nancy Gutiérrez Salas (Vicepresidenta); Dina Chuquimia Alvarado; Tahuchi Tahuchi Quispe y Francisco Vargas Camacho.

El artículo 12 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional establece que el TSE “está compuesto por siete vocales, de los cuales al menos dos (2) serán de origen indígena originario campesino. Del total de miembros del Tribunal Supremo Electoral al menos tres serán mujeres”.

Comparte y opina:

Cívicos cruceños denuncian persecución política; Gobierno afirma que se busca sentar un precedente

La pasada semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la admisión de la denuncia contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico, Rómulo Calvo.

Los principales líderes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Foto: CPSC.

Por Luis Mealla

/ 5 de diciembre de 2022 / 23:29

A través de un comunicado, el Comité pro Santa Cruz denunció el inicio de una persecución política en contra de los promotores del paro indefinido que se ejecutó en ese departamento, durante 36 días.

Al respecto, el Gobierno afirmó que se busca sentar un precedente por la afectaciones y vulneración de derechos humanos que sufrieron los habitantes de esa región, a consecuencia de esa medida de presión.

La institución cruceña denunció al Gobierno ante la comunidad internacional, “que utilizando a la justicia como su brazo represor, está iniciando procesos penales contra líderes y miembros del Comité Interinstitucional” (sic), señala parte del comunicado.

Según el comité cívico, es acción se ejecuta “solo por haber cumplido el mandato del pueblo”, en referencia a la medida de presión que se llevó a cabo por más de un mes.

Lea más: Cuéllar asegura que está en condiciones de presentar 2 millones de testigos

A fines de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, y horas después el paro se levantó.

En tanto, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, negó una persecución política y demandó a los operadores de justicia “activar lo antes posible” las demandas presentadas contra los promotores de esa medida de presión.

En su criterio, se deben asumir medidas legales ante la violación de derechos humanos y delitos cometidos durante los 36 días del paro, a fin de “sentar un precedente”.

“El actuar de la Justicia tiene que garantizar a todos los ciudadanos, en toda circunstancia, ya sea en movilización pacífica o reivindicación, a que no se vulnere sus derechos a su integridad física, a su vida, ni tampoco a sus bienes, la justicia tiene que activarse lo más pronto posible y sentar un precedente”, enfatizó.

Durante el paro se reportaron cuatro muertos, más de 180 heridos, una violación grupal en un punto de bloqueo cívico, cobros en los puntos de bloqueo, quema de la sede de los campesinos y el saqueo de la Central Obrera Departamental (COD).

Asimismo, dueños de negocios denunciaron agresiones contra quienes que se resistían a paralizar sus labores.

Además, grupos violentos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) atacaban a vecinos del Plan 3.000 que no acataron la medida.

La pasada semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la admisión de la denuncia contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico, Rómulo Calvo.

En ese marco, se los acusó de ser los principales promotores de los hechos de violencia y vulneraciones a los derechos humanos reportados durante el paro cívico en Santa Cruz.

De inicio, los movilizados demandaban el Censo para 2023, no obstante, del comité cruceño terminó aceptando la decisión del Gobierno de fijar, sobre la base de un estudio técnico, el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024, como señala el decreto 4824.

Comparte y opina:

El Gobierno descarta un proceso contra Evo Morales por el fallo de la CIJ sobre el Silala

La postura surgió luego que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) apuntó al exmandatario como principal responsable del dictamen que —en su criterio— es adverso para el país, por lo que anunció un proceso penal en su contra.

El ministro de Justicia, Iván Lima. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 5 de diciembre de 2022 / 23:12

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el Gobierno no activará ningún proceso en contra del expresidente Evo Morales por el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre el Silala.

La postura surgió luego que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) apuntó al exmandatario como principal responsable del dictamen que —en su criterio— es adverso para el país, por lo que anunció un proceso penal en su contra.

“Como gobierno nacional, no solamente que no vamos a emprender ninguna persecución como la que se señala, sino, todo lo contrario, estamos viendo para el futuro, para garantizarle al pueblo potosino y al pueblo de Bolivia que este fallo de la justicia llegue al mejor resultado posible”, indicó la autoridad.

Lea más: Comisión potosina revisará el fallo sobre el Silala y preparará un proceso contra Morales

“Hay la libertad de criterio de Comcipo y de los diferentes actores que tengan que tomar determinaciones sobre esta temática”, agregó.

Roxana Grass, presidenta de Comcipo, anunció la pasada semana que conformarán una comisión para evaluar el fallo de la CIJ y preparar una demanda contra el expresidente Morales.

Según la dirigente, el exmandatario tuvo la responsabilidad de encaminar el proceso (en septiembre de 2018), durante su mandato, pero no presentó los suficientes sustentos para encarar el juicio.

Bolivia pidió a la CIJ establecer que “Chile no tiene derecho a ese artificial caudal” del Silala, sin embargo, la Corte no halló sustancia para pronunciarse al respecto; en criterio de Comcipo, se trata de una “derrota”.

Ante ese escenario, se anunció una demanda penal en contra de Morales por los delitos de traición a la patria e incumplimiento de deberes.

La pasada semana, la Corte definió también que Bolivia y Chile tienen “derecho al uso equitativo y razonable” de las aguas del Silala, ubicado en Quetena, provincia Sud Lípez de Potosí.

Además, reivindicó la soberanía de Bolivia sobre el afluente y los canales artificiales, y definió que el acuífero es “de curso internacional”.

Según el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, vocero de la causa, el fallo dejó “satisfechos” a ambos países.

Consideró además que la soberanía de Bolivia sobre las aguas del Silala “es tan de Bolivia, que Bolivia podría volver a los bofedales y canales a su estado natural”.

Sin embargo, en criterio de Comcipo, el fallo no se pronunció sobre el fondo de la demanda, ya que hubo un acuerdo entre Bolivia y Chile de reconocer que las aguas que están en Potosí son de cauce internacional.

Según Lima, los jueces de La Haya determinaron que el objeto de la controversia no podía ser decidido por ellos, porque las partes tomaron una determinación “a partir de un trabajo científico-jurídico” que permite a Bolivia definir un “ámbito de trabajo posterior” con Chile.

“Como Gobierno nacional respetamos la decisión de los jueces y, definitivamente, ninguna determinación de la justicia internacional puede generar ninguna otra consecuencia, que no sea ver para el futuro”, argumentó Lima.

El 6 de junio de 2016, Chile demandó a Bolivia, ante la CIJ, para pedir que ese tribunal declare que el Silala es un río de “curso de agua internacional y que Chile tiene derecho a usar sus aguas, conforme al principio del uso razonable y equitativo”.

Históricamente, esa postura fue rechazada por Bolivia, por lo que en septiembre de 2018 el país presentó una contrademanda para que se le reconozca la “soberanía plena” sobre esas aguas, incluidos los canales artificiales construidos desde 1908.

Durante los más de seis años del juicio, ambos países presentaron sus respectivos argumentos, a través de réplicas y dúplicas para que sean evaluadas por los jueces de la Corte.

El jueves 1 de diciembre, el litigio llegó a su fin cuando la CIJ emitió el fallo, que el Gobierno calificó como satisfactorio, mientras que la oposición política y otros sectores, como los cívicos potosinos, lo calificaron como una derrota.

Comparte y opina:

Tribunal rechaza amparo y ratifica que Áñez será juzgada por la vía ordinaria en el caso EBA

La defensa de la expresidenta analiza la presentación de una denuncia en el ámbito internacional, en el entendido que en Bolivia ya se agotaron las instancias legales correspondientes y ya no queda nada por hacer en el ámbito judicial.

La entonces presidenta Áñez discursa durante un acto oficial. Foto: ABI.

Por Luis Mealla

/ 5 de diciembre de 2022 / 20:14

Un tribunal de La Paz rechazó este lunes el amparo constitucional presentado por la expresidenta transitoria Jeanine Áñez; con ese veredicto, se ratifica que será juzgada por la vía ordinaria en el caso denominado EBA.

“Con este amparo se buscaba que la exmandataria sea juzgada por juicio de responsabilidades, sin embargo, la sala constitucional ha determinado que no existían elementos probatorios de que hubiera asumido la presidencia del Estado y se ha declarado improcedente esta acción”, explicó el abogado Luis Guillén.

La defensa de la expresidenta, ahora, analiza la presentación de una denuncia en el ámbito internacional, en el entendido que en Bolivia ya se agotaron las instancias legales correspondientes y ya no queda nada por hacer en el ámbito judicial.

“Ahora, estamos esperando todos los antecedentes, incluyendo la resolución de esta jornada, y luego se presentará la denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, anunció Guillén.

A través de este recurso, se buscaba dejar sin efecto la resolución, emitida en octubre, que establece que Áñez debe ser procesada por la vía ordinaria, por la presunta designación irregular de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

Lea más: Juez rechaza recurso de Áñez y decide que el caso EBA se ventile en la justicia ordinaria

La Justicia asumió esa determinación debido a que Áñez “no acreditó de manera documentada” que en 2019, tras la renuncia del presidente Evo Morales, “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”.

En ese marco, justificó que “la asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley 044.

PROCESO

En mayo de 2020, Áñez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de EBA.

El año pasado, la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia Institucional impulsaron un proceso en su contra, pues denunciaron que esa posesión fue irregular debido a que Leiva Áñez no cumplía con los requisitos para asumir el cargo.

En consecuencia, el Ministerio Público imputó a la exmandataria por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.

En el marco de este caso, el viernes también se desarrolló una audiencia de medidas cautelares, sin embargo, fue diferida para el 6 de enero, luego que la defensa de Áñez presentó un recurso de “actividad procesal defectuosa” que fue rechazado por un juzgado.

“Esto implica que la imputación sigue vigente y se ha dispuesto la audiencia para el 6 de enero, a las 10.00 (…). El Ministerio Público ha formalizado la solicitud de detención preventiva en el presente caso”, explicó el fiscal Franklin Alborta.

De manera paralela, Áñez también es juzgada por los casos Golpe de Estado I y II.

En este último proceso, que también se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de este año.

DEMANDA

En estos tres procesos, la exmandataria no logró ser sometida a juicio de responsabilidades, pese a que en el caso EBA, en abril de este año, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó que corresponde un juicio de privilegio, lo que requiere la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sin embargo, cuatro meses después, la Sala Constitucional de La Paz dejó sin efecto esa determinación.

La expresidenta está recluida en la cárcel de Miraflores de La Paz, donde también aguarda el juicio por el caso denominado Golpe de Estado I, en el que fue denunciada por el delito de terrorismo.

Ese proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en su proclamación como presidenta, el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales, durante los conflictos sociales y políticos derivados de un presunto fraude en los comicios generales de ese año.

Según la investigación de la Fiscalía, Áñez llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica.

Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado.

Morales dimitió asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

Comparte y opina:

Ministro Montaño afirma que el presidente Arce es atacado por ‘enemigos internos y externos’

“Hay enemigos internos y hay enemigos externos, y el hermano presidente Lucho está siendo atacado, y como ministros vamos a realizar toda la defensa correspondiente contra las mentiras que se está diciendo”, afirmó.

El Ministro de Obras Públicas Servicios y Viviendas. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 5 de diciembre de 2022 / 19:16

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirmó que el presidente Luis Arce recibe ataques de “enemigos internos y externos”, en momentos que la división y las críticas dentro del MAS se han hecho más evidentes.

“Hay enemigos internos y hay enemigos externos, y el hermano presidente Lucho está siendo atacado, y como ministros vamos a realizar toda la defensa correspondiente contra las mentiras que se está diciendo”, afirmó.

Arce es objeto de críticas por parte de legisladores y políticos de la denominada ala “evista”, afines al expresidente Evo Morales.

Lea más: Ministra Prada asegura que las diferencias en el MAS serán resueltas internamente

El mes pasado, desde la dirigencia nacional del MAS acusaron al Mandatario de haber instruido el uso de banderas rojas, del PS-1, en lugar de los emblemas azules, característicos del partido de gobierno.

Luego, durante el debate, aprobación y promulgación de la Ley del Censo, se lo acusó a él y a los legisladores denominados “renovadores” de “traidores” y de haber “pactado” con la derecha para la puesta en marcha de esa norma.

El senador Leonardo Loza (MAS) aseguró que en el partido no hay ninguna fractura, solo “algunos vendidos que no deciden la unidad” de ese partido.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS), afirmó que la Ley del Censo se aprobó para pacificar Santa Cruz, que protagonizó 36 días de paro indefinido, y negó un pacto con la derecha.

Ante este escenario de crisis interna, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, indicó que esas diferencias y conflictos serán resueltos internamente.

“Vamos a hablarlas y resolverlas internamente como corresponde”, afirmó la mañana de este lunes.

Horas más tarde, el ministro Montaño dijo que los ataques en contra de Arce son constantes, tanto desde dentro del partido como al interior del Gobierno.

“Lamentablemente, (esos enemigos) se esconden en las redes sociales y los vamos a identificar y les vamos a aclarar y les vamos a decir la verdad”, afirmó.

“Es una gran mentira, es un ataque frontal a nuestro Presidente y en ese efecto vamos a defender nuestro proceso de cambio, y la lealtad que tenemos a nuestra bandera y al MAS”, agregó Montaño, sobre las acusaciones de haber optado por la bandera del PS-1, en diferentes concentraciones.

Comparte y opina:

Tribunal rechaza amparo y ratifica que Áñez será juzgada por la vía ordinaria en el caso EBA

“Con este amparo se buscaba que la exmandataria sea juzgada por juicio de responsabilidades, sin embargo, la sala constitucional ha determinado que no existirían elementos probatorios de que hubiera asumido la presidencia de Estado”, explicó el abogado Luis Guillén.

La expresidenta transitoria Jeanine Áñez.

/ 5 de diciembre de 2022 / 19:12

Un tribunal de La Paz rechazó este lunes el amparo constitucional presentado por la expresidenta Jeanine Áñez; con ese veredicto, se ratifica que será juzgada por la vía ordinaria en el caso denominado EBA.

“Con este amparo se buscaba que la exmandataria sea juzgada por juicio de responsabilidades, sin embargo, la sala constitucional ha determinado que no existirían elementos probatorios de que hubiera asumido la presidencia de Estado”, explicó el abogado Luis Guillén.

Lea más: El lunes, Áñez buscará un amparo para ir a juicio de responsabilidades por el caso EBA

Con el amparo se buscaba dejar sin efecto la resolución, emitida en octubre, que establece que Áñez debe ser procesada por la vía ordinaria, por la presunta designación irregular de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), en 2019.

Noticia en desarrollo….

Comparte y opina:

Últimas Noticias