En menos de una semana, otro militar fue aprehendido por el caso Senkata. Ayer fue detenido Alfredo Irrazábal Guzmán, comandante de la Escuela de Cóndores de Sanandita, y luego trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Antes que Irrazábal, el miércoles, corrió la misma suerte el tenientecoronel del Ejército Miguel Eduardo Santiesteban Stroebel, por el mismo caso, quien también aguarda su audiencia de medidas cautelares.
En el reciente caso, la Policía capturó a Irrazábal por una orden del Ministerio Público que fue emitida el lunes, en el marco de las investigaciones que se hacen por la masacre de 2019 en esa zona de El Alto, por los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves.
“Ha sido aprehendido en Sanandita, fue sacado de la Escuela de Cóndores en Yacuiba y luego trasladado a la ciudad de La Paz; entendemos que también va a ser imputado por los mismos delitos”, informó ayer el abogado Jorge Valda, quien también es abogado de Santiesteban.
El jurista indicó que la Fiscalía está pidiendo seis meses de detención preventiva para ambos militares, bajo el argumento de que existe peligro de fuga y obstaculización.
El miércoles, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que Santiesteban estaría involucrado “en los luctuosos hechos suscitados en la gestión 2019, que permitieron el golpe de Estado en nuestro país”.
Tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, Jeanine Áñez asumió el poder el 12 de noviembre de 2019 y emitió el Decreto Supremo 4078 que dio luz verde a los operativos conjuntos de militares y policías para “restablecer el orden”, ante las protestas por la renuncia de Morales.
Asimismo, esa norma libró de responsabilidad penal a los efectivos castrenses que participen en los operativos. Fue así que el 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba, en Cochabamba, con 10 fallecidos por el impacto de bala, a lo que se sumó la masacre de Senkata, cuatro días después.
El 17 de agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó durante ocho meses la violencia y la violación de derechos humanos en la crisis de 2019, presentó su informe que estableció que en la masacre de Sacaba hubo “muertes como ejecuciones sumarias” y en la de Senkata, “un conjunto de ejecuciones sin legal amparo”.
El requerimiento acusatorio del caso fue presentado el 20 de agosto por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, que argumentó delitos “calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”.
De acuerdo con el representante de víctimas de Senkata, David Inca, entre los procesados figuran el excomandante de la Armada almirante Moisés Orlando Mejía, los generales Iván Inchauste Rioja, excomandante del Ejército; Franko Suárez Gonzales, comandante de la Primera División Mecanizada; el coronel Julio Tamayo Rivera, subjefe de Operaciones del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas; y el general Pablo Guerra Camacho, exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
Además de los generales Francisco Orlando Suárez Gonzales, Luis Fernando Velarde, y el teniente- coronel Franz Vargas Gonzales. A este grupo se suman los tenientes coroneles Miguel Eduardo Santiesteban Stroebel y Alfredo Irrazábal Guzmán.
Por este caso, Áñez tiene en trámite en proceso de juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata.