El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, detalló al menos cuatro casos en los que se cuestiona el accionar de Luis Almagro, secretario general de ese bloque regional de naciones.
Durante un contacto con Piedra, papel y tinta de La Razón, Arce se refirió al hecho más reciente: la investigación que se inició en contra de Almagro por una relación sentimental que sostuvo con una funcionaria subalterna.
“Esta situación, en ninguno de los países ni en una institución multilateral puede ser aceptada y por eso amerita una investigación”, cuestionó el embajador boliviano.
Lamentó que en la OEA no existan los estándares éticos para procesar y sancionar al Secretario General, pues no hay una autoridad para juzgarlo.
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Arce sostuvo que ante esa “crisis institucional”, se propició una investigación externa independiente, por parte de una firma de abogados.
“Esa investigación externa deberá revelar si se violó o no las normas éticas, contenidas en un código de ética con estándares bastante bajos y disminuidos, que muestra las carencias éticas estructurales que tiene la OEA”.
El 11 de noviembre, Almagro confirmó esa relación sentimental, luego que se activó la investigación en su contra, que fue avalada por 30 de los 32 países que son parte de la OEA.
La entidad investigadora deberá presentar en tres meses un informe al respecto.
Sin embargo, Arce sostuvo que este no es el único tema que se debe indagar.
Recordó que también se planteó investigar el “quiebre constitucional” registrado en Bolivia, derivado de la crisis de 2019, a lo que el Gobierno denomina como “golpe de Estado”.
Hace tres años, el entonces presidente Evo Morales encargó una auditoría a la OEA ante denuncias de un presunto fraude en las elecciones generales de 2019.
En ese marco, esa organización concluyó que hubo “manipulación dolosa” e “irregularidades” en esos comicios, en los que Morales consiguió la victoria.
No obstante, el polémico informe fue objetado por el Estado boliviano, además que expertos y entidades internacionales descartaron ese extremo.
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“Al menos, siete informes por universidades desvirtuaron la tesis de la OEA (…). Eso ameritaría una investigación seria y responsable de un órgano independiente o de un grupo de países”, dijo el embajador Arce.
El informe propició que la crisis política-social se agrave, lo que derivó en la renuncia de Morales, en medio de protestas cívicas, un motín policial y la presión de los militares, y la posterior toma de la presidencia por parte de la entonces senadora de oposición Jeanine Áñez.
Luego, esas elecciones se anularon y se convocó a otros comicios, en octubre de 2020, donde el candidato Luis Arce obtuvo la victoria y el MAS retornó al poder.
Arce dio cuenta de un tercer caso que pone en tela de juicio la administración de Almagro. Explicó que hace unas semanas se conocieron dos veredictos del Tribunal Administrativo de la OEA.
“Esas sentencias han generado graves condenas a la Secretaría General, que se traducen en indemnizaciones económicas, que tienen que pagar todos los países miembros de la organización”, refirió Arce, sin dar mayores detalles al respecto.
Afirmó que esta situación empeora la crisis institucional en la OEA, por las “conductas expresas y violatorias de derechos” por parte del Almagro.
“Esa situación es también absolutamente reprochable y también ameritará investigación”, enfatizó Arce.
Además, el embajador de Bolivia se refirió al caso del exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrão, quien fue impedido de ejercer sus funciones, por decisión de Almagro, pese a que en 2020 fue elegido para un nuevo mandato.
En ese entonces, Almagro arguyó que el brasileño no tiene moral para continuar en ese cargo debido a decenas de denuncias en su contra, aunque en su momento no presentó pruebas al respecto.
Al respecto, el Tribunal Administrativo de la OEA falló contra de Almagro, por daños morales, personales y profesionales cometidos en contra Abrão.
“Ese tribunal concluyó que hay una violación a los derechos humanos, laborales, de Abrão y hay una condena”, ponderó Arce.
Abrão tuvo relevancia en Bolivia por el informe preliminar sobre la violencia y violación de derechos humanos durante la crisis de 2019.