La directiva de Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), a la cabeza de Édgar Salazar, rechazó este viernes que hubiese existido una toma violenta de sus oficinas y pidió reconducir las “posiciones” y “políticas sectarias”.

“Aclaramos que no existió violencia alguna contra las personas que se encontraban en ambientes de nuestras oficinas, a quienes les pedimos como representantes de la institución, a que desocupen de manera pacífica, así lo reflejan las imágenes que se encuentran en nuestro poder, con conclusión no hubo violencia alguna, y que además nuestros actos estuvieron acompañados de un Notario de Fe Pública”, se lee en parte del comunicado.

Las oficinas de la APDHB fueron tomadas este viernes por la directiva de Salazar, donde cerraron las puertas y las sellaron con tablones de madera, evitando así que puedan ingresar a las instalaciones del lugar, ubicado en la avenida 6 de agosto. Fueron desalojadas cuatro personas.

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Agentes de la fuerza del orden llegaron hasta las instalaciones para resguardar y evitar que existas desmanes.

De acuerdo con el comunicado, desde el 17 de diciembre de 2021, fecha en que se eligió un nuevo directorio y presidente de APDHB, la directiva vino demostrando con acciones la elección y posesión, personería jurídica, representación ante el Servicio de Impuestos Nacionales, Resolución Constitucional N° 178/2022, por lo que están dispuestos a “demostrar” ante cualquier instancia legal vigente su legalidad. 

Pedido

La Defensoría del Pueblo, en un comunicado, exhortó a sus miembros a resolver los problemas orgánicos en el marco de sus estatutos internos, bajo mecanismos que no vulneren los derechos de las personas, mostrando una señal de que el diálogo es la mejor vía para resolver las diferencias.

“La Defensoría del Pueblo recuerda que las instituciones competentes del Estado, tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de todas las personas y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos, en el marco de la pluralidad, respeto y convivencia pacífica, reconocidas en la constitución”, señala el comunicado.

La dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) señaló que el apoyo de Comunidad Ciudadana (CC) al ministro de Justicia Iván Lima es la última prueba de la “derechización” del Gobierno de Luis Arce.

“Esta es la última muestra de la derechización de nuestro Gobierno que olvidó que llegó al poder con la sigla del MAS y el liderazgo de nuestro Hermano Evo Morales”, se lee en parte del comunicado difundido en sus redes sociales.

Agrega también que en la Asamblea Legislativa el grupo de ‘renovadores’ de ese partido político se unieron a CC y Creemos para aprobar la “innecesaria e inconstitucional” ley del censo “impuesta” por la derecha golpista.

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El partido de Gobierno alega que los hechos que comprueban el alejamiento del Ejecutivo del rumbo histórico y principios del proceso de cambio se argumentan en como un diputado suplente expulsado de esa sigla política usó cartas falsificadas y presionó políticamente al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Constitucional para tratar de defenestrar su estatuto y dirigencia nacional con la complicidad del Ministerio de Justicia.

También menciona que el ministro de Obras Públicas repite el discurso de la derecha imperialista y ataca a pueblos hermanos como Cuba y Venezuela o el tema de la entrega de cuarteles móviles del Comando Sur de Estados Unidos.

Entre sus argumentos también está que el Ministerio de Gobierno confirmó que pide informes a la DEA y repite la práctica de gobiernos neoliberales de tratar de criminalizar al Trópico de Cochabamba con supuestos operativos, mientras la prensa internacional informa del decomiso de grandes cantidades de droga que sale del país, incluso a través de Boliviana de Aviación (BoA)

“La derecha interna amenaza, persigue y maltrata a militantes del MAS y los acusa de ser ‘evistas’ para dividir y destruir al instrumento político”.

La dirigencia del MAS reitera su pedido a mantener la unidad y dignidad del instrumento político del pueblo ante la “derechización” de la supuesta renovación que cada día aparece más metida en “corrupción” y “protección al narcotráfico”.

Comunidad Ciudadana (CC) desconoce las “actuaciones y decisiones” de la senadora Silvia Salame, tras su voto en contra de la censura del ministro de Justicia Iván Lima, en la sesión de interpelación martes.

“Con su voto, y en su comunicado a la opinión pública, deja en claro que sus decisiones en la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) sólo responden a su derecho a la libertad de pensamiento y expresión y que su compromiso no es con ningún partido político, es decir que no se siente vinculada orgánicamente con la alianza ni con el mandato representativo que emerge de ella”, señala parte de la nota enviada a la senadora con la firma de su líder Carlos Mesa.

La misiva agrega que a partir de la fecha de la carta, 2 de junio de 2023, respetando su “voluntad pública” y explícita de que no se considera parte de la alianza Comunidad Ciudadana; “sus actuaciones y decisiones” en el plano interno y en el externo de la ALP, “las consideramos ajenas a nuestra organización tanto en lo orgánico como en lo político”.

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Reto

La senadora, el jueves, retó a sus correligionarios a expulsarla de la alianza por apoyar a la no censura contra el ministro de Justicia.

“Si cree CC que yo merezco ser expulsada (de la alianza); que soy una tránsfuga, etcétera, tiene a su alcance todas las medidas y todas las disposiciones legales que están previstas en la ley de partidos políticos”, dijo la legisladora opositora en entrevista con La Razón Radio.

La noche del martes, por iniciativa de CC, el ministro Lima respondió a una interpelación de 11 preguntas; ese informe terminó aprobado por la mayoría de los legisladores presentes, entre ellos Salame.

El expresidente de Jorge Quiroga (2001-2002) llamó “pelele desechado de Cristina” al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien volvió a señalar que en 2019 hubo un “golpe militar” en Bolivia.

“Pelele desechado de Cristina, @alferdez, defiende prorroguismo fraudulento del MAS, para tapara que electricidad de #Bolivia usará gas a una fracción del precio que se pagaba antes por el gas natural en Argentina (sic)”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

El jueves, en Yacuiba, los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Argentina, Alberto Fernández, se reunieron para inaugurar la Línea de Interconexión Internacional Bolivia-Argentina “Juana Azurduy de Padilla. El sistema permitirá proveer a Argentina electricidad boliviana de 132 kilovoltios.

2019

En el acto, Fernández volvió a referirse a la crisis poselectoral que noviembre de 2019 terminó derrocando al entonces presidente Evo Morales y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez.

https://twitter.com/tutoquiroga/status/1664602752129933317

Consideró que fuerzas externas “hicieron todo los todo lo necesario para romper la democracia en Bolivia cuando avalaron, desde la OEA (Organización de Estados Americanos) un golpe militar en Bolivia, un golpe cívico en Bolivia, también, no solo un golpe militar”, arengó el mandatario argentino.

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No fue la primera vez que Fernández dijo que lo que ocurrió en 2019 fue golpe. El año pasado, en ocasión de la visita de Arce a su país, afirmó: “Mientras el gobierno estuvo usurpado por la autodenominada presidenta Áñez, nosotros no tuvimos vínculo con Bolivia; recuperamos el vínculo con la llegada del presidente Arce”.

Macri

Y cuando Áñez llegó al poder, mientras él era presidente electo, demandó del entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, no reconocer a la mandataria transitoria.

El jueves, la exmandataria —precisamente sentenciada a 10 años de prisión por su proclamación en 2019— se refirió a Fernández en sus redes sociales: Fernández “encubrió al autor de la inconstitucional y el fraude electoral de 2019 pero que habla de democracia e integración”.

https://twitter.com/JeanineAnez/status/1664391823324860417

Luego de semanas de protestas contra los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre de ese año, que denunciaban presuntas irregularidades, Morales renunció a su mandato el 10 de noviembre.

Un paro promovido por en el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz y ahora gobernador, Luis Fernando Camacho, precipitó la caída del mandatario. Un motín policial, la sugerencia de renuncia presidencial de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana secundaron el desenlace.

Dos días después, con Morales y Álvaro García, Áñez, entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, se proclamó titular del órgano camaral y luego mandataria. Lo hizo en sendos actos en la Asamblea Legislativa sin quorum ni asistencia de la bancada de dos tercios de Movimiento Al Socialismo (MAS).

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dina Chuquimia consideró este viernes que, luego de que el Senado sancionó el proyecto de Ley Transitoria para Garantizar el Proceso de Preselección y Elección Judicial, hay tiempos prudentes para la realización de ese proceso.

Además, considerando la nueva norma reduce los plazos de preselección de candidatos, de 80 a 60 para la Asamblea Legislativa. Para el TSE es de 150 a 100 para la organización, calculó que el proceso puede terminar en noviembre de este año.

“Todavía hay tiempos prudentes en los que el TSE puede trabajar. Se puede ejecutar un proceso electoral de alcance nacional”, dijo la vocal electoral en una entrevista con RTP.

Tiempos del TSE

Recordó también que el Órgano Electoral pidió un plazo de al menos 120 días para la realización de las judiciales. Sin embargo, “asumo que estos 100 días (de plazo) que otorgan al TSE es para ejecutar un calendario electoral que vaya a culminar en la última semana del mes de noviembre”.

“Lo que nos resta es ajustar el calendario electoral de un proceso electoral que podría realizarse en 100 días”, agregó.

La norma sancionada por el Senado contiene cinco artículos y tres disposiciones transitorias; plantea una reducción de plazos para la elección de las autoridades judiciales y fue propuesta para “destrabar” el proceso.

Éste es el tercer intento de proceso de preselección de postulantes. El 28 de abril, la Asamblea Legislativa suspendió de forma temporal el trámite debido a un fallo del Tribunal Constitucional. El diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso ese recurso.

Antes, el 12 de abril, el proceso quedó suspendido tras un primer amparo constitucional presentado por el ciudadano Miguel Ángel Balcázar en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Aquel pidió anular el reglamento de preselección y la convocatoria.

Aún sin fecha, las elecciones judiciales deberán definir el nombramiento de 23 jueces y tres consejeros, titulares y suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo de la Magistratura.