La primera jornada de registro de postulantes para las elecciones judiciales cerró sin un solo inscrito, informó a La Razón el senador del MAS Luis Adolfo Flores, la noche de este miércoles.

El legislador explicó que esto se debe a que como recién se aprobó el reglamento, el lunes. Los aspirantes deben recabar una serie de requisitos para presentar su postulación ante las comisiones de mixtas de Constitución y Justicia Plural.

“Hoy no hemos tenido más visitas que solo gente que pregunta y solicita los requisitos. Seguramente, en el trámite de requisitos van a demorar tres o cuatro días hábiles”, afirmó Flores.

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“Vamos a esperar. Seguramente, como ha ocurrido en el caso del Defensor y el Contralor. Los últimos tres o cuatros días es cuando han decidido presentar la gente su postulación”, agregó.

La fase de presentación de postulaciones inició este miércoles y se extenderá hasta el 15 de abril.

Los documentos serán recibidos en instalaciones de la Asamblea Legislativa, de lunes a viernes. Entre las 08.30 y 12.00, y desde las 14.30 hasta las 18.00. En tanto, fines de semana y feriados, la atención será desde las 08.00 hasta las 12.00.

Registro

Flores anunció que incluso se invitará a veedores de organismos internacionales para que acompañen el proceso.

“Se va invitar a la ONU y también a la CIDH, para que sean veedores de este proceso en el ámbito de transparentar el proceso de preselección”, afirmó el legislador.

Precisó, entre otras cosas, que las actuales autoridades judiciales no pueden repostularse al mismo cargo que actualmente ostentan, pero sí a otros puestos en entidades del ámbito judicial.

Postulantes

Los postulantes serán evaluados en sus méritos y conocimientos. Posteriormente el pleno de la Asamblea deberá preseleccionar a los candidatos que ingresarán a la elección popular.

La preselección requiere de dos tercios de la Asamblea y la oposición ya anticipó que está en desacuerdo con la manera en que se lleva adelante el proceso.

Concluido ese proceso, la Asamblea Legislativa elegirá, por dos tercios, a los candidatos para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y consejeros de la Magistratura.

Elecciones judiciales

La previsión es que esos comicios se lleven a cabo a finales de octubre, en el entendido que las nuevas autoridades judiciales deben iniciar su mandato a inicios de 2024.

La Fiscalía presentó una acusación formal contra el capitán de la Policía Javier Alberti, para llevarlo a juicio por el delito de uso indebido de influencias, por la internación de un auto robado en Chile.

La información fue proporcionada por la fiscal Nilda Calle, quien indicó que el Ministerio Público está solicitando la pena máxima por ese delito.

Según la norma actual, la sanción por uso indebido de influencias es de tres a seis años de privación de libertad.

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Este caso se conoció en 2022, después de que un investigador chileno denunció a Alberti por el tráfico de autos robados en ese país.

En junio del año pasado, el capitán Alberti fue aprehendido por este caso y enviado a la cárcel de San Pedro. Con detención preventiva, pero semanas después la Justicia determinó su detención domiciliaria.

Fiscalía

El Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) Robados denunció a Alberti por tenencia de una camioneta robada en territorio chileno, por la cual pidió $us 5.000 para devolverla.

De acuerdo con reportes oficiales, el vehículo ingresó por Uyuni y llegó a territorio nacional.

Según la fiscal Calle, el año pasado salió del penal luego que el juzgado primero anticorrupción le otorgó salidas laborales.

Alberti

Señaló que la Fiscalía ha solicitado revocar la detención domiciliaria de Alberti por este caso, para que vuelva a la cárcel, pero el capitán ya fue aprehendido otra vez la semana pasada por un caso de robo agravado en Santa Cruz.

Ahora, Alberti está en la cárcel de Palmasola por este reciente hecho registrado en la capital cruceña.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, expresó su disposición a declarar por el caso Golpe de Estado I, pero en calidad de “víctima” y no como “testigo”, como solicitó la defensa legal del gobernador Luis Fernando Camacho.

“Se equivocan cuando hablan de testigos. En el caso mío yo soy una víctima directa, en tal calidad veré lo que corresponde”, afirmó Romero este miércoles.

A inicios de este mes, la defensa legal de Camacho solicitó a la Fiscalía citar, en calidad de testigos, al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera y a Romero.

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El abogado Martín Camacho explicó que estas exautoridades deberán “aclarar” que “garantizaron”, en 2019, la presencia en La Paz del entonces líder cívico cruceño.

En su criterio, la declaración de esas personas demostrará que Camacho no contaba con protección policial, como señalan los antecedentes del caso.

Camacho

Respecto a Morales y García Linera, el exministro Romero dijo que no corresponde que sean convocados a declarar como testigos.

En cuanto a Juan Ramón Quintana, cuya declaración fue solicitada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), principal promotora de este caso, el exministro Romero evitó opinar debido a que no tiene contacto con su excolega, desde hace dos años.

En este caso se investigan los hechos que llevaron a la renuncia de Evo Morales en 2019. Entonces, Romero era ministro de Gobierno, cuando la Policía se amotinó y solicitó la renuncia del mandatario.

El caso Golpe de Estado I investiga la supuesta comisión de los delitos de terrorismo y conspiración.

Romero

El proceso tiene que ver con los hechos que derivaron en la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019, luego de la renuncia de Evo Morales.

Áñez se había proclamado, primero, presidenta del Senado, sin el respectivo quórum, y posteriormente como mandataria del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa.

Según la Fiscalía, no respetó el reglamento del Senado.

Víctima

En el marco de ese proceso, también figuran otras exautoridades, como los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. Actualmente, están recluidos en el penal de San Pedro.

El abogado Camacho explicó que, en el caso de Romero, podrá aclarar que él “aseguró y ratificó” que el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz podía llegar a La Paz en octubre de 2019, pues se “garantizaba su seguridad”.

“Esas fueron las palabras de él (Romero) y lo tenemos documentado a través de conferencias de prensa”, dijo Martín Camacho.

Según Camacho, Romero “tiene que aclarar este aspecto para que no se malinterprete lo que justamente forma parte de la imputación, que la Policía estuviera brindando seguridad a Luis Fernando”.

Acusado por narcotráfico, Jorge Roca Suárez, conocido en Bolivia como “Techo ‘e Paja”, fue extraditado a Estados Unidos (EEUU), para ser procesado por ese delito.

La información fue ofrecida la noche de este martes por Milton Andrade, abogado de Roca Suárez. Quien informó que su defendido fue detenido en Lima, Perú.

“Se han hecho los respectivos trámites de extradición, tanto en los Estados Unidos como en Bolivia. La petición de extradición de Estados Unidos ha sido aceptada”, explicó el jurista.

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En ese marco, “hace unos días atrás, el señor Jorge Roca ha sido remitido a los Estados Unidos”. Afirmó Andrade, en declaraciones a la red Unitel, aunque no precisó la fecha.

El abogado explicó que se solicitó la extradición de “Techo ‘e Paja” por “un supuesto hecho de tentativa”. De transportar cinco kilos de droga a Estados Unidos.

“Es un extremo totalmente incierto e ilegal, sin embargo, ese fue el argumento y se está asumiendo la defensa correspondiente en el país del norte”.

Jorge Roca Suárez

De acuerdo con los antecedentes, la solicitud de extradición de Roca Suárez fue aceptada por el gobierno de Perú hace un año.

El entonces presidente de ese país, Pedro Castillo, firmó la resolución el 9 de marzo de 2022, accediendo al pedido de Estados Unidos para que Roca comparezca en un juicio en ese país.

En ese marco, la resolución señala que Roca debe ser entregado a la justicia estadounidense para que responda por los delitos de conspiración para importar cinco o más kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

Además, se le acusa por “la fabricación con la intención, el conocimiento y la existencia de motivos razonables para creer que la cocaína se importaría ilegalmente a los Estados Unidos”.

Techo ‘e Paja’

En enero de 2022, Roca Suárez declaró que el gobierno peruano tenía la última palabra sobre la extradición, pese a que la Corte Suprema ya había aceptado el pedido.

“Aquí (en Perú) el juez de la Corte Suprema ya aprobó la extradición a Estados Unidos, pero tiene que pasar por proceso porque es el Gobierno peruano el que da la última palabra. Todavía no han hecho eso”, dijo, en la que fue su última declaración pública conocida.

Roca Suárez fue capturado junto a Herland Montaño por agentes de Interpol en marzo de 2021 en el distrito turístico de Miraflores.

EEUU

Ambos eran requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por conspiración para el narcotráfico internacional.

Roca, de 69 años, habría retornado a las actividades ilícitas durante la pandemia, en 2020, al coordinar traslados de droga desde Perú hacia Bolivia.

La delegación de la CIDH cerró su agenda de visitas de este miércoles, con reuniones simultáneas en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y Sucre.

La comisión sostuvo encuentros con autoridades locales, sociedad civil y organizaciones sociales de esas para evaluar la situación de los derechos humanos en el país.

En Cochabamba, la CIDH se reunió con el gobernador Humberto Sánchez, además de organizaciones sociales, pueblos indígenas, y activistas y familiares de privados de libertad.

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Asimismo, la delegación se reunirá con familiares de las víctimas de Huayllani, por los hechos violencia registrados en 2019.

En tanto, en Santa Cruz otra parte de la delegación se reunió con el vicegobernador Mario Aguilera y otros funcionarios de la Asamblea Legislativa Departamental. Los familiares de Luis Fernando Camacho llegaron a las instalaciones.

CIDH

“Hicimos saber a la comisión de la CIDH que el Gobierno está en una arremetida contra la voluntad popular del pueblo cruceño porque pretende apartar del cargo al gobernador (Luis Fernando Camacho)”, dijo el asesor de Gestión, Efraín Suárez.

El gobierno “argumenta que (Camacho) se encuentra detenido preventivamente, cuando esa causa no es viable para la suspensión de los derechos políticos”, agregó el funcionario.

Santa Cruz

Camacho fue detenido preventivamente, a finales del 2022, por el caso Golpe de Estado I, luego que se le imputó por el delito de terrorismo.

En Sucre, otros miembros de la delegación de la CIDH dirigidos por la comisionada Yulisa Mantilla Falcón, se reunieron con el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

La agenda incluyó visitas posteriores al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

En la oportunidad, Lanchipa expuso a la CIDH el ejercicio de la función fiscal y los derechos humanos en Bolivia.

Cochabamba

Les mostramos “la visión de los derechos humanos en la función fiscal y particularmente mencionar cómo está el Ministerio Público en la actualidad, mostrar las políticas y trabajo de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género”, dijo Lanchipa.

La misión internacional cumple con esta visita “in loco”, para conocer y hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en Bolivia.

Sucre

Se trata de una agenda coordinada, aunque la Comisión también construye sus propias reuniones con la sociedad civil y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Esta visita concluye el viernes, cuando se prevé una conferencia de prensa en la que rendirán un informe preliminar de sus actividades realizadas durante toda la semana.