Nacional

Friday 27 Jan 2023 | Actualizado a 18:39 PM

Richter a Santa Cruz: ‘Queremos un diálogo sin ultimátum y sin condiciones’

Los sectores cruceños en contra del Censo en 2024 alistan un paro indefinido si el Gobierno no abroga el Decreto Supremo 4760.

Un cartel de protesta por un censo en 2023.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 17 de octubre de 2022 / 11:47

El vocero presidencial Jorge Richter dijo este lunes que el Gobierno aún apuesta por el diálogo con los sectores de Santa Cruz que se oponen a un Censo en 2024 y que alistan un paro indefinido.

Sin embargo, consideró que las imposiciones antes de instalar un encuentro de esas características “no permitirán un dialogo como tal”.

“El condicionamiento es una imposición y la imposición no es un diálogo (…). Queremos el dialogo sin ultimátum, sin condiciones “, dijo Richter a los periodistas en La Paz.

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El Comité Interinstitucional de Santa Cruz lidera la exigencia para que el censo de Población y Vivienda se realice en 2023.

Dicha organización cuenta con el apoyo del Comité pro Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y el respaldo político del gobernador Luis Fernando Camacho.

En conjunto enviaron a la comisión de técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la representación gubernamental una “propuesta técnica” para adelantar los tiempos del Censo.

Dicha propuesta fue rechazada por que se consideró que “el documento presentado no tiene nada de técnico” y, al contrario, “tiene tintes políticos”.

Dos días después, se desarrolló el cabildo regional, en el que se determinó un “paro indefinido” si el Gobierno no abrogaba el Decreto 4760 y dieron un plazo de 21 días.

El 11 de octubre se instaló una mesa técnica en Santa Cruz que, a insistencia de esos sectores, se desarrolló en esa capital, con la presencia de expertos y, además, la transmisión del encuentro.

Pero los movilizados decidieron no asistir y condicionaron la abrogación de dicho decreto para ser parte del diálogo.

Varios sectores, principalmente los empresarios y gremiales, condenaron la convocatoria al paro y aseguraron que esa medida “va en desmedro de la clase trabajadora”.

Además desde el Gobierno advirtieron que la paralización de actividades significará una pérdida de $us 36 millones diarios.

Nota en desarrollo…

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Senadora colombiana dice que el sector indígena se alía con otros sectores por ‘la paz total’

La senadora colombiana Aida Marina Quilcué dijo que su bancada “está compuesta, por primera vez, por mujeres y hombres que hemos caminado en la lucha social”.

La senadora colombiana Aida Marina Quilcué en exclusiva con Piedra, papel y tinta, de La Razón.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de enero de 2023 / 15:30

La senadora colombiana Aida Marina Quilcué afirmó que el sector indígena en el Gobierno del presidente Gustavo Petro debe hacer “alianzas estratégicas” con algunos actores de oposición para lograr “la paz total”.

El Gobierno del izquierdista Gustavo Petro, posesionado como mandatario el 7 de agosto del año pasado, impulsa la política de la “paz total”, sin embargo, la presencia de legisladores de oposición en el Congreso, genera “retrasos”.

“Quiero aclarar que esta bancada no somos mayoría en el Parlamento, por eso nos hemos visto en la gran tarea de hacer alianzas estratégicas con aquellos partidos que no apoyaron este gobierno”, señaló Quilcué.

Indígena originaria y miembro del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, Quilcué dio una entrevista exclusiva al programa Piedra Papel y Tinta, de La Razón.

Visitó Bolivia en ocasión del Gran Encuentro de los Pueblos Originarios de la Region Andina, en el marco del Parlamento Andino.

Junto con Petro, en calidad de vicepresidenta, Francia Marquez, de origen afrocolombiano, asumió el liderazgo de Colombia.

Esa dupla, de tendencia izquierdista, como no ocurrió antes en la historia de Colombia, ocupó el poder con “la tarea de reivindicar los derechos de los sectores indígenas”, que según Quilcué, no eran reconocidos.

“Este gran paso que ha dado Colombia ha sido el acomodado de las luchas milenarias de los pueblos indígenas en el marco de la reivindicación de los derechos”, aseguró.

https://twitter.com/LaRazon_Bolivia/status/1618995718043365377/photo/1

Senadora y su bancada

Dijo que su bancada “está compuesta, por primera vez, por mujeres y hombres que hemos caminado en la lucha social”.

“Los indígenas solo somos el 2% de la población colombiana, pero esto tiene que sumarse a muchas fuerzas sociales que contribuyen con esperanza a lo que hemos denominado la ‘Ley de la paz total’”.

Otro de los “desafíos” de los que habló Quilcué, radica en la pacificación entre el estado y las guerrillas, que, según dijo, “cobraron la vida de 50 jóvenes y niños” en 2022.

Además, contó que, como medida para lograr la paz total, se busca eliminar la obligatoriedad del servicio militar, “pero aún está en trámite en el Legislativo”.

En cambio, la propuesta que manejan las autoridades colombianas, apunta a un servicio comunitario que reemplace al militar.

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Régimen Penitenciario niega que en la celda de Camacho se haya encontrado cámaras

El jueves, Martín Camacho, abogado del Gobernador de Santa Cruz, denunció el hallazgo de una “cámara espía” en el dormitorio del recluido.

La celda del gobernador Camacho em Chonchocoro. Foto: Ministerio de Gobierno.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de enero de 2023 / 13:39

En la celda de Luis Fernando Camacho, en el penal de Chonchocoro, no había cámaras ni cableado para el funcionamiento de los aparatos, informó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.

“No se han encontrado cámaras ni ningún tipo de cableado”, dijo el funcionario a los periodistas, con base en un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

El jueves, Martín Camacho, abogado del Gobernador de Santa Cruz, denunció el hallazgo de una “cámara espía” en el dormitorio del recluido.

Estas acciones “vulneran todo derecho a la privacidad y a la imagen no solo del gobernador Luis Fernando Camacho, también el de su esposa, familiares y abogados”, lamentó el jurista.

Limpias informó que, una vez conocida la denuncia, el gobernador del penal contactó con la FELCC y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial(IITCUP) para un chequeo.

Como medida inicial, se decidió «evacuar» el ambiente para facilitar las investigaciones y garantizar la salud de Camacho, también por recomendación de los médicos.

Cámaras

Al contrario, Limpias denunció que “el privado de libertad ha realizado destrozos en la celda».

y recordó «que que la familia ha visto, revisado y constatado cuando se estaban haciendo los arreglos y las adecuaciones”.

Recordó que la administración penitenciaria ha mostrado públicamente la celda, que, en su criterio, reunía todas las condiciones.

Acusado por terrorismo en grado de autor en el caso Golpe de Estado I, Camacho guarda detención preventiva en ese penal.

Ese caso investiga sobre los hechos precedentes al derrocamiento de Evo Morales en 2019.

Fue aprehendido el 28 de diciembre de 2022 en un cuestionado operativo policial en Santa Cruz. Dos días después, un juez dispuso su encarcelamiento el Chonchocoro.

En 2019, Camacho era presidente del Comité pro Santa Cruz. Lideró las protestas ante el presunto fraude electoral, que terminó con la caída de Morales y la proclamación de Jeanine Áñez.

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Periodista peruano dice que su país ‘está aislado’ por ‘errores del Ejecutivo’

El politólogo y comunicador peruano Arturo Ayala calificó como afirmó que su país se encuentra “aislado” de países de la región y atribuye eso a “una serie de errores del Ejecutivo”.

Protestas contra el gobierno de DIna Boluarte en Perú.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 27 de enero de 2023 / 10:51

El politólogo y comunicador peruano Arturo Ayala afirmó que su país se encuentra “aislado” de países de la región y atribuye eso a “una serie de errores del Ejecutivo”.

“Hay un aislamiento de Perú frente a la situación que se vive, que es innegable el abuso de derechos humanos, las masacres”, dijo en entrevista con el programa Piedra, papel y tinta, de La Razón.

Las jornadas violentas en el vecino país ocurrieron desde el 7 de diciembre, tras la decisión del expresidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso y su posterior destitución por “no tener moral para gobernar”.

Desde entonces, la violencia cundió en la capital, Lima, y en otras regiones del vecino país.

Las represiones policiales y militares derivaron, hasta ahora, en el fallecimiento de al menos 63 personas; la mayoría, a bala.

Eso generó conmoción en los países de la región, tanto así que condenaron la violación de derechos humanos en las protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la realización de una Asamblea Constituyente.

Gobierno peruano aislado

“Nos hemos peleado diplomáticamente con Colombia, con México” y, recientemente, con Honduras, pues Boluarte decidió expulsar a su embajador del territorio peruano, lamentó Ayala.

Pero antes de eso, Boluarte acuso a dirigentes bolivianos de promover los conflictos en Perú.

Incluso apuntó al expresidente Evo Morales como líder de esos actos.

“En el caso de Bolivia, quiero pedir disculpas a nombre de la mayoría de peruanos y peruanas”, dijo.

Aseguró que la violencia alcanzó, incluso a empresarios, que, junto con la Policía, “coordinaron un ataque” a los pobladores de Ica, cerca de Lima.

“Pagaron delincuentes para que participen del desbloqueo de las carreteras. Es realmente preocupante”, dijo.

Entre otras denuncias, las mujeres que forman parte de las manifestaciones denunciaron incluso supuestos abusos sexuales por parte de policías.

Los conflictos en Perú también generaron problemas en el sector económico, debido a alza de precios en los productos de comercio interno.

Pero las repercusiones alcanzaron al ámbito internacional, principalmente con Bolivia, pues las carreteras por las que circulan las mercancías de importación y exportación están bloqueadas desde hace más de un mes.

Eso provocó pérdidas millonarias para ambos países.

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El Gobierno prevé erradicar 10.000 hectáreas excedentarias de cultivos de coca

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que en 2021 y 2022 las metas previstas fueron superadas, y espera que este año ocurra lo mismo.

Uniformados en las tareas de erradicación de coca.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 26 de enero de 2023 / 12:21

El presidente Luis Arce prevé para este 2023 la erradicación de 10.000 hectáreas excedentarias de cultivos de coca en el país.

El anuncio ocurrió en el acto por la inauguración de las tareas de erradicación de la hoja de coca excedentaria, en el municipio de Chimoré, en Cochabamba.

“Hoy nos volvemos a poner como meta (la erradicación), para la gestión 2023, estas 10.000 hectáreas excedentarias de hoja de coca”, señaló Arce.

Recordó que en 2021 y 2022, las metas planteadas eran de 9.000 y 10.000 hectáreas de cultivo excedentario, respectivamente y que, en ambos casos, “se superaron las expectativas”.

Ley General de la Coca

Arce destacó el trabajo de los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas que se encargan de esas tareas en las dos zonas productoras de coca, previstas en la Ley 906, General de la Coca.

Dicha norma limita hasta 22.000 hectáreas los cultivos, de las cuales 14.300 está en los Yungas de La Paz y 7.700, en el Trópico de Cochabamba.

“Bolivia es un país comprometido contra el narcotráfico, pero es una tarea de todos los países y todo el mundo debe estar poniéndose metas para la lucha de la erradicación de la hoja excedentaria”, apuntó Arce.

Pero, de forma paralela a la erradicación de los cultivos excedentarios, el Gobierno impulsa la “desclasificación” de la hoja de coca en la lista de estupefacientes de la Convención de Viena de 1961.

Lo que se busca con esa desclasificación, según dijo el mandatario, “es la libre comercialización de nuestra hoja de coca y sus derivados”.

Por su parte, en el mismo acto, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, comparó los alcances de la erradicación de los cultivos excedentarios de coca con países como Perú y Colombia.

“Mientras otros países crecen en sus cultivos, en nuestro país se mantienen estables, e incluso se reducen”, dijo.

Dijo que las organizaciones implicadas en la producción de coca, como el Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) y la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) también serán parte de las acciones de erradicación.

“El camino nunca será la represión-persecución y, mucho menos, la violencia para erradicar estos elementos. Nunca llega a buen puerto; dificulta la tarea y provoca un entorpecimiento de la erradicación”, apuntó.

Cultivos de coca y la UNODC

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) estableció que los cultivos de coca en Bolivia crecieron en un 4% entre 2020 (29.400 hectáreas) y 2021 (30.500 hectáreas).

No obstante, el Gobierno acordó con ese organismo “revisará las metodologías de medición”.

Pues las hectáreas contadas por las fuerzas nacionales alcanzaban a tan solo 29.200 hectáreas.

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El Gobierno advierte que el ‘cabildo nacional’ busca acortar el mandato del presidente Arce

La viceministra Gabriela Alcón minimizó la convocatoria del “cabildo nacional por la justicia” y dijo que, en algunas regiones, como en La Paz, los asistentes “eran menos de 1.000 personas”.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en el cabildo de este miércoles. Foto: CPSC

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 26 de enero de 2023 / 10:09

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que la propuesta del “cabildo nacional” sobre un proceso revocatorio al gobierno del presidente Luis Arce solo busca acortar su mandato.

También aseguró que cuando los sectores concentrados la tarde noche del miércoles exigen “amnistía” para al menos 180 “presos políticos”, solo muestra que buscan “impunidad” por el derrocamiento del expresidente Evo Morales y la violencia en 2019.

“Para nosotros, es intentar acortar el gobierno del presidente Luis Arce, para justificar la impunidad a lo que ha ocurrido”, dijo Alcón en entrevista con Unitel.

Una de las determinaciones del denominado “cabildo nacional por justicia” exige la liberación de “presos políticos”, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho, en un plazo de 30 días; de no ser así, se iniciará un proceso revocatorio contra el mandatario.

“Sobre el proceso del revocatorio, existe un procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), pero lo que se está buscando es acortar el mandato presidencial”, insistió la viceministra.

Evocó las 36 recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

Ellas surgieron luego de una investigación de la violencia y las masacres de Sacaba y Senkata, en noviembre de 2019.

“La recomendación número 10 (del GIEI) habla específicamente de la inaplicabilidad de normas como la amnistía con relación a este informe y a este documento”, explicó Alcón.

Recordó que representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “está cumpliendo el seguimiento de las 36 recomendaciones del GIEI”.

Cabildo

El “cabildo nacional por la justicia” fue convocado por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Clavo.

Sin embargo, solo tuvo una concentración masiva en la capital cruceña.

Si bien los demás departamentos realizaron concentraciones, no alcanzaron la expectativa que los líderes cívicos previeron.

Alcón calificó de “reducidas concentraciones”, esa convocatoria.

“Lo que se ha tenido son concentraciones menores en ocho departamentos. En el caso de La Paz, eran menos de 1.000 personas”, dijo la viceministra Alcón.

Las movilizaciones en el departamento de Santa Cruz comenzaron el 28 de diciembre del año pasado.

En esa fecha se ocurrió la aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro.

Eso ocurrió el marco del caso Golpe de Estado I.

Además de las determinaciones de ese cabildo, esa región inició una revisión de su relación con el Estado.

También impulsa el federalismo, como forma de gobierno. Sin embargo, los otros departamentos no se hicieron eco de esa propuesta.

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