El equipo jurídico del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de “desinstitucionalizar” al Órgano Electoral, luego del rechazo a la solicitud de supervisión al congreso convocado por esa facción para junio de este año.

La noche del miércoles, se conoció la decisión del TSE y el rechazo a esa solicitud y también a la planteada por el Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce.

Defendió que la convocatoria a congreso solo puede ser tramitado por las personas acreditadas por ese partido ante el TSE y que la otra llamada por el Pacto de Unidad, afín al presidente Luis Arce, “ha nacido muerta” porque “solo hizo un trámite”.

“Lo que está haciendo el TSE es desconocer la ley electoral. Solo el delegado puede solicitar supervisiones a eventos políticos; lo dice la ley electoral y el estatuto del MAS. Los vocales deciden tramitar cosas distintas y resulta que ahora cualquier ciudadano puede solicitar cualquier trámite ante el Órgano Electoral. Eso se llama desinstitucionalizar un poder del Estado y es un juego muy complicado al que nos están llevando, es muy delicado”, dijo Jiménez en una conferencia de prensa en La Paz.

Congreso

La noche del miércoles, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, informó que se notificó a los solicitantes con las resoluciones.

Además, ratificó que el MAS tiene un plazo de 25 días, que finaliza el lunes 22 de abril, para convocar a un nuevo cónclave en coordinación con las organizaciones matrices y fundadoras del partido, en cumplimiento de su estatuto interno.

“Actitud arbitraria y política del TSE. El TSE ha actuado mal desde el inicio, la convocatoria del Pacto (de Unidad) nunca debió aceptarla”, protestó Jiménez.

El 10 de abril, la Secretaría de Cámara del TSE hizo cuatro observaciones a la convocatoria del MAS evista. La primera, otra vez, señala que no cumplió con el consenso previo con organizaciones sociales. La segunda tiene que ver con que el documento está firmado solo por ocho de los 14 miembros de la dirección nacional del MAS.

“La convocatoria está suscrita por ciudadanos que no son parte de la dirección nacional del MAS-IPSP. No se demuestra que la convocatoria haya sido publicada o difundida en medios de comunicación”, dice parte del documento publicado en redes sociales.

Si bien existe el rechazo por parte del TSE, el MAS aún tiene plazo para presentar su convocatoria hasta el 22 de abril.

“El TSE quiere eliminar al MAS”, complementó Jiménez.

La Cancillería de Bolivia pidió a la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que se retracte de las declaraciones que dio sobre la supuesta presencia de 700 militares iraníes en territorio nacional.

Fue el encargado interino de Negocios de la Embajada de Argentina en Bolivia, Lucas Ezequiel Demaria, que recibió la solicitud por parte del viceministro de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez Cárdenas.

“En la reunión rechazamos enfáticamente que exista la presencia de 700 miembros de las Fuerzas Armadas de Irán o de cualquier otro país. Y, por ende, solicitamos que la ministra de Seguridad de la Nación de la República Argentina, Patricia Bullrich, se retracte de las declaraciones vertidas en medios de prensa”, dijo Pérez, luego de una reunión con el diplomático argentino.

La petición de la oficina de la diplomacia boliviana se conoce luego de que la autoridad argentina declaró el lunes “máximo nivel de alerta” en la frontera entre ambos países, por el vínculo boliviano con Irán a nivel militar.

Cancillería

“Nuestra frontera con Bolivia, que es una frontera importante, que es donde nosotros tenemos hoy el máximo nivel de alerta y de seguridad del país, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia e Irán”, dijo Bullrich en entrevista con La Nación.

Antes de eso, el fin de semana, Irán lanzó un ataque contra Israel, país amigo del gobierno de Javier Milei.

Citado en una nota de la Cancillería, Pérez remarcó en esa reunión el carácter pacifista de Bolivia.

“La autoridad gubernamental boliviana reiteró la preocupación de que este tipo de declaraciones; sin respaldo o fundamento alguno, generen confrontaciones innecesarias entre los pueblos hermanos de Bolivia y Argentina”, añade la nota.

Días después, la funcionaria argentina hizo una similar declaración hacia Chile. Ante la petición de su presidente, Gabriel Boric, Bullrich hizo llegar el miércoles una nota en la que pide disculpas por su afirmación.

“Si una autoridad de otro país tuviera antecedentes sobre actividades ilícitas en el nuestro, lo que corresponde es que lo plantee vía diplomática, no por la prensa. Mi deber como Presidente de la República es defender el nombre y la seriedad institucional de Chile en todas las instancias (…). Disculpas aceptadas y damos el asunto por superado”, publicó el mandatario chileno en su cuenta de X.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó este miércoles que la Ley 348, para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, es “antihombres” porque se cometen “abusos” y su colega Andrea Barrientos lo fustigó por ese comentario.

“Me parece una muy buena iniciativa (modificar esa norma), porque la Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos. Es prácticamente una ley antihombres, seguramente le senadora Andrea (Barrientos) no va a estar de acuerdo, pero hay bastante abuso y nos consta”, dijo en la sesión del pleno camaral.

“¿Qué le pasa?”, repudiaron varias senadoras, entre ellas, Andrea Barrientos.

Rodríguez hizo esa declaración luego de que su colega, también del ala evista del MAS, Patricia Arce, planteara una modificación a dicha ley, debido a que su comisión recibió “varias denuncias” sobre violación de derechos a la que son sometidos algunos hombres.

“Es una ley muy complicada, (porque) hemos recibido denuncias de personas que están siendo vulneradas por esta ley”, dijo Arce.
Incluso, Arce pidió a sus colegas sumarse “para sacar una ley en beneficio de todos los bolivianos”.

Aludida, la senadora Barrientos criticó el comentario de Rodríguez y le recordó que esa norma es “el resultado de casi 50 años de lucha de las mujeres para que no nos maten, para que no nos violen y no nos abusen”.

Rodríguez

La legisladora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) reconoció que existen “abusos”, aunque atribuyó ello a los operadores de justicia.

“Yo jamás voy a negar que hay denuncias falsas, porque (sí) hay denuncias falsas. ¡Retráctese! Son los operadores de justicia los que fallan; son los IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) los que no hacen sus informes a tiempo; son las defensorías que dilatan por más de 40 días sus informes; la Policía, que no recibe denuncias a tiempo”, reclamó.

“Es el sistema machista que le impide a usted, como hombre, ir a decir ‘yo soy víctima de violencia también’. Yo estoy dispuesta y abierta al debate cuando usted guste”, añadió.

Barrientos

El intercambio de criterios entre los legisladores se hizo viral en redes sociales hasta a las 15.18 de este miércoles. Luego de sus primeras declaraciones, Rodríguez se excusó.

“Ratifico mi convicción por la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres a través de la Ley 348. Sin embargo, por malos operadores de justicia se usa esta norma para vulnerar otros DDHH. No podemos desconocer esta realidad. Me excuso si se malinterpretaron mis palabras”, escribió en su cuenta de X.

La Ley 348 fue aprobada el 9 de marzo de 2013, luego de una serie de reclamos sobre caso de violación de derechos de las mujeres. Y la propuesta de la senadora Arce ahora pasó a revisión de la Comisión de Constitución del Senado.

El expresidente Carlos Mesa insistió este miércoles en un supuesto “complot” entre el Gobierno y los magistrados y consejeros electos en 2017 para “impedir” la realización de las elecciones judiciales.

“Es cada vez más evidente el complot entre los autoprorrogados y el gobierno de (Luis) Arce para impedir la realización de las elecciones, en base a la aceptación de todos los recursos que presenten sus candidatos y a la dilación de todo el proceso”, publicó el exmandatario en su cuenta de X.

Así, Mesa abordó el auto emitido por la Sala Constitucional de Santa Cruz que concedió tutela aun amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada al Consejo de la Magistratura, que frenó la fase de entrevistas de la evaluación de méritos, cuyas entrevistas iban a empezar este miércoles.

“Mientras el Tribunal Constitucional siga bajo el control de los ilegales, no parecen posibles las elecciones judiciales”, agregó el exjefe de Estado.

Hay un segundo recurso presentado Herculiano Capusiri, postulante rechazado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aunque, en este caso, fue interpuesto ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

El diputado Juan José Jáuregui informó que la audiencia de para la resolución de ese amparo será el lunes 22 de abril.

Por su parte, el diputado Jerges Mercado develó en La Razón Radio que existen al menos 15 amparos contra la preselección de postulantes a las judiciales y consideró que eso se debe a una “mano negra” en contra del proceso.

Este miércoles iba a comenzar la fase de entrevistas de la evaluación de méritos de los postulantes habilitados para esa instancia.

Elöd Tóásó, uno de los dos sobrevivientes del grupo abatido en la intervención del hotel Las Américas en 2009, dijo que el proceso que abrió el Estado contra los responsables de esa violenta acción policial “es un examen” para la Justicia del país.

“Es un examen para la Justicia boliviana ese. Ese caso lo van a vigilar la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y (otros) organismos internacionales. Dependiendo de esas actuaciones, va a tener una nota la Justicia boliviana: que ha fallado o pasado ese examen; ojalá pase ese examen y tengamos justicia”, dijo en entrevista con el programa Poder Medios y Miedos.

El pasado sábado, Tóásó y Mario Tadic, el otro sobreviviente, informaron sobre el caso que se investigará en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en Santa Cruz.

Según afirmaron, se investigará “violaciones de derechos humanos como ser: ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas; tortura a los sobrevivientes y otros delitos y violaciones de derechos durante el proceso”.

Tóásó y Tadic fueron capturados el 16 de abril de 2009 en el mismo operativo en Santa Cruz contra un grupo armado en el que murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

En su justificación, la administración del entonces presidente Evo Morales fue que esas y otras personas formaban parte de un complot que pretendían un magnicidio y el separatismo de Santa Cruz.

Elöd Tóásó

En los hechos, Morales, a su llegada a Venezuela, admitió que dio la orden de intervenir el hotel porque había riesgo para la seguridad interna.

En febrero de 2015, un tribunal de La Paz los condenó a cinco años de prisión tras acogerse a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado; contra la seguridad y soberanía del Estado; en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

“Es uno de los errores judiciales más grandes que se ha cometido en las últimas décadas. Tengo la esperanza que la Fiscalía va a hacer un trabajo eficiente y efectivo; sin ninguna mala intención y, a los culpables, los van a llevar ante un juzgado, añadió Tóásó.

El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); recomendó al Estado boliviano investigar las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, Tóásó dijo que ese caso “estén reserva” y que no puede brindar mayor información; sin embargo, tiene “mucha esperanza” por la resolución de ese proceso.

“Nosotros vamos a hacer una jurisprudencia y miles de bolivianos van a tener derecho demandar al Estado boliviano para que resarzan sus daños”, complementó.