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Wednesday 30 Nov 2022 | Actualizado a 01:20 AM

Nuevo Defensor: Lo primero será, dijo, ‘recuperar la confianza’ de la población

Habrá cambios de delegados, de personal y una posible auditoría.

El vicepresidente David Choquehuanca junto al defensor Pedro Callisaya.

Por Luis Mealla y Milenka Rivera

/ 28 de septiembre de 2022 / 04:04

En su primera conferencia de prensa, el nuevo defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, anunció un “relanzamiento” y reestructuración de la Defensoría. Resumió su tarea en que la institución debe “recuperar la confianza de la población”.

En su primera comparecencia ante los medios, en la tarde de ayer, Callisaya dijo que la labor de “recuperar la confianza” de la población en la institución será en función de una lógica de “puertas abiertas” para defender los derechos humanos “sin distinción”.

En la mañana, cuando fue posesionado, también había dicho que es necesario fortalecer la sinergia entre el pueblo, la institución, las organizaciones sociales y los organismos internacionales.

“Es importante recuperar la relación entre el pueblo organizado, las instituciones de la defensa de los derechos humanos, las entidades estatales y las organizaciones internacionales para construir herramientas que nos permitan fortalecer la protección de los derechos humanos”, señaló Callisaya.

En el ámbito administrativo, el nuevo Defensor anunció que se “agradecerá” los servicios prestados por el personal adjunto que trabajó durante el interinato de Nadia Cruz, además de que se nombrará a nuevos delegados defensoriales para los nueve departamentos.

En ese marco, aseguró que se respetará “la meritocracia” para esas designaciones y que se posesionarán “nuevas autoridades”, que deben trabajar en función de una “dinámica institucional” diferente, para una “efectiva defensa” de los derechos humanos.

Además, “vamos a hacer un proceso de evaluación interna, no solo al personal o a los funcionarios, sino a la gestión misma de la institución, para construir una nueva lógica de trabajo. Es importante hacer un diagnóstico y una evaluación institucional, desde la perspectiva administrativa y funcional, para realizar el trabajo”, enfatizó el defensor Callisaya.

AUDITORÍA.

Sobre la posibilidad de una auditoría, dijo que si amerita “la vamos a realizar, en la medida en que sea necesaria”.

“Estamos en una institución debilitada económicamente, tenemos un presupuesto que supera el 70% en sueldos, que no son extremadamente altos, en comparación con otros órganos del Estado. Hay que mirar esa debilidad institucional”, enfatizó.

Tras una polémica designación en la Asamblea Legislativa, el viernes 23, Callisaya se refirió a su elección “criticada por muchos”, por lo cual pidió el beneficio de la duda, creer en “la coherencia básica, que es la gestión”.

“La gestión va a demostrar cuál es la identidad del suscrito Defensor del Pueblo, que tiene la opción de reajustar su identidad en los derechos humanos de todos los bolivianos”, resaltó.

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Cívico cruceño afirma que ‘comisión de notables’ ya analiza la relación de Santa Cruz con el Estado

Se trata de uno de los mandatos del cabildo cruceño del pasado 13 noviembre, en el que también se exigió la aprobación de una Ley del Censo, norma que este martes fue sancionada en el Senado.

El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz. Foto: CPSC.

Por Luis Mealla

/ 29 de noviembre de 2022 / 22:57

El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó la tarde de este martes que una “comisión de notables” ya inició el trabajo para analizar la relación entre Santa Cruz y el Estado boliviano.

Se trata de uno de los mandatos del cabildo cruceño del pasado 13 noviembre, en el que también se exigió la aprobación de una Ley del Censo, norma que este martes fue sancionada en el Senado.

“Se está trabajando en todos los aspectos, es un equipo multidisciplinario donde hay abogados, sociólogos, hay gente de todas las profesiones (…). Aquí se está hablando del área productiva, del área tecnológica, de todo lo que Santa Cruz es y hacia dónde va ir”, explicó el dirigente cívico.

Lea más: ¿Revisar la relación Santa Cruz-Estado? Eso es federalismo

Agregó que, de momento, los nombres de esos “notables” se los mantendrá en reserva y que “pronto” se darán a conocer los avances que tiene esa comisión.

“El trabajo ya está avanzando, hemos decidido en un cabildo fijar un nuevo horizonte para todos los bolivianos que viven en Santa Cruz, y por eso el proyecto está avanzando, está en curso y en su momento se conocerá a las personas”, reiteró Cochamanidis.

La pasada semana, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, explicó —de manera escueta— que esa propuesta es una forma de decir que “vamos a buscar la forma de autodeterminarnos”.

Para el Gobierno, esa determinación quedó “fuera de contexto”, pues además del decreto 4824, que fija el Censo para el 23 de marzo de 2024, el debate para solucionar esta crisis se dilucidó en el Legislativo.

En ese escenario, se sancionó este martes la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.

La propuesta pasó al Ejecutivo para su correspondiente promulgación.

En función a esa norma, en septiembre de 2024, se realizará la redistribución de los recursos de coparticipación a los nueve departamentos y se realizará la reasignación de escaños, para las elecciones generales del 2025.

Si bien el conflicto por el Censo ya fue superado, las instituciones cruceñas anunciaron que aún está en pie el mandato del cabildo: revisar la relación con el Estado.

El asesor del Comité Interinstitucional, José Luis Santiestevan, explicó que esto implica analizar las labores que desempeña la Policía, Fiscalía, Justicia, el Defensor del Pueblo, Contraloría y otras entidades.

Asimismo, se prevé hacer un diagnóstico de la “autonomía profundizada, diferenciada, segmentada por departamentos o una forma o cambio de modelo de Gobierno”.

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El Gobierno sobre mercado de coca ‘paralelo’: No podemos clausurar algo que no hemos abierto

El viceministro del área, Arlem Lovera, delegó al municipio de La Paz la responsabilidad de asumir las acciones correspondientes, al tratarse de una actividad comercial.

La actividad comercial en el mercado de Villa El Carmen. Foto: Rodwy Cazón.

Por Luis Mealla

/ 29 de noviembre de 2022 / 21:42

El Gobierno, a través del Viceministerio de la Coca, afirmó que no tiene tuición de clausurar el mercado “paralelo” de coca, de Villa El Carmen, administrado por Arnold Alanes, quien se arroga el liderazgo de un bloque de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca).

El viceministro del área, Arlem Lovera, delegó al municipio de La Paz la responsabilidad de asumir las acciones correspondientes, al tratarse de una actividad comercial.

“No podríamos clausurar algo que no hemos abierto, algo que no hemos autorizado, como Viceministerio de la Coca no hemos autorizado su funcionamiento (…). En el marco de las autonomías, también está la alcaldía, que debería tomar acciones”, afirmó la autoridad.

Lea más: El mercado ‘paralelo’ de Villa El Carmen de La Paz reanuda la venta de coca

Una disputa, que data de 2021, por asumir el control de Adepcoca derivó en que esa asociación se divida en dos bloques, uno liderado por Alanes y otro, controlado por Freddy Machicado.

Ante esa situación, Alanes y un grupo de productores de coca determinaron abrir su propio mercado, al que Machicado denominó como “paralelo e ilegal”, pues en su criterio el único centro de abasto reconocido por la norma es el que está en Villa Fátima.

En ese marco, se registraron enfrentamientos entre ambos bloques: Machicado pedía al Gobierno el cierre inmediato de ese mercado, mientras que Alanes solicitaba que se reconozca la legalidad de esa actividad.

Este conflicto derivó en la toma violenta de ese centro de abasto, el 8 de septiembre, cuando cocaleros afines a Machicado (quien está en la cárcel por este caso), ingresaron a ese mercado, donde realizaron destrozos, incendios, además de agresiones a mujeres, niños y policías.

Por este caso, la Fiscalía libró 15 mandamientos de aprehensión en contra de los principales líderes de Adepcoca.

El 10 de octubre, el denominado mercado “paralelo” reabrió sus puertas para comercializar la hoja de coca, en medio de las investigaciones que las autoridades realizan por este caso y la protesta por parte del bloque de Machicado.

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Cuéllar expresa conformidad y pide pronta promulgación de la Ley del Censo

“Nos deja conforme que el Senado haya sancionado esta ley y ahora falta un paso más, que el Presidente (Luis Arce) promulgue la norma, lo cual daría certidumbre al pueblo boliviano y al pueblo cruceño”, enfatizó el representante del comité cruceño.

El rector cruceño Vicente Cuéllar. Foto: Roberto Guzmán

/ 29 de noviembre de 2022 / 17:28

El representante del Comité Interinstitucional de Santa Cruz y rector universitario, Vicente Cuéllar, expresó su conformidad por la sanción de la Ley del Censo en el Senado y pidió celeridad al Ejecutivo para poner en vigencia la norma.

“Nos deja conforme que el Senado haya sancionado esta ley y ahora falta un paso más, que el Presidente (Luis Arce) promulgue la norma, lo cual daría certidumbre al pueblo boliviano y al pueblo cruceño”, enfatizó Cuéllar.

Lea más: El Senado sanciona la ley del Censo y evita intentos de bloqueo de la línea ‘evista’

El representante hizo esas afirmaciones, la tarde de este martes, luego que el Senado sancionó la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.

En función a esa norma, en septiembre de 2024 se realizará la redistribución de los recursos de coparticipación a las regiones y se realizará la reasignación de escaños, rumbo a las elecciones generales de 2025.

En primera instancia, el proyecto de ley fue aprobado, el fin de semana, por la Cámara de Diputados. Ante ese escenario, el comité cruceño determinó un cuarto intermedio en el paro indefinido, que hasta entonces llevaba 36 días.

“Estamos en cuarto intermedio, en emergencia, falta que se promulgue la ley, esto ha avanzado rápidamente, está en manos del Presidente y estamos confiados que será en el menor tiempo posible”, insistió entonces Cuéllar, quien llegó a La Paz para participar en una reunión de autoridades universitarias.

Con dispensación de trámite, la Cámara de Senadores sancionó la Ley del Censo. Con 22 votos, de 36 senadores, la norma fue aprobada en su estación en grande. Luego siguió el procedimiento en detalle, donde fue avalada por 21 legisladores.

La ley, que deberá ser vetada o promulgada por el presidente Arce en los plazos constitucionales, no afecta la fecha del Censo, 23 de marzo de 2024, definida en el Decreto Supremo 4824.

Durante la sesión, el Gobierno propuso instaurar procesos en contra de Cuéllar; el líder cívico Rómulo Calvo; y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a quienes se apuntó como los principales promotores de la crisis cruceña.

Al respecto, Cuéllar argumentó que esa medida de presión fue definida por un cabildo y no así por determinaciones de índole personal.

“Nosotros asumimos una medida producto de un cabildo, donde plantearon el paro indefinido (…). Al final, ganó Bolivia porque el censo no es para los cruceños, va favorecer a todos, principalmente a 256 municipios que tienen menos habitantes”, argumentó.

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Diputados del MAS apunta a Romero y Quintana como promotores de un ‘segundo golpe de Estado’

Andrés Flores afirmó que Quintana llamó a una persona cercana al presidente Luis Arce, para advertirle que el mandato del actual Jefe del Estado solo durará hasta mayo de 2023.

Los dos exministros de la administración de Evo Morales. Foto: Archivo La Razón.

Por Luis Mealla

/ 28 de noviembre de 2022 / 23:23

Desde la bancada nacional del MAS en Diputados, apuntaron a los exministros Juan Ramón Quintana y Carlos Romero como los principales promotores de un “segundo golpe de Estado”, durante la crisis por el Censo, cuyo epicentro fue Santa Cruz.

“Sabemos bien que en Santa Cruz querían que haya más muertos y responsabilizar a nuestro gobierno (…) sabemos bien que el plan del señor Romero y Quintana era dar un segundo golpe de Estado, continuar con el conflicto de Santa Cruz”, afirmó el jefe de bancada nacional del MAS en Diputados, Andrés Flores.

Incluso, la autoridad legislativa afirmó que Quintana llamó a una persona cercana al presidente Luis Arce, para advertirle que el mandato del actual Jefe del Estado solo durará hasta mayo de 2023.

Lea más: Morales apunta a correligionarios de pretender ‘dividir’ y ‘destruir’ el proceso de cambio

“No vamos a dar nombres (de a quiénes ha llamado), hay pruebas. Por lo tanto, Quintana no puede decir que es una acusación, de ninguna manera. Quintana llamó a esta persona y le dio hasta mayo, que el Gobierno va a durar hasta mayo, que el Gobierno del hermano Lucho va durar hasta mayo de 2023”, denunció Flores, según una publicación de Correo del Sur.

El diputado del MAS hizo esas afirmaciones en momentos que la Asamblea Legislativa realiza el tratamiento de la Ley del Censo.

El fin de semana, Diputados aprobó la ley que garantiza la aplicación de resultados del Censo, tanto para la redistribución de recursos, desde septiembre de 2024, como para la reasignación escaños legislativos, para las elecciones generales del 2025.

La propuesta pasó al Senado, que convocó a sesión plenaria para este martes, a fin de realizar el tratamiento del proyecto denominado “Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral”.

Horas después de la aprobación en Diputados, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, determinó un cuarto intermedio del paro indefinido, que cumplía entonces 36 días.

El tratamiento de la propuesta generó discrepancias entre los legisladores del MAS, unos que responden a la corriente de Evo Morales y otros, al mandatario Luis Arce.

“Por eso que dicen que somos traidores (…). De ninguna manera, si bien el pueblo boliviano nos ha confiado, (nuestra misión) es trabajar por el pueblo boliviano, no nos debemos a una persona, sino, al pueblo”, enfatizó Flores.

Empero, el senador oficialista Leonardo Loza (de la línea evista) afirmó que el proyecto atenta contra la cantidad de representantes que tendrán algunas regiones tras el Censo, previsto para el 23 de marzo de 2024.

“Voy a votar en contra de esa ley y voy a pedir el voto nominal, que los que votamos que voten de frente al pueblo con nuestro argumento (…). Considero que esa ley es atentatoria a distintos departamentos del país, principalmente al altiplano”, afirmó.

En ese contexto, se realizará la sesión de este martes, pues dependerá de la sanción y posterior promulgación de la ley, para dar por cerrada la crisis en el departamento cruceño, donde se habría gestado otro golpe de Estado, propiciado por dos exministros, según Flores.

En criterio del Gobierno, en 2019, se ejecutó un “golpe de Estado” contra el presidente Evo Morales, luego de protestas cívicas, un motín policial y la presión de los militares, en medio de una crisis política, luego que se denunció un fraude en las elecciones generales de ese año.

Tras la renuncia de Morales, la entonces senadora de oposición Jeanine Áñez se «autoproclamó» como presidenta del Estado, a lo que las actuales autoridades denominan como una “ruptura constitucional”, pues asumió el cargo sin aval del Legislativo.

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El canciller Mayta estará en La Haya para oír el fallo de la CIJ sobre el Silala

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó que el Ministro de Relaciones Exteriores tomará conocimiento de la sentencia, y que en función a ello, el Gobierno emitirá una posición al respecto.

Los jueces de la Corte en el Palacio de la Paz. Foto: CIJ.

Por Luis Mealla

/ 28 de noviembre de 2022 / 22:28

El canciller Rogelio Mayta liderará la misión boliviana que estará en La Haya, este 1 de diciembre, para oír el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el juicio por el Silala.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó que el Ministro de Relaciones Exteriores tomará conocimiento de la sentencia, y que en función a ello, el Gobierno emitirá una posición al respecto.

“Va ir una delegación de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer seguimiento y conocer lo que va a determinar la Corte”, anunció Prada.

“Estamos expectantes de lo que vaya a suceder y una vez se conozca (el fallo) vamos a emitir nuestra posición”, agregó.

Lea más: El 1 de diciembre, la CIJ hará conocer el fallo del juicio por el Silala

La lectura de la sentencia en el caso denominado “Disputa sobre el estatus y uso de las aguas del Silala entre Chile y Bolivia”, está programada para las 15.00 (hora de La Haya), es decir, a las 10.00 (hora de Bolivia).

El 6 de junio de 2016, Chile demandó a Bolivia, ante la CIJ, para pedir que ese tribunal declare que el Silala es un río o “curso de agua internacional y que Chile tiene derecho a usar sus aguas, conforme al principio del uso razonable y equitativo”.

En ese marco, Santiago solicitó a la CIJ declare que su uso actual cumple con este principio, “sin desconocer que Bolivia, como país ribereño, también tiene derecho a un uso razonable y equitativo”.

Históricamente, esa postura fue rechazada por Bolivia, por lo que en septiembre de 2018 el país presentó una contrademanda para que se le reconozca la “soberanía plena” sobre esas aguas, incluidos los canales artificiales construidos desde 1908.

Durante los más de seis años del juicio, ambos países presentaron sus respectivos argumentos, a través de réplicas y dúplicas para que sean evaluadas por los jueces de la Corte.

El argumento legal boliviano es que el Silala está compuesto de aguas subterráneas que emergen de más de 100 vertientes u “ojos de agua”, ubicados al sudoeste de Potosí.

Bolivia sostiene también que ese recurso fue canalizado de manera artificial desde 1908, merced a una concesión en favor de The Antofagasta Railway Company Limited.

El objetivo era alimentar sus locomotoras a vapor, pero cuando la compañía cambió por motores a diésel, en 1961, transfirió el uso de las aguas al Estado chileno.

Se ha pedido a la CIJ “que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales, y los mecanismos de drenaje en el Silala, que están ubicados en su territorio, y tiene el derecho soberano a decidir cómo los mantendrá”, afirmó, en 2018, el entonces presidente Evo Morales, tras presentar la contrademanda.

En marzo de este año, el mandatario Luis Arce expresó su confianza en los argumentos de Bolivia para reafirmar la soberanía sobre el Silala y apeló al diálogo que se pueda entablar con la nueva administración de presidente chileno, Gabriel Boric.

“Estamos esperanzados que así se haga, hay voluntad por parte del presidente Boric, hemos manifestado llevar adelante el nuevo reimpulso con Chile. Somos vecinos, nos unen muchas cosas”, afirmó el Presidente.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde 1978 y hasta la fecha enfrentaron dos juicios.

El primero, fue la demanda marítima en busca de retornar al Pacífico con soberanía, sin embargo, el veredicto de 2018 no favoreció al país.

El segundo litigio está referido al uso de las aguas del Silala, cuyo dictamen se conocerá este jueves 1 de diciembre.

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