A cuatro días que empiece el paro cívico cruceño, Gobierno y Comité Interinstitucional coinciden en plantear “diálogo sin condiciones”, en un ambiente, sin embargo, de un condicionamiento insalvable: anular el decreto que pospone el Censo a 2024.
Ayer, el vocero presidencial Jorge Richter dijo que el Gobierno aún apuesta por el diálogo con los sectores de Santa Cruz que se oponen a un censo en 2024 y que alistan un paro indefinido a partir de este sábado 22.
FLEXIBILIZAR.
Sin embargo, Richter consideró que las imposiciones antes de instalar un encuentro de esas características “no permitirán un diálogo como tal” y pidió una flexibilización.
“El condicionamiento es una imposición y la imposición no es un diálogo (…). Queremos el diálogo sin ultimátum, sin condiciones”, dijo Richter a los periodistas en un encuentro en La Paz.
“Hemos señalado de manera clara que estamos absolutamente dispuestos al diálogo, en este mismo momento, esta tarde, si se quiere; solamente que los diálogos tienen que ser sin condicionamientos”, destacó el vocero.
Ese condicionamiento, dijo, consiste en que el Comité Interinstitucional “predetermina una respuesta a una petición que ellos tienen” (que el resultado del diálogo sí o sí sea Censo en 2023).
Richter, además, circunscribió la demanda cruceña a básicamente una “cuestión regional”: “En esa perspectiva, el pedido es absolutamente regional”, viendo su inviabilidad para lo nacional: “Lo que quiere decir es que desde una deliberación regional no se puede intentar modular la agenda nacional, cuando la decisión (del Censo) es precisamente de todos los bolivianos”, reclamó el vocero.
Por su lado, la asambleísta departamental de Santa Cruz Paola Aguirre, en entrevista con Piedra, papel y tinta, insistió en que la única alternativa de “diálogo sincero” con el Gobierno es con la abrogación del Decreto Supremo 4760, que fija el Censo hasta mayo o junio de 2024.
“Para llegar a un diálogo sin condicionamientos, se debe dejar el papel en blanco para que, producto de ese diálogo, recién se pueda fijar la fecha”, dijo ayer.
Por su lado, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui, quien también estuvo en el programa televisivo, le respondió que, con esa posición, se ingresa a “un escenario político donde prevalecen los caprichos y posiciones políticas”.
Aguirre acotó que, ante el incumplimiento del primer decreto, la dirigencia cívica de Santa Cruz decidió un paro indefinido para el 22 de octubre. “Ante la soberbia del Gobierno se llega al paro departamental”, aseveró la secretaria general de la Asamblea Departamental. Jáuregui aseguró que “las posiciones irracionales no le hacen bien al proceso censal” en el que los bolivianos conocerán “en qué condiciones están”.
INJUSTIFICABLE.
De acuerdo con Aguirre, la reprogramación del Censo para 2024 no cuenta con un justificativo técnico porque el Gobierno no explicó ni brindó una razón técnica. “Tuvo 10 años para preparar el Censo y no lo hizo. El Gobierno nacional abusa del poder que tiene para modificar los decretos”, reclamó.
De acuerdo con el análisis de Jáuregui, sin embargo, con la “excusa del censo” y la amenaza del paro indefinido, se activan mecanismos políticos en contra de la gestión del presidente Luis Arce. “Buscan ingresar a esta movilización cívica para hacer una pulseta política y ver las condiciones para posiblemente animarse a otras medidas que afectarán la estabilidad del Estado Plurinacional”, advirtió.
En respuesta, Aguirre le recordó que la demanda de diálogo es desde hace 10 meses. “Si Santa Cruz llega a esta instancia es porque ha agotado todos los medios a disposición”, afirmó.
Jáuregui dijo que “la movilización es política porque solo busca mayor cantidad de escaños y representación parlamentaria”.