Nacional

Thursday 26 Jan 2023 | Actualizado a 08:32 AM

El Gobierno presenta una queja a la CIDH por filtración de informe

Lima informó que ese documento está en reserva y no se puede dar detalles.

El ministro Iván Lima en entrevista con el canal estatal.

Por Yuri Flores

/ 3 de octubre de 2022 / 04:36

El ministro de Justicia, Iván lima, afirmó que el Gobierno presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por la filtración del informe sobre violaciones de derechos humanos en Bolivia.

“Con toda la certidumbre, con toda la certeza, que nosotros como Gobierno tenemos el reclamo formulado ante la CIDH sobre la filtración de ese documento. Nuestro Procurador (y) nuestra Cancillería le han planteado a la CIDH nuestro reclamo (por lo que) vamos a llegar hasta las últimas consecuencias sobre ese reclamo”, afirmó Lima al canal estatal.

El informe 394/21 de la CIDH hace responsable al Estado boliviano de la violación a los derechos a la vida y otros en el caso Terrorismo, ocurrido el 15 de abril de 2009 en el hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz, el cual fue filtrado y dado a conocer a través de los medios de comunicación.

El ministro Lima aseguró que una vez la CIDH esclarezca quién filtró ese informe confidencial y que está en reserva, se hará conocer los detalles del contenido.

El funcionario recordó que ese documento tiene el grado de reserva y confidencialidad que debió ser levantado el 26 de septiembre, sin embargo, un día antes, el 25, se hizo público a través de un medio de comunicación.

Añadió que ese documento le llegó al Procurador General del Estado y a la Cancillería el 25 de julio y debió mantenerse en reserva hasta el 26 de septiembre.

“Ya le hemos exigido a la CIDH que esta situación se aclare y también le hemos pedido a la CIDH que tengamos un diálogo constructivo que tiene este Gobierno para aclarar todos los aspectos que se han señalado”, dijo.

Agregó que por lo pronto ese informe es objeto de revisión y análisis por el Gobierno, por lo que no pueden pronunciarse sobre el mismo, debido a que está bajo reserva y confidencialidad. “Le hemos reclamado a la CIDH por la afectación a la reserva por escrito y hasta que la CIDH no nos responda, no vamos a poder manifestarnos sobre la misma porque ésa es la posición oficial del Presidente”.

ANTECEDENTE.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

Junto a Rózsa, cayeron también el irlandés Michael Dwyer y el húngaro Magyarosi Árpád. Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro).

Esa madrugada de 2009, se inició una investigación que acabó descabezando a la cúpula política y cívica cruceña. Entonces, muchos huyeron de Bolivia, como Branko Marinkovic y Guido Nayar, entre los más conocidos. Ese año, la administración de Evo Morales denunció que la facción irregular estuvo vinculada con movimientos conservadores de Santa Cruz para intentar desestabilizar al Gobierno.

El fiscal Marcelo Sosa se encargó de las investigaciones, pero fue involucrado en el caso. Huyó a Brasil y se declaró “perseguido político” y desde su asilo denunció que “se fabricaron” pruebas en el caso Terrorismo. En 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, el proceso fue cerrado, debido al retiro de la denuncia por parte del Ministerio de Gobierno.

El entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo, en 2020, dijo que el caso fue armado y ratificó que el Ejecutivo se retiró del caso como parte acusadora.

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Corte-IDH falla en el caso ‘Blas Valencia’

La sentencia fue dada a conocer ayer, tras 20 años de ser presentado el caso.

Blas Valencia, expolicía

Por Iván Bustillos

/ 26 de enero de 2023 / 06:41

Tras 20 años de trámite, ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) comunicó la sentencia por actos violatorios de los derechos humanos de los procesados en el caso “Blas Valencia” en el gobierno de Jorge Quiroga (2001-2002).

Como resultado del fallo, el Estado boliviano debe indemnizar a 26 personas procesadas en dicho caso. La causa fue presentada por Arturo Rodríguez Tapia a la Comisión-IDH el 8 de enero de 2003, y fue admitida por la misma el 30 de octubre de 2008.

Tras la sustentación que se hizo del proceso, fue recién el 22 de febrero de 2021 que la Comisión- IDH presentó el caso “Blas Valencia” a la Corte-IDH, comunicándose la sentencia ayer.

La Procuraduría, mediante nota de prensa, aseveró que “la sentencia de 142 páginas fue notificada ayer en acto virtual por el presidente de la Corte IDH, Ricardo C. Pérez Manrique.

El caso lleva el apellido del exjefe policial Blas Valencia, quien en 2001 perpetró, junto a una banda delictiva, un atraco armado a una remesa de la empresa Prosegur con el saldo de tres muertos, dos policías y un civil.

“Revisada la sentencia, ésta contiene testimonios y pruebas del uso excesivo de la fuerza y graves atentados contra los derechos humanos de familiares de Blas Valencia y otros procesados por el atraco. En ese entonces ejercía la presidencia por sucesión constitucional, Jorge Quiroga. El comandante general de la Policía, Wálter Osinaga, que dirigió el operativo fue condenado años después por encubrimiento e incumplimiento de deberes en el caso Prosegur II”, rememora la nota.

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Congresista peruano asegura que Dina Boluarte ‘terminará presa tarde o temprano’

El congresista peruano Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, aseguró que la presidenta de su país, Dina Boluarte, “va a terminar presa tarde o temprano” por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos durante su corta gestión.

La violencia no halla tregua en Perú.

/ 25 de enero de 2023 / 23:34

El congresista peruano Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, aseguró que la presidenta de su país, Dina Boluarte, “va a terminar presa tarde o temprano” por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos durante su corta gestión.

Una vez que Boluarte asumió la Presidencia de Perú, el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución y arresto de Pedro Castillo, comenzaron movilizaciones y protestas en el país vecino.

Lea también: Boluarte se disculpa tras justificar la represión de las autoridades por la falta de acuerdo

Estos hechos sobre todo en las provincias del sur.

A la fecha, se contabilizan al menos 61 asesinados, más de 600 heridos a bala, unos 400 detenidos y más de 1.000 ciudadanos procesados penalmente.

Estos son los resultados de la represión de las fuerzas de seguridad.

Este hecho fue calificado por Boluarte como “buen hacer”, contra las movilizaciones que, en su criterio, son financiadas por grupos criminales.

Masacre

“Lo que vivimos en Perú es una masacre, una continua violación a los derechos humanos, y que el mundo se entere, porque los medios de comunicación peruanos están entregados al régimen que ordena disparos al cuerpo, detenciones arbitrarias, militarización e incluso violencia sexual contra las detenidas», dijo.

«Y, a pesar de todo, el Gobierno no quiere escuchar”, dijo Bermejo en entrevista con La Razón Radio.

Afirmó que el Gobierno de Boluarte está aislado de la población, pero que se sostiene en las fuerzas militares y policiales.

También en la oposición e instituciones como la Fiscalía, el Poder Judicial y diversos medios de comunicación. 

“Se valen (Boluarte y sus aliados políticos) de la fuerza, abuso, represión, campañas mediáticas y ataques a líderes para sostenerse en el poder lo más que puedan», dijo.

«Luego intentarán asilarse en cualquier país, pero dudo que asilen a una criminal de guerra”, afirmó.

Motivos

De acuerdo con Bermejo, hay dos motivos por los que Boluarte se aferra al poder.

La renovación por la fuerza de los contratos de concesiones de pozos petroleros, que se vencen este año, y evitar los juicios contra exautoridades, como el caso de Keiko Fujimori.

“Quieren asegurar la riqueza de tres generaciones de la oligarquía peruana entregando nuevas concesiones por 30 años y evitar los juicios contra ellos que se debieron iniciar a fines del año pasado o a principios de este», indicó.

«Riqueza y libertad es lo que quieren”, remarcó.

A fin de poner punto final a la crisis, los peruanos exigen adelanto de elecciones para dentro de nueve meses.

Pero el Congreso ha votado por que los comicios se realicen recién en abril de 2024.

“Eso ha sentido como ofensa el pueblo”, aseguró el congresista.

Congreso

En el Congreso peruano, las fuerzas de derecha son mayoría, por ello, el fujimorismo y sus aliados representan el bloque mayoritario.

De un total de 130 congresistas, 42 son de izquierda y 88 de derecha, situación que permite, de acuerdo con Bermejo, que el fujimorismo “maniobre” estrategias en el Congreso para tener el poder de la República.

El pasado 7 de diciembre, ese Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, luego de que éste anunciara su disolución y la instalación de un “gobierno de excepción”.

Esa decisión fue interpretada por distintos sectores peruanos como un intento de “golpe de Estado”.

En cuestión de horas, Castillo fue destituido por “incapacidad moral”, detenido y luego acusado por la Fiscalía de “rebelión”.

“Lo del 7 de diciembre fue sorpresivo, sobre la postura de Castillo, y cambiaron los números porque, por más que haya un bloque de izquierda, muchos no comprendieron lo que quiso hacer el Presidente”, dijo Bermejo.

Reacciones

La vicepresidenta Dina Boluarte asumió la conducción del país y declaró estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social.

Presentó ante el Congreso una propuesta de adelanto de elecciones generales para abril de 2024.

Para Bermejo, esto terminó por confirmar las diferencias previas que ella tenía con Castillo. “No era una relación buena y el presidente Castillo decía que Boluarte complotaba, recibía a la oposición y a sectores detrás de su vacancia; entonces, si era cierto, había que tener cierto control con ella”, recordó.

Bermejo reiteró que la relación era complicada porque Boluarte no asistía a reuniones y tenía una actitud diferenciada con los demás y que “lo importante era mantenerla alineada”.

“Una traición de esta magnitud, prepotencia, el cinismo como, por ejemplo, cuando dijo que Puno no es parte del Perú y la violencia con la que lleva su Gobierno, nadie se lo imaginaba”, dijo el congresista.

Bermejo consideró que una Asamblea Constituyente es lo más prudente en este momento para frenar la crisis y “reiniciar al país”.

Aunque esta posibilidad, en su criterio, es complicada porque la derecha es mayoría.

“Hay una derecha que dice amén a lo que dice el imperio, pero, a pesar de que el despertar de los pueblos ha demorado, la dictadura se va a tener que ir y los que cometieron y ordenaron los crímenes van a ir presos», dijo.

«Pronto el país vera su segunda independencia con la nueva Constitución y con el Congreso para todos los peruanos”, aseguró.

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Ponchos Rojos a Boluarte: Que se calle, debe responder por los muertos de Perú

“Por la frontera de Perú y Bolivia han ingresado estas armas letales, llamadas ‘dum dum’, traídas por los Ponchos Rojos”, aseguró la presidenta de Perú.

Los Ponchos Rojos exigen pruebas de las acusaciones de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sobre el financiamiento e ingreso de balas.

Por Judith Ochoa

/ 25 de enero de 2023 / 23:30

Los Ponchos Rojos exigen pruebas de las acusaciones de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sobre el financiamiento e ingreso de balas “dum dum” a Perú por parte de este sector. “Que muestre pruebas o que se calle y responda las muertes de Perú”.

“Si la presidenta (Dina Boluarte) tiene elementos materiales para acusar a los Ponchos Rojos para acusar de esta situación, que las presente, caso contrario que se calle, así de textual le decimos. Ella debe responder por los muertos que hay en el Perú, nosotros como pueblo aymara del departamento de La Paz, nos solidarizamos con nuestros hermanos de Juliaca y Puno (Perú)”, indicó el dirigente Ruddy Condori al medio de comunicación urgente.bo.

Boluarte señaló principalmente a la provincia Omasuyos del altiplano de La Paz por presuntamente introducir “armas letales” para reforzar las manifestaciones en el vecino país; pide que se investigue a este sector afín al expresidente boliviano Evo Morales.

“Sabemos, de manera extraoficial, que por la frontera de Perú y Bolivia han ingresado estas armas letales, llamadas ‘dum dum’, traídas por los Ponchos Rojos, por eso digo que la Fiscalía investigue de manera objetiva y rápida, para que podamos todos saber la verdad, yo quiero saber la verdad”, argumentó Boluarte.

Le puede interesar: Boluarte denuncia que un grupo indígena boliviano afín a Evo Morales ingresa armamento por la frontera.

En ese sentido, el dirigente sugirió su renuncia y calificó de cobarde las declaraciones de la mandataria, por pretender manchar el nombre de los Ponchos Rojos.

“Sea responsable presidenta del Perú, tenga por los menos elementos de convicción y materiales fehacientes, no puede mellar la dignidad de una organización como son los Ponchos Rojos. Pero, además, asuma su responsabilidad y responda a su población, porque intentar salvar esa tan dañada imagen acusando a una organización como son los Ponchos Rojos, es cobarde e irresponsable”, sostuvo Condori.

Boluarte pidió este miércoles a la Fiscalía peruana que investigue de forma rápida y objetiva la implicación de los Ponchos Rojos, pues aparentemente estas habrían sido las armas utilizadas en los enfrentamientos que tuvieron lugar el pasado 9 de enero en Juliaca y Puno, que se saldaron con la muerte de 18 personas.

Esto se produce después de que el Gobierno peruano remitiera el lunes una nota diplomática de protesta a Bolivia por las declaraciones del presidente boliviano, Luis Arce, en las que expresaba su respaldo a la ola de protestas que sacude el país.

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Para el Gobierno no hubo un cabildo nacional y la intención es sacar a Arce por cualquier vía

El vocero Jorge Richter dijo que mostraron sus verdaderas intenciones. Aseguró que tienen más capacidad discursiva que de convocatoria.

El vocero Jorge Richter se refirió al cabildo y sus intenciones. Foto: Rodwy Cazón

/ 25 de enero de 2023 / 23:30

El vocero presidencial, Jorge Ritcher, descalificó el denominado “cabildo nacional” y aseguró que lo que se vio este miércoles es que hay mayor capacidad discursiva que capacidad de convocatoria.

Aseguró, además, que en Santa Cruz mostraron su verdadera intención, que es acortar por cualquier vía el mandato del presidente Luis Arce.

“Está claro que tienen mayor capacidad discursiva antes que capacidad de convocatoria. Los cabildos en ocho departamentos han sido por debajo de las 2.000, 1.000 y 500 personas dependiendo del lugar”, dijo en Cadena A.

Reconoció que la ciudad de Santa Cruz sigue siendo la región más fuerte para este tipo de convocatorias, pues ahí está la “derecha radical”.

“El eje del conflicto está sobre la territorialidad donde está focalizada la derecha radical y es la ciudad de Santa Cruz. Ahí siguen teniendo buena convocatoria”.

Según el vocero, el Comité pro Santa Cruz intenta construir una sensación de lucha nacional para darle legitimidad a lo que ellos pretenden imponer.

“Lo que ellos quieren implementar (es) tratar de cortar al mandato del presidente Luis Arce Catacora por alguna vía. Hoy mencionaron el revocatorio, pero cualquier otra vía también les es seductora”, aseguró.

Lea más: Ministro Lima dice que el ‘cabildo’ busca amnistía por violaciones a derechos humanos

Richter comparó la movilización de este miércoles con la del domingo cuando cientos de organizaciones sociales llegaron a La Paz para la celebración del Día del Estado Plurinacional.

“Si no tienes base social no tienes posibilidad de decidir sobre la coyuntura nacional. Hoy han mostrado que sus capacidades de movilización, salvo Santa Cruz, son marginales”.

Demandas del cabildo

Respecto a las preguntas, dijo que los cabildos no tienen las mismas preguntas porque no fue nacional y cada región incorpora sus necesidades.

“En cada una de estas demandas regionales hay miradas de no interés con los otros departamentos, entonces sigue siendo un conflicto anclado en Santa Cruz y no han logrado expandir al contexto nacional”.

Se preguntó de qué presos políticos habla el cabildo, si en el país no existen, lo que hay es gente investigada por violaciones a derechos humanos y por quebrar el orden constitucional.

“El 29 de diciembre de 2022 la CIDH publica un comunicado de prensa exhortando a los países que están señalados por tener en sus cárceles presos políticos que puedan flexibilizar las normas y que conduzcan a la libertad domiciliaria. En ese comunicado no figura Bolivia entre los países que tiene presos políticos, entonces cuáles son los presos políticos”.

Dijo; sin embargo, que el Gobierno mira con seriedad estos movimientos políticos sociales, pero dejó en claro que el movimiento social y popular dejó en claro de que la movilización territorial va ser la forma de defender esta gestión de gobierno.

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Ministro Lima afirma que la aplicación de los resultados del cabildo es ‘inconstitucional’

En ese marco, se refirió a las determinaciones que se asumieron en Santa Cruz, que fueron encargadas a la Asamblea Legislativa de ese departamento, a través de diferentes proyectos de ley.

El ministro de Justicia, Iván Lima. Foto: APG.

/ 25 de enero de 2023 / 23:24

La noche de este miércoles, al cierre de la jornada del “cabildo nacional”, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la aplicación de los resultados es “inconstitucional”.

En ese marco, se refirió a las determinaciones que se asumieron en Santa Cruz, que fueron encargadas a la Asamblea Legislativa de ese departamento, a través de diferentes proyectos de ley.

“La aplicación de los resultados del Cabildo es inconstitucional, buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del estado y sólo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos” (sic), escribió Lima en su Twitter.

El ministro reaccionó así a las decisiones que se asumieron este miércoles, en el cabildo cruceño.

Una de ellas está referida a demandar una ley de amnistía al Gobierno nacional para todos los “presos políticos”, caso contrario anunció la activación de un proceso revocatorio contra el presidente Luis Arce.

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El Comité pro Santa Cruz indicó que hay “más de 180 presos políticos de este régimen”, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo en el caso Golpe de Estado I, por el cual guarda detención preventiva de cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro.

Se mencionó también a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, sentenciada en primera instancia a 10 años de cárcel por el caso Golpe de Estado II, por su nombramiento irregular en 2019, sin el quórum de la Asamblea y sin respetar el reglamento del Senado.

Horas antes, el ministro Lima, afirmó que las demandas del “cabildo nacional” vulneran las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en sentido que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.

Explicó que el punto 10, de las 36 recomendaciones que planteó ese grupo de expertos, en marzo de 2022, señala que “el Estado Plurinacional de Bolivia no debe otorgar amnistías”.

Asimismo, el cabildo cruceño puso a consideración que la Asamblea Legislativa Departamental apruebe una ley para la creación de una “guardia departamental”, para la provisión de seguridad ciudadana, en lugar de la Policía Nacional.

Y en el marco de lo que se denominó un “cabildo nacional por justicia”, Calvo también entregó un proyecto ley para el nacimiento de un Defensor del Pueblo departamental, la cual sea debatida de forma inmediata por la Asamblea Legislativa Departamental.

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