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Thursday 24 Nov 2022 | Actualizado a 20:15 PM

Phillips se va de Bolivia y pide diálogo fluido para normalizar relaciones con EEUU

“A lo largo de mi estadía aquí, he evidenciado que una posible colaboración y asociación han sido relegadas por el Gobierno de Bolivia”, remarca la encargada de Negocios de EEUU en un artículo de opinión publicado este jueves en La Razón.

La encargada de Negocios de Estados Unidos, Charisse Phillips.

Por Iván Bustillos

/ 6 de octubre de 2022 / 07:35

La encargada de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charisse Phillips, concluye su gestión en el país. “Regreso a Washington este mes para ocupar un puesto de liderazgo en temas desafiantes para nuestro hemisferio”, destaca la diplomática en un artículo de opinión publicado este jueves en La Razón. Phillips estuvo en Bolivia desde el 26 de agosto de 2020.

En su columna de despedida, no deja de remarcar de que para mejorar la relación entre Bolivia y Estados Unidos, el Gobierno no hizo lo suficiente. Lo que falta, dice, es promover “una sólida comunicación”, pero, “sin un diálogo fluido se dificulta la posibilidad de normalizar las relaciones entre ambos países. A lo largo de mi estadía aquí, he evidenciado que una posible colaboración y asociación han sido relegadas por el Gobierno de Bolivia. Estados Unidos siempre está dispuesto a sentarse en la mesa de diálogo”, destaca.

Phillips recuerda que pese a las distancias entre los dos países, hay una agenda en que “ambos pueden trabajar juntos”.

Colaborar “en la reducción de emisiones de carbono y de las temperaturas globales, la protección de la biodiversidad, el respeto por los derechos indígenas, el fortalecimiento del compromiso con la democracia, la defensa de los derechos de las minorías, el mejoramiento de los sistemas de salud, la garantía de que todos los ciudadanos puedan participar en una economía dinámica y que tengan acceso a la prosperidad, entre muchas otras áreas”, invoca la Encargada de Negocios.

“Necesitamos contar con la buena predisposición del Gobierno de Bolivia para no perder más tiempo”, apunta Phillips. Con septiembre, se cumplieron 14 años de que Bolivia y EEUU no cuentan con embajadores.

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Marzo y septiembre: El debate de la Ley del Censo es sobre fechas ya definidas

Si la Asamblea dijera ‘2023’, su ley tendría que ir a consulta al Gobierno.

miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Por Iván Bustillos

/ 23 de noviembre de 2022 / 07:57

De seis proyectos de Ley del Censo que ve la Asamblea, cinco tienen como fecha 2023, y uno, 2024.

Sin embargo, al consenso de que los resultados deben estar en septiembre de 2024 se suma que el Legislativo no puede cambiar la fecha de marzo de 2024.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, ratificó que los seis proyectos de Ley del Censo que se les presentó.

Afirmó que sí o sí deben revisarse tomando en cuenta la existencia del Decreto 4824.

Dicha norma fija la fecha del Censo para el 23 de marzo de 2024.

Recursos

El propio Jáuregui, en entrevista en el programa Piedra, papel y tinta, de La Razón, afirmó que todos los proyectos que tienen el denominador común “Censo-2023” implicarán un cambio de presupuesto para esta consulta.

«Van a involucrar la inversión de recursos del Estado, y cuando hay esta inversión, por mandato constitucional se obliga a ir en consulta al Ministerio de Economía”, dijo.

El abogado constitucionalista Israel Quino afirmó la Constitución “prevé la consulta al Ejecutivo cuando se trata de normativas propias de la competencia del nivel central”.

Otra razón para no mover la fecha del Censo en marzo de 2024 es que cualquier proyecto de ley del Censo que considere el Legislativo no debe “colisionar” con la Constitución.

Eso en referencia al artículo 298 de la Constitución, que define como una “competencia privativa” del nivel central del Estado el desarrollo y organización de los censos oficiales en Bolivia.

En cuanto a la fecha de entrega de los “resultados oficiales” del Censo en septiembre de 2024, como se sabe, hasta el líder cívico Rómulo Calvo expresó su satisfacción al respecto.

también puede leer: Cuéllar dice que el Comité dobló la mano del Gobierno y cuestiona los seis proyectos de ley

Cuéllar

Por su parte, el presidente del Comité Interinstitucional, el rector Vicente Cuéllar, dijo que esa organización le ha “doblado de mano” al Gobierno.

Eso por haber logrado resultados útiles para recursos y escaños antes de las elecciones de 2025.

“Santa Cruz le dobló la mano al Gobierno consiguiendo que los resultados sean en el mes de septiembre”, dijo en conferencia de prensa en Santa Cruz.

“Conociendo que los recursos se van a empezar a distribuir a partir de octubre, en este momento Santa Cruz ha ganado”, se congratuló Cuéllar.

La semana pasada el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Ministerio de Planificación y la presidencia de Diputados confirmaron la entrega de los resultados en septiembre de 2024.

Dijeron que eso garantiza la nueva distribución de escaños.

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Plenario sin fecha: La Ley del Censo se traba en comisión por una pugna en el MAS

La ley que pida Censo 2023 deberá ser consulatda al Ejecutivo.

La Comisón de Constitución de la Cámara de Diputados en la sesión de ayer en la Asamblea

Por Iván Bustillos

/ 22 de noviembre de 2022 / 06:06

El tratamiento de los proyectos de ley por el Censo se trabaron en la Comisión de Constitución debido a la división en el MAS.

Precisamente cuando en Santa Cruz se creó la expectativa de que ayer podía suspenderse el paro porque habría una norma.

A raíz de que la comisión de Constitución de Diputados no pudo concluir su trabajo, el pleno de la Cámara que había sido convocado para las 17.00 a fin de tratar el tema, fue suspendido y postergado sin fecha.

En una nota firmada por el presidente de la Cámara, Jerges Mercado, la suspensión es justificada porque “ningún proyecto de ley cuenta con su informe de comisión correspondiente”.

Son tres proyectos de ley que llegaron a la Comisión: uno de la brigada cruceña del MAS, y dos presentados por las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos.

La comisión empezó su reunión a las 11.00. Sin embargo, ante la falta de consenso se declararon dos cuartos intermedios.

Según el reglamento de la Cámara de Diputados, el debate puede extenderse por un máximo de cinco horas. Al final, sin embargo, el diálogo no prosperó y no se aprobó ningún informe.

El último cuarto intermedio duró casi siete horas la noche, y la comisión recién se reinstaló poco después de las 20.00 horas.

Hasta el cierre de la presente entrega, continuaba la sesión.

También puede leer: Presidente de Diputados cancela la sesión para analizar la ley del Censo a falta de informe de comisión

Ayer, el diputado cochabambino Héctor Arce Rodríguez reiteró que cualquier ley sobre el Censo era una práctica desautorización de lo dispuesto por el presidente Luis Arce Catacora.

La mayoría de la comisión está conformada por legisladores del MAS (7), pero se presume que hay una división entre ellos.

Esta sería la causa de que la sesión se reinstalara anoche tarde.

Los legisladores masistas ahora se identifican entre las orillas “evistas” y “renovadores”.

Los evistas acusan a los renovadores de haber traicionado al MAS al acceder considerar una “ley del Censo” con opositores; una forma de ayudar a la dirigencia cívica a salir de la crisis con algún rédito.

Los renovadores, en cambio, ven que si bien la ley del Censo es una concesión que se hace a la oposición, afirman que es la única manera de poner fin al paro indefinido y, con esto, evitar que prosiga el proceso de debilitamiento del gobierno presidente Arce.  

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Andinización de Santa Cruz

Hoy día, lo más plurinacional en términos de diversidad— se lo encuentra en Santa Cruz.

Un punto de bloqueo en en la ciudad de Santa Cruz.

/ 20 de noviembre de 2022 / 06:55

El punto sobre la i

El límite del acercamiento occidental-popular masista hacia Santa Cruz, dice el exrector de la UAGRM y exministro, Reymi Ferreira, siempre ha sido “la perspectiva andina”. Hubo momentos y actores relevantes de mayor conexión, como el exvicepresidente Álvaro García Linera o el exministro de Gobierno, Carlos Romero, destaca el analista. Pero fatalmente, “los actores locales no los veían como locales, sino como de la parte andina del país”.

Ahora, al llamado “andinocentrismo” occidental, especialmente paceño, acaso haya que añadirle la persistencia de un cierto “desprecio” del paceño hacia el resto del país, destaca el sociólogo cochabambino José de la Fuente. No es nada inocente, deplora, por ejemplo, la usual expresión de “la gente del interior del país”, que cuando cruceños, tarijeños o cochabambinos llegan a una reunión en La Paz, del modo más natural se diga que “ya ha llegado la gente del interior”. No es inocente porque si una cara de la moneda es la subestimación del otro, “interior”, la otra cara es la sobreestimación de sí, del centro occidental.

Pero son los momentos de crisis cuando afloran las tendencias peores, desintegradoras, llamó la atención la politóloga Susana Bejarano en el Piedra, Papel y Tinta de la semana pasada.

“A mí me parece peligroso abonar el discurso como si Santa Cruz no perteneciera a Bolivia; Santa Cruz es Bolivia, como lo son los otros departamentos del país. Es peligroso porque abona sentimientos regionalistas, que luego no nos han llevado a buenos puertos”.

Para Bejarano, así como el “centralismo” gubernamental, radicado en La Paz, no deja de ser un hecho cotidiano, patente, sobre todo en la gestión pública, y que por esto la lucha contra el centralismo es una de las banderas de los cívicos cruceños, también puede ser el pretexto que está encubriendo las propias ineficiencias de la gestión pública local o departamental; a la fecha, uno de los defectos que más se le echa en cara al gobernador Luis Fernando Camacho es precisamente su baja ejecución presupuestaria en obras de inversión; de aquí la evidente instrumentalización del censo por parte de la élite cívica, que por unos meses de adelanto en su fecha se iban a resolver prácticamente todos los problemas de educación, salud y otros.

En la anterior entrega de Animal Político, el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Rodrigo Puerta, hacía la significativa precisión de que casi toda la coparticipación tributaria municipal (el recurso estatal por el que se está luchando hoy día en la pelea por el censo lo antes posible) va a sostener a la burocracia edil y al funcionamiento de las alcaldías.

Ahora, con todo lo perjudicial que ha sido el paro indefinido por el censo en 2023, esta crisis ha revelado el momento verdaderamente histórico que vive el país, destacó en el mismo Piedra, Papel y Tinta, el comunicador y politólogo Manuel Mercado.

“Bolivia está pasando por un momento que no veíamos, quizás, desde principios del anterior siglo (el XX), justamente con el traslado del poder económico del sur, Potosí y Chuquisaca, hacia el norte, “federalista” aquella vez, paceño”. Un hecho que esa vez “nos ha costado una guerra civil”, destacó Mercado.

Hoy día es ese traslado hacia Santa Cruz centro económico es lo que está manifestándose, aunque no del mejor modo: el reclamo cívico ‘desde ahora, nada sin Santa Cruz’, no deja de tener su grado de objetividad.

Hoy, con sus particularidades, dice Mercado, “tenemos un centro económico muy pujante, muy legítimo; hoy lo más plurinacional, en términos de diversidad, se lo encuentra en Santa Cruz; creo que todos los bolivianos tenemos o una parte o la mitad de la familia en Santa Cruz”.

Es un nuevo crisol, “no mejor ni peor, sino diferente al que se ha constituido en La Paz”, destaca el politólogo. Pero he aquí un efecto central de todo esto: “esa innegable capacidad de atracción que tiene Santa Cruz está planteando al país la necesidad de redefinir muchos ejes de trabajo”, muchos ejes de la agendapaís.

Por este peso económico, poblacional y social de Santa Cruz, preocupa la actual dirigencia política cruceña, apunta el sociólogo De la Fuente. Es una “oligarquía que está enojada con el proceso político del MAS, porque han dejado de vivir del Estado, aun cuando siguen beneficiándose de la subvención del gas y otros”.

Una oligarquía enojada también en lo político, porque ha dejado de estar en el poder central. Antes del MAS, “siempre ha estado en el gobierno, desde el mismo (Víctor) Paz Estenssoro, es más, la reforma agraria no llegó a Santa Cruz. En estos 14 años han pasado a la segunda fila: más importante es Oruro, El Alto, y contra su racismo y la pérdida de poder, ‘no pueden razonar’”, asegura De la Fuente.

Preocupa la dirigencia por el práctico harakiri que el paro cívico indefinido significa para la economía y futuro cruceños.

Migrar hacia Chile

Siempre se ha hablado de la migración hacia Santa Cruz, que por eso se reclama Censo-2023. Sin embargo, hay un hecho poco conocido y que recién se lo trata de cuantificar: la intensa migración de gente de tierras bajas, pero especialmente de Santa Cruz, hacia Chile, apunta el sociólogo, especializado en migración, Alfonso Hinojosa. “Santa Cruz urbana, Plan 3.000, ciudades intermedias, Montero, Warnes, muchísima gente está ligada a las cosechas en el centro y sur de Chile; en Santa Cruz mismo no se visibiliza esta salida de población”.

Desde el punto de vista demográfico, desde los 80 lo que hubo fue la “andinización” del departamento, asegura el sociólogo, aunque es un hecho complejo: en las últimas movilizaciones, recuerda Hinojosa, se pudo identificar que muchos jóvenes “son descendientes de collas, pero con un discurso muy fuerte anticolla”.

Sobre el calado social que puede tener la consigna del federalismo en el mismo departamento de Santa Cruz, Hinojosa es enfático al afirmar que no es “algo que venga “desde abajo”. Incluso a futuro mediato, dice el sociólogo, “no sé si sea un proyecto que tenga una capacidad de ser hegemónico”.

El ‘’federalismo” es más discurso de la élite. Otra cosa es, dijo, la demanda, que hay que tomar en serio, de la región chaqueña, en partes de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

(*)Iván Bustillos es periodsta de La Razón.

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Rector Cuéllar: Logramos lo que buscábamos

La radicalidad cruceña empezó a caer cuando se acordó que el resultado del Censo esté en octubre de 2024.

El rector de la universidad cruceña es objetivo, pues acaso se logre incremento de recursos incluso a fines de 2024

Por Iván Bustillos

/ 13 de noviembre de 2022 / 07:21

El punto sobre la i

El viernes, día 21 del paro cívico cruceño indefinido, cerca de la medianoche, finalmente el presidente Luis Arce anunció la fecha del Censo de Población y Vivienda: el 23 de marzo de 2024. A punto seguido, aseguró que “con base en los resultados preliminares, se hará la distribución de recursos en septiembre de 2024, un mes antes de lo que habíamos inicialmente propuesto”. Ese mismo viernes por la mañana, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, reconocía: “En el fondo, se ha conseguido lo que nosotros buscamos. Lo más importante es que los resultados van a permitir reconfigurar la nueva representación parlamentaria. Se ha mencionado que el Censo va a ser en marzo de 2024, los resultados serán entregados en agosto o septiembre y los recursos se estarían distribuyendo en septiembre u octubre”.

Es cierto, el verdadero principio del derrumbe de la radicalidad cruceña ocurrió en el Encuentro Plurinacional por el Censo con Consenso, el viernes 28 de octubre, cuando por unanimidad, con la representación cruceña incluida (precisamente Cuéllar presente), se acordó que los resultados del Censo deberían estar en septiembreoctubre de 2024, para que puedan ser usados en el cálculo del presupuesto del siguiente año, 2025. Con esto, aunque salvando las exigencias técnicas, en verdad ya no era de mayor relevancia si el Censo era en 2023 o 2024; lo único que se necesitaba era que sea al menos seis meses antes del día del empadronamiento.

El punto que ahora plantea este su suplemento es ¿qué finalmente consiguieron en recursos la Gobernación, los municipios y la universidad cruceña?

En verdad, la pelea por el “Censo cuanto antes” debió ser entablada sobre todo por los municipios y las universidades, pues las gobernaciones reciben una pequeña parte de los recursos que se reparten por población.

COPARTICIPACIÓN.

Sobre todo los municipios, porque éstos son los directos beneficiarios de la llamada “coparticipación tributaria” (o, como antes se decía “Recursos de la Participación Popular”), la gran bolsa que se forma con “la recaudación efectiva de los ingresos nacionales (Renta y Aduana)”, apunta el Glosario de términos municipales (Padem, 2005), cuyo 20% se destina a las municipalidades y 5% a las universidades. Ese 20% es la coparticipación tributaria y su principio básico es que se lo distribuye según los habitantes de cada municipio del país.

“Las gobernaciones no reciben un centavo de coparticipación tributaria; entonces, no serían un actor central para este proceso (del censo), por eso creemos que (el protagonismo de la Gobernación cruceña en la actual refriega) es más un tema de orden político tratar de abanderar una demanda que podría ser de los municipios y la universidad, pero de la Gobernación, en términos reales o, por lo menos como se ha distribuido hasta el momento, no es”, destaca el director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Rodrigo Puerta.

El único caso en que las gobernaciones reciben recursos por la población del departamento es su participación en el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD); impuesto que 50% se lo distribuye de forma igualitaria por departamentos, y el otro 50% se distribuye por población. “Pero el IEHD es un impuesto irrisorio, digamos, en comparación con la coparticipación, porque no llega ni al 1% de lo que es la coparticipación”, precisa Puerta.

Así, habiendo acaudillado la pelea cruceña por el Censo en 2023 el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en términos institucionales es el menos beneficiado por un censo. “No es un asunto determinante como para que haya generado semejante conflicto, además por unos meses”, cuestiona el director de la FAM.

En efecto, como se puede ver en el cuadro adjunto, el IEHD, en las “regalías y transferencias a gobiernos autónomos y universidades públicas” en 2021, es de apenas 2,7%, cuando la coparticipación tributaria municipal en ese año fue de 39,2%.

El ingreso mayor que más bien tienen las gobernaciones son las regalías hidrocarburíferas y mineras, como se puede apreciar en el cuadro adjunto.

Ahora, cuando el Ministro de Planificación cerró la Comisión Técnica de Trinidad, el martes 8 en la madrugada, señaló que lo máximo que se podía adelantar el Censo era apenas un mes.

Un mes, como si el Gobierno se estaría burlando, protestaron los opositores. Pues bien, pasa que ese “mesecito” es de capital importancia para los municipios. El presidente Arce el viernes confirmó el adelanto de un mes, y dijo que las cifras del Censo estarán listas en septiembre.

Los municipios deberían estar festejando. Como explica el técnico Puerta: El que los resultados del Censo estén en septiembre “es de trascendencia, porque los POA (Plan Operativo Anual) municipales se deben presentar en septiembre”, y tendrán tiempo para presupuestar sus recursos para 2025 según las nuevas cifras del Censo. Pero he aquí la especial importancia del septiembre: si se logra incorporar las nuevas cifras en la planificación municipal en este mes, las alcaldías podrían beneficiarse además con que el incremento de su presupuesto se aplique de inmediato, en el último trimestre de 2024. Por eso la FAM ya se adelantó: “Como FAM en nuestro comunicado, hemos dicho que sería lo más prudente que (el resultado del Censo) tenga utilidad inmediata para el último trimestre de 2024 y para el 2025”, informó Puerta.

IMPUESTOS.

Ahora, ¿en verdad qué paga la coparticipación tributaria, o, como suele decirse, “qué pagan nuestros impuestos”?

He aquí un apunte llamativo: siendo que 25% de la coparticipación se va a municipios y universidades, ¿dónde se va el restante 75%?

“La coparticipación, en realidad, en su gran mayoría (ese 75%) es la fuente que sostiene el funcionamiento de los servicios personales de lo público, básicamente: magisterio, salud, militares, policía, un porcentaje importante del antiguo sistema de pensiones”, destaca el director ejecutivo de la FAM.

Ahora, en cuanto a los municipios, lo primero que debe quedar claro, insiste Puerta, es que la coparticipación es el ingreso o la fuente más estable que tienen los municipios. Por esta razón, irá a mantener lo básico de toda institución, el personal: “Sostiene toda la burocracia municipal, los sueldos de los gobiernos municipales, el tema del SUS (Sistema Único de Salud) y algunos elementos clave pero que no siempre son la parte más grande de la inversión pública”.

La inversión pública en los municipios está más “concentrada” con los ingresos por IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) y otras fuentes. En suma, la coparticipación tributaria en los municipios es “una fuente más destinada a los servicios públicos que a la inversión pública”.

En relación al incremento de la población, que es la bandera que exhibieron los cívicos cruceños para sus protestas por el Censo-2023 (que con más gente, lógico, merecen más dinero), hay un dato que proporciona el experto Puerta que no deja de sorprender.

Y es que viendo el incremento de la población en los municipios versus el aumento de la coparticipación tributaria en los últimos 10 años, se ve que mientras el ingreso por coparticipación aumentó en 120%, el aumento de la población en promedio estuvo en torno a solo 12%.

Es como si “la velocidad de crecimiento de la coparticipación, digamos que ha sido 120 kilómetros por hora, y la velocidad de crecimiento de la población ha estado en torno al mínimo de 12%, o sea 12 kilómetros por hora. O sea, la velocidad de crecimiento de la coparticipación en estos 10 años ha sido 10 veces mayor que la de la población. Este fenómeno es importante recalcarlo porque esto compensa cualquier pérdida que pueda tener el municipio”, ilustra Puerta.

ESTABILIDAD.

Ahora, si hubo ese incremento sostenido de la coparticipación fue por la estabilidad económica del país y el crecimiento sostenido: “Si hay una buena economía, como la hubo en estos últimos 10 años, lo que pierda el municipio, en 10 años lo va a recuperar con creces, pero depende de la estabilidad económica”.

Aquí, vale la pena detenerse en la suerte de mito que se ha hecho de aquello de que a más población necesariamente más recursos. Puerta afirma que hay que partir del hecho de que “básicamente todos los municipios van a tener un aumento de población, inclusive el área rural”, el problema está, destaca, en la velocidad, que “no es la misma en el área rural que en la urbana; el área urbana tiene una velocidad de incremento mayor”. Ahora, esto no tiene que llevar a decir que si se incrementa la población se incrementan también los recursos, reclama.

A estas alturas del debate, hay municipios que dicen que aumentaron de tal modo su población que unos meses de postergación de la fecha del Censo les implicará millones de bolivianos de pérdida, que el país tiene una deuda histórica con ellos porque con la misma cantidad de plata debe atender hasta el doble de lo registrado en el último censo (2012), peor cuando ese empadronamiento se lo hizo con la cartografía de 2001, en fin.

La verdad, solo con el Censo del 23 de marzo de 2024 se sabrá la verdad, porque, llama la atención Puerta, todos los cálculos de pérdida o ganancia de recursos hechos hasta ahora son en base a estimaciones de incremento de población, y, algo que no siempre se dice, es que año que pasa las estimaciones tienen un mayor “margen de error”; “técnicamente el margen de error de las proyecciones es de un 1% cada año”, así, para 2024 el margen de error será de 12%; por esto, precisamente, apunta el experto, se recomienda hacer los censos cada 10 años, para que la proyección de la población no supere el 10% de margen de error.

Hecha esta prevención, el director ejecutivo de la FAM señala que “si se puede decir que hay alrededor de 50 municipios que con la proyección con ese alto margen de error podrían ganar, no ‘que ganan’, y hay aproximadamente 280 municipios que podrían perder; pero, en la realidad, con ese margen de error, las cosas seguramente van a ser muy distintas”.

Finalmente, el experto recuerda que al hablar del incremento de la población de cualquier municipio, siempre se debe considerar que ese su aumento es relativo al incremento o disminución del resto, de la velocidad en que se dé este cambio en cada caso.

Todo esto se dilucidará en el Censo de marzo de 2024; por eso el imperativo de que esté bien hecho.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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81.000 Procesos en agenda

evaluación de los temas más importantes de dos años de gestión de la Procuraduría.

/ 13 de noviembre de 2022 / 06:48

DIBUJO LIBRE

Ayer, 12 de noviembre, se cumplieron dos años de la gestión del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. Animal Político le ofrece un breve repaso de las tareas que encaró en estos dos años la autoridad. Registrar, por ejemplo, que según Chávez “los arbitrajes de la nacionalización prácticamente se están extinguiendo”, o que a la fecha el Estado tiene en mesa (aunque una parte por cerrarse) nada menos que 81.000 procesos.

—¿Qué fue de la ‘herencia’ que le dejó el anterior procurador: un juicio contra Evo Morales en la Corte Penal Internacional de Justicia?

—Es el caso por los bloqueos que se decía no dejaban pasar los camiones de oxígeno; una causa abierta en septiembre por una comisión que ha viajado a La Haya y que ha costado más o menos medio millón de bolivianos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha analizado la causa, y nos ha comunicado oficialmente que ha desestimado la misma, porque no había elementos legales que le permitan llevar un proceso contra el expresidente Evo Morales ante la Corte. Era una demanda absolutamente infundada y de carácter político. Los camiones sí han pasado. La Procuraduría, por responsabilidad, ha pedido información al sistema de salud para que nos digan si alguna persona hubiese fallecido por este motivo, y el sistema nos dijo que no.

—La Procuraduría hizo la revisión de las actas de voto de 2019 ¿Qué efecto tendrá a futuro eso?

—Hemos hecho un análisis de las actas, que es lo que nos compete. No somos un órgano para revisar el trabajo de otro órgano. Lo que buscábamos era aclarar un tema en que el Estado, como Estado, había sido puesto en la mira porque supuestamente se habría dado un fraude electoral en 2019. Lo que planteamos era bastante sencillo: si han denunciado un fraude, veremos si hubo y en qué sentido ha sido el fraude. ¿Qué es lo que hemos hecho? Revisar todas las actas, las 34.500, que han sido digitalizadas; hemos confrontado cada acta versus el resultado que figura en el cómputo, acta por acta; y hemos determinado que no ha existido fraude de ninguna manera, ni desvío de votos; sí hubo algunos casos en que estaba borrosa o que la había llenado el mismo notario porque no había quién escriba con claridad, o que había llenado más de un acta. Pero eso de ninguna manera invalida la elección. Ahora, hemos comparado las actas observadas por la OEA (226) con las de la elección de 2020, y en todas han dado igual o hasta mayor votación por el MAS.

—El rol de la OEA…

—La OEA no hizo una auditoría sino un estudio preliminar, que se ha quedado ahí. La Contraloría, diferentes estudios internacionales, han certificado que no había una auditoría como tal. El trabajo está publicado, hemos logrado despejar el tema del fraude; hemos hecho un informe interno que se hizo conocer a las autoridades nacionales, para que quede una constancia escrita. Si hay alguien que diga que hubo fraude, con este trabajo se va a poder ver si hay algún acta en que se ha cambiado los guarismos.

—De los varios casos que maneja, son especiales los relacionados a la nacionalización. ¿Cómo están?

—Lo primero era tener estrategias de negociación con las empresas nacionalizadas; esto ha sido con éxito, casi todas se han quedado; y en algunos casos las negociaciones han tenido que ver con la pretensión que ellos tenían versus lo que se ha pagado efectivamente. Yo puedo decir con total certeza que de un cien por ciento demandado, el Estado ha reconocido un 15% en promedio, de todas las pretensiones. Aparte de estos casos producto de la nacionalización, hay otros de arbitrajes comerciales, de empresas estratégicas. Los arbitrajes de la nacionalización prácticamente se están extinguiendo, quedan un par; uno de éstos ha sido el de BBVA (del sistema de pensiones), pero en esto no hemos nacionalizado nada, lo que hicimos fue tomar la administración por nosotros mismos. Hemos planteado la nulidad de este laudo arbitral (que dispone el pago de $us 105 millones).

—Parece que a fines de noviembre llega una comisión de la CIDH para ve el avance de la implementación del Informe del GIEI.

—Es para el seguimiento a las recomendaciones del GIEI; es un mecanismo importante, porque así ha sido acordado por nuestro gobierno; tenemos que dar los elementos necesarios a la comitiva sobre los avances. Hay el principio de gradualidad en el cumplimiento de estos informes; gran parte de lo hecho está en el Ejecutivo, en el Ministerio de Justicia, en el sistema de Salud, en varios lugares donde justamente hay que encontrar las respuestas puntuales a cada una de las recomendaciones del Informe. Es importante que la Comisión venga acá y escuche a los actores que considere pertinente y se lleve esta impresión y luego se apunte qué todavía queda pendiente.

—Las recomendaciones son entre más o menos puntuales y estructurales también.

— Sí. Incluso se cuestiona la institucionalidad de la Justicia. Eso hay que ver con cuidado, en todo caso estamos tranquilos, porque sabemos que las cosas más importantes se han ido cumpliendo.

—El caso Murillo. Por ahora, el interés mayor para el país parece el juicio civil.

—Estamos a menos de dos meses de que se lea la sentencia del juicio penal. Como no va a tener recurso de apelación, porque los que se declaran culpables, como lo ha hecho Murillo, renuncian a todos los derechos de impugnación. Con el equipo nacional e internacional hemos visto prudente esperar la sentencia. Nuestra estrategia siguiente es el juicio civil, que ha avanzado bastante, de hecho, los testigos principales que tenemos son quienes han sido acusados junto a Murillo, los cuatro que se han declarado culpables. Con el juicio civil queremos recuperar todo el dinero que se ha llevado este grupo delincuencial.

—Será al final que se diga cuánto se ha recuperado del dinero sustraído, pero parece que sí se ha recuperado.

—Hemos recuperado una buena parte, puedo anticiparlo, aunque no puedo dar el monto, pero igual tenemos que ir por el saldo, para que todo el dinero, más el costo que nos ocasiona este juicio, sea repuesto en el juicio civil.

—Empieza su tercer año de gestión.

¿En qué tareas se podría decir que se concentrará? —La primera gran tarea es, a través de sistemas informáticos, hacer un seguimiento a todos los procesos que tiene el Estado. El Registro Obligatorio de procesos del Estado, tenemos más de 81.000 procesos registrados al momento; de éstos la cuantía supera los 10.000 millones de dólares, es lo que está en juego en esos juicios. Entonces, si tuviéramos un seguimiento más adecuado, actualizado y personalizado, a través de sistemas informáticos, por lo menos los casos más importantes podríamos resolverlos la siguiente gestión, 2023. Esa es la meta que nos hemos puesto, recuperar los dineros del Estado a nivel interno, en juicios que han dormido mucho tiempo, y vamos a acelerar el cobro de estos dineros a favor de nuestro Estado, entendido éste como el nivel central, los gobiernos departamentales y los municipales. Eso va a importar el cambio de ciertos procedimientos legales.

—Diversidad de juicios, supongo.

— En gran medida son juicios contenciosos, tributarios, coactivos, fiscales; también hay penales, pero no son la estrella de estos procesos.

(*) Iván Bustillos es periodista de La Razón  

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