Ante los conflictos por la fecha del Censo que se desataron en las últimas semanas en Santa Cruz, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó los actos como “una situación de vulneración masiva de derechos humanos”.

“No podemos mantener esta situación, hay desconfianza de la gente, hay inseguridad de los pobladores de Santa Cruz”, dijo.

Señaló que “se está dañando el tejido social” del país, al referirse a la susceptibilidad en la población “que daña la convivencia entre bolivianos”.

Ante las situaciones de conflicto, la Defensoría emitió una serie de puntos que están dirigidos a los diferentes organismos con toma de decisión sobre el conflicto por el Censo.

“Todos los involucrados en el conflicto deben evitar declaraciones que perjudiquen un eventual proceso de solución a este problema”, señaló Callisaya.

La pasada semana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en un informe policial sobre los actos violentos en el municipio de La Guardia, dijo que “técnicamente es imposible hacer (el Censo) en 2023 y lo sabe el gobernador Camacho y todas las autoridades que ya es imposible”.

Ante ello el Gobierno, inmediatamente, emitió un comunicado, aclarando que sus declaraciones “no corresponden a la postura oficial del Gobierno nacional”.

Por su parte, el fin de semana, el vocero del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuellar, reaccionó y dijo que “no hay coordinación interna en el Gobierno, por lo que esa situación no genera certidumbre para entablar el diálogo”.

No obstante, este jueves, Rómulo Calvo anunció la predisposición del Comité pro Santa Cruz de asistir a la reunión que el Gobierno convocó para la conformación de la mesa técnica que definirá la fecha del Censo.

Puntos

Respecto al pronunciamiento de la Defensoría, otro de los puntos señala que el Gobierno debe dialogar con los líderes que impulsan las marchas, acciones de bloqueo y cerco en la ciudad de Santa Cruz.

“Para lograr un cuarto intermedio que permita que las familias acceder a la provisión de alimentos, medicamentos y servicios básicos”, indicó Callisaya.

Asimismo, exigió al Comité pro Santa Cruz y al gobernador, Luis Fernando Camacho, que se dirijan a los bloqueadores para que dejen pasar vehículos proveen artículos de primera necesidad.

Al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, le exhortó que siga mediando para que se desbloquee el botadero de Santa Cruz, “como parte de su responsabilidad de su pueblo”.

Resaltó que “el Censo es una demanda legítima del pueblo, no solamente cruceña, sino de todo el pueblo boliviano, sin embargo, debe encontrarse respuestas de manera técnica”.

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Santa Cruz ingresó en el decimotercer día de paro indefinido.

Hasta la fecha han ocurrido violentos enfrentamientos entre aquellos que están en contra la medida y aquellos que son impulsados por el Comité Interinstitucional para que el Censo se realice en 2023.