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Wednesday 30 Nov 2022 | Actualizado a 12:39 PM

Se cierra en Santa Cruz el paso al diálogo e incluso el debate sobre al Censo

El Comité Interinstitucional, legisladores de Creemos y el mismo Comité pro Santa Cruz sostienen la idea de fin de la discusión sobre el Censo en 2023.

Rómulo Calvo, en el cabildo del viernes. Foto: APG

/ 3 de octubre de 2022 / 17:07

Al menos tres corrientes en Santa Cruz comienzan a cerrarle el paso a la posibilidad de diálogo, e incluso debate, sobre el Censo sino es en 2023.

De acuerdo con el acta de la mesa técnica de Santa Cruz del 15 de agosto, está pendiente aún un nuevo encuentro entre representantes regionales y el Gobierno.

Aquel día, el punto 5 definió otra mesa técnica, una vez que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) termine la socialización del Censo de Población y Vivienda 2024 en las regiones.

Mesa del 11

El viernes, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, citó para el 11 de octubre, en La Paz, al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar; al alcalde de la capital, Jhonny Fernández, y a la Asociación de Municipios de Santa Cruz.

Como estaba comprometido en el acta de agosto, a la reunión también serán convocados representantes de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), como parte de la Mesa de Expertos que acompaña el proceso.

Sin embargo, esa cita aparenta hacer aguas debido a distintas posiciones expresadas desde la dirigencia de Santa Cruz que promueve la posición del Censo en 2023.

Debate suspendido

La mañana de este lunes, un debate televisivo que el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, desafió al vocero presidencial Jorge Richter quedó en nada.

La contraorden llegó del mismo Cuéllar, coordinador del Comité Interinstitucional por el Censo en Santa Cruz, a horas del debate anunciado en DTV para las 19.30 de este lunes.

Calvo “no tiene en este momento el aval del Comité Interinstitucional para que pueda asistir a un debate sobre aspectos técnicos”, dijo el rector de la UAGRM.

Cuéllar se refirió al debate que el dirigente cívico desafió a Richter el sábado, al día siguiente que el cabildo del viernes 30 de septiembre conminó al Gobierno a definir fecha del Censo para 2023.

Desafío

“Yo le hago un desafío público, una defensa de trabajo técnico y científico, para ver quién tiene la razón”, dijo Calvo en un cruce verbal con Richter en el canal de Junior Arias.

Legisladores de Creemos, la alianza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se expresaron en la misma línea.

Puede leer: Calvo desafió, pero ‘no está autorizado’ para un debate sobre el Censo con Richter

Instaron a que “no debe tergiversarse con discursos ni debates políticos” las resoluciones del cabildo. Así, pidieron a Calvo “a no acceder a provocaciones absurdas y que son meramente distrativas”.

Firmaron un comunicado Centa Rek, Erwin Bazán, Tatiana Áñez, Walthy Egüez, Henry Montero, María René Álvarez y Khaline Moreno.

Asamblea

En la Asamblea Departamental de Santa Cruz el criterio es similar.

Si bien la secretaria general, Paola Aguirre, dijo que “ojalá que en estos días que quedan exista verdaderos acercamientos”, su posición es respetar las decisiones del cabildo.

“Ya se ha llegado al máximo nivel de deliberación que legitima la posición de Santa Cruz”, aseguró en La Razón Radio en relación de las decisiones de la concentración del Cristo Redentor.

¿De cierra al diálogo?

Consultada sobre si eso implica cerrarle el paso al diálogo, la asambleísta respondió: “No, pero no con las condiciones que el Gobierno imponga”.

“Si el Gobierno dice que la propuesta de Santa Cruz no es viable, ¿qué quiere?”, cuestionó.

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La semana pasada, Cuéllar puso condiciones a la convocatoria de Cusicanqui para la mesa técnica del 11 de octubre. Citó la necesidad de una reunión televisada, con el desglose del cronograma del INE y la publicación de la lista de técnicos del Gobierno.

Mientras el Comité Interinstitucional, con apoyo del Comité pro Santa Cruz y la Gobernación, insiste en Censo en 2023, el INE continúa con las tareas de la fase precensal de 2024.

El Decreto Supremo 4760 definió la postergación del Censo —inicialmente previsto para el 16 de noviembre de 2022— para mayo a junio de 2024.

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Cuéllar descarta ‘acercamiento o unidad’ entre representantes de distintos partidos políticos

La promulgación de la Ley del Censo confirmó las discrepancias que en la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, en diálogo con los periodistas.

/ 30 de noviembre de 2022 / 11:00

Al expresar su conformidad por la sanción de la Ley del Censo en el Senado, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, descartó un posible acercamiento entre legisladores de distintas bancadas, como fue insinuado por algunos senadores y diputados.

“No creo que haya acercamiento o unidad entre los representantes de los distintos partidos políticos; creo que ellos han hecho su trabajo y cumplieron su rol”, dijo este miércoles a los periodistas.

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El martes fue sancionada en la Cámara de Senadores la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 y se espera que el presidente Luis Arce la promulgue.

El también representante del Comité Interinstitucional de Santa Cruz destacó que senadores de oposición y oficialismo viabilizaron dicha sanción.

“Son legisladores y cuando van en representación de la población al parlamento, allá deben despojarse de sus colores políticos y partidarios y trabajar en bien de la población”, acotó.

Con dispensación de trámite, el Senado sancionó la Ley del Censo con 22 votos, de 36 senadores. La norma fue aprobada en su estación en grande, luego en detalle, donde fue avalada por 21 legisladores.

Traidores

A pesar de que los legisladores cruceños expresaron su beneplácito por la sanción y aseguraron que “ahora sí” Santa Cruz se pacificará luego de 36 días de paro, la noticia no cayó nada bien al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Uno de los que cuestionó el tratamiento de la ley fue el expresidente Evo Morales, quien consideró permanente que quienes apoyaban la ley eran “traidores” y había un “pacto de impunidad” con los “golpistas”.

Este miércoles, expresó “su respeto y agradecimiento” a los legisladores “leales a los principios del MAS” y por negarse “a pactar con Mesa y Camacho en el Legislativo, pese a presiones y amenazas de los traidores que dividieron la bancada para entregar la mayoría y hegemonía a la derecha golpista”.

Otra bancada

El senador Leonardo Loza, integrante del ala “evista”, también expresó su rechazo.

“Estoy un poco preocupado, confundido, creo que hoy (martes) nació otra bancada, verdad. Ojalá que todas las leyes que vengan de nuestro presidente (Luis Arce) se aprueben de esta manera”, dijo en el pleno el martes.

“Estoy confundido, presidente (del Senado), sorprendido por lo que ha ocurrido hoy. Me ponía a pensar, creo que hay otra nueva bancada, no sé qué hará mi jefe de bancada del MAS”, insistió.

Esta ley no afecta la fecha del Censo, 23 de marzo de 2024, definida en el Decreto Supremo 4824.

Cuéllar finalizó indicando que la promulgación de la ley dejaría tranquilos a los cruceños y a los bolivianos

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Silala: Bolivia defiende con argumentos científicos

Nacional. Mañana se conocerá el fallo de la demanda internacional.

Aguas del manantial del Silala

/ 30 de noviembre de 2022 / 05:25

El politólogo Antonio Gómez afirmó que Bolivia sentó jurisprudencia al defender con argumentos científicos la naturaleza del Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Ese proceso concluirá este 1 de diciembre con la lectura de la sentencia.

“Bolivia ha dicho ‘hagamos un estudio científico y que el estudio científico vea quién tiene la razón’; esto está sentando jurisprudencia y esa es la manera de razonar que tiene Bolivia”, afirmó a Patria Nueva, según un reporte de la estatal ABI.

El país «ha ido a enfrentar el juicio no con opiniones políticas ni geopolíticas», agregó.

Gómez señaló que este hito que está marcando el país permitirá resolver a futuro los temas pendientes que se mantiene con Chile.

“Tenemos 20 ríos que van de Bolivia a Chile, tenemos el asunto del Lauca», dijo.

«Entonces a futuro nosotros planteamos que hay que resolver científicamente, sin posiciones políticas, sin posiciones antojadizas, estamos sentando jurisprudencia”, insistió.

En opinión del analista, el fallo que la Corte Internacional de Justicia dará a conocer sobre el Silala este 1 de diciembre, no tendrá “sorpresas” porque hubo coincidencia entre Bolivia y Chile durante el proceso escrito y oral.

Gómez argumentó que Chile reconoció que el Silala “nace de un manantial y cuenta con bofedales, que hay canalizaciones hechas por una empresa anglochilena, las cuales, si bien no desviaron las aguas, sí mejoraron su curso”.

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Cívico cruceño afirma que ‘comisión de notables’ ya analiza la relación de Santa Cruz con el Estado

Se trata de uno de los mandatos del cabildo cruceño del pasado 13 noviembre, en el que también se exigió la aprobación de una Ley del Censo, norma que este martes fue sancionada en el Senado.

El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz. Foto: CPSC.

Por Luis Mealla

/ 29 de noviembre de 2022 / 22:57

El segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó la tarde de este martes que una “comisión de notables” ya inició el trabajo para analizar la relación entre Santa Cruz y el Estado boliviano.

Se trata de uno de los mandatos del cabildo cruceño del pasado 13 noviembre, en el que también se exigió la aprobación de una Ley del Censo, norma que este martes fue sancionada en el Senado.

“Se está trabajando en todos los aspectos, es un equipo multidisciplinario donde hay abogados, sociólogos, hay gente de todas las profesiones (…). Aquí se está hablando del área productiva, del área tecnológica, de todo lo que Santa Cruz es y hacia dónde va ir”, explicó el dirigente cívico.

Lea más: ¿Revisar la relación Santa Cruz-Estado? Eso es federalismo

Agregó que, de momento, los nombres de esos “notables” se los mantendrá en reserva y que “pronto” se darán a conocer los avances que tiene esa comisión.

“El trabajo ya está avanzando, hemos decidido en un cabildo fijar un nuevo horizonte para todos los bolivianos que viven en Santa Cruz, y por eso el proyecto está avanzando, está en curso y en su momento se conocerá a las personas”, reiteró Cochamanidis.

La pasada semana, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, explicó —de manera escueta— que esa propuesta es una forma de decir que “vamos a buscar la forma de autodeterminarnos”.

Para el Gobierno, esa determinación quedó “fuera de contexto”, pues además del decreto 4824, que fija el Censo para el 23 de marzo de 2024, el debate para solucionar esta crisis se dilucidó en el Legislativo.

En ese escenario, se sancionó este martes la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.

La propuesta pasó al Ejecutivo para su correspondiente promulgación.

En función a esa norma, en septiembre de 2024, se realizará la redistribución de los recursos de coparticipación a los nueve departamentos y se realizará la reasignación de escaños, para las elecciones generales del 2025.

Si bien el conflicto por el Censo ya fue superado, las instituciones cruceñas anunciaron que aún está en pie el mandato del cabildo: revisar la relación con el Estado.

El asesor del Comité Interinstitucional, José Luis Santiestevan, explicó que esto implica analizar las labores que desempeña la Policía, Fiscalía, Justicia, el Defensor del Pueblo, Contraloría y otras entidades.

Asimismo, se prevé hacer un diagnóstico de la “autonomía profundizada, diferenciada, segmentada por departamentos o una forma o cambio de modelo de Gobierno”.

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El Gobierno sobre mercado de coca ‘paralelo’: No podemos clausurar algo que no hemos abierto

El viceministro del área, Arlem Lovera, delegó al municipio de La Paz la responsabilidad de asumir las acciones correspondientes, al tratarse de una actividad comercial.

La actividad comercial en el mercado de Villa El Carmen. Foto: Rodwy Cazón.

Por Luis Mealla

/ 29 de noviembre de 2022 / 21:42

El Gobierno, a través del Viceministerio de la Coca, afirmó que no tiene tuición de clausurar el mercado “paralelo” de coca, de Villa El Carmen, administrado por Arnold Alanes, quien se arroga el liderazgo de un bloque de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca).

El viceministro del área, Arlem Lovera, delegó al municipio de La Paz la responsabilidad de asumir las acciones correspondientes, al tratarse de una actividad comercial.

“No podríamos clausurar algo que no hemos abierto, algo que no hemos autorizado, como Viceministerio de la Coca no hemos autorizado su funcionamiento (…). En el marco de las autonomías, también está la alcaldía, que debería tomar acciones”, afirmó la autoridad.

Lea más: El mercado ‘paralelo’ de Villa El Carmen de La Paz reanuda la venta de coca

Una disputa, que data de 2021, por asumir el control de Adepcoca derivó en que esa asociación se divida en dos bloques, uno liderado por Alanes y otro, controlado por Freddy Machicado.

Ante esa situación, Alanes y un grupo de productores de coca determinaron abrir su propio mercado, al que Machicado denominó como “paralelo e ilegal”, pues en su criterio el único centro de abasto reconocido por la norma es el que está en Villa Fátima.

En ese marco, se registraron enfrentamientos entre ambos bloques: Machicado pedía al Gobierno el cierre inmediato de ese mercado, mientras que Alanes solicitaba que se reconozca la legalidad de esa actividad.

Este conflicto derivó en la toma violenta de ese centro de abasto, el 8 de septiembre, cuando cocaleros afines a Machicado (quien está en la cárcel por este caso), ingresaron a ese mercado, donde realizaron destrozos, incendios, además de agresiones a mujeres, niños y policías.

Por este caso, la Fiscalía libró 15 mandamientos de aprehensión en contra de los principales líderes de Adepcoca.

El 10 de octubre, el denominado mercado “paralelo” reabrió sus puertas para comercializar la hoja de coca, en medio de las investigaciones que las autoridades realizan por este caso y la protesta por parte del bloque de Machicado.

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Defensa de Áñez presenta un amparo para que vaya a juicio de responsabilidades por caso EBA

El 13 de octubre, el juez Heber Torrejón determinó que Áñez no puede gozar de un juicio de responsabilidades por el caso EBA, por lo que el proceso se ventilará en la justicia ordinaria.

La exmandataria durante una audiencia virtual. Foto: Facebook Jeanine Áñez.

Por Luis Mealla y Roberto Guzmán

/ 29 de noviembre de 2022 / 20:14

La defensa de la expresidenta Jeanine Áñez presentó un amparo constitucional para que pueda ir a juicio de responsabilidades, en el proceso que se le abrió por una presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), durante su mandato.

Luis Guillén, abogado de la exmandataria, afirmó que con este recurso se busca dejar sin efecto la resolución judicial que se emitió en octubre, en sentido que Áñez debe ser juzgada por la vía ordinaria en este caso.

En función a este amparo constitucional “estamos pidiendo como medida cautelar que se suspenda la tramitación del juicio ordinario (…). Estamos buscando de que se respeten los derechos y las garantías de la exmandataria”, afirmó el jurista.

Lea más: Juez rechaza recurso de Áñez y decide que el caso EBA se ventile en la justicia ordinaria

Agregó que con esta medida legal se pretende demostrar que la acción de Áñez, durante su mandato, estuvo en el marco de la normativa en su calidad de exjefa de Estado, por lo que le corresponde un juicio de privilegio.

“Estamos hablando de un acto realizado por la exmandataria en (ejercicio en) presidencia de Estado y hablamos de un acto específico que solamente puede ser realizado por un Presidente de Estado, al no poderse realizar por otras autoridades, obviamente que corresponde dentro de lo que es un juicio de responsabilidades”, enfatizó Guillén.

El 13 de octubre, el juez Heber Torrejón determinó que Áñez no puede gozar de un juicio de responsabilidades por el caso EBA, por lo que el proceso se ventilará en la justicia ordinaria.

Ante ese escenario, la defensa de la exautoridad apeló esa determinación y anunció un proceso por prevaricato contra el juez.

Entre los principales argumentos del juez para asumir esa decisión está el hecho de que Áñez “no acreditó de manera documentada” que en 2019, tras la renuncia de Evo Morales, “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”.

En ese marco, justificó que “la asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley 044.

En mayo de 2020, Áñez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA).

El año pasado, la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia Institucional, promovieron un proceso en su contra, pues denunciaron que esa posesión fue “irregular”, en el entendido que Leiva Áñez no cumplía con los requisitos para asumir el cargo.

En consecuencia, la Fiscalía imputó a la exmandataria por cinco delitos: nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.

Así, se solicitó su detención preventiva durante seis meses.

De manera paralela, Áñez también fue implicada en los casos Golpe de Estado I y II. En este último proceso, que también se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de este año.

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