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Monday 26 Feb 2024 | Actualizado a 17:06 PM

Muertes, violación múltiple y cierres obligados de negocios empañan el paro cruceño

A 20 días de iniciada la extrema medida propiciada por el Comité Interinstitucional, los hechos delincuenciales cobran fuerza los distintos puntos de bloqueo.

Dos ciudadanos, en bicicletas, intentan cruzar un punto de bloqueo.

/ 10 de noviembre de 2022 / 13:34

Con el paso de los días, el paro indefinido en Santa Cruz se vuelve más violento e ingresa en lo delictivo.

Al margen de las agresiones físicas y verbales a quienes no acatan la medida, ya se contabiliza tres muertes y una violación múltiple, entre otros hechos.

El paro indefinido comenzó el pasado 22 de octubre como medida de presión para que el Gobierno disponga Censo de Población y Vivienda en 2023.

A pesar de que Rómulo Calvo y Luis Fernando Camacho insisten en que la protesta es pacífica, el paro tuvo a una primera víctima fatal la madrugada misma de iniciado el paro.

Lea también: Motociclista muere ‘degollado’ por un cable en un bloqueo del paro en Santa Cruz

Muertes

En esa jornada, pobladores del municipio de Puerto Quijarro se enfrentaron con un grupo de choque que había activado un punto de bloqueo.

La autopsia de ley practicada al cuerpo de Julio Pablo Taborga (47) confirmó que falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneal (TEC).

Taborga había sido violentamente atacado por el grupo de choque con palos, piedras, patadas y golpes de puños.

Pocas horas después, un supuesto hijo de Taborga, quien en realidad resultó ser su sobrino, aseguró que murió por los gases lacrimógenos.

Sin embargo, la esposa del infortunado, identificada como Carolina Chore, desmintió a su sobrino.

Aseveró que la muerte fue por la golpiza propinada por integrantes del Comité pro Santa Cruz.

Motoquero

El miércoles 9 de noviembre, un motociclista falleció degollado por un cable coaxial.

El cable estaba amarrado a dos postes de alumbrado público en un punto de bloqueo en el Quinto Anillo, en Santa Cruz.

La víctima fue identificada como Eduardo Arancibia (22), quien se dirigía en su motocicleta a su fuente laboral.

Dos de sus acompañantes también quedaron con lesiones de consideración. La Policía arrestó a cinco personas con fines investigativos.

Apuñalados

La madrugada de este jueves, dos personas fueron apuñaladas en un punto de bloqueo instalado en el Barrio Latino, en la capital cruceña

De acuerdo a los reportes extraoficiales, a José Eduardo Sosa, de 28 años, lo apuñalaron.

El otro agredido, Jhon Jairo Montero, se encuentra en estado crítico en el Hospital Francés.

La Policía investiga para identificar a las personas que atacaron con el arma blanca a ambos varones.

Las actividades no son normales en Santa Cruz

El lugar donde hubo dos apuñalamientos.

Comensales son obligados a salir de un local.

Largas filas para tratar de adquirir combustibles.

La venta de gasolina en bidones es habitual.

La toma de un edificio de Impuestos Nacionales.

Enfrentamientos en Puerto Quijarro.

Violación múltiple

La directora de la Casa de la Mujer de Santa Cruz, Ana Paola García, denunció una violación múltiple contra una joven de 21 años.

El hecho ocurrió “en el tercer día de paro indefinido”, según confirmó a Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

No se conocen mayores detalles del hecho porque la Fiscalía declaró en reserva el caso debido a la gravedad y estado de la víctima.

García denunció que a raíz de esta denuncia, su oficina sufre hostigamiento y amenazas de parte de grupos violentos.

Además, denunció que en los puntos de bloqueo se consume bebidas alcohólicas, se acosa a mujeres que cruzan el paso y se genera mucha violencia.

Cierre de negocios

Según los promotores del paro indefinido, todos los cruceños “tienen la obligación” de acatar la radical medida.

Por ello, ningún comercio puede atender.

En redes sociales circulan a diario videos de afines a Camacho y Calvo que obligan al cierre de negocios, principalmente los dedicados al expendio de comida.

“Si es que no cierran son masistas”, “masistas”, “traidores” y “collas” son algunos de los calificativos de parte de los agresores hacia los comensales y dueños de estos negocios.

Con la bandera de Santa Cruz y la tricolor nacional, los movilizados ingresan a los locales comerciales para obligar a salir a los clientes y cerrar los establecimientos.

Una vez afuera, agreden verbal y físicamente a quienes “se atreven” a cuestionar esta disposición.

Puestos callejeros

Los puestos callejeros tampoco se salvan de estos ataques.

Las comerciantes son agredidas y sus productos arrojados a los cerros de basura que yacen en las calles.

“Indios”, “mal agradecidos” o “raza maldita” son algunos de los insultos que reciben también comerciantes o ciudadanos que trabajan por cuenta propia.

Cobros irregulares

Según denuncias de ciudadanos en redes sociales, en puntos de bloqueo incluso recaudan dinero para la compra de cerveza y churrasco.

Por el paso de bicicletas se cobra Bs 1, Bs 5 por motocicleta y, mínimamente Bs 10 a cualquier motorizado de cuatro ruedas.

De acuerdo con los bloqueadores, ese dinero es para “ayudar” a las personas que sostienen a diario los puntos de bloqueo, para lo que llaman “ollas comunes”.

Este negociado también se percibe en las estaciones de servicio.

Los dueños obligan a sus trabajadores a vender en Bs 10 el litro de carburante en bidones, según las denuncias.

Toma de instituciones

Desde el miércoles 9 de noviembre, una vez definida la fecha del Censo para marzo o abril de 2024 en la mesa técnica de Trinidad, comenzaron vigilias y cercos a instituciones estatales.

Los universitarios y cívicos instalaron vigilias en los dos edificios de Impuestos Nacionales.

El vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, adelantó que la medida se aplicaría, principalmente, en las demás entidades “recaudadoras”.

El martes, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, había adelantado que el paro indefinido iba a sumar otras medidas y responsabilizó al presidente Luis Arce de lo que ocurra en adelante.

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Huaytari confirma sesión de Diputados del martes y prevé que no habrá problemas

El jueves, los legisladores de las tres fuerzas políticas, el Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, se enfrascaron en agresiones físicas y verbales.

Por Daniel Zenteno

/ 26 de febrero de 2024 / 16:43

Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, confirmó que este martes será retomada la sesión que debe aprobar créditos y tratar los proyectos de ley 073 y 075.

La sesión inicial fue suspendida debido a un bochorno que involucró a legisladores de oficialismo y oposición el jueves, aunque logró aprobar uno de los siete créditos.

“Yo creo que mañana no va a pasar ese tipo de problemas de la anterior semana. Consideramos que va a haber buen comportamiento de nuestros colegas. Se debe discutir y debatir los proyectos que están en agenda”, declaró en Bolivia Tv.

El jueves, Verónica Challco, presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, presidió la sesión. Asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) irrumpieron la testera y pidieron cambiar el orden del día para buscar la consideración de los proyectos de ley sobre la prórroga de magistrados y consejeros.

Finalmente, los legisladores de las tres fuerzas políticas, el Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, se enfrascaron en agresiones físicas y verbales.

Lea más: Agresiones en Diputados: Anuncian al menos 4 demandas tras sesión bochornosa

“Un colega trata de quedar bien con su jefazo y tratan de tomar la testera, y ése no es el escenario; el escenario de la Asamblea, es el centro de debate”, dijo Huaytari en referencia a dicha situación.

Además, consideró que no se deben tomar en serio las amenazas de legisladores del ala evista de movilización en caso de que no se trate la prórroga de magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados este año.

“No estamos en tiempos de bloquear (…); los propios hermanos campesinos están conscientes de eso”, dijo respecto a posibles movilizaciones.

La sesión fue programada para las 14.00 del martes. La atención estará centrada en la aprobación de créditos, aunque algunos legisladores de oposición aseguraron que buscarán nuevamente cambiar el orden del día para tratar primero los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de funciones de magistrados y consejeros.

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Caen seis personas por venta de ítems en ministerios; uno operaba desde el penal de San Roque

El caso de venta de ítems en varios ministerios y empresas estatales se investiga desde el año pasado, por una denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional.

El viceministro Jhonny Aguilera.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 26 de febrero de 2024 / 15:22

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó de la aprehensión de seis personas que se dedicaban a la presunta venta de ítems en diferentes ministerios del Estado. Uno de ellos operaba desde el penal de San Roque, en Sucre.

“Son seis personas las que han conjugado para esta conspiración destinada no solo a vulnerar los órganos del Estado, sino a lucrar con estos actos ilícitos en personas que por una necesidad han omitido efectuar consultas respectivas enviando dinero directamente”, dijo la autoridad en una conferencia de prensa.

Explicó que los investigados contactaban a las víctimas a través de mensajes para pedirles sus documentos y hacerles una oferta laboral.

Aguilera presentó a los implicados identificados como Rayner F. B., Mireya O. M., Jhonny P. E., Juan Carlos F. F. y Érika F. Además, a Elio S. M. C., que es el privado de libertad acusado de ser el líder de esa organización criminal.

Al respecto, la viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, afirmó que el caso se investigó por una denuncia que hizo su despacho en septiembre del año pasado.

Explicó que los acusados ofrecían cargos en los ministerios de Salud e Hidrocarburos, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Dijo que Érika F. era la encargada de recaudar los depósitos de las víctimas, cuyo monto total no se estableció aún, y pidió al Ministerio Público que actúe de inmediato en el caso.

“No son montos elevados: son montos de entre Bs 2.000, 3.000 (a ministerios) y a las empresas entre Bs 5.000 y Bs 10.000. Pero ha habido un fujo que se ha podido identificar”, explicó.

Pidió a quienes reciban ese tipo de mensajes, que incluyan ofertas por parte de supuestas autoridades, no accedan y denuncien el hecho ante la oficina de Transparencia.

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Interculturales acusan a evistas de ‘bloquear’ la gestión de Arce y amenazan con cerrar la Asamblea

“Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad no vamos a bloquear en ningún momento al país”, remarcó el secretario intercultural Vidal Gómez.

Una sesión de la Asamblea Legislativa, presidida por el vicepresidente David Choquehuanca.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 26 de febrero de 2024 / 13:32

El secretario de la comisión política de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIOB), Vidal Gómez, acusó al evismo y a la oposición de intentar “bloquear” la gestión del presidente Luis Arce.

Afirmó que, en caso de “seguir con esas intenciones”, su organización cerrará la Asamblea Legislativa.

“Nos han comunicado, (algunos) diputados, que hay un mandato de los líderes de la derecha, por lo tanto, de Evo Morales, de bloquear la Asamblea Legislativa; y no avanzar ni el tema de elecciones judiciales”, dijo a Red América.

Gómez dijo que los legisladores evistas y opositores tienen un “pacto para empantanar” los proyectos pendientes de debate y aprobación en la Asamblea.

“Nosotros estamos dispuestos a cerrar la Asamblea Legislativa; no es un órgano que represente al pueblo, solo son intereses políticos que se mueven en ese sector”, protestó el dirigente.

Asimismo, dijo que los interculturales se encuentran en estado de emergencia porque consideran que los evistas y opositores intentan “convulsionar el país”.

Interculturales

“Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad no vamos a bloquear en ningún momento al país”, remarcó Gómez.

Actualmente, en la Cámara de Diputados queda pendiente el debate de ocho proyectos de ley, entre ellos, seis créditos internacionales destinados a obras y dos que buscan definir la situación de los actuales magistrados y consejeros electos en 2017 y cuyo mandato constitucional de seis años fue prorrogado por la Sentencia Constitucional 049/2023.

Diputados aprobó uno de los créditos, en medio de una bochornosa sesión entre el jueves y el viernes.

El principal problema del debate está en la interpretación del acuerdo del 2 de febrero de este año, que fue firmado entre las bancadas de las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa.

El documento establece el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075, sobre la prórroga, por tiempo y materia “en la sesión siguiente” de la Cámara de Diputados a la aprobación del proyecto de Ley 144 (ahora Ley 1549), y “de al menos cuatro de los proyectos de ley” de los créditos externos.

El bloque arcista del MAS exige el cumplimiento de ese acuerdo “tal cual” señala el texto. Entretanto, la oposición defiende el término “tiempo y materia” como un carácter “prioritario” respecto de los créditos.

Este martes, la Cámara de Diputados retomará el debate de los ocho proyectos de ley. Lo hará en una sesión que, según esperan algunos legisladores, “deje de lado el bochorno y se dedique a debatir, con argumentos, las leyes”.

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Lima insiste: Una ley no puede declarar nula una Declaración Constitucional

La oposición y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) esperan la aprobación de los proyectos de ley 073 (suspensión de plazos procesales) y 075 (cese de funciones de los magistrados).

El ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia.

Por Daniel Zenteno

/ 26 de febrero de 2024 / 13:22

Iván Lima, ministro de Justicia, considera que se debe establecer un debate jurídico respecto a los pedidos de asambleístas de anular la Declaración Constitucional 049/2023 con los proyectos de ley 073 y 075. La autoridad recalcó que no tiene sentido insistir por esta vía.

Emitida el 11 de diciembre de 2023 por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dicha declaración prorrogó el mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 mientras una elección por voto popular defina su sustitución.

Contra la prórroga, la oposición y el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) propugnan los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de magistrados y consejeros.

Al respecto, Lima escribió en su cuenta de X que “es necesario un debate jurídico sobre la disposición cuarta de la Declaración Constitucional 049/2023 y los Proyectos de Ley 73/2023-2024 y 75/2023-2024”.

La oposición y el evismo consideran urgente el tratamiento de dichos proyectos de ley. Incluso condicionan la aprobación de siete créditos, por un monto de $us 850 millones, al debate que pretenden.

Lima se refirió al respecto. “Una Ley no puede declarar la NULIDAD de pleno derecho de una declaración constitucional e insistir en esa vía genera responsabilidad de los asambleístas”, aseguró.

Con el objetivo de viabilizar las elecciones judiciales fallidas en 2023, el 2 de febrero, con el fin de encontrar una salida a la crisis judicial, el vicepresidente David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, propició un diálogo con las tres fuerzas políticas, el MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, para viabilizar las elecciones judiciales.

El punto 2 del acuerdo señala: “Respecto de los proyectos de Ley Nro. 073/22-23 y 075/22-23, los mismos serán tratados, por tiempo y materia, en la Cámara de Diputados, en la sesión siguiente a la aprobación del Proyecto de Ley Nro. 144/22-23 y de al menos 4 de los proyectos de ley indicados en el punto 3”.

El jueves, una sesión en la Cámara de Diputados terminó en alboroto, debido a que diputados de Comunidad Ciudadana intentaron cambiar el orden del día para que se trate primero los proyectos de ley sobre el cese de funciones de los magistrados. Al final, solo uno de los créditos fue aprobado.

Incluso, algunos legisladores advirtieron que, en caso de no aprobarse los proyectos de ley 073 y 075, las elecciones judiciales no se realizarían.

Le puede interesar: Evistas y CC advierten: Si no se trata la prórroga de magistrados, no habrá elecciones judiciales

El martes se retomará la sesión de la Cámara de Diputados para reencaminar el debate sobre dichos proyectos de ley y los de los créditos.

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Arandia dice que el Censo 2024 será el último tradicional y de mayor movilización

Humberto Arandia, director del INE, afirma que el Censo 2023 será el último con masiva movilización de voluntarios.

Funcionarios del INE alistan el material que se usará en el Censo del 23 de marzo. Foto: Archivo

/ 26 de febrero de 2024 / 13:16

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, anunció este lunes que el Censo de Población y Vivienda de 2024 será el último censo tradicional y que a partir de la gestión 2030 habrá «censos de derecho».

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, explicó que tras la ejecución de la actualización cartográfica estadística digitalizada, el Gobierno pretende que este sea el último Censo con personas movilizadas.

“A partir de la ronda 2030 esperamos llevar adelante censos de derecho”, dijo.

Para el Censo 2024 se realizó una actualización cartográfica digital de extremo a extremo en el país, cuyo proceso demandó casi un año. Se movilizará a más de 700.000 personas y tendrá una inversión de al menos 60 millones de dólares.

“Ya que tenemos la información de la georreferenciación de todas las viviendas del país, vamos a asociar cada punto una boleta y, posteriormente, iremos asociando registros administrativos”, añadió.

Aseguró que, de este modo, para los años posteriores al 2030, se desarrollarán censos similares a los de Argentina, Chile y Uruguay. “Censo de derecho que se llevan adelante en cuatro o cinco meses, pero que tratan de capturar distintas preguntas”.

Explicó que el censo de derecho permitirá que la boleta censal no sea tan compleja y, por el contrario, se establezcan preguntas puntuales a través de un equipo mucho más reducido.

“Si en un censo (tradicional) se requiere 100 voluntarios, en un censo de derecho se requiere un 20% menos”, especificó.

El funcionario espera que el país “nunca más” requiera la movilización de miles de personas para la ejecución del Censo.

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