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El Gobierno y la Policía prepararán un ‘plan de operaciones’ ante el paro en Santa Cruz

El anterior paro en Santa Cruz por el Censo. Foto: Pablo Deheza

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó este jueves que se reunirá con el alto mando de la Policía para elaborar un plan de operaciones ante el paro en Santa Cruz.

Dicho plan, según dijo Del Castillo, busca garantizar el libre tránsito de las y los trabajadores durante las jornadas de paro en la capital cruceña.

“El día de hoy estamos convocando, a las 16.00, al mando policial, para hacer un plan de operaciones en todo el departamento de Santa Cruz”, dijo Del Castillo en conferencia de prensa.

Entre los puntos que se abordarán en esa reunión está el desbloqueo de vías, que “acostumbran acompañar este tipo de medidas”.

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El Comité Interinstitucional, compuesto por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el Comité pro Santa Cruz y otros sectores convocaron a la paralización de actividades.

Dicha protesta en rechazo del Censo de Población y Vivienda en 2024, fue definida en un cabildo regional, el pasado 30 de septiembre.

La dirigencia cruceña, que además cuenta con el respaldo político del gobernador Luis Fernando Camacho, pide la realización del censo en 2023.

Y exige la abrogación del  Decreto Supremo 4760 que establece la actividad censal en mayo o junio de 2024.

En el cabildo se dio un plazo de 21 días al Gobierno y, de no ser atendida su demanda, se instalará un paro indefinido.

“No estamos provocando a nadie, lo hacemos con el único ánimo de que no destruyan la propiedad privada y que no persigan a quien tiene el derecho al acceso al trabajo”, apuntó Del castillo.

Las voces que piden diálogo por el Censo se sumaron en las últimas semanas, pero los movilizados condicionaron su asistencia a algún encuentro.

El 11 de octubre se instaló una mesa técnica en Santa Cruz que, a insistencia de esos sectores, se desarrolló en esa capital, con la presencia de expertos y, además, la transmisión del encuentro.

Pero los movilizados decidieron no asistir y condicionaron la abrogación del Decreto Supremo 4760 para ser parte del diálogo.

Varios sectores, principalmente los empresarios y gremiales, condenaron la convocatoria al paro y aseguraron que esa medida “va en desmedro de la clase trabajadora”.

Además desde el Gobierno advirtieron que la paralización de actividades significará una pérdida de $us 36 millones diarios.