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El conflicto en Santa Cruz no tiene el respaldo de las FFAA y la Policía como en 2019

Gerson Rivero, Reymi Ferreira y Claudia Benavente en Piedra, Papel y Tinta.

Gerson Rivero, Reymi Ferreira y Claudia Benavente en Piedra, Papel y Tinta.

El conflicto por el Censo en Santa Cruz no termina de expandirse al país y no tiene el respaldo militar y policial de 2019, menos el apoyo de instituciones, fuerzas políticas y empresas.

Esas conclusiones fueron descritas este jueves en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, por los analistas políticos Reymi Ferreira y Gerson Rivero.

En puertas del décimo cuarto día de paro indefinido por un Censo en 2023, la protesta tiende a amainar por la convocatoria a una mesa técnica y por el mismo cansancio social y político.

Normalidad

“Hay un retorno paulatino, lento y disimulado de las actividades comerciales”, opinó Ferreira, ministro de Defensa en el gobierno de Evo Morales.

El analista consideró que, si bien no es duro el paro, es incoherente: los bancos y la industria trabajan normalmente, pero los niños no van a clases ni los enfermos puede llegar al hospital.

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Esto coincide con la convocatoria del Gobierno a la instalación, este viernes, de una reunión para la conformación de la mesa técnica que definirá la fecha del Censo.

Trinidad

Confirmaron su cita al encuentro en Trinidad representantes del Comité Interinstitucional y el Comité pro Santa Cruz, como lo expresaron sus líderes, Vicente Cuéllar y Rómulo Calvo, respectivamente.

Ferreira encontró una diferencia gravitante en el rol de las fuerzas de seguridad del Estado, que en 2019 se alinearon a la oposición y facilitaron la caída de Morales.

“El éxito del movimiento que terminó con el derribamiento del gobierno constitucional de 2019, finalmente se dio con el quiebre de la Policía y luego de las Fuerzas Armadas”, dijo.

“Es muy diferente, en eso el Gobierno se ha curado en sano para evitar sorpresas”, aseveró.

2019

En criterio de Rivero, a su vez periodista de La Razón, el ambiente de crisis en Santa Cruz no es el mismo que el de 2019, cuando fue derrocado el presidente Evo Morales.

Dijo que las calles están menos vacías y que no hay un control del conflicto como ese año, aunque persiste una estructura violenta del entorno del gobernador Luis Fernando Camacho.

“Si bien (Camacho) tiene cierto carisma y, además, su capital político está fundado en el conflicto, hay también toda una estructura —hay que decirlo— que controla la ciudad”, dijo.

‘Muerte civil’

Y eso tiene correlación con la advertencia de Camacho, que insistentemente apunta a los “traidores” de Santa Cruz a los que hay que darle “muerte civil”.

“No es por estigma de ser traidor, hay amenaza real, y hubo amenazas reales en 2019; quemaron casas, secuestraron y atacaron”, recuerda Rivero.

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Puso como ejemplo los casos de secuestro del hijo de la candidata a legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS) María Renee Lievana y Mario Cronembold.

Equilibrio

Dijo que ahora “se ha generado una situación de equilibrio de fuerzas en las calles” y “la gente que está en contra del paro, hoy se anima a decirlo: genera tensión”.

En opinión de Ferreira, otra diferencia del conflicto de 2019 y del ahora es el apoyo institucional al paro. En 2019, la Alcaldía de Santa Cruz sostuvo el conflicto.

El exministro recordó que ese año la comuna desvió recursos para alimentar las ollas comunes en las rotondas y también apoyar a los grupos violentos.

“La Alcaldía está neutralizada como los dirigentes vecinales”, comentó.

Empresa

Otro elemento que encontró es la acción del empresariado privado, que ahora también fue neutralizado por el cerco a la ciudad y la escasez de combustible, que evidenciaron sus labores normales frente a la movilización de la mayoría.

El empresariado privado, en 2019 facturó, vendió, mantuvo sus negocios y podía moverse sin problemas, pero hoy “tiene ciertas restricciones”, dijo Ferreira.

Afirmó, además, que el movimiento de 2019 liderado por la oposición era compacto y unido, con partidos políticos, gobernadores, alcaldes y empresarios a escala nacional.

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“Hoy es un movimiento departamental; de los nueve gobernadores, ocho tienen una posición definida” de no respaldar la propuesta de Santa Cruz, sentenció.

“Tienen una agenda diferente a Santa Cruz”.

Cerco

En estos 13 días de paro indefinido en Santa Cruz, fuerzas sociales han generado un equilibrio en el conflicto al instalara cercos de ingreso a la ciudad.

Sin embargo, el conflicto parece durar más allá del viernes. Camacho ha cerrado la posibilidad de aceptar un Censo que no sea en 2023.

Entre este viernes y el fin de semana será conformada la mesa técnica, como resultado del diálogo fallido y el mandato del Encuentro por el Censo con Consenso.

La continuidad de la protesta dependerá de los acuerdos que se consigan.