A través de la Cancillería, se remitió exhortos suplicatorios a Brasil y Paraguay para tramitar la extradición de los exministros Luis Fernando López y Víctor Hugo Zamora, además del excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA) Sergio Orellana.
Las tres exautoridades son procesadas por los delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves y leves, en el marco del caso sobre la masacre de Senkata, del 19 de noviembre de 2019.
En declaraciones a radio Erbol, el fiscal Flavio Maldonado informó que los dos primeros requerimientos se enviaron a Brasil, donde están López y Orellana.
En tanto, el tercer exhorto suplicatorio se remitió a Paraguay, donde actualmente se encuentra Zamora.
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“Tengo entendido que se han emitido otros exhortos suplicatorios u otros requerimientos para posibilitar la extradición”, afirmó Maldonado, en referencia a las exautoridades que fungieron durante la presidencia de Jeanine Áñez.
En octubre de 2021, el Ministerio Público imputó y solicitó la detención preventiva de los exministros Arturo Murillo, Zamora y López, además de Orellana, por el caso Senkata, donde 10 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas.
Según las investigaciones, López “tuvo conocimiento y participación en la planificación, aprobación y ejecución de los planes operativos” realizados el 19 de noviembre de 2019 en la planta de Senkata, en El Alto.
En ese marco, la Fiscalía sostiene que se autorizó el empleo de armas de fuego con munición letal en el operativo y López, al mando de las FFAA, estuvo al tanto de cada acción militar y sus consecuencias.
Según la imputación, Zamora estaba en inmediaciones del Regimiento Ingavi IV de Caballería, usando chaleco antibalas y fue visto junto a Luis Fernando Valverde, quien era el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Por ello, el exministro fue acusado de ordenar el retorno de vehículos mecanizados blindados y personal militar hacia la planta de Senkata, hecho que derivó en los disparos.
El operativo se dio tras la aprobación de un decreto que eximía de responsabilidad penales a los efectivos castrenses, en medio de protestas tras la renuncia del presidente Evo Morales.
Un día después de la promulgación de la norma, el 15 de noviembre, y a tres días de asumir Áñez la presidencia, se dio la masacre de Sacaba, en Cochabamba, cuando fallecieron otras 10 personas por impactos de bala.