Nacional

Tuesday 6 Dec 2022 | Actualizado a 00:14 AM

Mesa pide a Arce abstraerse del ‘plan fratricida de Morales’ y éste insta a un ‘diálogo sincero’

A través del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el vocero presidencial, Jorge Richter, el Gobierno intentó el martes reinstalar sin éxito el diálogo en Santa Cruz.

Defensores del paro enfrentamientos con la Policía en La Guardia. Foto: APG

/ 2 de noviembre de 2022 / 11:18

Mientras Carlos Mesa pidió al presidente Luis Arce abstraerse del “plan fratricida de Morales”, Evo Morales instó al Gobierno propiciar “un diálogo sincero” por el Censo.

“Arce debe dejar de obedecer el plan fratricida de Morales contra Santa Cruz y atender, dialogando, la demanda de Censo 2023”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.

En la misma red social, Morales instó a Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a “extremar sus esfuerzos y voluntad política para resolver con diálogo sincero y responsable el conflicto en Santa Cruz por la fecha del Censo”.

Diálogo frustrado

A través del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el vocero presidencial, Jorge Richter, el Gobierno intentó la noche del martes reinstalar sin éxito el diálogo en Santa Cruz.

La posibilidad fue frustrada por la violencia desatada en La Guardia, donde miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) se enfrentaron con efectivos de la Policía Boliviana.

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El grupo de personas pretendía levantar el cerco que campesinos habían instalado en protesta por el paro indefinido en Santa Cruz propiciado por el Comité Interinstitucional.

UCJ

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, apuntó los desmane a la UJC y a seguidores del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Nueve aprehendidos, seis patrullas destruidas, el comando policial saqueado y un vehículo alcanzado por una bala fueron el saldo del enfrentamiento, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Un periodista de la red Unitel, Mario Rocabado, fue golpeado por los manifestantes. “Siento que de milagro estoy vivo, me golpearon mucho”, dijo el profesional desde una cama de hospital.

Mesa culpa al MAS

Sobre este extremo, el líder de la alianza de oposición Comunidad Ciudadana (CC) culpó a “grupos de choque masista con la complicidad de la Policía”.

“Por encima de todo está la vida y la paz social de nuestro pueblo”, exhortó, por su lado, Morales.

Luego de condenar la agresión al periodista, Del Castillo anunció “el inicio de la investigación correspondiente”. La Fiscalía de Santa Cruz ya tomó cartas en el asunto.

Paro

Propiciado por el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz, este departamento se encuentra en el décimo segundo día de paro indefinido.

La protesta fue instalada por la demanda de Censo en 2023, a diferencia del que dispone el Decreto Supremo 2760, empadronamiento para 2024.

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Cívicos cruceños denuncian persecución política; Gobierno afirma que se busca sentar un precedente

La pasada semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la admisión de la denuncia contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico, Rómulo Calvo.

Los principales líderes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Foto: CPSC.

Por Luis Mealla

/ 5 de diciembre de 2022 / 23:29

A través de un comunicado, el Comité pro Santa Cruz denunció el inicio de una persecución política en contra de los promotores del paro indefinido que se ejecutó en ese departamento, durante 36 días.

Al respecto, el Gobierno afirmó que se busca sentar un precedente por la afectaciones y vulneración de derechos humanos que sufrieron los habitantes de esa región, a consecuencia de esa medida de presión.

La institución cruceña denunció al Gobierno ante la comunidad internacional, “que utilizando a la justicia como su brazo represor, está iniciando procesos penales contra líderes y miembros del Comité Interinstitucional” (sic), señala parte del comunicado.

Según el comité cívico, es acción se ejecuta “solo por haber cumplido el mandato del pueblo”, en referencia a la medida de presión que se llevó a cabo por más de un mes.

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A fines de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley para la Distribución de Escaños en Base a los Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, y horas después el paro se levantó.

En tanto, el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, negó una persecución política y demandó a los operadores de justicia “activar lo antes posible” las demandas presentadas contra los promotores de esa medida de presión.

En su criterio, se deben asumir medidas legales ante la violación de derechos humanos y delitos cometidos durante los 36 días del paro, a fin de “sentar un precedente”.

“El actuar de la Justicia tiene que garantizar a todos los ciudadanos, en toda circunstancia, ya sea en movilización pacífica o reivindicación, a que no se vulnere sus derechos a su integridad física, a su vida, ni tampoco a sus bienes, la justicia tiene que activarse lo más pronto posible y sentar un precedente”, enfatizó.

Durante el paro se reportaron cuatro muertos, más de 180 heridos, una violación grupal en un punto de bloqueo cívico, cobros en los puntos de bloqueo, quema de la sede de los campesinos y el saqueo de la Central Obrera Departamental (COD).

Asimismo, dueños de negocios denunciaron agresiones contra quienes que se resistían a paralizar sus labores.

Además, grupos violentos de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) atacaban a vecinos del Plan 3.000 que no acataron la medida.

La pasada semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la admisión de la denuncia contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el líder cívico, Rómulo Calvo.

En ese marco, se los acusó de ser los principales promotores de los hechos de violencia y vulneraciones a los derechos humanos reportados durante el paro cívico en Santa Cruz.

De inicio, los movilizados demandaban el Censo para 2023, no obstante, del comité cruceño terminó aceptando la decisión del Gobierno de fijar, sobre la base de un estudio técnico, el empadronamiento para el 23 de marzo de 2024, como señala el decreto 4824.

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El Gobierno descarta un proceso contra Evo Morales por el fallo de la CIJ sobre el Silala

La postura surgió luego que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) apuntó al exmandatario como principal responsable del dictamen que —en su criterio— es adverso para el país, por lo que anunció un proceso penal en su contra.

El ministro de Justicia, Iván Lima. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 5 de diciembre de 2022 / 23:12

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el Gobierno no activará ningún proceso en contra del expresidente Evo Morales por el fallo que emitió la Corte Internacional de Justicia (CIJ), sobre el Silala.

La postura surgió luego que el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) apuntó al exmandatario como principal responsable del dictamen que —en su criterio— es adverso para el país, por lo que anunció un proceso penal en su contra.

“Como gobierno nacional, no solamente que no vamos a emprender ninguna persecución como la que se señala, sino, todo lo contrario, estamos viendo para el futuro, para garantizarle al pueblo potosino y al pueblo de Bolivia que este fallo de la justicia llegue al mejor resultado posible”, indicó la autoridad.

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“Hay la libertad de criterio de Comcipo y de los diferentes actores que tengan que tomar determinaciones sobre esta temática”, agregó.

Roxana Grass, presidenta de Comcipo, anunció la pasada semana que conformarán una comisión para evaluar el fallo de la CIJ y preparar una demanda contra el expresidente Morales.

Según la dirigente, el exmandatario tuvo la responsabilidad de encaminar el proceso (en septiembre de 2018), durante su mandato, pero no presentó los suficientes sustentos para encarar el juicio.

Bolivia pidió a la CIJ establecer que “Chile no tiene derecho a ese artificial caudal” del Silala, sin embargo, la Corte no halló sustancia para pronunciarse al respecto; en criterio de Comcipo, se trata de una “derrota”.

Ante ese escenario, se anunció una demanda penal en contra de Morales por los delitos de traición a la patria e incumplimiento de deberes.

La pasada semana, la Corte definió también que Bolivia y Chile tienen “derecho al uso equitativo y razonable” de las aguas del Silala, ubicado en Quetena, provincia Sud Lípez de Potosí.

Además, reivindicó la soberanía de Bolivia sobre el afluente y los canales artificiales, y definió que el acuífero es “de curso internacional”.

Según el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, vocero de la causa, el fallo dejó “satisfechos” a ambos países.

Consideró además que la soberanía de Bolivia sobre las aguas del Silala “es tan de Bolivia, que Bolivia podría volver a los bofedales y canales a su estado natural”.

Sin embargo, en criterio de Comcipo, el fallo no se pronunció sobre el fondo de la demanda, ya que hubo un acuerdo entre Bolivia y Chile de reconocer que las aguas que están en Potosí son de cauce internacional.

Según Lima, los jueces de La Haya determinaron que el objeto de la controversia no podía ser decidido por ellos, porque las partes tomaron una determinación “a partir de un trabajo científico-jurídico” que permite a Bolivia definir un “ámbito de trabajo posterior” con Chile.

“Como Gobierno nacional respetamos la decisión de los jueces y, definitivamente, ninguna determinación de la justicia internacional puede generar ninguna otra consecuencia, que no sea ver para el futuro”, argumentó Lima.

El 6 de junio de 2016, Chile demandó a Bolivia, ante la CIJ, para pedir que ese tribunal declare que el Silala es un río de “curso de agua internacional y que Chile tiene derecho a usar sus aguas, conforme al principio del uso razonable y equitativo”.

Históricamente, esa postura fue rechazada por Bolivia, por lo que en septiembre de 2018 el país presentó una contrademanda para que se le reconozca la “soberanía plena” sobre esas aguas, incluidos los canales artificiales construidos desde 1908.

Durante los más de seis años del juicio, ambos países presentaron sus respectivos argumentos, a través de réplicas y dúplicas para que sean evaluadas por los jueces de la Corte.

El jueves 1 de diciembre, el litigio llegó a su fin cuando la CIJ emitió el fallo, que el Gobierno calificó como satisfactorio, mientras que la oposición política y otros sectores, como los cívicos potosinos, lo calificaron como una derrota.

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Torrico le sugiere al rector Cuéllar defenderse con la verdad, no con dos millones de testigos

“El proceso no se va extinguir por presentar más testigos, es irracional”, dijo el viceministro de Coordinación Gubernamental

El viceministro Torrico le envió un mensaje al rector Vicente Cuéllar. Foto: Rodwy Cazón

/ 5 de diciembre de 2022 / 22:21

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, le sugirió al rector de la universidad pública cruceña, Vicente Cuéllar, defenderse con la verdad y no enredar el proceso anunciando dos millones de testigos.

El rector cruceño es uno de los vinculados en las pérdidas económicas, de vidas humanas y otros delitos durante el paro en Santa Cruz.

Junto a él, serán también sometido a procesos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

Ante los anuncios de procesos, este lunes el rector Cuéllar dijo que está en condiciones de presentar dos millones de testigos en su favor.

“Ahí se muestra su interés por ocultar la verdad de los hechos, el que quiere aclara qué ha pasado, cómo ha sido, se defiende con la verdad”, dijo Torrico.

El viceministro le dijo a Cuéllar que se defienda con la verdad y deje de enredar el proceso, que con o sin testigos debe continuar.

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“Si él quiere presentar dos millones de testigos, la Fiscalía tendrá que tomar declaración a dos millones», dijo.

«Supongo, además, que en 20 años él seguirá en proceso porque esto no se va a extinguir porque hay más testigos, si quiere alargarlo ni modo”, acotó.

Un proceso

El rector de la Universidad Gabriel René Moreno es uno de los tres líderes cruceños sindicados de alentar el paro en Santa Cruz que duró 36 días.

Durante esa medida cuatro personas perdieron la vida, hubo agresiones físicas, verbales, discriminación, pérdidas económicas, racismo y destrozo de bienes del Estado.

Al respecto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que “por conexitud de casos”, todas las denuncias contra Camacho, Calvo y Cuéllar serán acumuladas en un solo proceso.

Este proceso, por todas las denuncias en contra de los líderes cruceños, radicará en la ciudad de La Paz.

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Tribunal rechaza amparo y ratifica que Áñez será juzgada por la vía ordinaria en el caso EBA

La defensa de la expresidenta analiza la presentación de una denuncia en el ámbito internacional, en el entendido que en Bolivia ya se agotaron las instancias legales correspondientes y ya no queda nada por hacer en el ámbito judicial.

La entonces presidenta Áñez discursa durante un acto oficial. Foto: ABI.

Por Luis Mealla

/ 5 de diciembre de 2022 / 20:14

Un tribunal de La Paz rechazó este lunes el amparo constitucional presentado por la expresidenta transitoria Jeanine Áñez; con ese veredicto, se ratifica que será juzgada por la vía ordinaria en el caso denominado EBA.

“Con este amparo se buscaba que la exmandataria sea juzgada por juicio de responsabilidades, sin embargo, la sala constitucional ha determinado que no existían elementos probatorios de que hubiera asumido la presidencia del Estado y se ha declarado improcedente esta acción”, explicó el abogado Luis Guillén.

La defensa de la expresidenta, ahora, analiza la presentación de una denuncia en el ámbito internacional, en el entendido que en Bolivia ya se agotaron las instancias legales correspondientes y ya no queda nada por hacer en el ámbito judicial.

“Ahora, estamos esperando todos los antecedentes, incluyendo la resolución de esta jornada, y luego se presentará la denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, anunció Guillén.

A través de este recurso, se buscaba dejar sin efecto la resolución, emitida en octubre, que establece que Áñez debe ser procesada por la vía ordinaria, por la presunta designación irregular de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA).

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La Justicia asumió esa determinación debido a que Áñez “no acreditó de manera documentada” que en 2019, tras la renuncia del presidente Evo Morales, “hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos”.

En ese marco, justificó que “la asunción de facto deslegitima las prerrogativas para ser sometida a juicio de responsabilidades” y que los juicios de privilegio solo corresponden para los “funcionarios que asumen el cargo de forma constitucional”, en el marco de la Ley 044.

PROCESO

En mayo de 2020, Áñez, en su condición de presidenta transitoria, designó a Karina Leiva Áñez como gerente de EBA.

El año pasado, la Fiscalía y el Viceministerio de Transparencia Institucional impulsaron un proceso en su contra, pues denunciaron que esa posesión fue irregular debido a que Leiva Áñez no cumplía con los requisitos para asumir el cargo.

En consecuencia, el Ministerio Público imputó a la exmandataria por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación o prolongación de funciones, y complicidad.

En el marco de este caso, el viernes también se desarrolló una audiencia de medidas cautelares, sin embargo, fue diferida para el 6 de enero, luego que la defensa de Áñez presentó un recurso de “actividad procesal defectuosa” que fue rechazado por un juzgado.

“Esto implica que la imputación sigue vigente y se ha dispuesto la audiencia para el 6 de enero, a las 10.00 (…). El Ministerio Público ha formalizado la solicitud de detención preventiva en el presente caso”, explicó el fiscal Franklin Alborta.

De manera paralela, Áñez también es juzgada por los casos Golpe de Estado I y II.

En este último proceso, que también se sustanció por la vía ordinaria, fue condenada en primera instancia a 10 años de cárcel, en junio de este año.

DEMANDA

En estos tres procesos, la exmandataria no logró ser sometida a juicio de responsabilidades, pese a que en el caso EBA, en abril de este año, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó que corresponde un juicio de privilegio, lo que requiere la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sin embargo, cuatro meses después, la Sala Constitucional de La Paz dejó sin efecto esa determinación.

La expresidenta está recluida en la cárcel de Miraflores de La Paz, donde también aguarda el juicio por el caso denominado Golpe de Estado I, en el que fue denunciada por el delito de terrorismo.

Ese proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en su proclamación como presidenta, el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Morales, durante los conflictos sociales y políticos derivados de un presunto fraude en los comicios generales de ese año.

Según la investigación de la Fiscalía, Áñez llegó al poder tras reuniones extralegislativas de políticos y cívicos opositores, representantes diplomáticos y de la Iglesia Católica.

Primero, se proclamó como presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y luego como mandataria del Estado.

Morales dimitió asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.

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Ministro Montaño afirma que el presidente Arce es atacado por ‘enemigos internos y externos’

“Hay enemigos internos y hay enemigos externos, y el hermano presidente Lucho está siendo atacado, y como ministros vamos a realizar toda la defensa correspondiente contra las mentiras que se está diciendo”, afirmó.

El Ministro de Obras Públicas Servicios y Viviendas. Foto: APG.

Por Luis Mealla

/ 5 de diciembre de 2022 / 19:16

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirmó que el presidente Luis Arce recibe ataques de “enemigos internos y externos”, en momentos que la división y las críticas dentro del MAS se han hecho más evidentes.

“Hay enemigos internos y hay enemigos externos, y el hermano presidente Lucho está siendo atacado, y como ministros vamos a realizar toda la defensa correspondiente contra las mentiras que se está diciendo”, afirmó.

Arce es objeto de críticas por parte de legisladores y políticos de la denominada ala “evista”, afines al expresidente Evo Morales.

Lea más: Ministra Prada asegura que las diferencias en el MAS serán resueltas internamente

El mes pasado, desde la dirigencia nacional del MAS acusaron al Mandatario de haber instruido el uso de banderas rojas, del PS-1, en lugar de los emblemas azules, característicos del partido de gobierno.

Luego, durante el debate, aprobación y promulgación de la Ley del Censo, se lo acusó a él y a los legisladores denominados “renovadores” de “traidores” y de haber “pactado” con la derecha para la puesta en marcha de esa norma.

El senador Leonardo Loza (MAS) aseguró que en el partido no hay ninguna fractura, solo “algunos vendidos que no deciden la unidad” de ese partido.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS), afirmó que la Ley del Censo se aprobó para pacificar Santa Cruz, que protagonizó 36 días de paro indefinido, y negó un pacto con la derecha.

Ante este escenario de crisis interna, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, indicó que esas diferencias y conflictos serán resueltos internamente.

“Vamos a hablarlas y resolverlas internamente como corresponde”, afirmó la mañana de este lunes.

Horas más tarde, el ministro Montaño dijo que los ataques en contra de Arce son constantes, tanto desde dentro del partido como al interior del Gobierno.

“Lamentablemente, (esos enemigos) se esconden en las redes sociales y los vamos a identificar y les vamos a aclarar y les vamos a decir la verdad”, afirmó.

“Es una gran mentira, es un ataque frontal a nuestro Presidente y en ese efecto vamos a defender nuestro proceso de cambio, y la lealtad que tenemos a nuestra bandera y al MAS”, agregó Montaño, sobre las acusaciones de haber optado por la bandera del PS-1, en diferentes concentraciones.

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