Políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS) aumentan la presión contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, de quien también demandan su renuncia.
El diputado Rolando Cuéllar (MAS) informó que se formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz “por delitos de instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, conspiración, atentado contra los bienes públicos o transporte”.
Desde el oficialismo apuntan a ambos como los principales responsables del conflicto en Santa Cruz, que este lunes lleva adelante su onceavo día de paro indefinido, en demanda de que el Censo se realice en octubre del próximo año y no en 2024, como establece el decreto 4760.
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En esa línea, la exdiputada del MAS Lidia Patty demandó la renuncia de Camacho.
“No se lo ha elegido como gobernador para que maltrate al pueblo boliviano, sino para que mejore Santa Cruz, pero él es incapaz y no puede gobernar”, argumentó la exlegisladora, en el entendido que el gobernador cruceño debe dimitir a la brevedad posible.
En tanto, el Comité Impulsor Contra Responsables del Golpe De Estado, en 2019, anunció que presentará una “acción de cumplimiento” para que la Justicia conmine a la Fiscalía a citar a Calvo en La Paz, por un proceso activo desde 2021, tras convocar a un paro cívico.
“Lo vamos a hacer con firmeza y apoyo de las organizaciones (…). Están actuando como en 2019, con las mismas acciones criminales, grupos paramilitares, violencia y amenazas, son los mismos patrones de ese año”, afirmó Aldo Michel, coordinador de ese comité.
La pasada semana, se llevó adelante un encuentro nacional, en Cochabamba, para consensuar una fecha del empadronamiento nacional, empero, Camacho no asistió a la cita.
Ante ese escenario, se planteó la instalación de una comisión o “mesa técnica”, en la que los representantes cruceños deben justificar que el Censo se realice en 2023, de lo contrario, el proceso será encaminado para ejecutarse en abril de 2024.
La propuesta fue acogida por la mayoría de los asistentes, entre ellos alcaldes, gobernadores, autoridades de autonomías indígenas y otros representantes regionales.
No obstante, el sábado, esa propuesta fue rechazada por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, que determinó continuar con el paro indefinido y cerrar filas en torno a que el Censo se realice en 2023.