En el marco de un diagnóstico anual, Amnistía Internacional (AI) advierte que en Bolivia hay falta de independencia y otros problemas estructurales en la justicia. Además, cuestionó las represiones violentas por parte de organismos del Estado.

Estas y otras situaciones fueron objeto de evaluación en el Informe Anual. Sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2022, que fue publicado por AI.

Entre sus consideraciones, AI señaló que las víctimas de los crímenes cometidos por los Gobiernos militares entre 1964 y 1982. Además de la crisis de 2019 siguen “esperando justicia, verdad y reparación”.

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Asimismo, el documento señala que los defensores de los derechos humanos en el país han sido “sometidos a actuaciones judiciales por criticar al Gobierno”.

El informe se hizo público en momentos que una delegación de la CIDH llegó a Bolivia. El objetivo es hacer un monitoreo sobre la situación de los derechos humanos.

Para ese objetivo, los comisionados de la entidad internacional realizan visitas y sostienen reuniones. Con organizaciones civiles, políticos y grupos sociales, en las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.

Amnistía Internacional

Mientras se desarrolla esa actividad, AI alertó sobre la injerencia de las autoridades en el sistema judicial, por lo que cuestionan la falta de independencia.

Además, el informe señala que esto deriva en “problemas estructurales” en el sistema judicial y su respectiva administración.

En ese marco, el informe de la AI menciona la visita que hizo, en 2022, el relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán.

Tras su visita, el funcionario extranjero “concluyó que las autoridades continuaban interfiriendo en la independencia del poder judicial y que el acceso a justicia seguía siendo difícil”, agrega otra parte del informe.

Independencia

Al respecto, AI también se refirió a casos referidos al gobierno transitorio, como el de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, quienes “siguen afrontando cargos como terrorismo, sedición y conspiración”.

Llevan “más de 21 meses detenidas (esas personas) en espera de juicio”. En su criterio, ese es un indicador de “problemas estructurales en la administración de justicia”.

Áñez está encarcelada desde marzo de 2021 por procesos abiertos en función a la crisis política de 2019.

Mientras la defensa de la expresidenta afirma que fue un gobierno legalmente constituido, el Gobierno asegura que fue un “golpe de Estado” contra el entonces presidente Evo Morales.

Justicia

Por ese motivo, se le abrió varios procesos, como el caso Golpe de Estado I y II; en este segundo proceso, ya fue sentenciada a 10 años de prisión, en 2022, mientras que en el primero aún está con detención preventiva.

Asimismo, Amnistía Internacional se refirió al conflicto entre cocaleros opositores y afines al gobierno. Durante esos hechos, la Policía reprimió a los manifestantes.

Además, al menos, ocho dirigentes fueron procesados y ahora guardan detención preventiva, tras la toma violenta del mercado paralelo de Adepcoca, en Villa El Carmen, en La Paz.

Represiones violentas

Así, AI cuestionó que “agentes encargados de hacer cumplir la ley reprimieron con violencia y, en algunos casos, detuvieron arbitrariamente” a cocaleros “que protestaban” durante las movilizaciones.

La entidad internacional, en su informe, también da cuenta de que en Bolivia “se asesinó a defensores y defensoras de los derechos humanos a consecuencia de su trabajo”.

Cuestiona, además, que el Estado no “protegió” a las defensoras medioambientales” que sufrieron “al menos 200 agresiones y amenazas”.

“Pese al compromiso de Bolivia de conservar su cobertura forestal y luchar contra la deforestación ilegal, durante el año se quemaron más de un millón de hectáreas de tierra, fundamentalmente para ampliar la actividad agrícola”, señala el informe.

Encarcelado dos años por el supuesto fraude, el exvocal electoral Antonio Costas afirmó que una investigación al rol de la OEA en la crisis de 2019 implicaría para él y el país un “verdadero desagravio”.

“El verdadero desagravio sería si se investiga la actuación de la OEA y se ve los documentos que derivaron en esos dos informes: el preliminar y el definitivo, y la actuación de la misión de observación”, dijo en La Razón Radio.

El lunes, el Ministerio de Justicia organizó un acto de desagravio de seis exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en 2019 fueron detenidos acusados de operar un “fraude” en las elecciones del 20 de octubre.

María Eugenia Choque Quispe, expresidenta del TSE, fue reconocida junto a sus colegas de entonces Costas, Idelfonso Mamani Romero, Édgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca y Lidia Iriarte Torrez.

Al acto asistió también Joel Hernández, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya misión visita Bolivia estos días para evaluar la situación de los derechos humanos.

Costas, encarcelado por el caso al menos dos años, consideró que el acto de desagravio fue “un paso” en la reparación personal por parte del Estado. “Era necesario ese reconocimiento”, dijo el exvocal, quien insistió en que ese año no hubo fraude.

Consideró que fue “muy duro y cruel” el caso que le afectó, como a sus colegas. Cuestionó “el informe preliminar y sin firmas” de la OEA, que decantó el domingo 10 de noviembre de 2019 en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

En criterio de Costas, ese informe de la misión de la OEA degeneró en enfrentamientos sociales y políticos. Cuestionó que una “instancia foránea”, como fue el organismo, fue “tan gravitante” en la crisis poselectoral.

Sin embargo, afirmó que antes de las elecciones hubo una campaña de desprestigio, interna y externa, del TSE. Recordó que el parón del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que consideró “incidente desafortunado”, fue el “disparador” del conflicto.

Apuntó al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. “La responsabilidad del secretario general en este problema es mayúscula”, afirmó.

Así, Costas invocó el libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas uruguayos, Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, el que el jefe de la OEA admite su interés en las elecciones en Bolivia.

Costas hizo referencia a tres opciones que Almagro barajó entonces. “Abríamos una posibilidad que era que Evo ganara legítimamente. Era el costo que tenía eso. Para mí, eso era imposible, imposible. Evo tenía menos votos todavía que los que había tenido cuando el referéndum, o sea que no tenía forma. Después abríamos la posibilidad de que la oposición ganara legítimamente. Y cerrábamos la posibilidad de que Evo se robara la elección”, admite Almagro en el libro.

La madrugada del 10 de noviembre, la OEA publicó su informe preliminar sobre la observación de las elecciones generales en Bolivia del 20 de octubre. Según el acuerdo suscrito entre la Cancillería de Bolivia y el organismo, el documento debía expedirse el 13 de noviembre.

El informe señalaba que en los comicios hubo “manipulación dolosa” y una serie de presuntas contradicciones entre las actas y los resultados. Costas no quiso calificar de doloso el informe, pero consideró que fue gravitante.

La publicación de ese documento precipitó la renuncia de Morales, a las 16.50 de ese día. Minutos antes, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas había sugerido la dimisión del mandatario.

Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visita la cárcel de Miraflores, en La Paz, donde está recluida la expresidenta Jeanine Áñez, sentenciada a prisión por su proclamación presidencial en 2019.

Previamente, la misión de la CIDH asistió la mañana de este martes a la cárcel de Chonchocoro, donde conversó con los reclusos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Camacho y Áñez habían solicitado una reunión con la misión, para denunciar una supuesta persecución política en sus casos. Esta última fue condenada a 10 años de prisión por el caso Golpe de Estado II; fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Así también, sus abogados adelantaron que presentarán documentación que respalda la presunta vulneración de derechos humanos y del debido proceso.

Desde las 08.05 hasta las 12.00, aproximadamente, los representantes del organismo internacional visitaron el penal de Chonchocoro. Se reunieron, entre otros privados de libertad, con Camacho y el dirigente cocalero César Apaza.

“La reunión con Luis Fernando Camacho duró un poco más de una hora y, (con el dirigente) César Apaza, un poco más de 40 minutos”, detalló el titular de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias a los medios en puertas del penal de máxima seguridad.

Agenda de la CIDH

En la agenda de los representantes de ese organismo internacional está contemplada la visita a los penales de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre.

La misión de la CIDH se encuentra en el país desde el fin de semana; comenzó el lunes la serie de reuniones con víctimas, activistas, representantes políticos y autoridades del Estado. Su objetivo es repasar la situación de los derechos humanos en Bolivia.

Se prevé que el viernes termine su visita, día en que se reunirá con el presidente Luis Arce; hará conocer sus conclusiones preliminares en conferencia de prensa.

El director de Régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió en la cárcel de Chonchocoro con el gobernador Luis Fernando Camacho y con el dirigente cocalero César Apaza.

“La reunión con Luis Fernando Camacho duró un poco más de una hora y, (con el dirigente) César Apaza, un poco más de 40 minutos”, detalló el funcionarios a los medios en puertas del penal de máxima seguridad.

Limpias explicó que las reuniones con ambos reclusos y otros “son privadas y confidenciales”, y que los funcionarios de su unidad no participan en ellas.

“No hemos tenido acceso a la información que ellos (la comisión de la CIDH) han recibido, pero nos van a hacer llegar las recomendaciones pertinentes”, apuntó.

CIDH, Camacho y Apaza

Camacho guarda detención preventiva en ese penal desde el 30 de diciembre del año pasado, acusado de terrorismo en caso Golpe de Estado I. Mientras que Apaza cumple con la misma medida; pero por la quema del edificio del mercado “paralelo” de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), el 8 de septiembre de 2022.

Ambos, luego de su aprehensión y de sus medidas cautelares, se declararon “presos políticos” y denunciaron la supuesta vulneración de sus derechos y del debido proceso.

La visita de los comisionados comenzó a las 08.05, aproximadamente. Se prevé que luego se traslade a la cárcel de mujeres de Miraflores, en La Paz, donde se encuentra recluida la expresidenta Jeanine Áñez.

La también exsenadora fue condenada a 10 años de prisión por el caso Golpe de Estado II, sobre su proclamación en 2019. Fue juzgada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

La misión de la CIDH se encuentra en el país desde el fin de semana; comenzó el lunes la serie de reuniones con víctimas, activistas, representantes políticos y autoridades del Estado. Su objetivo es repasar la situación de los derechos humanos en Bolivia.

Se prevé que el viernes termine su visita, día en que se reunirá con el presidente Luis Arce y hará conocer sus conclusiones preliminares en conferencia de prensa.

Diez periodistas y trabajadores de la prensa se reunieron ayer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de visita in loco en el país desde ayer.

“Muchos trabajadores de la prensa y periodistas no nos sentimos representados por nuestros dirigentes; fundamentalmente de las asociaciones de periodistas”, destacó a la prensa el periodista de Telesur Freddy Morales, a la salida del encuentro; dio la pauta de lo que se trató con los comisionados: la discriminación en que se incurre contra colegas de la información en el país.

Esas organizaciones “nos dividen a quienes trabajamos en medios de comunicación entre ‘independientes’, que son los buenos, los que merecen trabajar y dicen la verdad; y el resto, que nos dicen ‘paraestatales’”, indicó Morales.

Los periodistas que fueron convocados a dar su testimonio ante la CIDH fueron: Camila Ugalde, Claudia Benavente (directora de La Razón), Diego Montaño, Freddy Morales, Iván Maldonado, Jimmy Iturri, José Aramayo, Lucía Sauma, Pedro García y Susana Bejarano.

“Hemos tratado de demostrar a los comisionados el hecho de que muchos trabajadores de la prensa sufrimos este tipo de discriminación» remarcó Morales; además, se quejó de que algunos dirigentes del gremio no solo están de acuerdo con la política represiva contra los periodistas; además de la libertad de información que hubo en el gobierno interino de Jeanine Áñez. Recordó, cómo un dirigente dijo que “a partir de ese momento, de ese decreto en Bolivia, iban a caer tempestades de libertad de prensa”.