En medio de medidas de presión en Potosí, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que la industrialización de litio es un “proceso transparente”, en el marco de la soberanía.

“Es un proceso transparente y, sobre todo, con toda la responsabilidad que amerita para nuestro país y el departamento de Potosí. Es un proceso transparente, que lo ha llevado Yacimientos de Litio Boliviano (YLB)”, dijo la autoridad.

“Vamos a entrar en la era de la industrialización con la implementación de estas dos plantas (Uyuni y Coipasa) y el Gobierno tiene tuición, participación y soberanía en todo el proceso de producción y comercialización del litio”, agregó.

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En enero, YLB firmó un convenio con la empresa China CATL BRUNP & CMOC (CBC) para construir dos plantas industriales con tecnología EDL (Extracción Directa de Litio) en los salares de Uyuni y Coipasa.-

La primera está ubicada en el departamento de Potosí y la segundo, en Oruro. En ambas se invertirá $us 1.083 millones.

Al respecto, Alcón informó que se está socializando las características del modelo boliviano para la industrialización.

Potosí

De acuerdo con información oficial, en el primer semestre de este año el consorcio chino trabajará en el diseño e ingeniería de las plantas. Cada una tendrá una capacidad de producción de 25.000 toneladas.

Se prevé la conclusión de las obras para finales de 2024, por lo que las operaciones iniciarían durante el primer semestre de 2025.

La información de la viceministra se registra en momentos que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) llevó a cabo medidas de presión en ese departamento, para que se apruebe un proyecto de ley del litio, consensuado.

Este jueves, la presidenta del Comcipo, Roxana Graz, dijo que Potosí no se opone a la industrialización del litio, pero exigen información transparente sobre el proyecto normativo.

Alcón

Aseguró, además, que no se cierran a sentarse a dialogar con el Gobierno.

“Hemos pedido con documentación, con cartas, resoluciones y no nos informan nada, no conocemos nada”, lamentó durante una entrevista en La Razón Radio.

“Le hemos pedido que vengan a explicarnos el proyecto de ley y no vienen, nos responden que están ocupado con otras prioridades. No hay voluntad”, añadió.

Graz recordó que entre los principales pedidos de Comcipo están un directorio que esté por encima de la empresa Yacimientos del Litio Boliviano (YLB). Además, que esté conformado por representantes de las gobernaciones de Oruro y Potosí y de las regiones productoras.

Asimismo, un comité científico conformado por profesionales que lleguen al cargo con meritocracia.

Litio

Entre el lunes y miércoles se llevó a cabo en Potosí un paro de 72 hora reclamando la aprobación de una ley de recursos evaporíticos.

Tras esa medida, Graz anunció que el 23 de marzo se reunirá el Consejo Consultivo para definir los pasos a seguir.

“El 23 de marzo tenemos un Consejo Consultivo, ahí deben venir nuestros representantes nacionales, senadores, diputados, a informar qué es lo que está sucediendo. A partir de eso se definirá si iniciamos con movilizaciones”, explicó.

La Dirección General Régimen Penitenciario garantizó que el exdirigente cocalero Cesar Apaza recibirá la debida atención médica en Chonchocoro. Retornó al penal tras el alta del Hospital de Clínicas. La Defensoría del Pueblo espera el informe médico.

“Correspondía a la administración penitenciaria devolverlo al centro penitenciario». «Porque él está con una detención preventiva, en el Penal de Chonchocoro”, informó el director nacional del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

Informe

En ese marco, garantizó que en el penal recibirá “la respectiva atención médica”. Ratificó que no hubo “atropellos” en la determinación de devolverlo a esa cárcel.

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“En ningún momento, desde que el privado de libertad ha estado en el Hospital de Clínicas, hubo un atropello. (Se realizó) todos los análisis y estudios que ha solicitado la familia”, afirmó.

“Una junta médica que se ha realizado el día de ayer, en la mañana, ha determinado a través de los médicos individuales dar la alta médica”, remarcó Limpias.

Régimen Penitenciario

En tanto, Miriam Apaza, hermana del dirigente cocalero, afirmó que el privado de libertad no puede desarrollar sus actividades por sí solo. Dijo que en su traslado se vulneró sus derechos.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo envió una delegación a Chonchocoro para las verificaciones correspondientes. Aguarda el informe de la junta médica para conocer el estado de salud actual de Apaza.

Defensoría

“Si el médico que lo atendió o la junta médica establece que el señor Apaza necesita estar en un hospital internado». «Nosotros vamos a accionar lo que corresponde”, informó Francisco Rodríguez, coordinador defensorial de La Paz.

El jueves, la abogada Evelyn Cossío denunció que Apaza fue trasladado al penal de Chonchocoro, a pesar que su estado de salud aún es delicado.

“Fue de forma sorpresiva. Bomberos y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) llegaron al Hospital de Clínicas». «Lo trasladaron a Chonchocoro de forma abusiva y sin presentar justificativo”, denunció a los periodistas.

Apaza, procesado por la toma violenta del mercado de la coca de Villa El Carmen (8 de septiembre de 2022). Fue aprehendido y derivado con detención preventiva al penal de San Pedro.

Apaza

Pero en noviembre se dispuso su traslado a la cárcel de Chonchocoro.

El 15 de febrero fue hospitalizado de emergencia en el hospital de Clínicas debido a una embolia que le paralizó medio cuerpo.

Días después, su defensa legal solicitó la cesación de la detención preventiva.

La abogada Evelyn Cossío presentará una serie de acciones legales ante instancias internacionales para denunciar las vulneraciones de los derechos del exdirigente cocalero César Apaza.

Denunció el “ilegal” trasladado de Apaza al penal de Chonchocoro, desde el Hospital de Clínicas de La Paz, “a pesar que su estado de salud es aún delicado”, hecho que considera un atentado contra su vida.

“Bajo esas condiciones estamos recurriendo a instancias internacionales. Se van a presentar todas las acciones legales para denunciar que el Estado boliviano vulnera todos sus derechos y expone su vida”, dijo a los periodistas.

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Traslado

El miércoles por la tarde, bomberos y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) trasladaron a Apaza a Chonchocoro. El exdirigente de los Yungas recibía atención médica por una embolia que sufrió el 15 de febrero.

“Hoy (jueves) estamos concluyendo ese trabajo referido a ese traslado arbitrario porque no se notificó a la familia ni a su defensa sobre el alta médica», indicó.

«No sabemos quién ha solicitado y quién ha ordenado el traslado”, aseguró Cossío.

La jurista indicó que se desconoce en qué condiciones está porque no se les dijo si volverá a su celda antigua o se acondicionará un área para ser asistido.

“César Apaza no puede valerse por sí mismo. La familia y los abogados desconocemos el informe clínico, que lo hemos solicitado hace un mes, pero hasta ahora no lo han entregado”, afirmó.

Proceso

Apaza está procesado por la toma violenta del mercado de la coca de Villa El Carmen, el 8 de septiembre de 2022. Fue aprehendido y enviado con detención preventiva al penal de San Pedro, pero en noviembre se dispuso su traslado a la cárcel de Chonchocoro.

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que la decisión de traslado la tomó una junta especializada que otorgó el alta médica en base a “estudios pertinentes”.

Aseguró que desde su dirección se respetó en todo momento los protocolos habituales y derechos de Apaza.

«Sin incurrir en arbitrariedad alguna ni poner en riesgo al paciente”, dijo.

Detención

La detención preventiva de Apaza concluye este 23 de marzo; sin embargo, Cossío lamentó que la Fiscalía haya solicitado una ampliación de cuatro meses, al igual que del exdirigente cocalero Freddy Machicado.

La solicitud de ampliación se presentó en el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal de La Paz.

Ello porque hay 18 personas involucradas en la investigación por la presunta comisión de 14 delitos.

“La audiencia se realizará el 23 de marzo. La Fiscalía dice que se tiene que ampliar la detención preventiva porque la investigación es compleja, pero en ningún momento se ha tomado en cuenta su estado de salud”, aseveró.

Los familiares y la defensa de Apaza impulsan una acción de libertad.

Ello a fin de que pueda cumplir con la determinación judicial en su domicilio, mientras recibe atención médica.

El 14 de marzo, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ejecutaron el operativo “Ocelote” en la provincia Abel Iturralde de La Paz y secuestraron una avioneta y 347.450 kilogramos de cocaína.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que con estas incautaciones se afectó al narcotráfico en más de $us 800.000.

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Resultados

Estos resultados los presentó en Trinidad, Beni y detalló que el operativo fue realizado en una pista clandestina.

“Durante el reconocimiento aéreo se observó una pista clandestina, donde identificaron una aeronave que se encontraba en proceso de aterrizaje, razón por la cual, inmediatamente, se procedió a aterrizar a objeto de realizar la verificación y el rastrillaje del lugar”, informó en conferencia de prensa.

Dentro de la aeronave con matrícula de control CP-1598, se halló cuatro bidones con 60 litros con AV-Gas y en un extremo de la pista clandestina otros siete bidones con el mismo combustible.

La cocaína estaba dentro de ocho bolsas de yute camuflados entre la maleza.

“Se procedió a la neutralización del combustible, posteriormente, se trasladó los yutes y la avioneta secuestrada a la ciudad de Trinidad», acotó.

La autoridad reiteró que los operativos serán más intensos y que serán implacables con estas organizaciones criminales.

Pistas

Por otra parte, se conoció que hay más pistas clandestinas en el país, principalmente en zonas alejadas y con maleza.

Estas pistas son empleadas por los narcotraficantes para la llegada y despegue de aeronaves con cocaína.

Por lo general, las avionetas usan el territorio boliviano boliviano como país de tránsito para comercializar la droga en Brasil, Perú, Paraguay y Chile.

Los pobladores de las zonas afectadas pidieron una intervención más constante por parte de los efectivos de la FELCN.

Ello a fín de evitar el asentamiento de organizaciones criminales.

El diputado Héctor Arce (MAS) confirmó que asistirá a la citación que le hizo la Fiscalía, por un presunto caso de corrupción, denunciado por su colega, el diputado “renovador” Rolando Enríquez Cuéllar, afín al presidente Luis Arce.

“No tenemos nada que esconder (…). Nos vamos a presentar a las 14.30, en la Fiscalía La Paz, para prestar la respectiva declaración. Vamos a asumir defensa, en el marco de nuestros derechos y garantías”, confirmó Arce a La Razón.

El Ministerio Público imputó a Arce, afín al expresidente Evo Morales, por supuesta corrupción. Deberá comparecer en oficinas del Ministerio Público de la sede de gobierno.

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Este jueves, personal de la Fiscalía dejó un cedulón en la puerta de la oficina del legislador.

“Se le advierte que, en caso de desobediencia, se expedirá mandamiento de aprehensión”, señala parte del documento emitido por la Fiscalía.

En febrero, Enríquez Cuellar denunció a Arce por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, cuando fungió como alcalde de Omereque, Cochabamba.

Arce

Se trata de “un proyecto de siete millones de bolivianos, que este delincuente de Héctor Arce ha desfalcado. Este señor ha puesto material de quinta y no de primera”, denunció Enríquez Cuellar.

“Los comunarios han terminado poniendo medio millón de bolivianos para terminar este proyecto del canal de riego, una obra fantasma”, agregó.

Según el diputado “renovador”, tres comunidades de ese municipio fueron afectadas por esa irregularidad.

En ese marco, Enríquez pidió la intervención del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), la Unidad de Proyectos Especiales (Upre), la Contraloría General y el Ministerio de Justicia para fiscalizar esos proyectos.

Citación

Enríquez Cuellar denunció también la ejecución de una represa, por Bs 160 millones, proyecto que “hasta ahora no ha empezado”. “Es un proyecto millonario, hay un desfalco millonario al Estado”, enfatizó.

Al respecto, el diputado Arce negó esas acusaciones y afirmó que se trata de una “campaña de desprestigio”.

“En el fondo, lo que está buscando es acallar y amedrentar a quienes hacemos esa labor de fiscalización. Está buscando impunidad para esos corruptos que están en instituciones públicas, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”, dijo.

Esta situación se suma a una serie de hechos que, desde 2022, ahondaron la crisis interna en el MAS.

Fiscalía

Desde entonces, se registró un escenario de división entre sectores sociales, legisladores y los principales representantes de esa fuerza política: el expresidente Morales y el mandatario Arce.

El debate de la Ley del Censo y la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE), entre otros temas, dejó más en evidencia las diferencias entre “renovadores” y “evistas”.