A fin de hallar soluciones al conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) La Paz, el nuevo defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó reuniones con los ministros de Gobierno y de Desarrollo Rural, Eduardo del Castillo y Remmy Gonzales, respectivamente.
En el marco de una de sus primeras intervenciones en esta problemática, este lunes, Callisaya envió cartas a ambas autoridades del Estado, para abordar esta situación, en el marco de los derechos humanos y ciudadanos.
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“Solicito a su autoridad una reunión de urgencia para analizar y considerar los posibles escenarios de diálogo y acercamiento de las partes confrontadas para la gestión de soluciones” (sic), señala parte de la misiva que se envió, por separado, a los ministros Del Castillo y Gonzales.
El nuevo defensor del Pueblo manifestó su interés para buscar soluciones al conflicto, en momentos que los bloques enfrentados de los líderes cocaleros Freddy Machicado y Arnold Alanes ingresaron a una nueva semana de tensiones, por el control del mercado de la coca.
Tras dividirse, Alanes abrió un “mercado paralelo” para vender la hoja sagrada, en Villa El Carmen. Machicado calificó esa acción como ilegal y demandó al Gobierno central, en reiteradas oportunidades el cierre de ese centro de abasto, pero no obtuvo respuesta.
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Ante esta situación, el 8 de septiembre cocaleros afines a Machicado tomaron por la fuerza ese mercado y se registraron destrozos, incendios, además de agresiones a mujeres, niños y policías.
Por este caso, la Fiscalía inició una investigación de oficio y libró 15 mandamientos de aprehensión en contra de los principales líderes de Adepcoca. Machicado y otros dirigentes ya fueron detenidos preventivamente en la cárcel de San Pedro, mientras duran las investigaciones.
En respuesta a estas acciones judiciales, los productores de ese bloque se aliaron con otros sectores sociales y llevaron a cabo, este lunes, un cabildo en el que demandaron acabar con la persecución a sus líderes.
Asimismo, se sumaron a los pedidos de instituciones cruceñas de que se realice el Censo el próximo año y no en 2024, como establece el Decreto 4760.
En tanto, Alanes y los cocaleros de su bloque reanudaron la venta en ese centro de abasto, lo que reactivó la tensión y las susceptibilidades entre ambos frentes.
En ese marco, la Defensoría afirmó que promueve “la apertura de escenarios de reflexión efectivos que permitan afrontar de manera más eficiente y eficaz la resolución de conflictos sociales y ciudadanos a fin de precautelar y garantizar la vigencia y ejercicio de los derechos humanos a la vida, salud e integridad personal” (sic), agrega otra parte de la carta de convocatoria.