El cabildo convocado por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz determinó este domingo dar un plazo de 72 horas al Gobierno para la liberación de los detenidos producto de los enfrentamientos; mientras tanto, el paro indefinido se mantiene.
Exigió además una ley que garantice que el Censo y la distribución de recursos se realizarán en 2024 y que la redistribución de escaños se aplicará antes de las elecciones de 2025.
En un mensaje grabado desde su casa, donde cumple detención domiciliaria, Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, fustigó al Gobierno y alentó a sus afines a recargar energías pues “la lucha no ha terminado”.
“Este paro comenzó pidiendo Censo, en el camino quienes administran el Estado en lugar de respuestas optaron por el ultraje y dejaron expuesta la falsedad porque un diálogo de sordos no es diálogo, argumentos técnicos sin información no son argumentos, llamar a la pacificación enviando hordas agresivas y represiones policiales es cinismo”, dijo en su discurso.
Calificó como terrorismo de Estado la instrucción de “autoatentados”, cercos, desabastecimiento de combustible y prohibición de las exportaciones.
“Nos enviaron tres mil terroristas para intimidarnos y olvidaron que somos más de 3 millones de hombres y mujeres valientes, que no tenemos miedo de salir a las calles a defender nuestros ideales. Intentaron matarnos de hambre y se olvidaron que somos nosotros los que les damos de comer”, acotó.
Según Calvo, el Gobierno no pudo con Santa Cruz y solo logró que se unan más en torno a una causa, que ahora es conocida a nivel nacional.
Advirtió, además, que replantearán legalmente su relación con el Estado, que —según él— los agrede y no reconoce como parte de la bolivianidad.
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“Hemos conseguido que el Censo sea en marzo de 2024 y que la distribución de recursos arranque en septiembre, pero tenemos que ir por más. Si el Estado nos agrede constantemente y no nos reconoce como parte de la bolivianidad, tenemos todo el derecho de replantear nuestra relación con él”, dijo.
Minutos antes del cabildo, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, anunció que el Gobierno entregará al Tribunal Supremo Electoral los datos finales de población antes de diciembre de 2024 para que sean aplicados para los futuros procesos electorales.
Exhortó, además, a que se levanten las medidas de presión en Santa Cruz; sin embargo, el cabildo tomó otra decisión.
Consultas
En medio de la euforia, Calvo lanzó cinco preguntas y la multitud respondió positivamente a todas.
1. ¿Están de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones de 2025?
2. ¿Están todos de acuerdo en delegar al comité pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?
3. ¿Están todos de acuerdo en reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia para que en el marco de la unidad nacional se unan a esta lucha por la aplicación económica y electoral de los datos del Censo hasta el 2025?
4. ¿Están todos de acuerdo que si en el plazo de 72 horas los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas asumamos por nuestra cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz?
5. ¿Están todos de acuerdo en mantener el paro hasta que dentro de estas 72 horas sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio de su derecho a la protesta y se garantice el fin a la persecución judicial de nuestro pueblo y sus dirigentes?